La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acordaron sostener una reunión bilateral para abordar una agenda centrada en economía, energía y seguridad. El anuncio se produjo tras una conversación entre ambos líderes. La cita busca consolidar mecanismos de cooperación institucional, partiendo de un proceso gradual de reconstrucción de canales políticos y técnicos que en los últimos años ha incluido mesas de trabajo energéticas, reapertura comercial y discusiones sobre mecanismos de integración fronteriza.

La convocatoria a esta nueva reunión ocurre además en un momento en el que el comercio bilateral ha mostrado signos de recuperación y donde las conversaciones en materia energética han retomado protagonismo, particularmente en lo relativo a gas e interconexión eléctrica. Estos antecedentes configuran el marco en el que se inscribe el diálogo anunciado, cuyo objetivo declarado es fortalecer áreas estratégicas de interés común bajo criterios de cooperación pragmática y funcional.

Economía: comercio formal, cooperación productiva y reorganización estratégica de la frontera

El eje económico de la reunión entre los mandatarios apunta a consolidar una fase de normalización comercial y cooperación productiva que ha venido tomando forma desde 2022, pero que aún requiere mecanismos operativos más estables.

Uno de los elementos centrales es la cooperación económica binacional en sectores estratégicos, especialmente agroindustria, fertilizantes, manufactura ligera y logística fronteriza. En reuniones previas de alto nivel se ha discutido la ampliación de la agenda económica más allá del comercio tradicional, incorporando áreas como producción agrícola, suministro de insumos y encadenamientos industriales en zonas limítrofes.

En ese contexto, el tema de Monómeros continúa siendo relevante por su impacto en la producción de fertilizantes y el abastecimiento agrícola colombiano. Su gestión ha sido parte de las conversaciones bilaterales en la etapa reciente, dada su importancia para el sector agroindustrial y para la estabilidad productiva en ambos países.

Más allá de activos específicos, el componente estructural de la agenda económica es la organización de la frontera como espacio productivo regulado. En 2025 se formalizó un memorando para impulsar una zona binacional de integración y desarrollo orientada a dinamizar actividades económicas, simplificar trámites y promover inversión en territorios fronterizos.

La propuesta se alinea con la idea de convertir la frontera en un corredor de producción y comercio formal, reduciendo la dependencia de economías informales que proliferaron durante el período de ruptura diplomática. Este enfoque ya había sido analizado en clave estructural como parte de una "geopolítica del desarrollo" en la frontera, donde la economía funciona como herramienta de estabilización territorial.

En términos cuantitativos, el comercio bilateral ha mostrado recuperación sostenida desde la reapertura formal. El intercambio supera el umbral de los mil millones de dólares anuales, con crecimiento en exportaciones colombianas y reactivación progresiva de rubros venezolanos como aluminio, hierro, químicos orgánicos y combustibles. Paralelamente, Venezuela ha registrado un aumento significativo en exportaciones no petroleras, lo que amplía su oferta hacia mercados regionales, incluida Colombia.

La importancia estratégica de este eje radica en que el comercio entre Colombia y Venezuela, históricamente, ha funcionado como uno de los principales amortiguadores de tensiones políticas.

En este sentido, el componente económico debe apuntar a la consolidación de reglas básicas de intercambio, coordinación productiva y fortalecimiento de sectores estratégicos que permitan estabilizar la frontera y ampliar beneficios mutuos.

Energía: gas, electricidad y nuevo marco legal para la cooperación estratégica

El componente energético constituye el eje más técnico y estructural de la agenda entre Venezuela y Colombia. Durante el año pasado se sostuvieron reuniones entre autoridades energéticas de ambos países para revisar y ampliar la cooperación en hidrocarburos, gas y electricidad.

En julio hubo encuentros entre representantes del sector energético venezolano y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para revisar la agenda bilateral, incluyendo hidrocarburos, suministro de gas e interconexión eléctrica.

Entre las temáticas específicas abordadas figura la posibilidad de reactivar esquemas de cooperación gasífera, así como mecanismos de coordinación en materia eléctrica y activos estratégicos vinculados al sector industrial y petroquímico.

Uno de los puntos técnicos más relevantes es el Gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura binacional diseñada para transportar gas natural entre ambos países. Aunque su operatividad plena requiere inversión y rehabilitación, su eventual reactivación permitiría exportar gas venezolano hacia el mercado colombiano, particularmente en regiones fronterizas con alta demanda energética industrial.

A este escenario se suma un elemento nuevo que puede incidir directamente en la viabilidad de acuerdos energéticos: la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual introduce mecanismos que pueden facilitar proyectos energéticos de mayor escala, incluyendo aquellos con proyección binacional.

Estos cambios crean un marco jurídico más flexible para estructurar proyectos conjuntos o contratos con participación privada que puedan involucrar suministros hacia Colombia.

La importancia estratégica del eje energético radica en la complementariedad. Venezuela posee amplias reservas de hidrocarburos y gas natural; Colombia, por su parte, cuenta con infraestructura de transporte y un mercado industrial que podría beneficiarse de suministros adicionales. En ese sentido, la cooperación puede reducir costos industriales, diversificar fuentes de abastecimiento y generar divisas para el lado venezolano.

Al mismo tiempo, el enfoque interestatal que ha predominado en las conversaciones recientes subraya la dimensión de soberanía: los proyectos energéticos se estructuran bajo control público de los recursos y con mecanismos regulatorios nacionales.

Por ello, el bloque energético de la agenda no es un complemento del eje económico; es su soporte estructural. Sin acuerdos técnicos viables en gas y electricidad, la integración productiva fronteriza enfrentaría límites operativos significativos.

Seguridad: cooperación para proteger la frontera y facilitar la integración

La seguridad fronteriza ha sido históricamente uno de los desafíos más complejos de la relación colombo-venezolana, dado que extensos territorios limítrofes presentan condiciones estructurales de violencia, economías ilícitas y presencia de grupos armados. Lejos de relegar este tema a un segundo plano, ambos gobiernos han introducido mecanismos de cooperación activa y coordinada durante la etapa que ha conducido al nuevo diálogo bilateral.

Caracas y Bogotá han articulado sus fuerzas armadas y policiales con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico transnacional. En varios anuncios públicos de ambos gobiernos se destaca la articulación de las Fuerzas Militares de Colombia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para combatir organizaciones criminales que operan en el corredor fronterizo, con especial énfasis en grupos que mezclan tráfico de drogas y violencia territorial.

Este tipo de cooperación es un paso significativo para convertir la frontera en un espacio de seguridad compartida. La coordinación de inteligencia y planificaciones estratégicas representa una base institucional para proyectos de largo plazo, incluyendo la protección de infraestructura económica y energética.

La seguridad forma parte integral del memorando de entendimiento para la zona binacional, que busca no solo dinamizar la economía fronteriza, sino también "fomentar la paz y la seguridad, reduciendo la violencia, el contrabando y la presencia de grupos ilegales en la zona".

La profundización en este tema ofrece la oportunidad de formalizar y ampliar los mecanismos de cooperación existentes, y expone la comprensión de ambos gobiernos de que los desafíos de violencia transnacional, narcotráfico y economías ilícitas se resuelven con marcos de acción conjunta sostenidos en el tiempo.

El afianzamiento de los factores estructurales binacionales

La reunión entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro se inscribe en una fase de consolidación pragmática de la relación bilateral, donde los ejes económico, energético y de seguridad se presentan como dimensiones interdependientes de una misma estrategia.

El comercio fronterizo, la posible reactivación de proyectos gasíferos y eléctricos y la coordinación contra economías ilícitas responden a una lógica común: estabilizar la frontera y convertirla en un espacio funcional para el desarrollo compartido.

En el plano económico, la prioridad está en formalizar y ampliar el intercambio, operativizando instrumentos como la zona binacional de integración. En materia energética, el nuevo marco legal venezolano y las conversaciones técnicas sobre gas e interconexión eléctrica crean condiciones para acuerdos con mayor viabilidad financiera y regulatoria. Y en seguridad, la cooperación operativa ya en marcha ofrece la base institucional necesaria para proteger corredores comerciales e infraestructura estratégica.

El alcance real de la agenda se podrá percibir con su consiguiente traducción en mecanismos concretos, haciendo que la relación bilateral avance hacia una etapa de integración funcional, donde la estabilidad fronteriza y la complementariedad económica y energética se conviertan en factores estructurales de la nueva normalidad entre ambos países.