En menos de una década, Guyana ha pasado de ser uno de los países más pobres de Sudamérica, a subir en el ranking de crecimiento económico del hemisferio occidental. Este caso, presentado mediáticamente como un "éxito", no obedece a un desarrollo industrial interno ni a una diversificación productiva, sino a la explotación masiva de hidrocarburos en el Bloque Stabroek, operado de manera írrita -en aguas bajo reclamación venezolana- por un consorcio que reúne a ExxonMobil (45%), Chevron (30%, tras la adquisición de Hess Corporation) y CNOOC (25%).
El corazón de esta bonanza se encuentra en aguas del Esequibo, un territorio de más de 159 mil km² que Venezuela proclama legítimamente como propio en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que reconoce la existencia de una controversia territorial pendiente de resolución. Sin embargo, desde 2015, el gobierno guyanés ha autorizado exploraciones y explotaciones petroleras en esa zona sin consulta ni acuerdo previo con Caracas, quebrantando el espíritu del Acuerdo y consolidando una política de "hechos consumados" respaldada por las grandes petroleras y el aval político de Washington.
Para Venezuela, lo que está en juego es el derecho soberano sobre recursos que, de acuerdo con las proyecciones del propio operador, superan los 11 mil millones de barriles equivalentes de petróleo y cuya producción podría alcanzar más de un millón de barriles diarios antes de 2030.
El desarrollo de este enclave energético, al margen de cualquier negociación bilateral o multilateral, erosiona la posición venezolana en el litigio y compromete las posibilidades futuras de un aprovechamiento directo de esas reservas.
El impacto se amplifica al considerar la arquitectura financiera diseñada para canalizar los ingresos petroleros de Guyana. El Fondo de Recursos Naturales (NRF), depositado en la Reserva Federal de Nueva York, mantiene los flujos de capital bajo jurisdicción estadounidense, garantizando un grado de supervisión directa por parte de Washington sobre las decisiones de gasto e inversión guyanesas.
Este esquema aleja el control efectivo de los beneficios de las instituciones nacionales, a la vez que asegura que la renta generada por el Esequibo siga orbitando en la esfera financiera y geopolítica de Estados Unidos.
En términos estratégicos, la rápida conversión de Guyana en potencia petrolera sub-regional forma parte de un reordenamiento regional en el que Washington refuerza su control sobre fuentes de energía clave en el continente, posicionando a Stabroek como un activo de primer orden para sus cadenas de suministro y su seguridad energética.
En este sentido, la disputa territorial se entrelaza con la competencia corporativa entre ExxonMobil y Chevron, que aunque pugnan entre sí por cuotas de participación, comparten el objetivo común de asegurar la continuidad de la explotación bajo un marco favorable a los intereses estadounidenses.
La escala del negocio petrolero
Desde el descubrimiento inicial de ExxonMobil en el campo Liza-1 en 2015, Guyana ha encadenado 47 hallazgos offshore, de los cuales 41 pertenecen al Bloque Stabroek, ubicado frente a la costa atlántica del Esequibo. En menos de diez años, este bloque se ha convertido en uno de los yacimientos más prolíficos del mundo, con reservas estimadas de 11 mil millones de barriles equivalentes de petróleo y un potencial productivo que transformará radicalmente la economía guyanesa.
El desarrollo ha sido vertiginoso:
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Liza Fase 1 inició producción en 2019 y alcanzó 120 mil barriles diarios en 2020.
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Liza Fase 2 arrancó en 2022 y llegó a 220 mil barriles diarios en 2022.
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Payara, tercer proyecto, comenzó en noviembre de 2023 y alcanzó 220 mil barriles diarios en el primer trimestre de 2024.
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Yellowtail, cuarto proyecto, se encuentra al 95 % de ejecución y producirá 250 mil barriles diarios en 2025.
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Uaru (2026) y Whiptail (2027) sumarán otros 500 mil barriles diarios.
Gracias a esta rápida expansión, el consorcio de Stabroek registró unas ganancias de 10 mil 400 millones de dólares en 2024, un aumento del 64% con respecto al año anterior. La producción bruta de petróleo para el cuarto trimestre de ese año alcanzó los 652.000 bpd, lo que consolida al bloque como una de las operaciones más rentables para sus miembros. Para poner esto en perspectiva, ExxonMobil, por sí sola, obtuvo 4.700 millones de dólares en ganancias de Guyana en 2024, de un total ajustado de 33.460 millones de dólares a nivel global, según un informe de la propia compañía.
Para finales de la década, Guyana superará 1 millón de barriles diarios, un volumen similar al actual bombeo de países OPEP como Angola o Nigeria.
Captura institucional, impunidad ambiental y desigualdad
El boom petrolero guyanés no ha significado un fortalecimiento de la capacidad regulatoria del Estado, sino todo lo contrario: ha ido acompañado de una flexibilización deliberada de las normas ambientales, una captura política de los órganos de control y un debilitamiento estructural de las instituciones encargadas de fiscalizar a las petroleras.
Entre 2019 y 2023, ExxonMobil quemó ilegalmente 687 millones de metros cúbicos de gas asociado, generando más de 1,3 millones de toneladas de CO₂. Esto convierte al país en el segundo mayor emisor por quema en la región amazónica, solo detrás de Ecuador, pese a que su licencia ambiental prohibía expresamente esta práctica. El gobierno guyanés modificó retroactivamente el permiso para favorecer a Exxon, y la Corte Suprema validó la quema sistemática.
Esto refleja un patrón de cooptación y alineamiento del aparato judicial, legislativo y regulador con los intereses corporativos, consolidando un marco de impunidad operativa para el consorcio liderado por ExxonMobil.
En paralelo, el uso de los ingresos petroleros no se ha traducido en mejoras significativas para la población. El 43% de los guyaneses vive en pobreza y el desempleo ronda el 14%. La estructura económica que se configura es la de un "petroestado" subordinado, el petróleo concentra el poder económico y político en una élite estrechamente vinculada a las transnacionales y a los flujos financieros internacionales, mientras amplias capas de la población permanecen excluidas de sus beneficios.
Aunque este modelo acentúa la desigualdad interna, su efecto más pernicioso es la dependencia estructural de actores externos a la que somete a la economía guyanesa, limitando su política interna y su influencia global. En el Esequibo, esta dependencia es un arma de presión geopolítica. La soberanía venezolana choca con un muro de contratos y acuerdos financieros que protegen los intereses corporativos.
De 2% de regalías a 100% de control externo
Las condiciones contractuales del Acuerdo de Producción Compartida (PSA) firmado en 2016 para el Bloque Stabroek revelan un desequilibrio que ha generado fuerte controversia en Guyana. El contrato establece que el Estado recibe únicamente un 2% de regalías sobre la producción total y que las ganancias netas se dividen en partes iguales con el consorcio liderado por ExxonMobil, pero solo después de que las empresas recuperen hasta el 75% de los ingresos anuales como "costos recuperables".
Este esquema, extremadamente favorable para las petroleras, ha sido objeto de múltiples demandas internas para su renegociación. Diversos sectores del país han señalado que este modelo limita de forma severa el ingreso real y contradice el discurso oficial de "soberanía energética". Se estima que Guyana ha renunciado a más de 10 mil millones de dólares en impuestos desde 2019, mientras que las ganancias del consorcio y el país en ese período se estiman en 10 mil 500 millones de dólares.
A pesar de que la tasa de regalías está muy por debajo del promedio regional para operaciones offshore, el gobierno ha defendido el contrato argumentando que fue necesario para atraer inversión extranjera.
Su negativa a reabrir la negociación alimenta la percepción de que Guyana ha cedido parte sustancial de los recursos en territorio en disputa a cambio de beneficios mínimos, consolidando un patrón de dependencia económica y control externo sobre estos activos estratégicos.
Préstamos que consolidan el control corporativo del petróleo
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han incrementado sus desembolsos al Estado guyanés, aun cuando persisten denuncias de corrupción sistémica, lavado de dinero y prácticas discriminatorias en la distribución de los ingresos.
En 2023, el FMI otorgó a Guyana 1 mil 500 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), basando su decisión en el "potencial económico" del país y, a su vez, pasando por alto los riesgos de gobernanza que han sido denunciados.
Un año después, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 200 millones de dólares para "desarrollo sostenible", pese a que no se incluyeron mecanismos sólidos de auditoría ni salvaguardas anticorrupción. El BID, por su parte, ha financiado múltiples proyectos de infraestructura, como una carretera valorada en 180 millones de dólares, mientras continúan las acusaciones de favoritismo contractual y sobrecostos.
Entramado corporativo y pugna Exxon–Chevron
El control del Bloque Stabroek, núcleo del auge petrolero guyanés y situado en aguas del Esequibo, es escenario de una rivalidad estratégica entre dos gigantes energéticos estadounidenses: ExxonMobil y Chevron.
La pugna escaló en octubre de 2023, cuando Chevron anunció la compra de Hess Corporation por 53 mil millones de dólares, lo que le otorgaría el 30% de participación en el Stabroek. Esta jugada alteró el equilibrio de poder en el consorcio que opera el bloque. Exxon respondió activando un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio de París, alegando que la fusión violaba su derecho de preferencia sobre las acciones de Hess. Su objetivo era bloquear el avance de Chevron y, si era posible, quedarse con ese 30%, alcanzando así un control directo sobre dos terceras partes de la operación.
Exxon y Chevron son herederas directas de la Standard Oil de John D. Rockefeller, disuelta formalmente en 1911, pero cuyas piezas continuaron operando bajo lógicas de complementariedad y control de mercado. Más de un siglo después, ambas corporaciones compiten globalmente por reservas estratégicas y rutas de suministro.
Las diferencias estructurales entre ambas son notorias. Exxon ha reforzado su posición en activos clave como la Cuenca Pérmica, con el objetivo de más que triplicar su producción para 2030 y alcanzar los 2,3 millones de barriles por día en esta región; Chevron, en cambio, ha diversificado hacia reservas offshore de alto potencial y bajo costo de extracción, asegurando posiciones en Namibia, Guinea Ecuatorial, Brasil y Venezuela.
Stabroek, sin embargo, es un botín de escala distinta: más de 11 mil millones de barriles equivalentes de petróleo en una zona que es parte del espacio soberano de Venezuela. La disputa corporativa por este bloque refleja, en realidad, una guerra de posiciones dentro del propio entramado del capital energético estadounidense.
La dimensión regional
El auge petrolero de Guyana y la disputa territorial con Venezuela se desarrollan en un entorno regional cada vez más condicionado por los intereses estratégicos de Estados Unidos. La fachada atlántica de América del Sur se ha convertido en un corredor clave para el abastecimiento global de crudo y gas, donde convergen los proyectos de las gigantes petroleras como ExxonMobil y Chevron, así como el creciente posicionamiento de Brasil como un actor regional.
En este contexto, la posición de esta nación adquiere un peso significativo. Su apuesta por la exploración en el Margen Ecuatorial, considerado geológicamente similar al Stabroek, ha atraído a los mismos consorcios petroleros que operan allí.
Tomando como referencia la ambivalencia de su política exterior, que equilibra la cooperación con las transnacionales occidentales y su discurso de liderazgo en el Sur Global, se podría prever que Brasil busque un balance en su relación con Guyana. Este enfoque le permitiría consolidar su poder energético y su seguridad sin confrontar directamente a los actores que respaldan a Guyana. De esta forma, el país podría optar por una mayor cooperación que, en la práctica, generaría una integración logística y operativa que ayudaría a validar de facto la explotación unilateral del Esequibo.
Este escenario se ve reforzado por el respaldo político de la Comunidad del Caribe (Caricom), que ha reiterado su "firme apoyo a la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Guyana". La posición de los países caribeños, agrupados en una organización que defiende abiertamente a Guyana, amplifica la red de actores que legitiman su postura y complica aún más la dinámica diplomática para Venezuela.
El Esequibo en el tablero global
La acelerada conversión de Guyana en un enclave petrolero de alcance global, controlado por transnacionales petroleras, se asienta sobre un territorio que Venezuela reclama legítimamente. Este modelo, centrado en el Bloque Stabroek, combina explotación intensiva, flexibilización regulatoria y captura institucional, con una arquitectura financiera que transfiere la gestión de los ingresos a centros de poder externos, como la Reserva Federal de Nueva York.
Más allá de privar a la población guyanesa de beneficios sustanciales, este esquema reconfigura el equilibrio geopolítico en el Atlántico suramericano en detrimento de los intereses venezolanos.
Si Guyana continúa incrementando su producción y consolidando la presencia de transnacionales con el apoyo de actores como Estados Unidos —y potencialmente Brasil, en su búsqueda de alianzas estratégicas—, se formaría un bloque energético que validaría de facto la explotación unilateral del Esequibo. Esto derivaría en tensiones sostenidas, con el riesgo de fricción regional e intentos de mediación internacional que priorizarían los intereses corporativos por encima de la resolución justa del diferendo territorial.
Frente a esta proyección, el margen de maniobra de Venezuela dependerá de su capacidad para articular una respuesta integral que combine defensa territorial, diplomacia energética y fortalecimiento de alianzas estratégicas con países de la región y socios extracontinentales.
El Esequibo, más que un asunto limítrofe, se consolida como un tablero de disputa por poder energético y geopolítico, cuya definición marcará la correlación de fuerzas en la región durante los próximos años.