El pasado 5 de febrero el ministro para la Defensa, general en jefe Vladímir Padrino López, presentó un reporte de la Operación Relámpago del Catatumbo que se desplegó en parte de la frontera con Colombia, específicamente en los estados Táchira y Zulia.

Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado activo más grande de Colombia, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) derivaron en, al menos, 80 muertes en enero pasado. Esto ocurrió en el departamento colombiano Norte de Santander, lo que forzó a habitantes de poblaciones rurales a desplazarse hacia Venezuela, por lo que, a partir del 31 de enero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desarrolló operaciones de carácter humanitario para recibir y atender a los civiles.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, confirmó que más de 30 mil colombianos desplazados llegaron al territorio nacional en busca de refugio, donde fueron atendidos por entidades oficiales venezolanas para garantizar su alimentación, salud y educación.

Desde el 18 de enero también se reforzó la seguridad de la frontera debido a que "pudiera suceder que en medio de la confrontación interna algunos grupos armados intentaran ingresar a Venezuela y perturbar la paz que el gobierno ha logrado con eficiencia y con la cual el pueblo tachirense ya se acostumbró a vivir", afirmó el gobernador.

En adelante, la operación incluyó otras actividades en conjunto con Colombia para resguardar la zona fronteriza entre ambas naciones. Las autoridades han mostrado algunos resultados:

• Reconocimiento aéreo, erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de dos pistas ilegales de aterrizaje.
• Retención de 27 vehículos y 655 kilos de cocaína.
• Desmantelamiento de 17 campamentos presuntamente utilizados para el procesamiento de droga en la zona limítrofe del estado Táchira. Estos incluían dormitorios y precursores químicos.
• Incautación de 21 aeronaves presuntamente usadas para el narcotráfico.
• Aumento de la seguridad de instalaciones estratégicas y servicios básicos.

Como parte de la operación se realizó un despliegue de más de 5 mil efectivos de la FANB en un área aproximada de 10 mil kilómetros cuadrados, que incluyó los municipios García de Hevia, Ayacucho y Colón del estado Táchira. También Catatumbo, Jesús María Semprún y Machiques de Perijá del estado Zulia.

Contra la criminalizaciÓN, cooperación binacional

La sinergia con Colombia ha dado resultados positivos y se mantiene en ascenso. El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, destacó las maniobras en conjunto contra la guerrilla del ELN y dijo que "el objetivo es el Estado dominando las fronteras".

La acción coordinada garantiza la estabilidad social en una zona azotada por la violencia narcoparamilitar y el enfrentamiento entre grupos irregulares. También es una oportunidad para implementar políticas consensuadas de desarrollo local que impulsen la economía en ambos lados de la frontera.

A diferencia de las gestiones anteriores, el gobierno colombiano ha sostenido la cooperación con el venezolano, lo que jerarquiza la visión de Estado como paradigma de la relación. Esto demuestra la inefectividad del intento de arrastrar al vecino país hacia un escenario de conflicto con Venezuela tras el intento de golpe de Estado post 28J, ante lo cual los hechos de violencia ocurridos en el Norte de Santander hubiesen tenido un impacto mayor.

Venezuela, acusada falsamente de "narcoestado" por halcones estadounidenses, vocerías de derecha y medios corporativos como un instrumento para criminalizar y desconecer sus instituciones, ha enfrentado la amenaza de las bandas criminales en años recientes. Este año el gobierno ha trazado la meta de erradicar la mayoría de ellas, según proyectó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

El pasado jueves el presidente Nicolás Maduro anunció la detención de miembros de dos grupos terroristas que fraguan posibles complots contra la nación. Debido a que las investigaciones siguen en proceso, no brindó más detalles.

Cabe recordar que, en años recientes, la Operación Escudo Bolivariano obtuvo logros notables en la zona transfronteriza de Apure, Amazonas y Bolívar al combatir lo que se denominó grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol). Los incidentes violentos con estas agrupaciones han disminuido debido a la acción sostenida de la FANB.

Además, en los últimos meses Venezuela ha incautado armamento y ha detenido a cientos de mercenarios que han confesado participar en proyectos terroristas para atacar tanto a dirigentes como a instalaciones estratégicas y servicios básicos.

Ante el ruido ejercido por el gobierno de Estados Unidos sobre la banda el Tren de Aragua, extinta en territorio venezolano, se cierne la amenaza de acentuar el expediente de criminalización contra el Estado venezolano con el objetivo de justificar una acción de fuerza sustentada en el argumento teledirigido de la "seguridad nacional" estadounidense. María Corina Machado ha acusado al presidente Nicolás Maduro de ser el "cabecilla" de la agrupación, para tratar de perfilarse dentro de ese registro de agresión simbólica. Otro tanto ha hecho el congresista estadounidense Carlos Giménez, en consonancia con la coordinadora de Vente Venezuela, mediante una intensa campaña de desinformación que, en definitiva, tiene el sello de los halcones de mayor nivel e importancia, como Marco Rubio, quien ha convertido la narconarrativa en su marca personal.

Enfrentando el relato impuesto, el Estado venezolano ha profundizado sus esfuerzos en aras de combatir la violencia organizada y el uso del territorio como ruta del narcotráfico, para lo cual ha desplegado cuerpos de seguridad dentro de una perspectiva integral de resguardo de la soberanía. Ambos flagelos conforman amenazas en lo geopolítico dado que sirven como excusas para la intervención de Estados Unidos en la región y para socavar las iniciativas de cooperación entre los países. Todo azuzado por acusaciones como las de Machado y Giménez, respaldadas por un parte del establishment estadounidense.

Desde las élites estadounidenses y sus cajas de resonancia en la región se intenta revivir la narrativa del narcoterrorismo como "asunto de seguridad nacional" con vistas a inscribir a Venezuela como supuesto patrocinante de grupos violentos. Con esto se busca aumentar el volumen de un expediente prefabricado que lleva más de una década circulando entre medios y discursos de políticos, pero sin pruebas sólidas, para desplegar eventuales acciones de fuerza o, al menos, insistir en el relato en pro de su justificación. Es la agenda Marco Rubio.

Más allá de la ejecución de planes conjuntos, la cooperación Caracas-Bogotá tiene un carácter estratégico al promover la estabilización de las condiciones de vida de las poblaciones fronterizas y consolidar las relaciones comerciales, mediante una respuesta incrementalmente efectiva a flagelos que pretenden adjudicarse forzosamente a Venezuela.