Durante el último año Venezuela ha sido escenario de una ofensiva coordinada que trasciende el mero accionar delictivo para inscribirse en un diseño político de desestabilización. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, un clima de desmovilización en las filas opositoras obligó a una reconfiguración estratégica de los sectores extremistas que, lejos de asumir el resultado democrático, optaron por intensificar su agenda de cambio de régimen mediante la instrumentalización de estructuras criminales.

El viraje no fue casual: representaba la consolidación de un modelo asimétrico de confrontación que ya venía siendo utilizado pero sin un nombre concreto. Lo que María Corina Machado propuso como enjambre —o swarming— buscaba saturar las capacidades de respuesta del Estado mediante acciones violentas descentralizadas, pero coordinadas.

Planes y eventos encadenados

El intento de asalto al Palacio de Miraflores, desactivado por los cuerpos de seguridad durante la escalada de violencia postelectoral de 2024, constituyó uno de los episodios icónicos de esta nueva fase. A casi un año de aquellos hechos, el 10 de julio pasado, dos delincuentes fueron abatidos en las inmediaciones del centro de Caracas, luego de distintos operativos en los que se incautó material logístico y armamento de guerra.

Las investigaciones preliminares señalan que estos individuos formaron parte de los grupos que se movilizaron hacia Miraflores con la idea de cometer un asalto, acción que fue dirigida por Wilbert Joseph Castañeda, un exmilitar mexicano-estadounidense capturado el 1° de septiembre del año pasado en un hotel de La Victoria, estado Aragua.

Castañeda fue entregado en días recientes al gobierno de Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros que también involucró a Dahud Hanid Ortiz, quien es buscado por la justicia española por un triple homicidio. A cambio Washington entregó a los 252 ciudadanos venezolanos que fueron trasladados ilegalmente al Cecot, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo la acusación infundada de pertenecer al Tren de Aragua. "Terroristas por inocentes, esa fue la fórmula. ¡Hoy Venezuela está victoriosa!", dijo el presidente Maduro a propósito del intercambio.

Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, ha señalado de manera reiterada que estas bandas no actúan en el vacío: son articuladas desde el exterior por figuras como Álvaro Uribe e Iván Duque, y desde el interior por una oposición que ha normalizado la alianza con el crimen organizado.

El alto funcionario afirmó que la banda del "Wilexis", neutralizada en enero pasado, también era apoyada desde Colombia por ambos expresidentes, y que este delincuente estuvo vinculado a los hechos de violencia de 2017 y a la Operación Gedeón de 2020, cuyo objetivo era la invasión a Venezuela.

Este vínculo no es nuevo. En 2020, durante esa frustrada operación, mercenarios contratados desde el exterior contaron con el apoyo logístico de la mencionada banda que participaba en actos de terrorismo y secuestro de menores.

Estas bandas criminales han intentado ser reactivadas como "células durmientes" en puntos estratégicos del país, desde Guárico hasta Zulia, con el propósito de generar caos con incidencia en coyunturas políticas como los eventos electorales. La táctica de swarming, promovida públicamente por María Corina Machado, no era más que la racionalización de este modelo: acciones rápidas, simultáneas y violentas, diseñadas para colapsar la institucionalidad y justificar una intervención externa.

Esta táctica representaba una evolución de las guarimbas y buscaba adoptar una forma más focalizada y militarizada de confrontación, donde se utiliza el discurso de derechos humanos para blindar acciones violentas.

El desmantelamiento de una estrategia

El Estado venezolano ha desarticulado una cadena de operaciones terroristas que revelan la profundidad del plan desestabilizador. Entre ellas destacan:

• Operación "No la Navidad". Un plan para generar caos durante las fiestas decembrinas de 2024, con ataques a infraestructura eléctrica y centros comerciales, buscando provocar un colapso social.
• Red de Narcoalcaldes (2025). Una estructura criminal que operaba con bandas armadas y tenía vínculos con políticos electos por partidos de distintos bandos políticos, incluyendo posesión de armas de guerra.

La Operación Relámpago del Catatumbo ha avanzado en el desmantelamiento de grupos paramilitares en la frontera con Colombia, donde se han incautado arsenales destinados a ataques terroristas. Su logro más notorio fue la desarticulación de la mencionada red, financiada por el empresario zuliano José Enrique Rincón —huido a España— y conformada por jueces, fiscales y otros funcionarios locales enrolados en una red de narcotráfico que movilizaba cocaína hacia Estados Unidos.

Este empresario financió con 20 millones de euros un plan paramilitar desde España, coordinado con María Corina Machado y Iván Simonovis. Además, la detención de figuras como Nervis Sarcos, Alberto Sobalvarro y Jorge Navas, junto con operadores judiciales como el fiscal superior José Gregorio Rondón, desnudó una trama de corrupción institucional que utilizaba el control territorial para financiar la subversión.

Las bandas criminales involucradas, comandadas por Oswaldo José Nava Chacín (El Oso) y Jorge Alfredo Durán Ferrer (El Guasón), habían sido liberadas en 2023 pese a haber sido capturadas con armas y granadas, lo que evidencia la protección que recibían desde dentro del sistema de justicia.

Estas estructuras, dedicadas al sicariato, venta de drogas y cobro de "vacunas", operaban en la Costa Oriental del Lago y fueron clave para facilitar el tráfico de distintos cargamentos de cocaína que fueron incautados en múltiples sitios del Zulia. Destacan las más de cinco toneladas descubiertas en el sector La Cañonera en el marco de una operación bautizada como "Golpe a Manglar".

Paralelamente, se han desmantelado operaciones de magnicidio, como la conspiración que tenía como objetivo asesinar al presidente Nicolás Maduro. Las investigaciones revelaron que la planificación contaba con el apoyo logístico de bandas del Tren de Aragua y del Tren del Llano, cuya expansión desde 2020 —con la intervención de la DEA y carteles colombianos— ha sido clave para su reactivación.

Solo entre agosto y octubre de 2024, las fuerzas de seguridad realizaron 60 procedimientos en 11 entidades del país, con 25 enfrentamientos que culminaron en la eliminación de 37 delincuentes y la captura de 81 más. Se incautaron 1.729 cartuchos, 60 armas de fuego (entre ellas 8 fusiles), granadas y equipos tácticos, lo que evidencia la capacidad militar de estas células.

Amenazas mercenarias, colaboradores y financistas

La amenaza no solo proviene del interior. Desde el exterior, actores como Erik Prince, fundador de Blackwater, el excomisario Iván Simonovis y hasta el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, secretario general de la OEA, han sido identificados en hampogramas oficiales como parte de la red de desestabilización.

Sus vínculos con financistas y contratistas de seguridad privada apuntaron a un escenario de intervención militar encubierta, donde grupos mercenarios podrían ser utilizados para justificar una “misión de rescate” o "protección humanitaria".

María Corina Machado y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, han sido piezas centrales en esta ofensiva diplomática. Ambos han promovido sanciones, llamados a la intervención y campañas de deslegitimación que preparan el terreno para una escalada militar. Dentro del factor externo, que también ha sido desmantelado, se cuentan planes como:

• Operación "Ya Casi Venezuela". La campaña para recaudar 10 millones de dólares —ideada por Gustavo Lainette y los hermanos Vera— fue denunciada como un fraude piramidal. Lainette admitió que el objetivo era apuntalar una “intervención privada” liderada por Erik Prince (fundador de la empresa mercenaria Blackwater), pero la plataforma colapsó por conflictos internos y estafa. Se trataba de una campaña "ciudadana" para financiar acciones que justificaran una narrativa de “caos” interno al estilo de Haití.
• Plan de magnicidio y toma de Miraflores. Unos 400 fusiles fueron enviados ilegalmente desde Orlando, Florida, bajo supervisión del FBI, para impulsar el asesinato del presidente Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios. El plan incluía la toma del Palacio de Miraflores y del aeropuerto de Maiquetía en coordinación con mercenarios del CNI español y otros extranjeros. Castañeda operó con alias Niño Guerrero del Tren de Aragua y recibió apoyo logístico desde Colombia.

La reciente tensión con Trinidad y Tobago, otro país vecino que ha servido de base logística para operaciones injerencistas, refleja cómo el alineamiento a Estados Unidos tiene como requisito servir como trampolín para el ataque a Venezuela.

Y en todo, la guerra narrativa

Mientras el Estado combatía el terrorismo en el campo, medios como Insight Crime e Infobae replicaban el falso positivo de vincular a Venezuela con cargamentos de droga incautados en Guinea-Bisáu y Brasil, sin pruebas.

La guerra narrativa se ha librado en los medios globales, lo más notorio es cómo la figura del Tren de Aragua ha sido sobreexplotada por la administración Trump como un "cartel global", a pesar de que investigaciones periodísticas y de inteligencia han demostrado que su construcción mediática responde a una estrategia de desestabilización. El objetivo es claro: criminalizar al Estado venezolano, justificar sanciones y preparar la opinión pública internacional para una intervención.

En paralelo, la administración Trump ha promovido la "crimigración", presentando a los migrantes venezolanos como "enemigos extranjeros". El secuestro infantil por parte de ese gobierno ha sido vendido como parte de una política de seguridad nacional, cuando en realidad se trata de operaciones psicológicas destinadas a desacreditar y escarmentar a la comunidad venezolana. Esta maquinaria de fake news no solo alimenta el odio, sino que busca aislar a Venezuela diplomáticamente, presentándola como un "Estado fallido" que requiere intervención.

En este contexto, el relato del "Cartel de los Soles" —una supuesta red de altos funcionarios narcotraficantes— ha sido resucitado como parte de esta ofensiva mediática. Sin embargo, también las investigaciones han demostrado que estas acusaciones carecen de evidencia concreta y responden a una estrategia de deslegitimación que combina espionaje, desinformación y presión financiera.

En síntesis, Venezuela enfrenta un asedio multidimensional en el que la anticipación ha sido la clave para desmantelar redes, neutralizar amenazas y exponer la verdadera naturaleza de sector más irracional de la oposición: una alianza entre la extrema derecha, el narcotráfico y el poder fáctico que dirigen las corporaciones a través de la Casa Blanca.