Las cifras oficiales de las elecciones presidenciales celebradas en Honduras el 28 de noviembre muestran que, con más del 50% de las actas transmitidas, la candidata de izquierda Xiomara Castro se convertirá en la nueva presidenta del país, ganando con una ventaja de casi 20 puntos sobre Nasry "Tito", candidato del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Según la última actualización del órgano electoral (29 de noviembre. 6:55 am), Castro tiene el 53,61% de los votos contra el 33,87% de Asfura y el 9,21% de la candidata Yani Rosenthal. Ante el previsible giro a un gobierno progresista en el país, miles de personas celebraron en las calles de Tegucigalpa los resultados de las elecciones preliminares.
Los funcionarios electorales de Honduras dijeron que casi el 8% de los 5 mil 755 colegios electorales tenían problemas de transmisión al presentar las estadísticas de las papeletas a las autoridades electorales, lo que retrasaría los resultados de la votación. Es posible que aún se necesiten varios días para conocer el resto de los resultados.
Los observadores electorales afirmaron que los votantes hondureños participaron con entusiasmo en esta elección, y aparecieron largas colas en muchos de los colegios electorales del país. La tasa de participación superó el 68%.
Luego de que finalizara el horario oficial de votación a las 5 de la tarde, una gran cantidad de electores aún se alineaban frente a algunos colegios electorales con la esperanza de ingresar a la mesa de votación, lo que desencadenó un enfrentamiento entre opositores políticos. Finalmente, el departamento de supervisión electoral ordenó a la mesa de votación que permitiera a los votantes que esperaban en fila para emitir sus votos.
Hay que recordar que la elección de Honduras está precedida por no pocas controversias políticas y violencia, todavía es difícil decir si esta elección eventualmente caerá en un estado de disputa. Revisemos el pasado reciente.
El golpe contra Manuel Zelaya (2009)
El marco democrático-institucional de Honduras se fue deteriorando progresivamente desde 2009, año del golpe de Estado que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, miembro del Partido Liberal. Con la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a Petrocaribe en 2008, Zelaya alineaba al país con el eje antihegemónico que lideraba el presidente Hugo Chávez en la región.
El golpe se produjo el 28 de junio del 2009, los militares enviaron tropas repentinamente para detener al entonces presidente Zelaya, lo secuestraron y llevaron a Costa Rica. Posteriormente, la Corte Suprema anunció la decisión de destituir al presidente. El Parlamento hondureño celebró una reunión de emergencia ese día y decidió que Roberto Micheletti, presidente de esa institución, se desempeñaría como presidente interino de Honduras.
El golpe se debió originalmente a una escalada de una crisis política, que inició con la propuesta de Zelaya de inaugurar un proceso constituyente, el cual provocó el rechazo de la élite conservadora hondureña y, finalmente, la intervención de las Fuerzas Armadas.
Zelaya había manifestado en repetidas ocasiones que propuso enmendar la constitución porque ésta representaba los intereses de las clases poderosas en el país, no los intereses de la población en general, y obstaculizaba el proceso democrático en Honduras. Sin embargo, la oposición afirmó que Zelaya propuso enmendar la constitución antes de la expiración del mandato presidencial en enero de 2010, con la esperanza de lograr la reelección a través de una enmienda constitucional.
Irónicamente, el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández prestó juramento en enero de 2014, y en abril de 2015, la Corte Suprema de Honduras abolió la cláusula constitucional que prohibía la reelección, por lo que se le permitió participar a Hernández en 2017.
En los últimos tiempos, de forma más refinada y menos visible que en años anteriores, una parte de las estructuras del gobierno estadounidense no ha dejado de intervenir en la política interna de los países de la región latinoamericana. El caso de Honduras es emblemático. La actitud del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante el golpe en el país centroamericano se limitó a declaraciones de que estaba "profundamente preocupado" por la situación.
Sin embargo, en su autobiografía, Decisiones difíciles, Hillary Clinton aportó pruebas del apoyo de Estados Unidos al golpe. Las confesiones de Clinton se refieren a un plan que se elaboró con el objetivo de "promover el orden y la democracia" en Honduras, que, por el contrario, desde el golpe de Estado, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo.
Democracy Now! aborda el tema en un reportaje centrado en las denuncias de la activista Berta Cáceres al apoyo de Clinton al golpe, antes de ser asesinada. Ella había afirmado en una entrevista de un programa de la televisión argentina que hubo una intervención norteamericana en Honduras en 2009.
Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Yale, intervino en el reportaje señalando que Cáceres fue muy crítica con el libro de Clinton, en el que ésta última presentaba la injerencia de Estados Unidos en Honduras como una decisión acertada, mientras que en Honduras y en toda América Latina se pedía el regreso de Zelaya a la presidencia.
Berta Cáceres se opuso con fuerza a la construcción del proyecto Agua Zarca, porque significaba una amenaza a los recursos naturales de las comunidades lencas y la preservación de la vida. Desde el golpe de Estado y el asesinato de la activista hondureña, aumentaron las concesiones de los proyectos de energía hidroeléctrica de multinacionales, causando amenazas a los pueblos indígenas.
Democracy now! concluye con el hecho de que en marzo de 2010, durante su visita al nuevo presidente de Honduras, Pepe Lobo, Clinton habría pedido a otros países latinoamericanos que normalizaran sus relaciones con Honduras con carácter de urgencia.
A través de operaciones presentadas como apoyo al restablecimiento de un clima de seguridad en el país, Clinton no escatimó recursos para apoyar al gobierno de Pepe Lobo, cuyo desempeño estuvo marcado por el mantenimiento de una situación de violencia, de ataques a los derechos humanos y de represión contra los activistas políticos.
El estrecho vínculo entre el narcotráfico y los gobiernos del Partido Nacional
Desde 2015, el estrecho vínculo entre la política y el narcotráfico en Honduras salieron a la luz pública gracias a una serie de condenas en los tribunales estadounidenses.
Las capturas del hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y del hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) revelaron detalles de la participación de las autoridades hondureñas en el contrabando de narcóticos a Norteamérica a cambio de millones de dólares, dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del Partido Nacional en 2009, 2013 y 2017.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), es el principal sospechoso en una investigación abierta por la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre las relaciones entre el líder hondureño y los narcotraficantes.
De acuerdo con los documentos presentados a la corte de Nueva York, se afirma que el presidente está siendo investigado junto con otros "altos funcionarios" en relación con el caso del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez. Según fiscales estadounidenses, el presidente de Honduras protegió a Fuentes Ramírez a cambio de sobornos. El presidente "aceptó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, a cambio, prometió protección a los narcotraficantes".
JOH, entonces diputado, se habría reunido con el presunto narcotraficante en 2013 y 2014. En estas reuniones se acordaron sobornos para que el presidente Porfirio Lobo, de quien JOH era el sucesor designado, también accediera a movilizar a las fuerzas armadas de Honduras para proteger el negocio de las drogas.
El hermano del presidente y excongresista por Tegucigalpa, Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable de tráfico de drogas en Estados Unidos en octubre de 2019. En su juicio, se dijo que el mandatario aceptó 1 millón de dólares de las actividades ilícitas de cárteles mexicanos.
Tras las últimas elecciones de 2017, el presidente Juan Orlando Hernández perdió legitimidad tanto dentro del país como a nivel internacional. En aquella ocasión Hernández compitió contra la coalición Alianza Contra la Dictadura, compuesta por el Partido Libertad y Refundación (Libre), fundada por Zelaya, que entretanto había regresado a su país en 2011, y el Partido Anticorrupción del político hondureño Salvador Nasralla.
Cuando las tres cuartas partes de los votos escrutados daban a Alianza Contra la Dictadura una ventaja del 5%, lo que aseguraba la victoria, se produjo un apagón de varias horas en el sistema informático de recuento de las papeletas, que una vez restablecido dio a Hernández una ventaja del 1,5%.
A pesar de las denuncias de irregularidades por parte de observadores electorales, el nuevo gobierno fue reconocido por Estados Unidos. El veredicto final del Tribunal Supremo Electoral y la controvertida sentencia de la Corte Suprema de Justicia que permitió al presidente presentarse a un segundo mandato de cuatro años, fueron decisivos para la victoria de Hernández.
Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras
La victoria de Xiomara Castro la convierte en la primera mujer presidenta de la nación y pone fin a 12 años de gobierno del Partido Nacional. Hondureños bailaron y alzaron banderas rojas frente a la sede del Partido Libre en la capital Tegucigalpa, la noche del 28 de noviembre.
"Doce años de resistencia", comenzó Castro en sus palabras de apertura a sus partidarios, refiriéndose al golpe de Estado que derrocó a su esposo, Manuel Zelaya, y al periodo de inestabilidad política, económica y social que le siguió.
Castro reafirmó que el pueblo había terminado con "el autoritarismo y el continuismo", y anunció una reforma política por una democracia participativa y directa para un "país justo", salvando su promesa de una Asamblea Constituyente de larga data. Castro dijo que su victoria significaría el fin de "la corrupción, el narcotráfico y los escuadrones de la muerte".
También dijo que llamará a un diálogo "para encontrar puntos de coincidencia" y "conformar las bases mínimas para un próximo Gobierno".
¿Por qué la población hondureña eligió a Xiomara? Primero, el actual partido gobernante y su candidato están plagados de escándalos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, además de entrar dentro del grupo político dependiente de Washington en la región.
En los ocho años de JOH en el poder, Honduras siempre estuvo entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, y la seguridad de los activistas políticos se deterioró severamente. Al menos 20 políticos fueron asesinados antes de las elecciones generales.
En segundo lugar está la precariedad económica. Casi dos tercios de los 10 millones de hondureños son pobres. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) afirma que Honduras es el país más pobre de América Latina, con un 62,8% de sus habitantes por debajo del umbral básico de subsistencia. El 39,7% vive en la pobreza y el 20,1% sobrevive con un dólar al día.
El Banco Mundial afirma que, en todo el continente, solo Haití es más pobre. Como consecuencia, la crisis migratoria se ha acentuado. Actualmente "el 8.5% de la población hondureña es emigrante y unas 250 mil personas han sido desplazadas forzosamente en el territorio nacional", según datos de Oxfam.
El viraje a China, otro dolor de cabeza para EEUU
Antes de las elecciones generales, un equipo liderado por Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, fue enviado apresuradamente a reunirse con los principales candidatos en Honduras, supuestamente para mostrar el apoyo del gobierno de Joe Biden al proceso electoral, cuando en realidad se trataba de contener a Xiomara Castro y su partido.
Una de las preocupaciones de la Casa Blanca tiene que ver con que la próxima presidenta hondureña propuso que revitalizaría la economía, aumentaría las tasas de empleo y mejoraría las condiciones de la deuda, también señaló que establecería relaciones diplomáticas con China para alcanzar esos objetivos. Abrir esa puerta con Pekín significaría poner fin a los 80 años de relaciones diplomáticas que Honduras mantiene con Taiwán (socio estratégico de Estados Unidos), que China considera parte de su territorio.
Solo hay 15 países que mantienen relaciones formales con Taiwán, y América Latina cuenta con nueve de ellos. El gobierno de Biden declaró que "no importa quién sea elegido, Estados Unidos espera que Honduras mantenga relaciones diplomáticas con Taiwán".
Al quedarse sin la subordinación de Honduras, Estados Unidos tendrá dificultades para controlar lo que aún sigue considerando como su "patio trasero", en un momento en que la región muestra tendencias más centrífugas, por ejemplo: tras reafirmar al presidente Daniel Ortega para otro periodo de gobierno, Nicaragua se retiró de la Organización de los Estados Americanos (OEA); mientras que El Salvador ha mejorado sus relaciones diplomáticas con China, lo que ha resultado en la construcción de infraestructuras vitales como puertos, aeropuertos y hospitales.
Las decisiones políticas que probablemente tomaría el futuro nuevo gobierno de Honduras causarán un gran revés político para la agenda del poder occidental nucleado en Washington, en una región de límites imperiales.