La noticia de que Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras condenado a 45 años de prisión por conspiración narcotraficante, no sorprende si se tiene conocimiento de la geopolítica estadounidense en América Latina.
Lo que sí resulta llamativo es la crudeza con la que se expone el entramado de intereses que une al Partido Republicano, la industria del lobby en Washington y los círculos de poder hondureños en un sistema de protección mutua que desprecia la soberanía de ese país y la justicia. La conexión central pasa por Marco Rubio, actual Secretario de Estado, y la firma BGR Group, habituada a tejer alianzas entre dictadores, narcopolíticos y el establishment republicano.
El perdón presidencial, la maquinaria electoral y la red de influencias de Washington
Se trata del epílogo de una relación construida sobre cimientos de lobby, dinero e interferencia política directa. La conexión Rubio-JOH se canalizó a través de la influyente firma BGR Group. Registros de la Oficina de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) revelan que el gobierno hondureño contrató a BGR desde al menos 2018, pagando sumas que superaban los 660 mil dólares anuales para lavar su imagen en Washington.
BGR emitió comunicados elogiando a JOH como "aliado clave en la lucha contra el crimen organizado" y contactó a 11 asesores del Congreso, tres de ellos vinculados directamente a Marco Rubio. Este se ha beneficiado de BGR a lo largo de su carrera, incluyendo eventos de recaudación de fondos organizados por dicha compañía durante sus campañas al Senado de 2010 y 2016, así como durante su breve candidatura presidencial.
El grupo de lobby, con profundas raíces en el Partido Republicano y vinculado a figuras como Haley Barbour, trabajó activamente para presentar a JOH —aun cuando las acusaciones de narcotráfico eran públicas— como un socio indispensable en seguridad y control migratorio.
La figura de Marco Rubio es el eslabón político crucial, el ahora Secretario de Estado fue, como senador por Florida, uno de los más firmes defensores del hondureño en el Capitolio.
En septiembre de 2021, en un acto de abierto respaldo político, Rubio se reunió con JOH en Tegucigalpa, elogiando su "alianza" en materia de seguridad. Esta reunión ocurrió cuando el hermano de JOH, Tony Hernández, ya estaba condenado por narcotráfico y las pruebas contra el propio expresidente se acumulaban.
La intromisión estadounidense en Honduras, sin embargo, es anterior y más profunda. El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, que allanó el camino para el regreso al poder del Partido Nacional de Honduras (PNH), contó con un silencio cómplice y posterior legitimación por parte de Washington. Esta fue la "cuota inicial" de la lealtad exigida para que Hernández, como presidente del Congreso y luego como presidente, se consolidara como el gendarme regional preferido por Estados Unidos, un papel que su gobierno pagó con creces en represión interna y alineamiento en foros internacionales.
Previo a las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, Trump condicionó explícitamente su apoyo a una victoria de Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional y sucesor político de JOH:
"Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él".
Esta amenaza recuerda tácticas usadas en Argentina y otros países, y revela que el anuncio del indulto fue una palanca de presión política. Asfura, por su parte, tiene en su haber distintas acusaciones de presunto lavado de activos, malversación, fraude, uso de documento falso y violación de deberes.
El pasado 21 de noviembre, el exembajador de la administración Trump 1.0 en la OEA, Carlos Trujillo, testificó durante una audiencia del del Subcomité del Hemisferio Occidental de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre la integridad electoral en Honduras. El cubanoamericano, cercano a Rubio, reiteró que el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) estaba tratando de robar las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, pero omitió mencionar que su firma de cabildeo, Continental Strategy LLC, trabajó para unas cuatro instituciones de la élite financiera hondureña, incluida "Honduras Próspera", una controvertida ciudad chárter privada en Honduras respaldada por multimillonarios de Silicon Valley.
En total, estos clientes hondureños pagaron a la firma de Trujillo al menos 670 mil dólares solo este año, y muchas de las entidades que representa tienen un claro interés en derrocar al partido Libre en favor de un gobierno más proempresarial.
El indulto, por lo tanto, es la moneda de pago final. Se han reportado sobre presuntos pagos millonarios canalizados a través de lobbies para gestionar el perdón, aunque estas afirmaciones no han sido probadas judicialmente.
No obstante, la lógica es que no se perdona la inocencia sino los servicios prestados. El indulto es la herramienta definitiva de la injerencia que envía un mensaje nítido a la región: la lealtad a Washington tiene un valor superior a las sentencias de sus propios tribunales.
¿El partido de la impunidad vuelve a Honduras?
El ascenso y la impunidad de JOH son incomprensibles sin analizar al PNH como la maquinaria que lo sostuvo. Su candidato, Nasry Asfura, es el posible vencedor de las recientes elecciones bajo acusaciones de fraude.
Los gobiernos del mencionado partido fueron la expresión máxima de un proyecto político plutocrático con un historial documentado de delitos y violaciones. Tras el golpe de 2009, reconstruyó el Estado como un botín y su trayectoria se define por tres pilares entrelazados:
- Corrupción sistémica. Escándalos como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se desviaron cientos de millones de dólares, implicaron a la cúpula partidaria. El PNH operó bajo una lógica de "captura cooptativa" del Estado, donde las instituciones existían para el beneficio privado de la red en el poder. Aunque se difundió como actos de corrupción de funcionarios individuales, era el modus operandi de la estructura.
- Violaciones a los derechos humanos. La represión fue institucionalizada y el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres en 2016, por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, es el caso emblemático. Los autores intelectuales vinculados a la élite empresarial y política gozaron de impunidad inicial bajo el gobierno de JOH. Las protestas masivas posteriores a la reelección fraudulenta de JOH en 2017 fueron brutalmente reprimidas por fuerzas de seguridad que dejó 32 muertos según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Manifestantes fueron asesinados por fuerzas de seguridad, y el PNH recurrió a la militarización de la Policía Nacional a través de la unidad TIGRES, creada por JOH y entrenada por Estados Unidos.
- Nexos estructurales con el crimen organizado. El partido proporcionó la cobertura política perfecta para la infiltración del narcotráfico. Devis Leonel Rivera, informante de la DEA y capo de la banda Los Cachiros narró que pagó sobornos a JOH, en 2012, a través de su hermana Hilda Hernández. Lo mismo al expresidente hondureño Porfirio Lobo —también del PNH— quien les ayudó dándole contratos del gobierno a su empresa denominada "Inrimar" a cambio de sobornos.
Precisamente, la hermana de JOH fue ministra de Desarrollo Social, creó 279 fundaciones de papel según la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Entre 2010 y 2014, desvió hasta 360,6 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Departamental, controlado por el Congreso que presidía su hermano.
El caso "Caja de Pandora", archivado en 2020 por el gobierno de JOH, documentó cómo 12 millones fueron desviados a ONG fantasma que financiaron campañas desde 2013. La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) nunca pudo terminar la investigación porque, en 2020, Hernández no renovó su mandato y desmanteló el único órgano internacional que investigaba la corrupción sistémica.
Los narcoestados se fraguan en el Norte
El 8 de marzo de 2024, un jurado federal en Nueva York declaró culpable a JOH de conspiración para importar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para importar armas, por lo que lo condenó a 45 años de prisión. El juez Kevin Castel fue implacable: "Los Hernández convirtieron a Honduras en un narcoestado utilizando la estructura del Partido Nacional".
Testimonios de narcotraficantes como Geovanny Fuentes Ramírez revelaron que JOH ofreció "protección del Ejército y la Fiscalía" a cambio de sobornos destinados a financiar sus campañas. Documentos judiciales citan una frase atribuida a JOH: "Quiero meterles las drogas por la nariz a los gringos".
Además, se probó que recibió millones del cártel de Sinaloa, incluyendo pagos directos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. En los juicios, fiscales estadounidenses lo calificaron como un “co-conspirador clave” en una red que movió más de 400 toneladas de cocaína.
A pesar de esto, altos funcionarios como el almirante Craig Faller, exjefe del Comando Sur, elogiaron públicamente su "cooperación antidrogas", y el Pentágono mantuvo lazos operativos con las fuerzas armadas hondureñas bajo su mando, pese a su vinculación directa con carteles.
Por esto, la hipocresía alcanza su clímax con el indulto de Trump, quien castiga a pequeños traficantes con operativos letales en el Caribe, pero perdona a quien transformó a Honduras en un narcoestado, según el propio Departamento de Justicia.
El magnate estadounidense, devenido en "estadista", contrasta el discurso con las acciones, firmó la orden de desplegar buques de guerra en el Caribe para "combatir el narcotráfico" pero ha liberado a un demostrado capo del narcotráfico cuya estructura infiltró al Estado hondureño. Rubio, que promueve sanciones a funcionarios venezolanos y colombianos por supuesto narcotráfico, fue el mismo que recibió contribuciones de BGR Group y elogió a JOH como "garante de estabilidad".
Este doble rasero tiene precedentes. BGR Group firmó un contrato de 2,15 millones de dólares para defender al príncipe saudita Mohammed bin Salman tras el asesinato de Khashoggi, argumentando "intereses estratégicos".
La realidad es más prosaica: el PNH, a través de BGR, compró acceso a los republicanos y los 660 mil dólares anuales invertidos en lobby, desde 2017 a 2021, generaron retornos multimillonarios en ayuda militar y desembolsos del FMI que, según la fiscalía, JOH desviaba a fundaciones fantasmas.
El indulto a JOH es la certificación de que Honduras volverá a ser un narcoestado y un modelo funcional para la política exterior estadounidense. El PNH, con más de un siglo de historia, demostró que puede saquear un país, asesinar opositores, traficar toneladas de cocaína y seguir siendo "aliado".
La operación "antidrogas" de Trump en el Caribe se revela como lo que siempre fue: un teatro geopolítico que procura un cambio de régimen en Venezuela mientras los verdaderos operadores del narcoestado pagan su entrada al club de los "incondicionales".