Durante las últimas semanas se está registrando un viraje narrativo claro entre las vocerías de la opinión económica en Venezuela.

El consenso entre economistas se trasladó desde la "debacle", al "optimismo". El cambio de discurso se produjo luego de que el gobierno de Washington anunció acuerdos en materia petrolera con la Presidenta (E) Delcy Rodríguez.

Desde entonces, el furor (¿?) por el nuevo impulso de la economía venezolana viene incrementándose desde la publicación de las Licencias recientemente emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles), como la como la GL 49, GL 50 y GL 48, que autorizan las operaciones de empresas petroleras occidentales en el país.

EN HONOR A LA VERDAD

Diversos economistas de tendencia opositora en Venezuela, minimizaron y en muchos casos desestimaron la realidad objetiva de las sanciones económicas y sus efectos perjudiciales sobre la economía nacional.

Hay excepciones, tal como es el caso del economista Francisco Rodríguez, quien ha publicado diversas investigaciones sobre el impacto de las sanciones en Venezuela, destacando recientemente por su análisis en el informe "Las consecuencias humanas de las sanciones económicas" (2023), publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR).

Otros de sus trabajos son: "Sanctioning Venezuela" (2022) y "Sanciones, Política Económica y la Crisis Venezolana" (2022), publicados a través de Sanctions and Security Research Project. En estos trabajos, Rodríguez ha hecho críticas a la gestión económica del gobierno venezolano, pero ha enfatizado en datos el carácter “destructivo” de las medidas extranjeras.

Otra excepción, es el caso de Luis Vicente León, economista, mejor conocido por su rol en la firma Datanálisis. León, en un ámbito menos académico y más en terreno reflexivo y divulgativo, ha expresado consistentes críticas a las sanciones contra las actividades petroleras de Venezuela, reseñando sus impactos en la base económica nacional.

Luis Oliveros, economista, Profesor de la Universidad Metropolitana (UNIMET), ha cuestionado el rol de las sanciones en el deterioro de las condiciones de vida de la población. En consecuencia, también ha criticado a colegas economistas y políticos opositores por defender esas medidas y por estar "desvinculados de la realidad que vive la gente".

Por otra parte, hay un segundo grupo de economistas, entre los que se destacan Asdrúbal Oliveros, José Guerra, Ángel Alvarado, Ronald Balza Guanipa, Rafael Quiroz, Ricardo Haussmann y hasta el ingeniero químico pero infatigable opinador de economía Henkel García, entre otros, quienes se han decantado por enfatizar sus críticas desde dos ángulos fundamentales de la opinión.

Primero, refiriendo casi exclusivamente a la gestión económica interna (previa y durante a las sanciones). Esta línea argumental apunta a que los "desequilibrios macroestructurales" (controles de cambio, expropiaciones e hiperinflación) ya habían destruido gran parte de la economía antes de la imposición de sanciones de amplio alcance.

Esa línea de discurso se enfocó fundamentalmente a la política económica del chavismo, en lugar de reseñar, por ejemplo, la pérdida de más del 90% del ingreso en divisas al país y la repercusión de ese dato sobre una economía en la que todos sus sectores están directa o indirectamente vinculados a la renta petrolera, tal como ocurrió en el año 2020, a expensas de las sanciones.

Por otro lado, también asumieron posturas sobre la "corresponsabilidad" o impacto acotado de las sanciones. Es decir, algunos expertos reconocen el daño de las medidas, pero enfatizan que estas son un "complicador" de problemas preexistentes.

Este ángulo de análisis, pretendidamente más objetivo, tenía como premisa reconocer las sanciones como una realidad concreta e inapelable. Pero el tufo político y estilo de las declaraciones de algunos de estos voceros, casi siempre apuntó al fatalismo económico, pesimismo, no admisión de logros, minimización de reformas acertadas y un tratamiento casi siempre políticamente sesgado la situación general.

Para todos los economistas venezolanos opositores, el ámbito de discusión económica es también un terreno de discusión política. Y es bueno que esto sea así, ya que, sea desde cualquier lado de la lateralidad política (izquierda, derecha, arriba o abajo) todo ámbito de debate económico necesariamente debe ser político.

El problema en este caso es el sesgo, y como funciona frente al cambio de situaciones concretas en lo real.

LAS SANCIONES

Durante las últimas semanas varios economistas que minimizaron o descartaron mencionar a las sanciones económicas como un punto medular para sus estimaciones, han cambiado sus narrativas a un terreno más optimista (¿?).

Hace poco, Asdrúbal Oliveros consideró que el comportamiento positivo en la producción petrolera generará un "efecto expansivo" sobre toda la economía, admitiendo que ha estado signada por una profunda contracción en los últimos años.

Oliveros también estimó un crecimiento económico cercano al 12% este año. Según el analista, el principal catalizador de esta mejora será el sector hidrocarburos, el cual podría experimentar una expansión del 30%.

El economista asocia el crecimiento de las actividades petroleras de Venezuela, con el actual momento de relación entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual desemboca en licencias petroleras y levantamiento de restricciones en la economía venezolana.

Oliveros también ha clamado por la necesidad de cerrar la brecha cambiaria, lo cual amerita un nuevo sistema cambiario y el necesario flujo de petrodólares.

Por otra parte, Ricardo Hausmann ha planteado que habrá crecimiento económico en Venezuela este año, pero ha centrado su afirmación en la condicionalidad política. Afirma que cualquier cifra de crecimiento en 2026 será frágil si no se acompaña de una reinstitucionalización que permita el retorno de la inversión.

Rafael Quiroz, ha abogado por la estabilidad y política nacional como elemento de atracción de inversiones. Se ha pronunciado por la reforma petrolera y ha realizado valoraciones positivas sobre la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En declaraciones recientes, mencionó que una transición institucional completa en organismos del Estado (incluyendo PDVSA) podría tomar hasta tres años. De ahí que no condiciona la etapa de crecimiento actual con un cambio político.

Quiróz también hizo valoraciones sobre las licencias petroleras admitiendo su impacto favorable sobre las actividades venezolanas.

Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), forma parte del sector de economistas opositores de tendencia moderada, y hace poco fue uno de los expertos que, en el foro "Perspectivas Económicas 2026", proyectaron un posible crecimiento del 10,4% del PIB venezolano para este año.

También cuestionó las iniciativas de dolarización de la economía venezolana y, a fin de desarrollar su argumento, aludió a los nuevos ingresos petroleros como un elemento componente de la "estabilidad cambiaria".

Henkel García, en lo que va de año, ha referido la obviedad de que el petróleo sigue siendo la "pieza clave" para la economía en este año. Ha enfatizado que una política pública adecuada en este sector generará beneficios en el resto de la industria nacional. En la misma línea que Haussmann y otros opinadores pertenecientes al espectro político a María Corina Machado, se ha pronunciado sobre la Ley de Hidrocarburos y licencias alegando que, con reformas institucionales, la producción podría alcanzar entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios (mbd) en un plazo de dos años, “tras una transición” política.

José Guerra, ex diputado antichavista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), afirmó que la estabilización definitiva de los precios en el país depende en gran medida "de que se mantengan los acuerdos petroleros con Estados Unidos". "No hay duda que la economía crecerá", dijo. Además, acotó que los nuevos ingresos deben destinarse a saldar la deuda social.

Guerra admitió que la nueva Ley de Hidrocarburos busca atraer empresas extranjeras, permitiendo que el sector privado y empresas extranjeras "obtengan licencias" ante el gobierno estadounidense y "comercialicen petróleo de forma independiente para reactivar la industria" venezolana.

La tendencia general de los mensajes entre este grupo de actores de opinión guarda criterios comunes:

• A partir de enero, habrá más ingresos por venta de petróleo desde Venezuela.
• Los ingresos en divisas son un catalizador del crecimiento económico multisectorial e impactan claramente el Producto Interno Bruto del país. La economía crecerá.
• Los ingresos en divisas son un factor estabilizador del Tipo de Cambio, de reducción de la brecha cambiaria, atenúan la devaluación y la inflación.
• Las licencias son un factor central en el desarrollo de las actividades energéticas de Venezuela y por ende, de los ingresos en divisas.
• Algunos admiten que habrá crecimiento económico, pero para que sostenible y haya inversiones cuantiosas, abogan por cambios institucionales, transición y un cambio de régimen en el país. Pero esta afirmación tiene implícito el hecho de que las sanciones son un obstáculo para la inversión extranjera.

Sobre estas afirmaciones, las sanciones coercitivas figuran como un eje transversal que las conecta.

De hecho, estas vocerías parecieran encuadrar sus comentarios como si el gobierno en Miraflores fuera un gobierno distinto al de Nicolás Maduro, obviando que la presidenta (e) Delcy Rodríguez recién ha desempeñado la Vicepresidencia Ejecutiva, Vicepresidencia Económica y el Ministerio de Hidrocarburos.

En términos muy concretos, no ha habido un cambio de régimen en Venezuela y la línea estratégica de gestión económica se preserva.

Lo único que está cambiando en la economía venezolana, es la flexibilización del marco coercitivo, el reimpulso del comercio petrolero y el flujo de divisas.

Entonces el cambio de retórica, que ahora ha adquirido un perfil optimista entre ciertos economistas venezolanos, expone las omisiones, silencios y tergiversaciones que han dominado la opinión económica durante estos años. Nunca fue "el régimen", han sido siempre las sanciones.

Quizá un elemento esclarecedor sobre la realidad de las sanciones económicas en Venezuela, como indiscutida del desarrollo de la base material del país, no viene de ningún economista venezolano, sino del mismo Donald Trump.

Trump volvió a insistir en que su gobierno está trabajando "estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez" de cara a "impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente".

Lo único que ha hecho su administración, y que los opinadores no mencionan, es liberar relativa y parcialmente algunas de las amarras que injustamente se impusieron contra la economía nacional, todo a cambio de un petróleo que pudo fluir libremente a su país durante años si no hubieran existido las medidas que el mismo implementó.