Jue. 13 Junio 2024 Actualizado 11:28 am

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María Corina Machado fue de las primeras en anunciar que participaría en unas primarias de la oposición venezolana (Foto: Tairy Gamboa)

María Corina Machado y su vínculo político con Florida y la Ley BOLIVAR

La decisión de un sector de las oposiciones venezolanas de convocar a unas elecciones primarias para definir el candidato que se presentará en los próximos comicios presidenciales, en representación de los partidos agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha traído como consecuencia la vuelta en escena de viejos actores políticos con aspiraciones frustradas al máximo cargo de la república en años anteriores.

María Corina Machado es una de esas figuras. Veterana de la corriente opositora más alineada a la ideología de la alt-right en boga en Estados Unidos y Europa, actualmente se perfila como aspirante a candidata presidencial con su partido Vente Venezuela (VV). 

  • La expresidenta de la Asociación Civil Súmate, financiada por agencias estadounidenses, participó en 2021 en la cumbre del EuroLat, organizada por el bloque del Parlamento Europeo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que agrupa actualmente a 61 miembros de ideología conservadora, euroescéptica y antifederalista. El evento se organizó para luchar contra "la amenaza del comunismo y para enfrentar al Foro de Sao Paulo", y sus participantes, como Giorgia Meloni (Italia), José Antonio Kast (Chile) y Santiago Abascal (España), sostienen posturas extremistas de derecha.

Fue de las primeras en anunciar su participación en las primarias y, de igual forma, ha protagonizado las campañas de información que acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de "interferir" en la realización de las primarias, solo porque se ha planteado la opción (desde la PUD) de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) preste apoyo técnico y logístico.

En las encuestas de algunas empresas de opinión y medición de datos, María Corina Machado se posiciona en los primeros lugares, cuestión que le ha dado cierta visibilidad por encima de otros candidatos en los medios de comunicación privados.

Ante el "desalentador panorama de la oposición venezolana", como ella misma lo califica, Machado es presentada por algunos medios como una personalidad política con "cualidades intrínsecas de liderazgo" y con una "trayectoria reconocida". Estas dos descripciones encajan perfectamente para hablar de su impronta en la promoción del bloqueo contra Venezuela y su conexión con una parte del establishment estadounidense, específicamente con los políticos republicanos del estado de Florida.

Los amigos republicanos

Las evidencias de las conexiones entre María Corina Machado y el Partido Republicano datan desde casi dos décadas atrás cuando, en 2005, fue recibida en Washington, D.C. por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con quien tuvo una reunión en la Casa Blanca.

El vínculo republicano se hizo más explícito en el momento cuando se activó la estrategia política de agresiones económicas y financieras a través de sanciones ilegales, la cual fue seguida por una campaña internacional que trató de poner la situación de Venezuela como una "emergencia humanitaria" para justificar distintos mecanismos de injerencia extranjera.

María Corina Machado fungió como vanguardia ideológica y política de las iniciativas que el senador republicano Marco Rubio, y otros personajes asociados, llevaban a cabo en función de las agendas sancionatorias y de "intervención humanitaria" en suelo venezolano.

Hacia finales de la administración de Barack Obama y durante toda la gestión presidencial de Donald Trump, Rubio fue uno de los principales promotores del cerco y asedio sobre Venezuela desde su puesto como senador en Estados Unidos, patrocinado en su mayoría por contribuyentes corporativos del sector energético y de recursos naturales. Sus actividades antivenezolanas han continuado durante el gobierno de Joe Biden. Aunque ha puesto énfasis en nuestro país, también se ha encargado de agendas similares para desestabilizar aliados venezolanos como Cuba y Bolivia.

Sobre Marco Rubio no solo pesan las acusaciones de interferencia política en el extranjero hechas desde Caracas, La Habana y La Paz. Son iguales de escandalosos y polémicos los señalamientos de tráfico de influencias y favores criminales ligados al narcotráfico.

la agenda foránea a la que Machado se afilia

Las relaciones de María Corina Machado con el Partido Republicano se extienden a otros actores importantes de la política "sancionatoria" contra Venezuela. Está, por ejemplo, el senador republicano Rick Scott, también por Florida y exgobernador de ese estado. En varias ocasiones, la dirigente de Vente Venezuela ha alentado públicamente declaraciones de Scott que criminalizan, sin pruebas, al presidente Nicolás Maduro como un actor del terrorismo internacional.

Scott y Rubio comparten la responsabilidad de auspiciar en 2021 la BOLIVAR Act, o Ley BOLIVAR, una herramienta legal diseñada para que el Congreso estadounidense tenga la potestad de seguir condicionando las sanciones ilegales hacia Venezuela por encima de decisiones que tome el poder ejecutivo al respecto. Un mecanismo para inhibir decisiones presidenciales que cuenta con apoyo bipartidista.

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Los senadores Rick Scott y Marco Rubio son los principales promotores de la Ley BOLIVAR, que blinda el bloqueo contra Venezuela (Foto: Facebook / Marco Rubio)

Siendo gobernador de Florida, Rick Scott sentó un precedente para la Ley BOLIVAR. En 2019 patrocinó el proyecto de Ley Venezolana de Restricción de Contratación, una legislación con características similares que llegó a la Comisión del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pertenecía a esa comisión), pero no pasó a votación en la plenaria.

Para entonces, Scott estuvo acompañado de Rubio y el congresista republicano Michael Waltz. Este último se encargó, dos años más tarde, de introducir al Congreso estadounidense el proyecto de ley titulado Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Régimen Autoritario Ilegítimo, que sería conocido por sus siglas en inglés como la BOLIVAR Act. Los perfiles de Scott y Waltz, principales auspiciantes de esta ley, están marcados por actividades fraudulentas y relacionadas con el lobby antivenezolano.

En esta tribuna se ha comentado con anterioridad que con la Ley BOLIVAR se pretende blindar el bloqueo contra Venezuela, prohibiendo que las agencias gubernamentales celebren contratos con cualquier empresa que tenga operaciones comerciales con el Estado que dirige el presidente Nicolás Maduro. Esto incluye la adquisición, desarrollo, mantenimiento, posesión, venta, arrendamiento u operación de equipos, instalaciones, personal, productos, servicios, propiedad personal, bienes inmuebles o cualquier otro aparato de negocio o comercio.

El documento añade excepciones, algunas llamativas por las implicaciones que tendrían para Venezuela. La Ley BOLIVAR no bloquearía lo relacionado con "ayuda humanitaria", mantra referido a los esfuerzos de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para apoyar financiera y logísticamente cuadros de desestabilización o de auxilio a partidos de oposición vía ONG, ni las "operaciones que sean de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos", lo que podría significar cualquier actividad que apunte hacia un cambio de régimen en Venezuela (como la fallida Operación Gedeón en 2020), o "ningún negocio con el gobierno legítimamente electo de la Asamblea Nacional  y sus sucesores electos", refiriéndose a la gestión de la denominada "Comisión Delegada" que sucedió al "interinato" liderado por Voluntad Popular.

El 16 de diciembre de 2022 el proyecto de ley fue aprobado por el Senado del Congreso pasado, y faltaba su aprobación en la Cámara de Representantes. El 2 de febrero de 2023 los senadores Scott, Rubio, Jacky Rosen y Thom Tillis (en su mayoría republicanos, pero con representación demócrata) reintrodujeron la ley ante el Senado del nuevo Congreso elegido a finales de 2022.

Detrás de la promoción de la Ley BOLIVAR se encuentra el interés de sabotear algunas medidas que pueden interpretarse como un alivio a las "sanciones" unilaterales, por ejemplo, la licencia otorgada a Chevron por el Departamento del Tesoro para reanudar operaciones de extracción de petróleo en Venezuela o, más recientemente, la autorización a Trinidad y Tobago para desarrollar un campo de gas en aguas venezolanas.

La situación de crisis energética global, marcada por las "sanciones" coercitivas lideradas por Estados Unidos contra Rusia, ha influido en las concesiones hechas por la Casa Blanca, sin embargo, esta debe mediar con las reacciones que eso produce en el lobby antivenezolano de Florida (con la "diáspora venezolana" involucrada), que presiona para que el bloqueo contra Venezuela continúe, y que ha rechazado el acercamiento diplomático entre funcionarios estadounidenses y el gobierno del presidente Maduro.

María Corina Machado está en completa sintonía con esos grupos. Ante los signos de muerte de la estrategia de "máxima presión" en tiempos recientes, ha levantado la voz para pedir al gobierno estadounidense que refuerce el bloqueo contra Venezuela y ha repudiado el acuerdo parcial que firmaron en la Mesa de Diálogo y Negociación instalada en México los representantes del gobierno y de la PUD.

Con tales precedentes, se hace imposible asociar la imagen de María Corina Machado con la de un supuesto cambio positivo para Venezuela, como ella misma pretende instalar bajo una retórica que limita con la figura del outsider, aun cuando históricamente se ha posicionado como una figura política del establishment opositor y los actores y factores que valida desde suelo local se encuentran fuera de estas fronteras y responden a agendas políticas en Florida y Washington D.C.

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