Se sigue develando la agenda violenta configurada por el sector opositor dirigido por María Corina Machado y el excandidato Edmundo González, cuyo momento clave se continúa perfilando en torno al próximo 10 de enero de 2025, fecha en la que está pautada la toma de posesión del presidente reelecto, Nicolás Maduro, frente a la Asamblea Nacional, como dicta la Constitución nacional.

Según los detalles ofrecidos el pasado sábado 23 de noviembre, en rueda de prensa, por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en los planes conspirativos denominados "No a la Navidad" está implicado un grupo de empresarios, funcionarios públicos y operadores en el terreno radicados en el estado Zulia, entre otras entidades. El plan en cuestión estaría diseñado para servir como fase prepataroria de cara a la fecha ya mencionada.

Poder económico y conspiración violenta: Nuevos y usuales protagonistas

Según el alto funcionario venezolano, la coordinadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, y el prófugo de la justicia Iván Simonovis, forman parte de la mencionada trama organizada con apoyo del gobierno estadounidense. Agregó que dicho gobierno ha permitido la movilización de armamento y recursos logísticos diversos contra el gobierno venezolano desde su territorio.

Uno de los financistas, que destinó 20 millones de euros, es el empresario agroindustrial zuliano José Enrique Rincón. Este reside en España y, desde allí, dirige y financia el plan develado con el que se relacionan los recientes ataques y el sabotaje tanto al sistema eléctrico como a sedes petroleras del país de las últimas semanas, denunciados por la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez.

Cabello también atribuyó el financiamiento de esta operación a "grupos terroristas asociados al narcotráfico que son dirigidos por Machado y cuentan con el apoyo logístico de paramilitares colombianos dirigidos por los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe".

De acuerdo a las declaraciones del funcionario, ni Rincón ni sus hijos, Juan Diego Rincón Sabatino y José Enrique Rincón Sabatino, están en el país. Sin embargo, declaró que el empresario zuliano "se encuentra delicado de salud, probablemente por la presión del comienzo de la investigación que lleva a cabo los organismos de seguridad del Gobierno nacional".

Las pesquisas también involucran al presidente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Pedro Velazco Prieto; las juezas Maurely Viche Prieto y Mariol Plaza Hernández; el fiscal quinto del Ministerio Público, Francisco Javier Urdaneta, y el fiscal superior del Zulia, José Gregorio Rondón Muñoz, quienes están detenidos y, presuntamente, tenían vínculos con dirigentes del partido Primero Justicia (PJ).

Tampoco se descartó la vinculación de este plan con la trama de corrupción develada en Zulia a comienzos de octubre, en la cual están implicados el alcalde de Maracaibo, funcionarios de esa entidad y dirigentes políticos de PJ.

Otros nombres también figuran. El medio Primera Edición afirma que el enlace con los exfuncionarios detenidos era una periodista y abogada llamada Elayne Pire, exconcejal de Lagunillas y dirigente regional de PJ que, para el momento de las detenciones, prestaba funciones para la Alcaldía de Maracaibo en calidad de asesora. El ministro no especificó la relación ni cómo era la responsabilidad de Pire en este caso.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela señaló que mediante las labores de inteligencia pudo detectarse que Zulia está "minada de corrupción y todo controlado por José Enrique Rincón", por lo cual decidieron enviar solo a funcionarios investigadores desde Caracas.

"No a la navidad": ¿Reedición de la Operación Gedeón?

Como parte del proceso investigativo, las autoridades identificaron un lugar donde entrenaban grupos paramilitares colombianos vinculados a los mismos personajes que participaron en la Operación Gedeón (2020). El objetivo de esta última operación develada sería atacar a figuras de la Revolución Bolivariana, sedes eléctricas, sedes petroleras y la central hidroeléctrica de Guri.

Además, se incautaron: seis fusiles de fabricación colombiana, un fusil M4, ocho fusiles AK47, seis fusiles M16 de fabricación estadounidense, un lanzagranadas, una pistola marca Glock y un dron. Afirmó que la investigación está en pleno desarrollo. Por otro lado, se han incautado laptops, pendrives y teléfonos que sustentan la información referida a los planes.

Agregó que el plan "No a la navidad" incluía la entrega de armamento a "pranes" de los recintos carcelarios, lo que sería facilitado por jueces y fiscales mediante el encubrimiento del tráfico y uso de las armas.

Cabello también dijo que no se descartan nuevas detenciones, pues aseguraron que hay más empresarios vinculados y grupos de paramilitares que están siendo entrenados en Colombia y Ecuador para atacar a Venezuela.

Respecto a Rincón, declaró que es el líder de un holding de 90 empresas, captaba jueces, fiscales y militares, además mantiene contacto con Iván Simonovis, encargado de la logística de las armas. Además, el empresario posee instalaciones y fincas en donde se entrenan mercenarios.

En torno a esto último, reflexionó sobre la participación de empresarios en planes conspirativos, en particular aquellos que mantienen actividades exitosas pero les motiva la ambición de aumentar sus privilegios.

Un reportaje del periodista Eligio Rojas indicó que, la semana pasada, se suscitaron movimientos de armas y municiones que realizan algunos grupos de delincuencia organizada como el Tren del Llano (Apure y Guárico), Los Chevrolet (Aragua), Sabanas Altas (Falcón) y Yeico Masacre (Zulia). Todos, según las investigaciones, articulados para fomentar hechos de violencia previos al 10 de enero próximo.

En octubre pasado, el propio Cabello anunció además la detención de 19 mercenarios extranjeros involucrados en la conspiración , entre ellos estadounidenses, españoles y colombianos vinculados a operaciones encubiertas.

Producir un colapso para forzar la conflictividad

Cabello afirmó que a los líderes políticos solo les falta declararse "en rebeldía" y tomar las armas porque, afirma, "han pasado la raya de lo político".

La permeable frontera con Colombia y la actividad del narcotráfico en el vecino país facilitan las tareasde financiamiento y logística, de allí que estados fronterizos como Amazonas y Zulia, entre otros, sean los puntos neurálgicos de las últimas tramas de violencia política y criminal.

En particular, esta entidad occidental del país ha sido cabeza de playa para distintos planes de sabotaje tanto en lo paramilitar como en el ámbito económico. Cabe recordar que en la frontera de Zulia con Colombia se entrenaron los mercenarios y desertores participantes en la fallida Operación Gedeón, pero también se dinamizó el contrabando como parte del boicot económico acelerado desde 2014.

La participación de empresarios como facilitadores de tácticas de guerra no convencional, en la segunda ciudad más importante del país, aparece como catalizador de escenarios de sabotaje a infraestructura energética sensible, lo que tiene como objetivo fracturar la cotidianidad ciudadana y estimular la violencia por la vía de supuestas protestas sociales.

Debido a que no existen coyunturas ni liderazgos de fuerza que activen el método del swarming de manera "espontánea", se ha buscado generar desestabilización para activar apoyos extranjeros.

Este sector espera que aumente la "presión internacional" sobre el gobierno reelecto en Venezuela tras el reconocimiento ilegal a González Urrutia como "presidente electo" por parte de países como Estados Unidos, Italia y Ecuador. Cabe la interrogante respecto a la probable activación de focos violentos durante la movilización convocada por el sector extremista de la oposición para el próximo 1º de diciembre, que Machado ha calificado de "única e inédita", y que podría representar un globo de ensayo dentro de la trama general ya analizada.

Claramente, de acuerdo a lo expuesto por el ministro Cabello, se intenta precipitar un escenario de colapso en los servicios e infraestructuras básicas del país para de esa forma forzar un clima de desestabilización y caos que permita vehiculizar un nuevo lapso de presión ascendente a manos de la administración Trump, enmarcada en la recientemente aprobada "Ley BOLÍVAR". Uno de sus más publicitados simpatizantes, Rick Scott, ya ha manifestado la pretensión de proteger a los involucrados en los planes golpistas denunciados por el gobierno venezolano.