Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) celebrada a finales de septiembre pasado, la oposición venezolana liderada por María Corina Machado intensificó sus esfuerzos diplomáticos y mediáticos para promover un cambio de régimen en Venezuela, con el objetivo explícito de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Estas acciones se presentan como una campaña de lobby internacional coordinada con sectores de la administración de Donald Trump y con claros intereses corporativos vinculados con los vastos recursos naturales de Venezuela, particularmente sus reservas de petróleo, gas y minerales, entre las más grandes del mundo.

Machado, una figura de extrema derecha con más de dos décadas de activismo opositor —específicamente golpista, por el que fue premiada con el Premio Nobel de la Paz—, ha modelado su ideología política a partir de figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y ha abrazado abiertamente una supuesta doctrina económica denominada en su momento "capitalismo popular", originalmente implementada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, el primer experimento formal de neoliberalismo salvaje en Sudamérica.

Se trata de un programa que promueve la privatización total de los sectores estratégicos del Estado, incluida la industria petrolera y minera, que en Venezuela han sido históricamente controladas por el Estado a través de empresas como PDVSA.

Machado ha prometido en varias oportunidades que, en una "Venezuela libre", las empresas estadounidenses de petróleo, gas y minería tendrían prioridad absoluta en la explotación de estos recursos, lo que constituye un ofrecimiento directo de entrega de la riqueza nacional a cambio de apoyo político internacional y, en particular, del respaldo de Washington para su ascenso personal al poder estatal.

Recordemos que en junio pasado ofreció Venezuela por "un billón de dólares" a empresarios estadounidenses.

Justificaciones falsarias

Durante la UNGA, informa el reporte del periodista canadiense Joseph Bouchard, la oposición venezolana organizó protestas frente al edificio de la Secretaría de la ONU, donde Pedro de Mendonça, director de prensa de la campaña de Machado, acusó a Maduro de ser el "jefe del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua", etiquetas que han sido utilizadas como justificación para una posible intervención militar extranjera.

Estos señalamientos carecen de fundamento sólido; incluso la propia organización InSight Crime —financiada por el Departamento de Estado de EE.UU.— ha desmentido la existencia del "Cártel de los Soles" como una estructura criminal organizada bajo el control de Maduro.

No obstante, estas narrativas han sido instrumentalizadas por la administración Trump, sobre todo por el secretario de Estado Marco Rubio y la fiscal general Pam Bondi, para calificar al gobierno venezolano como "narco-terrorista" e "ilegítimo", etiquetas que sirven como pretexto legal para justificar operaciones militares en el Caribe y sanciones extraterritoriales.

Machado, ya lo sabemos, no actúa en el vacío sino que forma parte de una red de instituciones y actores vinculados con el establishment político y económico de EE.UU. Ha colaborado con instancias como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el National Endowment for Democracy —NED, institución de la que recibió una felicitación formal por el Nobel— y el International Republican Institute (IRI), todas ellas con historial de intervención en asuntos internos de países latinoamericanos.

Además, fue miembro del programa Yale World Fellows, lo que refuerza sus conexiones con élites académicas y políticas estadounidenses.

Su cercanía con la administración de George W. Bush y su participación en el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez —cuando firmó el llamado "Decreto Carmona" que disolvió la Asamblea Nacional y suspendió la Constitución— demuestran una trayectoria marcada por la promoción de "soluciones de fuerza" por sobre las pacíficas o de entendimiento político.

Paralelamente con las actividades de Machado, el artículo de Bouchard menciona que Juan Guaidó —el autoproclamado "presidente interino" respaldado por EE.UU. entre 2019 y 2023— también se reunió con funcionarios del gobierno de Trump durante la UNGA para impulsar operaciones de "contranarcóticos" en Venezuela, otra vía para legitimar la presencia militar estadounidense en el país.

Tanto Machado como Guaidó han difundido sistemáticamente en redes sociales y medios internacionales una narrativa homogénea que presenta a Maduro como un dictador criminal y terrorista, con el fin de construir una "opinión pública global" favorable a la intervención.

Sin embargo, estas protestas y campañas no son orgánicas: están orquestadas desde círculos de poder estadounidenses, think tanks belicistas y corporaciones interesadas en acceder a los recursos venezolanos. Debido a la nula convocatoria que genera en el tejido social venezolano, el sector extremista de las oposiciones vuelve eternamente a los mismos procedimientos de factura estadounidense que han fracasado en sus objetivos destituyentes.

La designación del Tren de Aragua (TdA) como organización terrorista internacional por parte del gobierno de Trump en febrero de 2025 —bajo la acusación de que opera con apoyo del gobierno de Maduro— ha servido como justificación adicional para medidas represivas, incluidas deportaciones masivas de migrantes venezolanos que violan todas las leyes fundamentales posibles.

El Departamento de Seguridad Nacional ha difundido videos virales y deshumanizantes en redes sociales para promover estas deportaciones, con lo cual han contribuido con una narrativa xenófoba y criminalizadora. ¿Tales acciones buscan combatir el narcotráfico, o precisamente consolidar un marco legal que permita la intervención directa en Venezuela al estilo de las justificaciones utilizadas para invadir países de Asia Occidental tras el 11-S?

La hipocresía y contradicción de la política exterior estadounidense es notoria: mientras Trump y sus socios exigen el derrocamiento de Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, han mantenido acuerdos comerciales con el Gobierno Bolivariano, incluida la compra de petróleo venezolano —Chevron mediante— y la coordinación de vuelos de deportación.

Esta doble moral refleja que los intereses reales detrás de la campaña contra Maduro no son la democracia ni la seguridad sino el control de los recursos estratégicos de Venezuela. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, además de importantes yacimientos de oro, coltán, diamantes y otros minerales críticos para la industria tecnológica y energética global.

De la ONU al Pentágono

La propuesta de Machado —entregar la economía venezolana a corporaciones estadounidenses mediante la privatización total de las industrias básicas— representa un retorno a las condiciones neoliberales e instala una agenda que profundizaría la dependencia económica, la desigualdad y la pérdida de soberanía nacional.

Además, una intervención militar o un golpe de Estado respaldado por EE.UU. no solo violaría el Derecho Internacional sino que también repetiría los errores históricos de Washington en América Latina, donde sus acciones han dejado un rastro de dictaduras, violencia y saqueo.

En síntesis, la campaña de la oposición venezolana en la ONU no fue un movimiento democrático legítimo: se trató de una operación de lobby corporativo-político destinada a entregar los recursos naturales de Venezuela a intereses estadounidenses a cambio del apoyo necesario para promover a María Corina Machado al poder. El Nobel recibido sienta un precedente simbólico en favor de su agenda personal, con ramificaciones empresariales tan "naturales" a las ambiciones del magnate y actual presidente de Estados Unidos.

Esta estrategia, respaldada por la retórica belicista de Washington, utiliza patrañas sobre narcotráfico y terrorismo para justificar medidas coercitivas que buscan, en última instancia, el control económico y geopolítico de uno de los países más ricos en recursos del planeta.

En ese sentido, el vocablo cipayo queda rebasado como sustantivo y adjetivo de la condición nominal —y existencial— de aquellos sectores opositores que solo tienen afán de lucro político y económico a costa de la población, del territorio y de los recursos estratégicos de Venezuela.

¿Oposición? Más bien subcontratación: ofrecen la patria como paquete de inversión a cambio de una silla en Miraflores.