El impasse entre Venezuela y Trinidad y Tobago, que ha escalado públicamente en los últimos días, estaría en vías de resolverse luego de que el gobierno trinitense comunicara que, tras la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Sean Sobers, y el embajador venezolano en dicho país, Álvaro Sánchez, se decidiera de manera bilateral "abrir canales diplomáticos".

Todo comenzó después de que el presidente Nicolás Maduro afirmara el pasado 3 de junio que un "grupo de terroristas", con un lote de armas largas, intentara ingresar a Venezuela desde la nación caribeña por el estado Sucre, donde fueron detenidos.

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó el siguiente día sobre la captura de los incursos, entre ellos "sicarios colombianos" y un ciudadano trinitense, "un mercenario", especificó, e informó que se le había brindado la inteligencia a sus homólogos para llevar a cabo la respectiva investigación.

Tras las denuncias del Gobierno Bolivariano, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, recién electa y que juró en el cargo en abril pasado, dijo en una rueda de prensa el pasado 6 de junio que buscaría asesoramiento para que la "Guardia Costera use la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese (…) desde Venezuela".

De esta manera rechazó las declaraciones sobre la detención del ciudadano trinitense, afirmó que las autoridades trinitenses no han visto "evidencia que respalde los comentarios" y consideró como una "amenaza" las declaraciones del presidente Maduro y del ministro Cabello.

Asimismo, declaró que su gobierno revisaría su enfoque sobre los migrantes venezolanos que residen en su país actualmente y estigmatizó el gentilicio aludiendo al hecho de que la criminalidad trinitense aumentaba con la llegada de ciudadanos venezolanos a las islas.

Por último, expresó que "ninguna retórica del gobierno de Maduro puede crear división entre este gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Apoyamos firmemente al gobierno de Estados Unidos en asuntos relacionados con Venezuela".

En respuesta, la Cancillería venezolana emitió un comunicado el mismo 6 de junio con el que expresó "su profunda extrañeza ante la reacción iracunda e injustificada de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar", señalando que "compromete las relaciones" entre ambos países, y que la actitud de la alta funcionaria "levanta serias sospechas de complicidad con dicha incursión".

Lo procedente ante la denuncia venezolana es "ofrecer cooperación y disposición para esclarecer los hechos" y, concluye el comunicado, "Venezuela exhorta a las autoridades de Trinidad y Tobago a no prestarse a juegos geopolíticos ajenos a los intereses de nuestros pueblos, y reafirma su compromiso con la paz, la soberanía y el respeto mutuo".

El ministro Cabello reiteró, el 9 de junio, que "nosotros lo que hemos dicho es que a Venezuela trajeron armas, las cuales venían de Trinidad y Tobago. Eso no es para para atacar al que dice la noticia; es para ponerse a investigar".

Y detalló que "no nos hemos metido en las aguas de Trinidad ni en ninguna parte, pero si ocurre un hecho de esa naturaleza nosotros lo denunciamos". Calificó las declaraciones de la primera ministra Persad-Bissessar como "cosa de locos".

Así llegó a la calma diplomática de la actualidad; los canales diplomáticos se encuentran activos, de acuerdo con lo comunicado el lunes 9 de junio por las autoridades insulares: "Durante la reunión, el ministro Sobers y el embajador Sánchez reconocieron la importancia de la relación fraternal de larga data como países vecinos que comparten fuertes lazos culturales e históricos".

Los entresijos de la tensión diplomática

La cadena de acontecimientos se inserta en un contexto postelectoral en ambos países. En Venezuela este escenario se caracteriza por una consolidación del chavismo tras las recientes elecciones regionales y legislativas, mientras que en Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar asumió como primera ministra en abril de 2025.

Este marco político influye directamente en el tono y contenido de las declaraciones oficiales, particularmente en lo referente a cuestiones de seguridad y soberanía.

El gobierno venezolano ha denunciado en múltiples ocasiones la infiltración de grupos armados provenientes de sus fronteras inmediatas, sobre todo desde Colombia, con objetivos desestabilizadores. Estas acusaciones no solo son presentadas como hechos concretos sino también como parte de una estrategia más amplia de amenazas internacionales contra la estabilidad del país, esta vez desde Trinidad y Tobago.

La captura de terroristas en las últimas semanas ha tenido el sello distintivo de la portación de armamento de guerra, la incursión ilegal transfronteriza, las distintas nacionalidades de los capturados, lo cual refuerza la hipótesis de una red transnacional de actores ilegales.

Además, la revelación de un "mercenario" trinitense tiene un fuerte impacto ya que sugiere que el riesgo de infiltración no proviene únicamente de terceros países sino también directamente del vecino insular, con quienes hasta los momentos se había tenido una relación amistosa y de regular cooperación económica y comercial.

Desde el punto de vista del Estado venezolano, estas acciones representan una violación directa de la soberanía nacional y una amenaza inminente para la seguridad integral. Dichos grupos buscaban alterar el orden constitucional y generar caos social, especialmente en momentos sensibles como el proceso de juramentación de nuevas autoridades regionales, tras haber fracasado en el intento de sabotear las recientes elecciones.

Por su parte, la respuesta del gobierno de Trinidad y Tobago reflejaría un endurecimiento de su política hacia Venezuela, con tres características:

• Uso de fuerza letal. Trinidad y Tobago anunció que evaluaría el uso de fuerza letal contra embarcaciones venezolanas no identificadas que intenten ingresar a sus aguas. Esta medida representa una escalada militar simbólica y práctica, y puede interpretarse como una amenaza ante posibles movimientos de patrullaje venezolano en la zona, aun sin violar los tratados fronterizos marítimos.
• Política migratoria. La jefa de gobierno trinitense llamó a los migrantes venezolanos residentes en su territorio a retornar a Venezuela, señalando que muchos de ellos estarían en edad militar y potencialmente vinculables a operaciones de inteligencia o actividades delictivas. Esto refuerza una narrativa de "seguridad nacional" en Trinidad y Tobago, pero también pone en riesgo a miles de ciudadanos venezolanos que residen legal o ilegalmente en el país.
• Alineamiento con EE.UU. Persad-Bissessar afirmó explícitamente el apoyo de su gobierno a la administración de Donald Trump en asuntos relacionados con Venezuela, lo cual puede interpretarse como una forma de contrapesar la diplomacia venezolana, e incluso se relaciona con el punto migratorio debido a la criminalización y la violación flagrante de los derechos fundamentales de migrantes venezolanos en EE.UU. Este alineamiento también está ligado a sanciones estadounidenses que afectan proyectos energéticos conjuntos, especialmente en el campo gasífero Dragón.

El punto de vista venezolano

Venezuela ha mantenido una postura firme, defendiendo su soberanía territorial y rechazando lo que considera una reacción "iracunda e injustificada" por parte de Trinidad y Tobago.

Las denuncias formuladas por altas autoridades venezolanas sobre la infiltración de grupos irregulares desde la nación vecina han sido respondidas con una hostilidad que, desde la perspectiva de Caracas, sugiere una alarmante complicidad y se adhiere con intereses geopolíticos externos que buscan desestabilizar el país.

A través del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Bolivariano ha expresado el respeto a la ley internacional, exigiendo que cualquier controversia se resuelva por vías diplomáticas y no mediante declaraciones públicas hostiles o medidas coercitivas. Las acusaciones han estado sustentadas en pruebas concretas y ofrecidas precisamente para facilitar una investigación bilateral.

Además, Caracas señala que Trinidad y Tobago podría estar siendo utilizada como un instrumento de intereses externos, específicamente vinculados con la política estadounidense en la región. La advertencia toma relieve ya que esto podría poner en peligro relaciones históricas y cooperativas entre ambas naciones.

Es por ello que el gobierno del presidente Maduro planteaba abiertamente que la vehemencia de la respuesta trinitense "levanta serias sospechas de complicidad" con las incursiones denunciadas. Es decir, no se descarta que ciertos sectores del gobierno o poderes fácticos de Trinidad y Tobago estén involucrados o tolerando estas actividades.

Así, el enfoque ha sido claro: desactivar una escalada artificial de tensiones, como lo demuestra el acuerdo recién llegado entre los representantes de ambos países para "abrir canales diplomáticos" y discutir el asunto.

Sin que ello deje de destacarse ciertos elementos como esenciales para garantizar la seguridad y la integridad territorial de Venezuela, como el control de las fronteras marítimas, la inteligencia preventiva y la defensa diplomática de la soberanía.

Además, aunque hay tensiones, Venezuela sigue interesada en mantener relaciones estratégicas con Trinidad y Tobago, especialmente en áreas como el desarrollo del campo gasífero Dragón. Sin embargo, las sanciones de EE.UU. han convertido estos proyectos en un frente sensible de disputa geopolítica indirecta. Las declaraciones de la primera ministra trinitense, alineadas de frente con EE.UU., llaman la atención sobre la cordura bilateral que debería efectuarse.

Desde la perspectiva de Venezuela, la situación con Trinidad y Tobago no solo representa una crisis diplomática sino una prueba de la constante vulneración de su soberanía por actores externos.

La infructuosa entrada de mercenarios, armamento de guerra y planes desestabilizadores forma parte de una estrategia más amplia de presión contra Venezuela, con influencia de EE.UU., vistas las declaraciones de Kamla Persad-Bissessar.

Venezuela vuelve a posicionarse como un Estado que defiende su soberanía política, su seguridad integral y su derecho a investigar y neutralizar amenazas sin injerencias externas.

Al mismo tiempo, el Gobierno Bolivariano llama al diálogo y rechaza la escalada diplomátia, aunque también afirma su capacidad de respuesta si se viola su espacio territorial.

¿Este episodio también enmarca el impasse en una estrategia más amplia de presión y desestabilización contra Venezuela? Ante ello, Caracas reafirma su derecho soberano a defender la integridad territorial y la paz sociopolítica, manteniendo abiertos los canales para un diálogo respetuoso y constructivo con Trinidad y Tobago y con cualquier otro país, a pesar de las agresiones.