En días pasados, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa rechazó el apoyo ofrecido por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros, para luchar contra el crimen organizado en torno al narcotráfico. En entrevista al medio La Posta respondió:
"Gracias, pero no, gracias. Esa es mi respuesta. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales. Simplemente, no. Muchas gracias".
Esta y otras posiciones referidas al conflicto interno ecuatoriano develan el rumbo que ha decidido asumir Noboa al respecto: otanizar la seguridad de Ecuador.
La mancha rebelde del crimen organizado
Distintos análisis apuntan a que el fenómeno comenzó a escalar en Ecuador a partir de la pandemia global. La dinámica ciudad de Guayaquil ha funcionado como epicentro de las actividades que han llevado al país andino a pasar del puesto 31 al 11 en el llamado Índice Global de Crimen Organizado. Así lo revela un informe publicado en septiembre pasado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), financiada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
El país alcanzó 7,07 puntos, por encima de la media global de criminalidad de 5 puntos. La actividad delictiva es motorizada por organizaciones con alcance transnacional en Colombia, México, Albania y China, según el informe. También es patrocinada por sectores de la economía "formal" que amparan y dinamizan el narcolavado.
El método delictivo con mayor impacto social tiene que ver con la extorsión y el chantaje sistemáticos ("vacuna") para procurar protección. Con el control territorial generado, las bandas amenazan la habitabilidad de determinadas zonas de Ecuador, lo que se ha considerado como uno de los mayores motivos que impulsa la migración de sus ciudadanos en edad laboral.
Las cárceles han servido como centros de operaciones debido a que el gobierno del banquero Guillermo Lasso terminó de perder su control, los principales cárteles comenzaron a transnacionalizarse y a funcionar como "franquicias". Desde esas instalaciones se ha coordinado el tráfico ilegal de armas mediante "narcoavionetas" que entran en el país con dinero y material bélico proveniente de los cárteles mexicanos. A esto se suma la decisión de Lasso de facilitar el acceso de armas a civiles.
La crisis del sistema penitenciario ha sido uno de los factores claves en el caos que ha pasado a ser sistémico. Desde febrero de 2021, unos 450 presos han muerto al calor de la guerra entre bandas por el control carcelario. Solo el 28 de septiembre de ese año en Guayaquil hubo 125 muertos y las escenas de mutilación, asesinatos a balazos e incineración de unas 67 personas circularon por las redes sociales.
El efecto sobre los indicadores de violencia es directo. Mientras la política del expresidente Rafael Correa (2007-2017) optó por trabajar con las pandillas, incorporarlas a determinadas actividades sociales e impedir que fueran cooptadas por el crimen organizado, se registraban alrededor de cinco muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
Los gobiernos de Lenín Moreno y Lasso (2017-2021 y 2021-2023, respectivamente) decidieron reducir la presencia del Estado y asumir una perspectiva punitiva, por lo que, vía ajustes estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador alcanzó más de 42 muertes por 100 mil habitantes.
Ya se ha analizado la relación de la producción de pobreza a partir de la intoxicación neoliberal de dichos gobiernos, también el efecto de una "nueva geografía" en la expansión y complejización de la cadena de producción y comercialización de drogas.
Militarización del conflicto... y de la economía
A dos meses de asumir el mandato que completará el truncado gobierno de Lasso, el presidente Noboa decretó estado de excepción a escala nacional, mediante el Decreto Ejecutivo (DE) 110, y conflicto armado interno en todo el país, mediante el DE 111. El enemigo: 22 organizaciones ligadas al narcotráfico calificadas como grupos terroristas. También tomó medidas económicas para financiar la guerra declarada y aceptó "gustoso" la ayuda ofrecida por Estados Unidos para la causa.
Entre el 9 y el 25 de enero el saldo presentado por la policía ecuatoriana es el siguiente:
-
Se han detenido 237 personas acusadas de "terrorismo" a partir de 44 mil 13 operativos en territorios bajo influencia de las bandas criminales.
-
De esos operativos, 88 fueron orientados contra grupos "terroristas" y fueron abatidos cinco miembros de esas organizaciones.
-
Se han decomisado 1 mil 267 armas de fuego, 1 mil 537 armas blancas, 929 alimentadoras, 5 mil 243 explosivos, 67 mil 203 municiones y 1 mil 239 teléfonos móviles, así como 35,8 toneladas de droga.
-
Fue destruido un récord de 21,5 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en una finca de la provincia costera de Los Ríos (centro), durante un operativo militar ejecutado el pasado 21 de enero.
-
Fueron decomisados 21 mil 171 galones de combustible, 28 embarcaciones y 77 mil 873 dólares, además se recuperaron 812 vehículos y 458 motocicletas.
Noboa optó por militarizar el conflicto y aumentar el enfoque punitivo de los antecesores ocupantes del Palacio de Carondelet. Su intención, según algunos análisis, es recuperar el capital político en medio de una crisis de seguridad ante la cual no se había previsto ninguna respuesta ni acción.
Las críticas a su política se basan en el riesgo que constituye el reconocimiento a los grupos delincuenciales organizados de su estatuto de fuerza beligerante. Ello introduce un inédito estatus político que obliga a que sean tratados en función de lo que establece el derecho humanitario internacional.
Además el mandatario declaró que la guerra implica "costos económicos" y el pasado 11 de enero envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica que incrementa el impuesto al valor agregado (IVA) de 12% a 15%. La propuesta plantea impedir la redistribución del incremento a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades, lo contrario de la legislación actual.
La terapia de choque de las élites económicas goza de buena salud; es el caldo de cultivo para una agenda neoliberal, en coordinación con el FMI, que iniciaría con un nuevo crédito y un nuevo programa de consolidación fiscal. Una nueva fase, que aún no arranca, implicaría la eliminación de subsidios a los combustibles, reformas laborales y privatización de la seguridad social.
¿Hacia la otanización de Ecuador?
Un tropiezo en la ruta hacia la otanización de América Latina ocurrió cuando, en 2009, Correa cerró la base militar que Estados Unidos había instalado en Manta desde 1999, como enclave sinérgico del Plan Colombia. Los indicadores mostraron cómo el enfoque integral del economista abordó un problema transnacional mediante la participación de un Estado fuerte y un andamiaje jurídico basado en una visión social.
Los hechos que se desarrollan en caliente muestran movimientos que intentan reforzar la mencionada ruta. La marca OTAN del abordaje del conflicto por parte de Noboa es una evidencia explícita de su alineamiento manifiesto con la intervención de Estados Unidos por encima de cualquier otro apoyo regional.
Mientras ha relajado las medidas de excepción, el gobierno ecuatoriano ha anunciado, a través de su canciller, Gabriela Sommerfeld, que su país puede "vender", "regalar" o "intercambiar" el equipamiento militar comprado a Rusia que actualmente no sea operativo. Esto se corresponde con que Estados Unidos ha estado comprando armas en diversos continentes y naciones para entregarlas a Ucrania, como presunta compensación al corte de financiamiento anunciado recientemente.
Al dejar en manos de la deriva otanista sus políticas de seguridad, la élite ecuatoriana a cargo del gobierno asume una postura clara al tomar partido en las tensiones globales que tienen a Estados Unidos y sus socios, por una parte, buscando mantener una configuración unipolar del sistema geopolítico global, y a potencias emergentes como China y Rusia, por otro lado, procurando la multipolaridad. No son menores las decisiones que han tomado en pocos días, se entiende que Washington ha actuado rápido para asegurar su influencia sobre Quito y desarticular cualquier apoyo desde Moscú o Beijing.
Las advertencias de Moscú no se han hecho esperar: el gobierno ruso ha advertido a Quito, a través una nota del Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar, que:
"En caso de entregar material bélico de producción rusa a una tercera parte, Ecuador violará sus obligaciones internacionales, lo que podría tener consecuencias negativas para nuestra futura cooperación bilateral".
Este movimiento coincide con el intentado en enero de 2023 por parte de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), quien hizo la misma solicitud al presidente colombiano, Gustavo Petro. En aquella ocasión, la respuesta desde Bogotá fue negativa.
La semana entre el 21 y el 27 ha sido decisiva para que la terapia de choque tome forma. Mientras Noboa ha recibido a altos funcionarios estadounidenses y anuncia que buscará financiamiento desde Europa para "librar la guerra", también ha apuntado a posponer el cierre del bloque petrolero amazónico 43-ITT —55 mil barriles diarios—, cuyo cierre está previsto para agosto tras un referéndum ambiental.
Se acelera el Plan Ecuador
Richardson estuvo de visita en Quito el pasado 25 de enero y aseguró que su país tiene un "plan de cinco años" en materia de seguridad para Ecuador. En una entrevista declaró que:
"Tenemos varias cosas que hemos hecho muy recientemente con Ecuador. Por ejemplo, la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, llamada ESAR. Y solo hay otro país en la región con el que tenemos firmado un tratado así".
De igual manera, detalló que para el año fiscal 2024, que arrancó el 1° de octubre pasado en Estados Unidos, tiene "un total de 124 actividades planificadas en Ecuador". "Donaremos casi un millón de dólares en equipos muy necesarios", dijo, y agregó que ambos países tienen "una cartera de inversión muy sólida" de 93,4 millones de dólares en materia de cooperación entre fuerzas militares de ambos países.
A través de su cuenta en X, Telesur informó que el pasado 23 de enero un avión con matrícula ucraniana aterrizó en el país meridional con un cargamento bélico procedente de Estados Unidos. Asimismo, destacó la presencia en suelo ecuatoriano de funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), todo en el marco de la visita de Richardson.
Washington y Quito firmaron dos acuerdos en septiembre y octubre de 2023, poco antes de que Lasso dejara la presidencia, a saber: "Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas", y "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas".
El primero incluye la aplicación de operaciones combinadas entre los dos países, que estarían previamente planificadas y autorizadas por la Armada ecuatoriana, en concreto: buques estadounidenses podrán actuar en aguas ecuatorianas al detectar actividades relacionadas con narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de migrantes.
Para justificar el segundo acuerdo, las autoridades de ambos países han puntualizado, respecto al mando del Estado ecuatoriano, las ventajas de contar con la operatividad militar estadounidense y la no posibilidad de instalación de tropas de ese país en Ecuador.
Y, como siempre, la guerra
El debate respecto a la ruta otanizadora de Noboa se mantiene vivo: algunos analistas locales han insistido en que la clave está en aprovechar la oferta de 38 países de la región para que Ecuador se beneficie de planes de inteligencia y seguridad integral con un enfoque regional.
Otros análisis destacan los fallidos resultados del Plan Colombia, basados en el enfoque netamente bélico atribuido a la injerencia de Estados Unidos y sus intereses geopolíticos y económicos. Estos siempre apuntan a beneficiar el Complejo Industrial Militar que dinamiza su economía.
Al asumirse como "presidente en guerra" podría remedar recetas de mano dura al estilo del expresidente mexicano Felipe Calderón. Estas convirtieron la guerra contra el narcotráfico en una metástasis del poder y reproducción de cárteles como el de Sinaloa, aliado de "Los Choneros", o el de Jalisco Nueva Generación, vínculo de "Los Lobos".
Por ahora su gobierno no parece decidido a ampliar la mirada al fortalecimiento de mecanismos de recuperación en educación y empleo para las nuevas generaciones sino a sumergirse en un cóctel de violencia económica-neoliberal, renuncia a la soberanía y militarización de la región.
Todo esto para satisfacer la necesidad de control geopolítico de Estados Unidos, líder de la OTAN, que insiste en que su decadente hegemonía sobreviva a la derrota en Ucrania.