A partir de noviembre de 2016, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos marcó el inicio de una fase de escalada sin precedentes en la presión contra Venezuela. Durante su primera administración (2016-2020), el gobierno estadounidense instrumentó una batería de sanciones económicas, financieras y petroleras que transformaron la crisis venezolana en un laboratorio de resistencia social.
Lo que siguió fue un deterioro económico combinado con un asedio deliberado contra las estructuras que garantizan la gobernabilidad y los derechos fundamentales de la población, diseñado para provocar el colapso social como vía hacia el cambio de régimen.
Hábitat y servicios públicos: Ataque a la infraestructura
La arquitectura del asedio se construyó sobre la premisa de expulsar a Venezuela de los mercados financieros internacionales. La renovación de la Orden Ejecutiva 13692 en 2017, bajo la administración Trump, estableció restricciones que impidieron al país acceder a créditos, refinanciar deuda o realizar transacciones en dólares. El efecto fue inmediato sobre el sector habitacional y los servicios públicos esenciales.
La velocidad de construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) experimentó una caída drástica a partir de 2016, correlacionada directamente con la disminución de los ingresos petroleros. El porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos —agua, electricidad, gas— pasó del 8,9% en 2013 al 11,4% en 2019, un incremento que coincide con la escalada sancionatoria que alcanzó las 294 medidas ese año.
La calidad del servicio de agua potable, medida por indicadores de potabilización, cayó del 91,3% en 2014 al 82,8% en 2019. La C.A. Hidrológica Venezolana (Hidroven) enfrentó la imposibilidad de adquirir repuestos, equipos de bombeo y materiales de tratamiento debido al bloqueo financiero. La recuperación de piezas eléctricas para sistemas de bombeo sonaba “lejano" cuando las empresas extranjeras no podían ofrecer repuestos por efecto del bloqueo.
La electricidad sufrió un golpe particularmente severo. La generación eléctrica, que en 2015 alcanzó 118,6 TWh, cayó a 84,3 TWh en 2019. Los grandes apagones de marzo de 2019, producto de sabotajes cibernéticos contra el Sistema Eléctrico Nacional y la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), dejaron sin servicio a 18 de los 23 estados del país durante varios días.
La operatividad del Complejo Refinador Paraguaná, uno de los más grandes del mundo, fue reducida por falta de equipamiento e insumos, afectando la producción de gasolina y derivados.
El economista Francisco Rodríguez estima que el 52% de la contracción económica de Venezuela entre 2012 y 2020 es atribuible a las sanciones. La producción petrolera, que en 2013 superaba los 3 millones de barriles diarios, colapsó a menos de 500.000 en 2020. Esta caída arrastró consigo la capacidad del Estado para financiar la infraestructura básica, transformando la cotidianidad de millones de venezolanos en una lucha por el acceso a servicios que antes eran universales.
Alimentación y salud: Daños al corazón de la vida misma
La estrategia de colapso alcanzó su expresión más cruda en el ámbito alimentario. El Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS), que había sido erradicado en Venezuela desde 2006, reapareció en 2015 y se disparó hasta alcanzar el 22,7% en 2019. Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 de la FAO, UNICEF, PMA y OMS, el hambre afectó a 6,8 millones de venezolanos en el pico de la crisis, una cifra que coincide con el máximo de sanciones impuestas durante la administración Trump.
El abastecimiento de alimentos colapsó. La producción agropecuaria nacional, que en 2013 alcanzaba 22 millones de toneladas, se desplomó a 15 millones en 2018. La importación de alimentos, necesaria para complementar la dieta nacional, cayó de 10,4 mil millones de dólares en 2014 a 3,6 mil millones en 2018. El consumo de fertilizantes, insumo esencial para la producción agrícola y estrechamente ligado a la industria de hidrocarburos, se desplomó de 498.000 toneladas en 2014 a apenas 20.000 en 2019.
La correlación entre sanciones y hambre es innegable. Como documenta el estudio de Weisbrot y Sachs para el Center for Economic and Policy Research (CEPR) de mayo de 2019, cerca de 40.000 venezolanos murieron como consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales. La tasa de mortalidad se elevó paralelamente al índice de subalimentación entre 2015 y 2019, evidenciando el impacto letal del asedio económico.
El sector salud sufrió un daño estructural comparable. La cobertura de vacunas, que en 2013 superaba el 90% para poliomielitis, pentavalente y fiebre amarilla, colapsó a niveles críticos en 2018: 52% para poliomielitis, 60% para pentavalente y apenas 33% para fiebre amarilla.
La Relatora Especial de la ONU, Alena Douhan, documentó en octubre de 2021 que las sanciones causaron un "efecto devastador" y "catastrófico" sobre la población venezolana, privando a 2,6 millones de niños de vacunas contra meningitis, rotavirus, malaria, sarampión y fiebre amarilla.
La importación de productos farmacéuticos se desplomó de 2.783 millones de dólares en 2013 a apenas 184 millones en 2020. Entre 2015 y 2018, la movilización de medicamentos del sector público a los servicios de salud cayó un 73%.
La dependencia tecnológica del sector farmacéutico, sumada a la reticencia de proveedores y bancos extranjeros a tratar con Venezuela, generó una reducción abrupta de la capacidad de compra de equipos esenciales.
La recuperación venezolana: Factores estructurantes y datos
La narrativa del colapso total, sin embargo, chocó con la resistencia institucional y comunitaria. A partir de 2016, el gobierno del presidente Nicolás Maduro instrumentó una serie de mecanismos de adaptación que permitieron no solo sobrevivir al asedio, sino iniciar procesos de recuperación que la oposición y sus patrocinadores externos no anticiparon.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se convirtieron en la columna vertebral de la respuesta alimentaria. Inicialmente concebido como mecanismo de distribución de alimentos importados, el programa evolucionó hacia la producción nacional. Para 2023, más del 90% de los alimentos distribuidos en los combos CLAP eran de producción venezolana, reduciendo la dependencia de importaciones que había llegado al 70% en los años más críticos. Según el informe SOFI 2025, el Índice de Prevalencia de Subalimentación se redujo del 17,6% en 2019 al 5,9% en 2024, sacando del hambre a 3,3 millones de personas.
El Sistema Patria, lanzado en 2016, permitió la centralización de transferencias monetarias y la creación de un diagnóstico en tiempo real de la situación socioeconómica de más de 20 millones de venezolanos. Esta plataforma digital facilitó la entrega de bonos sociales que, aunque insuficientes para cubrir la canasta básica completa, representaron un colchón de supervivencia para millones de familias. El sistema 1x10 del Buen Gobierno, articulado con la aplicación Venapp, aceleró los tiempos de respuesta a problemas de infraestructura, salud y alimentación en los territorios.
La recuperación petrolera, aunque modesta, alteró las proyecciones de colapso. La producción de crudo, que había caído a 434.000 barriles diarios en noviembre de 2020, se recuperó hasta alcanzar más de 700.000 barriles en 2021. Esta recuperación, impulsada desde PDVSA, redundó en mayor disponibilidad de gas natural y combustibles para la población. La generación eléctrica se estabilizó entre 2020 y 2021, alcanzando el 60% de los niveles pre-bloqueo, anulando el colapso energético que se anticipaba.
En salud, la firma de acuerdos con la OPS y GAVI permitió reinsertar vacunas contra el VPH, neumococo y rotavirus en el Programa Nacional de Inmunización. Las alianzas con Rusia y China durante la pandemia de COVID-19 facilitaron el acceso a vacunas y medicamentos esenciales como insulina. La importación de productos farmacéuticos creció un 72% en comparación con 2020, cuando se intentó impedir hasta la compra estatal de vacunas.
La matrícula escolar, que había mostrado fluctuaciones durante los años críticos, superó los 8 millones de estudiantes en 2023, niveles superiores a los registrados en 2013. Las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), conformadas junto al Poder Popular, lograron la rehabilitación del 54% de las unidades educativas a escala nacional para enero de 2024.
La propaganda del colapso y la realidad de la resistencia
El impacto de las sanciones nunca fue un secreto para sus formuladores, la estrategia se fundamentó en la poblaicón no resistiera y generara condiciones de ingobernabilidad. La narrativa de la "emergencia humanitaria compleja", incubada desde 2019 mediante medios de comunicación y ONGs financiadas por los mismos actores que generaban la crisis, pretendía legitimar una intervención militar "humanitaria" que nunca llegó.
Sin embargo, la recuperación de indicadores esenciales —el abastecimiento alimentario que llegó al 97% en 2023, la reducción del hambre reconocida por la FAO, la estabilización de servicios básicos— demuestra que el colapso social fue evitado no por la magnanimidad de los sancionadores, sino por la capacidad de adaptación de un Estado y una sociedad que reconfiguraron sus mecanismos de protección social en medio del asedio.
Un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8% en 2025 posicionó a Venezuela como un referente de expansión en Suramérica y el Caribe. En enero pasado, se registró un aumento del 32% en consumo y mercado interno en comparación con el mismo mes de 2025, reflejo de la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos y el impacto positivo de las políticas económicas implementadas.
El país cuenta con reservas estratégicas de alimentos para 116 días, gracias a un sistema agroalimentario en armonía que combina producción nacional, almacenamiento y distribución eficiente. Este sector cerró el año 2025 con un crecimiento del 8,12 %, lo que garantiza la estabilidad alimentaria del pueblo venezolano.
La frase "Venezuela se arregló", que ha circulado en redes sociales desde 2022, refleja esta paradoja: el país no ha recuperado los niveles de 2013, pero ha dejado atrás el abismo al que lo condenaban las proyecciones del establishment internacional. Se trata de una recuperación germinal pero sostenida, que ha sido lograda con apenas el 9% de los ingresos petroleros históricos.
El caso venezolano ilustra cómo las sanciones económicas, lejos de ser instrumentos de presión política dirigidos a gobiernos, funcionan como armas de destrucción masiva contra la población civil. Pero también demuestra que la resiliencia institucional y comunitaria puede contrarrestar, al menos parcialmente, los efectos de un bloqueo financiero y comercial diseñado para provocar el colapso total.
La pregunta que queda es si la comunidad internacional seguirá tolerando que la política exterior de Estados Unidos utilice el hambre y la enfermedad como palancas de cambio de régimen, o si finalmente reconocerá que las sanciones contra Venezuela han derivado, como lo ha determinado el Consejo de Derechos Humanos de la propia ONU, en consecuencias devastadoras para civiles inocentes.