La evolución de la violencia en Ecuador aparece como una muestra en vivo de los efectos que puede generar el desvalijamiento del Estado debido a la implementación de políticas neoliberales, la polarización política y una especie de terapia de choque que está siendo aplicada con fines ya conocidos en otros países.
Los eventos ocurridos a inicios de enero se activaron con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, capo del grupo más grande del crimen organizado del país llamado "Los Choneros". Esto ocurrió en la cárcel regional de Guayaquil, capital económica y ciudad más poblada de Ecuador, cuya actividad portuaria es clave para la nueva configuración geográfica del narcotráfico.
La violencia subsiguiente incluyó el secuestro de al menos siete policías, explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional, así como vehículos incendiados. Además, grupos de delincuentes tomaron la Universidad de Guayaquil y el hospital Teodoro Maldonado de la misma localidad para capturar rehenes, hubo saqueos en el centro histórico de la capital y el estudio de una televisora fue asaltado durante una transmisión en directo.
Ecuador en policrisis
Fito ya se encontraba en la prisión de La Roca, adonde lo llevarían de vuelta el fin de semana, pero un juez ordenó regresarlo a la regional pese a que era de conocimiento público que dicho centro era su feudo y que, desde ahí, dirigía todas las operaciones de su banda.
Ante el escenario desbocado, Daniel Noboa, hijo del magnate Álvaro Noboa y presidente electo en 2023, decretó un estado de excepción durante 60 días para que las fuerzas armadas pudieran ingresar a las prisiones y acabaran con el autogobierno de las bandas organizadas en su interior. La medida incluyó un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero no impidió la fuga de otro capo, Fabricio Colón Pico, detenido pocos días antes.
Al declarar la existencia de un conflicto armado interno, Noboa recurrió a la doctrina del shock que le permitiría concentrar poder al estilo de Nayib Bukele. Esto también le facilitaría tomar medidas económicas que ahondaran la acumulación de la riqueza nacional en manos de las mismas élites que han originado la desposesión de las clases trabajadoras.
Aunque sea denominada como un crisis de seguridad, en realidad hay elementos para apuntar a una crisis política con raíces ancladas en el modelo económico aplicado desde que Lenín Moreno (2017-2021) asumió el poder. El ahora expresidente desertó del programa de gobierno ofrecido durante la campaña electoral y su gestión sirvió como plataforma para que le sucediera el banquero Guillermo Lasso (2021-2023), quien facilitó una mayor obtención del poder político en las élites económicas del país andino-amazónico.
Entre ambos gobiernos se aceleró la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como epicentros de la violencia alentada por la guerra contra las drogas y el tráfico de armas. Estados Unidos funge como destino de aquellas y como origen de estas.
Una investigación sobre tramas de corrupción en su gobierno precipitó la "muerte cruzada" por parte de Lasso en 2023, lo que forzó la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante el llamado a elecciones para la culminación del período en 2025.
A las crisis política, social y económica se suman los impactos de las lluvias producto de la llegada del fenómeno El Niño, que ya dejó inquietantes inundaciones a finales de 2023.
La irrupción de la violencia
El pasado miércoles 17 de enero fue asesinado el fiscal Carlos Suárez, quien investigaba la toma del canal TC Televisión de Guayaquil y no poseía protección policial. El funcionario fue miembro de la Unidad de Muertes Violentas en la provincia de Manabí, cuya capital es Manta, y obtuvo sentencias altas en contra de personas implicadas en delincuencia organizada, asesinatos, femicidios y sicariatos.
En junio de 2023, el fiscal Leonardo Palacios fue asesinado en Durán, cerca de Guayaquil. Además la Fiscal General, Diana Salazar, ha denunciado amenazas directas de muerte por parte de Los Lobos, banda liderada por Colón Pico.
Los análisis al respecto han resaltado lo inédito del conflicto. En Ecuador aumentó la tasa de homicidios hasta 35 por cada 100 mil habitantes desde los poco menos de seis que se registraban en 2017, cuando Rafael Correa se retiró de la política. Estimaciones del Ministerio del Interior de Ecuador revelaron al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes durante 2023, un aumento drástico de 640% con respecto a los 104 casos en 2019.
El sicariato y las acciones terroristas han irrumpido en Ecuador, se acentuaron durante la campaña electoral cuando fueron asesinados tanto el candidato Fernando Villavicencio como el alcalde Agustín Intriago, pocas semanas antes del sufragio. Fueron acelerantes de la crisis política que derivó en la "muerte cruzada", ya que en marzo de 2023 fue asesinado el operador aduanero Rubén Cherres, quien agilizaba el envío de cocaína hacia diferentes destinos y se encargaba del lavado de activos. Días después fue detenido por ese caso el cuñado de Lasso, Danilo Carrera.
Los vínculos entre Lasso y Carrera con el narcotráfico enturbiaron el ambiente político, sin embargo el juicio contra el entonces presidente fue motivado por presuntos delitos de peculado. Por otra parte, el expresidente Rafael Correa ha vinculado la derrota de la Revolución Ciudadana al asesinato de Villavicencio, incluso lo advirtió antes de que se realizara el evento electoral el 15 de octubre pasado.
Los medios crearon todo el ambiente para vincular al expresidente con el homicidio y con los elementos que estructuran la inédita violencia ecuatoriana, que ha tenido su epicentro en las zonas costeras, rutas privilegiadas del narcotráfico.
Dogma neoliberal: Menos Estado y más pobreza (y violencia)
El aumento de la desigualdad en Ecuador, como en otros países sometidos a políticas neoliberales, se debe a que el dogma de reducir el tamaño del Estado implica la caída del gasto y las inversiones estatales. Con ellos se descuidan, y hasta colapsan, los servicios públicos como educación, salud y seguridad social.
En la tarea de hacer desaparecer al correísmo, Moreno desmanteló lo heredado "vacunando" su gobierno con déficit fiscal. Esto incluyó la desarticulación del sistema de seguridad ciudadana mediante la eliminación del Ministerio de Justicia, que administraba las prisiones, del Ministerio de Coordinación de Seguridad y del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes.
Por su parte, Lasso promovió y aprobó la Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo que habilitó zonas especiales desreguladas para operaciones libres empresariales, aptas para la flexibilización de las normativas de contratación y la directa supresión de los derechos laborales.
Su gobierno redujo el déficit fiscal desde 7 mil 500 millones de dólares hasta 2 mil millones de dólares, lo que Jorge Elbaum equipara al incremento del lavado de activos. Agrega el investigador que, según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), el narcotráfico es la principal actividad que explica el crecimiento de la criminalidad, con 23% de incidencia; en segundo lugar se ubica el lavado de activos, con una incidencia de 17%.
Otros datos:
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Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), 27 de cada 100 ecuatorianos se encuentran en situación de pobreza por ingresos.
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Entre junio de 2022 y junio de 2023 la pobreza aumentó 2%.
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En ese periodo también aumentó el índice de Gini, que mide la desigualdad.
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Un informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema, Oliver De Shutter, reveló que aproximadamente 34% de los habitantes de Ecuador que tienen entre 15 y 24 años vive en la pobreza, 12% más que en los últimos años de Correa.
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El lavado de dinero ilícito representa más de 3% del PIB ecuatoriano, unos 3 mil 500 millones de dólares, de los cuales 75% va a bancos, constructoras, empresas, compra/venta de bienes y otros actores de la economía "legal".
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25 bandas criminales emplean a unos 50 mil jóvenes entre 15 y 24 años, lo cual constituye 20% de la población que no tiene empleo ni estudia y ello los convierte en fuerza de trabajo de las mafias.
El narcotráfico y las nuevas rutas
Las empresas comunicacionales reparten culpas entre el llamado correísmo y sus detractores respecto al origen de la violencia. Sin embargo, cabe evaluar cómo este fenómeno se relaciona con el nuevo rol de Ecuador en lo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, llama la nueva geografía del narcotráfico. El país está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
Luego de que se desmovilizaran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sur colombiano, se optimizaron las condiciones para la economía criminal y la extensión de sus operaciones en rutas portuarias como Guayaquil y Esmeraldas. Petro atribuye esta reconfiguración a cambios en la estructura del mercado de la cocaína, que se ha desplomado en Estados Unidos por el auge del fentanilo.
Refiere que las rutas se han reorientado desde Centroamérica y México hacia Brasil "para llenar el mercado brasileño, pasar a África y de allí a Europa. Hacia Ecuador y Perú para pasar al Asia oriental, a Japón y Australia". Añade que probablemente, con la "nueva geografía" del mercado de la cocaína, mafias paraguayas y uruguayas busquen construir una economía ilícita en Bolivia y que ahora los laboratorios de cocaína se ubiquen en Europa "para competir con calidad ante la invasión de las drogas químicas y el fentanilo".
Precisamente Colombia es un ejemplo —o pretendida continuación— de cómo la guerra contra el narcotráfico deriva en la desarticulación de los Estados. El enfrentamiento entre dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que fungen como tractores de las bandas locales ecuatorianas, sirve de motivación con vistas a posibilitar el involucramiento militar de Estados Unidos "para la preservación de la paz y el orden, y la protección de sus intereses internacionales".
¿El próximo Plan Ecuador de Estados Unidos?
En su último viaje a Washington, Lasso firmó dos acuerdos internacionales que no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado: uno que permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas y otro que fija las condiciones para la circulación de militares de Estados Unidos en Ecuador. Cabe recordar que, durante su primera administración, Correa desalojó la base militar estadounidense en Manta, localidad que hoy es parte del epicentro de la violencia.
Con la llegada de otro gobierno subordinado a Ecuador en 2023 y el reacomodo de las rutas del mercado de estupefacientes, existe la posibilidad de que Washington busque acelerar su control de Suramérica como zona de influencia, así como lo logró en Colombia durante los 20 años de ascendencia uribista.
Una nueva versión del Plan Colombia incluiría la "disuasión integrada", elemento fundamental de la "Estrategia de Seguridad Nacional" publicada por la Casa Blanca en octubre de 2022. Dicha concepción presenta a China y a Rusia como desafíos para la geopolítica en el Hemisferio Occidental que se ha propuesto Washington de cara a su declive como imperio.
Analistas plantean que, además del "terror pandémico", la paramilitarización de territorios contribuye a la normalización de los estados de excepción. Al sembrar el terror, desarticular el tejido social y mantener sometida a las poblaciones, los gobiernos aliados de Estados Unidos pueden, en paralelo, retroalimentar una estructura de extracción y explotación extrema y barata en la región.
La verdadera "nueva ruta" es la que lleva a Ecuador de ser una isla pacífica a ser un Estado fallido, todo facilitado por el dogma neoliberal de ajuste que promueve la austeridad pública y la disminución de la presencia institucional del Estado al reducirlo a su mínima expresión. Esto ha debilitado el control fronterizo y facilitado la circulación de las bandas.
También es digno de análisis y sospecha la creación de un ambiente de guerra en un país donde las bandas no alcanzan a desarrollar el potencial bélico de las guerrillas colombianas o las bandas mexicanas.
Entretanto, no se avizora que Noboa pretenda atacar la desregulación financiera que disminuye los controles a la circulación del capital, a las empresas offshore y al lavado de activos, aunque durante su campaña señaló cómo la economía dolarizada facilita el blanqueo y lavado de dinero, elementos fundamentales para la supervivencia del narcocapitalismo.