El pasado 28 de enero, un grupo de congresistas estadounidenses, comandados por el exboina verde y ahora legislador del Partido Republicano, Michael Waltz, introdujo al Congreso de los Estados Unidos un nuevo proyecto de ley dedicado a Venezuela titulado "Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Régimen Autoritario Ilegítimo".
Today, Congressman Waltz introduced the bipartisan Banning Operations and Leases with Illegitimate Authoritarian Regime Act, or the BOLIVAR Act, that will prohibit government contracting with persons that have business operations with the Maduro regime. pic.twitter.com/sdw2RO0OhY
— Congressman Waltz Press (@RepMichaelWaltz) January 28, 2021
En un acto de cinismo, los creadores y promotores de la ley establecieron de manera tendenciosa y simbólica el contradictorio título corto de "BOLIVAR Act", sus siglas en inglés.
El precedente inmediato data de 2019, cuando el senador Rick Scott, obsesivo opositor al Gobierno venezolano desde sus años como gobernador de Florida, auspiciaba junto a Marco Rubio y el mismo Waltz la Ley Venezolana de Restricción de Contratación, que en ese entonces ni siquiera pasó a votación en la plenaria.
Cabe señalar que el proyecto llegó a la Comisión del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, espacio en el que la ahora vicepresidenta Kamala Harris era miembro, y que a través de un reporte justificaron esa legislación.
Scott es uno de los operadores más activos en el lobby antivenezolano, un personaje que se ha encargado de presionar en instancias del Gobierno estadounidense para recrudecer las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, acompañado de Rubio y el prófugo de la justicia nacional Carlos Vecchio.
De ello se regocija en su portal web rickscott.senate.gov, cuando destaca sus impresiones tras la firma de la Orden Ejecutiva que impuso el embargo económico a Venezuela en agosto de 2019: "He estado pidiendo a la [entonces] Administración [Trump] que utilice todas las opciones disponibles, incluido un embargo", comentó el senador republicano haciendo referencia al hecho de que meses antes, durante ese mismo año, instó a Mike Pompeo y a Steven Mnuchin, los entonces secretarios de Estado y del Tesoro respectivamente, la implementación de "sanciones" más estrictas contra Cuba, Venezuela y sus aliados internacionales.
El enfoque de la nueva mutación del título en el proyecto de ley ("Restricción de Contratación") alude a otra operación del conocido plan de imposibilitar las gestiones financieras del Estado venezolano con cualquier ente, sujeto o empresa destacada en el comercio internacional. Según dicta el documento, se trata de prohibir al titular del Gobierno estadounidense contratar a personas que tengan operaciones comerciales con el "régimen de Maduro".
¿Quiénes son los promotores de la propuesta?
La mayoría de los congresistas estadounidenses de la Cámara de Representantes que empujan la propuesta legislativa contra Venezuela Bolivariana pertenece a la representación de los distritos de Florida.
Si bien en esta ocasión Rick Scott no figura en el listado por ser senador, es importante mencionar parte de su dossier como promotor original del inicuo proyecto.
Scott está inmiscuido en el mayor fraude del Medicare de Estados Unidos, cuando era director ejecutivo de la empresa de atención médica Columbia/Hospital Corporation of America (HCA). Ese polémico asunto gravitaba en la investigación del FBI, que luego se hizo pública en 1997, en la que la empresa en cuestión admitió delitos graves relacionados con facturación y prácticas fraudulentas tres años después. La mayoría de estos hechos sucedieron bajo el liderazgo de Scott.
Según Randy Schultz, columnista del periódico Sun Sentinel, Columbia/HCA dio sobornos a los médicos para que remitieran a los pacientes con el fin de que parecieran más enfermos de lo que estaban, por lo que Medicare pagaría más.
Con esa actitud de falsa preocupación por Venezuela y con una trayectoria cuestionable, Scott hizo uso de la Quinta Enmienda (que forma parte de la Declaración de Derechos de Estados Unidos que garantiza ciertas protecciones a la persona acusada de un delito o que participa en un procedimiento legal) 75 veces por este caso y se fue de la empresa con 300 millones de dólares en acciones y una indemnización de 5.1 millones de dólares.
Ahora, ¿quién es Michael Waltz?
- Sirvió por 20 años en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, conocidos como los boinas verdes, participando en las invasiones a Afganistán y otras misiones de injerencia en Medio Oriente y África.
- Luego pasó a servir en la Casa Blanca como asesor antiterrorista del entonces vicepresidente Dick Cheney (connotado neoconservador) durante el gobierno de George W. Bush.
- Waltz votó por un estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.
- Este 1° de febrero firmó una petición al secretario de Defensa, Lloyd Austin, para que reconsidere sus posibles planes de cerrar la cárcel de Guantánamo.
- Es presidente de la empresa METIS, que se dedica a asesorar y a generar estrategias para la defensa, la seguridad nacional y la comunidad de inteligencia estadounidenses.
- También es cofundador y socio de una consultora internacional, Askari Associates, que brinda servicios de consultoría y asesoramiento estratégico a gobiernos extranjeros.
- A finales de 2019 declaró que estaba promoviendo el plan de creación de la zona de distensión o franja en la frontera colombo-venezolana, manejada por el Grupo de Lima con apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses.
- Igualmente, agregó una disposición a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para prohibir al Departamento de Defensa de los Estados Unidos la firma de contratos con empresas que trabajan con el Estado venezolano.
La línea discursiva y repetitiva de Waltz con respecto a Venezuela no es sorpresa, así como tampoco lo es la lista de los co-patrocinadores que lo acompañan en la propuesta de ley. Congresistas como Debbie Schultz y Mario Diaz-Balart son un ejemplo de ello, pues plantean la idea de catalogar a Venezuela como Estado terrorista.
Cada uno de los miembros de esa camarilla está en sincronía con los intereses del lobby antivenezolano en Miami, sin medias tintas.
Algunas implicaciones del "bolivar act"
El nuevo proyecto legislativo estadounidense toma el carácter de "bipartidista", mientras que el congresista Waltz comentó que dicho instrumento es la hoja de ruta que deben tomar como ejemplo el resto de los países en el mundo. Además, hizo el desgastado llamado a que Estados Unidos debe utilizar todos los medios para eliminar cualquier mecanismo de financiación del "régimen de Maduro".
Dentro de la pantomima en la que envuelven la temática de las "sanciones", postulando unas supuestas excepciones que al fin y al cabo no se toman en cuenta o son un juego ordinario de palabras al son legal de los congresistas, la propuesta de ley añade un par de puntos, poco especificados, que hacen referencia a la excepción sobre los envíos de "ayuda humanitaria", claro está, bajo las condiciones y los esquemas que la administración de Estados Unidos considere.
Bajo la mampara de la "ayuda humanitaria", el Gobierno estadounidenses a través de agencias como la National Endowment for Democracy (NED) y la United States Agency for International Development (USAID) han canalizado financiamiento a la dirigencia antichavista venezolana con el fin de estimular la estrategia de "cambio de régimen" en Venezuela.
La #USAID informó que ha entregado 654 millones de dólares a la oposición del gobierno de #Venezuela para derrocarlo
Una fracción de ese monto fue transferido a Julio Borges, Carlos Vecchio y Lilian Tintori en septiembre/2019, tal como anunció Mark Green, director de la agencia pic.twitter.com/mb0iMWTFQG— Organización Sures (@SuresDDHH) January 18, 2020
Por otro lado, y a la luz de lo que caracteriza a esa propuesta de ley, cuando se hace mención a las "operaciones comerciales", se refiere a la participación en el comercio en cualquier forma, incluida la adquisición, desarrollo, mantenimiento, posesión, venta, arrendamiento u operación de equipos, instalaciones, personal, productos, servicios, propiedad personal, bienes inmuebles o cualquier otro aparato de negocio o comercio.
Con base a esto, es evidente, primero, que las empresas petroleras y de servicios en ese sector a nivel internacional cesen sus operaciones con Venezuela o deban triangular para esquivar los embates del bloqueo estadounidense.
Pero no solo eso: las empresas deben elegir si hacer negocios con Venezuela o con las empresas petroleras de Estados Unidos, teniendo en consideración las retaliaciones tanto monetarias como sancionatorias.
No obstante, lo ruidoso de esa descripción es su amplitud, puesto que abarca cualquier dinámica comercial, incluyendo la adquisición de fármacos, insumos médicos o, incluso, vacunas. Ni hablar del sector alimentario. Y aplica la misma premisa: las empresas deben decidir entre hacer negocios con Estados Unidos o con el Estado venezolano.
Aunque en la práctica el Gobierno estadounidense ha impedido la importación en los sectores alimentario y farmacológico por parte del Estado venezolano a través de las órdenes ejecutivas, a través de la "BOLIVAR Act" se pretende oficializar en el papel legislativo dicha impronta, marca registrada del bloqueo contra Venezuela y clave para la profundización de la crisis económica y social que experimenta de manera inducida el país.
La clase política estadounidense continúa aplicando su diplomacia de las cañoneras económicas y financieras disfrazada de humanitarismo progresista. En ese goce macabro y pestilente se mueven estos congresistas, unificados demócratas y republicanos bajo el mismo criterio antivenezolano.