La influencia de la dolarización sobre la economía ecuatoriana ha aparecido en el debate público por sus efectos estructurales en el aumento del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Durante la pasada campaña electoral, el presidente Daniel Noboa responsabilizó a la adopción de la moneda estadounidense como uno de los facilitadores del blanqueo de dinero que realizan las organizaciones delictivas en su país.
"Nuestros puertos están totalmente desprotegidos porque estamos dolarizados, y ese es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, porque no tienen que cambiar moneda. Simplemente entran dólares, salen dólares. No hay el rastro cambiario", explicó el entonces candidato derechista, hijo del hombre más rico de Ecuador.
Debido a que su homólogo argentino, Javier Milei, ha ofrecido esta decisión financiera como panacea para superar la crisis económica de su país, el tema ha despertado preguntas por parte de analistas y opinadores.
Dolarización, entre la emoción y la desilusión
A partir del año 2000 Ecuador adoptó el dólar como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago, lo que dejó atrás el sucre. Desde entonces, tanto individuos como empresas percibieron la moneda estadounidense como refugio ante la pérdida del valor de la moneda doméstica en escenarios de alta inestabilidad de precios y de tipo de cambio, por lo que se trató de ponerle nombre a lo que ya era usual en el pago de salarios, precios, cuentas bancarias y otras transacciones.
Se supone que, para dolarizar, un país requiere un elevado nivel de reservas internacionales, un sistema bancario y financiero solvente, equilibrio en el sector fiscal y externo de la economía y desregulación laboral. Sin embargo, si estas condiciones existieran, tendría poco sentido dolarizar formalmente la economía debido a que la política monetaria sería inmune a fallas e inestabilidad.
El debate sobre la desdolarización es casi inexistente. Más bien, una encuesta de 2015 reveló que 85% de los ecuatorianos respondió que la respaldaba. El motivo es multifactorial, pero quizás el principal tiene que ver con la estabilidad que representa en la economía una moneda fuerte y manejada "desde fuera".
Una nota de la BBC que analiza el tema destaca otros:
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Reducción de la inflación y crecimiento económico. La inflación en Ecuador pasó de 22% en 1995, a 96% en el año 2000, pero en 2002 ya se ubicaba por debajo de 10%.
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Generación de inversiones. La fortaleza de la moneda atrae a inversores extranjeros: hasta 2019 Ecuador ocupaba el tercer lugar de la lista de países donde se había incrementado la inversión extranjera directa en la región, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Luego de varios descensos comenzó a recuperarse en 2023.
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Credibilidad versus desconfianza. El manejo desde afuera de la moneda hace contrapeso a la desconfianza generalizada en las instituciones oficiales y privadas del país, cuya imagen ha sido desprestigiada por la corrupción y concentración de riqueza en manos de las élites económico-financieras.
Sin embargo, el dólar como moneda de curso ha derivado en aspectos que afectan de manera negativa la economía ecuatoriana. Una entrevista al analista Gonzalo Fiore Viani y al periodista Matías Hof deja entrever algunos:
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Incapacidad de tener una política monetaria independiente. No puede controlar su oferta monetaria, ni su tasa de interés para responder a las necesidades económicas internas.
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Vulnerabilidad ante las decisiones y políticas económicas de Estados Unidos. Las fluctuaciones en el valor del dólar y cambios en la política económica de Estados Unidos pueden tener un impacto directo en la economía de Ecuador. Un ejemplo es cómo, a consecuencia de la crisis internacional de 2019 causada por la pandemia, tuvo que endeudarse nuevamente y pedir nuevos préstamos al exterior, sobre todo al FMI.
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Menor competitividad en los mercados internacionales. El país no puede devaluar su moneda para aumentar la competitividad de sus productos de exportación.
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Facilidad para el lavado de dinero. Las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos pueden pasar directamente a Ecuador sin necesidad de conversión, lo que facilita el lavado de dinero en comparación con la vecina Colombia, por ejemplo, donde los estrictos controles sobre las divisas son una barrera importante para los flujos financieros ilícitos.
Otra desventaja es que, en un sistema monetario dolarizado, el gobierno nacional no puede devaluar la moneda o financiar el déficit presupuestario mediante la creación de inflación porque no puede emitir dinero.
En la médula del lavado de dinero
El lavado de dinero ha servido como facilitador del narcotráfico y viceversa. Una investigación del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) informó que es el segundo delito más común después del narcotráfico en seis provincias analizadas: Carchi, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena y Sucumbíos. Todas ubicadas en dos zonas: en la frontera con Colombia y la costa hacia el Pacífico.
Esta actividad ilícita se concentra alrededor de sectores que históricamente han facilitado la apariencia de legalidad, como la venta de inmuebles y de automotores usados. Asimismo, el estudio concluyó que algunas dinámicas económicas, como la construcción, los bienes raíces y las apuestas en línea son usadas con frecuencia por los blanqueadores de dinero.
Además de su ubicación privilegiada para la "nueva geografía" del narcotráfico, la institucionalidad de Ecuador experimenta una desarticulación que le impide combatir el lavado de activos, producto de la desintegración del Estado y su poco músculo operativo. Organizaciones que estudian el fenómeno identifican tres obstáculos estructurales que limitan la capacidad del país de perseguir a los blanqueadores:
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La falta de mecanismos formales para investigar casos de lavado de dinero.
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Limitados recursos humanos y tecnológicos.
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La falta de conocimiento sobre el lavado de dinero en la rama judicial.
Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), se estima que en el sistema financiero ecuatoriano se lavaron alrededor de 3 mil 500 millones de dólares durante 2021, lo que resultaría ser hasta 5% del PIB, y es casi tres veces los 1 200 millones que se movieron anualmente entre 2007 y 2016. Además, 85,2% de los reportes de transacciones sospechosas entre 2014 y 2018 tuvieron relación con el sector financiero. De ellos, 62,6% ocurrió en el sector bancario, eslabón permeable para los activos vinculados al narco.
Los vacíos identificados por los grupos criminales y las mafias financieras que operan en el sistema financiero nacional y transnacional residen en la desconexión entre las alertas que pudieran realizar las autoridades bancarias y el sistema de justicia. Esto aumentó durante el proceso de demolición del Estado instrumentado por el expresidente Guillermo Lasso durante su gobierno, iniciado durante la administración de Lenín Moreno.
Luego de que en la Asamblea Nacional se aprobó la "Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19", en 2021, se intensificó la circulación de capitales sospechosos. Esta ley contiene mecanismos para la regularización de activos en el exterior como el "Régimen impositivo voluntario, único y temporal", con los que los capitales pueden participar hasta en los procesos de privatización.
Un horizonte complejo y dinámico
Quedan las imágenes de las calles tomadas por comandos militares, sin embargo, un dato no menor es que los grupos criminales han cooptado de manera estructural el sistema político, el sistema judicial y el Estado ecuatoriano.
Otro dato es el cambio de rol: el país ha dejado de ser ruta de paso para convertirse en un exportador formal de cocaína. Ecuador supera a Brasil, que era el primer exportador mundial de cocaína hacia Europa, destino donde la droga llega en cajas de bananas que transportan empresas legales.
Además, el actual presidente es hijo de Álvaro Noboa, magnate empresario de las bananas, principal riqueza del país, y quien intentó seis veces sin éxito llegar al cargo que hoy ocupa su heredero. El investigador en criminalidad compleja de la Universidad de Utrecht, Damián Zaitch, destaca: "Hace tres años, desde 2020 o después de la pandemia, Ecuador se convirtió en el país que más cocaína envía a Holanda. 30% de la cocaína que se confisca en el puerto de Rotterdam viene en bananas desde Ecuador".
La simbiosis entre las élites económicas y el crimen organizado es cada vez más evidente, y a Ecuador se le asoma un horizonte complejo y dinámico en el que la violencia, criminal o estructural, marca la pauta.