Se llama Marco Antonio Rubio, nacido en Miami en 1971, hijo de cubanos radicados en Florida. Su trayectoria combina una formación académica en ciencias políticas y derecho con una carrera política-gubernamental que agarró vuelo, desde la base local, hasta alcanzar las más altas esferas del poder en Washington.

Desde sus inicios como comisionado municipal en West Miami, pasando por su ascenso meteórico en la Cámara de Representantes de Florida, donde llegó a ser su primer presidente cubano-estadounidense, Rubio cultivó una reputación de renovación conservadora.

En 2010 Rubio irrumpió en la escena nacional al ganar un escaño en el Senado de Estados Unidos en una contienda de alto perfil, lo cual lo convirtió rápidamente en una figura emblemática del Tea Party.

Desde el Senado articuló una agenda centrada en la política exterior, especialmente en temas latinoamericanos y en los asuntos de seguridad nacional, en virtud de lo cual fue considerado en múltiples ocasiones como una especie de "secretario de Estado en la sombra" para América Latina durante el primer gobierno de Donald Trump. Su candidatura presidencial en 2016 no prosperó, pero reforzó su perfil nacional y consolidó su peso dentro del Partido Republicano.

Rubio capitalizó esta influencia al asumir un papel crucial en el Comité de Inteligencia del Senado, del cual fue presidente interino durante la publicación del informe final sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, en el que se había vinculado a Trump.

Su manejo de esta investigación, con una postura que reconocía "la interferencia rusa" pero descartaba colusión criminal entre la campaña de Trump y Moscú, fue funcional desde el punto de vista político: neutralizó riesgos para el entonces presidente y le evitó consecuencias mayores.

Ese gesto, que operó como un favor político de alto calibre, le sumó puntos en el tablero de las lealtades internas. En el argot político, una deuda así no queda impaga y fue precisamente eso lo que en gran medida lo aproximó a la Secretaría de Estado en 2025, cuya confirmación del Senado con 99 votos a favor y ninguno en contra mostró también el capital político que supo construir a lo largo de más de dos décadas de carrera pública en esa instancia.

La cínica obsesión contra Venezuela

Cuando fungió como senador republicano por el estado de Florida fue el principal arquitecto de la política sancionatoria de Estados Unidos contra Venezuela. Su accionar legislativo y discursivo reveló su agenda de hostigamiento político, económico y diplomático hacia el país latinoamericano, y esto se sumó con la estrecha complicidad con sectores de la oposición extremista venezolana.

Rubio convirtió el tema venezolano en una bandera ideológica y estratégica para capitalizar votos en el sur de la Florida, utilizando el aparato legislativo norteamericano para promover una narrativa de desestabilización sistemática en ese país.

Ya en febrero de 2012 Rubio declaraba al Wall Street Journal que la administración de Barack Obama debía hacer más para "defender las instituciones democráticas" que, según él, estaban amenazadas en países como Venezuela. A este paquete también ha incluido a Cuba y Nicaragua, en un coctel de obsesiones ideológicas y agendas desestabilizadoras.

Su postura fue escalando rápidamente: en abril del mismo año planteó ante el Senado una propuesta de formar una alianza energética con países como Canadá, México, Brasil, Colombia y "una Venezuela postChávez", con el objetivo de desplazar a "Medio Oriente" y Rusia como centros de producción energética mundial, incluida Venezuela, con lo cual dejaba explícito que la idea se trataba de relegar el petróleo venezolano del mercado global.

Durante aquel año Rubio dedicó su agenda en el brazo legislativo a presionar a la administración Obama con que se debía reconocer la supuesta amenaza —inusual y extraordinaria— que representaba la República Bolivariana para Estados Unidos. Desde ese momento el senador intensificó sus ataques, denunciando en marzo de 2013 una supuesta "violación del orden constitucional" en Venezuela y, un mes después, instando a la Casa Blanca a no legitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

A lo largo de 2013 Rubio profundizó su estrategia; en agosto presentó, junto con otros senadores como Bill Nelson y John McCain, una resolución que pretendía avalar a la oposición venezolana y condenar lo que llamaban "intimidación y violencia".

La narrativa estaba servida: Venezuela debía ser aislada, sancionada ilegalmente y su economía cercada con la excusa de prevenir "la amenaza".

De hecho, en medio de este proceso legislativo Rubio llegó incluso a mentir abiertamente para evitar obstáculos a la aprobación del proyecto de ley. Cuando la senadora demócrata por Luisiana, Mary Landrieu, expresó su preocupación por los efectos que la ley podría tener en la refinería de Citgo en su estado, que importa petróleo venezolano y sostiene empleos locales, Rubio respondió asegurando que "el proyecto de ley no afectaría los empleos de Luisiana y no tiene relación con las operaciones de Citgo en Estados Unidos".

Afirmó que "la legislación de sanciones tiene que ver con los derechos humanos y está dirigida específicamente a personas del gobierno de Venezuela que abusan de ellos", y así negó cualquier conexión con el sector energético o el empleo en Estados Unidos. "No tiene nada que ver con una refinería de petróleo de Citgo en Luisiana, como Landrieu y el régimen venezolano quisieran hacer creer", una mentira a favor de su agenda.

Estas declaraciones formaban parte de un relato cuidadosamente construido para minimizar la naturaleza real de las sanciones. En su artículo de ese mismo año Rubio alegó que "las sanciones se introdujeron específicamente para sancionar a individuos, no a empresas", una farsa absoluta que intentaba encubrir los efectos estructurales del bloqueo a PDVSA y al sistema financiero venezolano.

El punto de inflexión llegó en 2014 cuando el 27 de febrero el obsesivo senador presentó una resolución que instaba al presidente Obama a imponer de inmediato sanciones contra Venezuela. Tan solo un mes después introdujo el proyecto de ley que se transformaría en el marco legal para la política sancionatoria que ahorcó al país durante más de una década en el plano económico y financiero.

Es importante señalar que esta legislación no surgió de un vacío pues fue el resultado de una campaña sostenida desde el Senado, con respaldo bipartidista, y con una activa colaboración de figuras como María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges y Carlos Vecchio, quienes operaron como catalizadores internos de la estrategia de presión internacional.

La elección del petróleo para el fuego sancionatorio no fue casual ya que, siendo el corazón económico de Venezuela e intrincado en su tejido socioeconómico, se convirtió en el blanco neurálgico. Así, las medidas fueron la guinda del pastel que llevaba años preparándose, respaldadas por calificadoras de riesgo que ya degradaban la posición de PDVSA antes de 2014, y por una narrativa política interna y externa que justificaba la agresión.

Marco Rubio, con respaldo de operadores tanto dentro como fuera del Congreso estadounidense, se consolidó como el principal impulsor de una política de agresión sistemática contra Venezuela mediante la instrumentalización de los mecanismos del poder legislativo norteamericano para imponer una agenda de cambio de régimen.

La agenda contra Venezuela continúa

Ahora bien, desde su llegada al Departamento de Estado no ha descansado en su cruzada contra Venezuela.

Su nombramiento marcó la continuidad de una política exterior enfocada en sabotear cualquier vía de diálogo con Caracas, operar como un obstáculo sistemático en los procesos de negociación política y alimentar una campaña de criminalización contra los migrantes venezolanos, convertidos en blanco de un lucrativo negocio carcelario transnacional.

Bajo su dirección esta agenda ha escalado hacia nuevas formas de agresión encubierta, y Guyana se ha transformado en el enclave de su estrategia.

En el diseño geopolítico de Rubio la República Cooperativa es una plataforma fundamental para facilitar operaciones de falsa bandera que justifiquen acciones coercitivas y eventualmente militares contra el Estado venezolano.

La gira de Rubio a Jamaica, Surinam y Guyana entre el 26 y 27 de marzo de este año fue presentada oficialmente como parte de los esfuerzos por "impulsar las prioridades de política exterior del presidente Trump en el Caribe".

Sin embargo, tanto la selección de los destinos como el momento de la visita, en medio de aquellas amenazas de aranceles secundarios sobre Venezuela y renovadas referencias a la "seguridad energética", indican que el verdadero objetivo estaba centrado en reconfigurar el entorno geopolítico inmediato de nuestro país.

Mauricio Claver-Carone, el entonces enviado especial para América Latina, declaró que el Caribe es "nuestra tercera frontera" y planteó la necesidad de control sobre rutas marítimas y recursos energéticos históricamente asociados con Venezuela. Su frase "todo eso ha terminado y ha llegado el momento de pasar página", en alusión a Petrocaribe, reveló con claridad la intención de desmontar los mecanismos de cooperación regional creados por Caracas con vistas a sustituirlos por una red de subordinación alineada con los intereses estadounidenses.

Desde años antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado operó para instalar un gobierno más dócil en Georgetown; en 2020 presionó abiertamente al entonces presidente David Granger y celebró el ascenso de Irfaan Ali, a quien ha cultivado como socio estratégico en la región.

Tras su nominación como jefe de la diplomacia estadounidense en enero de 2025, su primera llamada internacional fue precisamente a Ali, con quien acordó "fortalecer la integridad territorial de Guyana", en abierta alusión al conflicto sobre el Esequibo.

Este alineamiento ha sido celebrado por la élite gobernante guyanesa: el vicepresidente Bharrat Jagdeo expresó su "enorme complacencia" por la designación de Rubio y su expectativa de recibir un respaldo firme en la controversia fronteriza con Venezuela. Desde entonces, Georgetown ha ofrecido territorio, infraestructura y colaboración política para facilitar la agresión velada de Washington contra Caracas.

Durante su visita del 27 de marzo a Georgetown, Rubio participó en reuniones con altos funcionarios guyaneses y presenció ejercicios militares conjuntos entre la Armada estadounidense y la Fuerza de Defensa Guyanesa.

En ese marco se firmó un memorando de entendimiento para "fortalecer la colaboración en seguridad", centrado en el intercambio de información, lucha contra el crimen organizado y cooperación militar. Este acuerdo consolida la transformación de Guyana en un enclave militar al servicio de los intereses de Washington, a espaldas del legítimo reclamo venezolano sobre el Esequibo.

Rubio fue enfático en describir Venezuela como una "amenaza regional" y dejó abierta la posibilidad de represalias militares en caso de una escalada del conflicto territorial.

El presidente Ali se sumó a esta narrativa acusando a Caracas de violar la orden de la Corte Internacional de Justicia y la Declaración de Argyle, y agradeciendo el respaldo estadounidense para consolidar "una agenda bilateral" en defensa, infraestructura y energía.

Pero el objetivo de fondo quedó aun más expuesto cuando Rubio advirtió que cualquier acción venezolana contra Guyana o ExxonMobil "no terminaría bien para ellos". ExxonMobil, empresa clave en la explotación ilegal de los recursos del Esequibo, es también un brazo operativo de la estrategia estadounidense en la región.

Al ofrecerle protección explícita, Rubio confirmó el nexo entre seguridad energética, ocupación militar y dominación geopolítica.

En su discurso Rubio no perdió la oportunidad de introducir el expediente del Tren de Aragua como pretexto para ampliar la securitización regional. Al referirse a supuestos miembros de esta banda presentes en Guyana, justificó el establecimiento de mecanismos de vigilancia y detención que criminalizan a los migrantes venezolanos y habilitan operaciones de bandera falsa.

La cláusula de intercambio de información incluida en el nuevo acuerdo de seguridad permite a Estados Unidos compartir cualquier "sospecha" con las autoridades guyanesas, con lo cual se facilitarían detenciones arbitrarias bajo acusaciones infundadas.

Esta maniobra repite el patrón usado por Washington en otras regiones, basado en exagerar amenazas, inflar problemas de seguridad y fabricar un estado de alarma permanente que justifique mayor intervención militar.

Rubio incluso llegó al extremo de comparar a migrantes venezolanos con prisioneros de Guantánamo y miembros de Al Qaeda, en un discurso que no solo desinforma sino que degrada los principios básicos del derecho internacional y los derechos humanos.

Rubio, convertido hoy en Secretario de Estado, ha transformado su fijación personal con Venezuela en una política oficial de Estado. En su ofensiva, Guyana es el frente más evidente.

La empresa de servicios carcelarios que lo respalda

La proyección política de Rubio ha estado acompañada por un sólido entramado de intereses corporativos y lobbies sectoriales que exceden con creces su capital político individual. Su ascenso, desde la legislatura de Florida hasta su actual cargo como Secretario de Estado, ha sido respaldado por grupos empresariales con fuertes intereses en políticas migratorias, carcelarias y fiscales.

Uno de los pilares económicos más influyentes en su carrera ha sido la industria penitenciaria privada, particularmente The GEO Group, con sede en Florida. Esta empresa no solo ha financiado sus campañas sino que ha obtenido beneficios contractuales durante su paso por la Cámara de Representantes de Florida.

En 2016 GEO Group aportó casi 190 mil dólares a su candidatura presidencial luego de haber recibido un contrato estatal por 110 millones de dólares, coincidiendo con el período cuando Rubio presidía la Cámara.

Los aportes de la industria carcelaria a Rubio no se limitan a contribuciones electorales. Representan una inversión estratégica que busca retornos mediante políticas públicas favorables. GEO Group y Corrections Corporation of America han destinado cerca de 25 millones de dólares al cabildeo federal desde 1989. La votación de Rubio contra la First Step Act en 2018, una iniciativa bipartidista de reforma penitenciaria, fue un indicio claro de su alineamiento con los intereses de estas compañías.

Los ingresos de GEO Group en 2018 superaron los 2,3 mil millones de dólares; más de 40% de sus ingresos en 2023 provino de contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), relación que fortalece la conexión entre la política migratoria estadounidense y la expansión del sistema de detención privado.

La creciente criminalización de la migración irregular, con nuevas leyes como la Ley Laken Riley, representa un campo de crecimiento para este sector, que obtiene ganancias directamente proporcionales al número de personas detenidas.

Además de la industria penitenciaria Rubio ha contado con el respaldo sistemático del lobby sionista y del sector inmobiliario de Florida. En particular, los desarrolladores inmobiliarios han sido donantes recurrentes de sus campañas, interesados en preservar políticas fiscales y regulatorias que favorezcan la especulación urbana, el turismo residencial y las inversiones de capital extranjero.

Su figura sintetiza el modelo de político estadounidense cuya agenda es moldeada por la rentabilidad que garantiza a sus donantes. En 2015 dijo que "ellos invierten en mi agenda", al referirse a sus vínculos con Geo Group.

Su pensamiento y postura contra China

El ahora secretario ha promovido un discurso político centrado en el diagnóstico de un prolongado declive estadounidense, provocado, según su visión, por una élite que malinterpretó el rumbo del mundo postsoviético.

El error capital, sostiene, fue haber asumido el triunfo definitivo del orden liberal-democrático y el advenimiento de una globalización irrestricta. Bajo esa lógica se desmantelaron las estructuras productivas nacionales, se deslocalizó la industria y se financierizó la economía, medidas que generaron una ruptura con la clase media trabajadora que había sostenido la prosperidad estadounidense de la posguerra.

Rubio atribuye a China un rol central en la decadencia nacional pues afirma que Estados Unidos abrió mercados y transfirió tecnología bajo la expectativa de que Beijing evolucionaría hacia un modelo más parecido al occidental.

En cambio, acusa al partido comunista chino de haber utilizado las herramientas de la globalización para robar, mentir y hacer trampa, y así consolidó una potencia rival con ayuda involuntaria de las élites norteamericanas. En su libro Décadas de decadencia denuncia que el statu quo económico postGuerra Fría solo benefició a las élites costeras, mientras vaciaba el corazón industrial del país.

El pensamiento de Rubio combina proteccionismo económico, crítica al globalismo financiero y una fuerte visión geopolítica de la rivalidad con China.

En su concepción, sectores críticos como la biofarmacia, los minerales estratégicos y la tecnología avanzada no pueden seguir dependiendo de una potencia hostil. Por ello impulsa un paquete legislativo para relocalizar industrias cruciales, desde la red eléctrica hasta la producción de medicamentos, lo cual convierte la reindustrialización en un eje de seguridad nacional.

En el ámbito legislativo Rubio ha promovido la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley Onshore, para exploración de minerales raros y la Ley Mmeds para repatriar la producción de equipos médicos.

Su enfoque se basa en crear barreras económicas frente a China, fiscalizar las inversiones con riesgos de seguridad y movilizar fondos federales para reconstruir la base productiva nacional. Esta agenda combina elementos del nacionalismo económico con un impulso regulador y selectivo, orientado a recuperar capacidades estratégicas perdidas.

Rubio no se limita a la confrontación económica debido a que ha advertido que China ya no necesita copiar o robar pues lidera sectores importantes como los vehículos eléctricos, la industria naval o la biotecnología.

Sostiene que Estados Unidos debe recuperar tiempo perdido mediante una política industrial activa, vigilancia tecnológica reforzada y un cerco estratégico a las ambiciones globales de Beijing. La referencia al programa Made in China 2025 es central en su discurso: lo concibe como el manual del ascenso chino y la amenaza más seria a la supremacía tecnológica y económica de su país.

Finalmente, Rubio se presenta como un reformista conservador, propone reconstruir la dignidad del trabajo mediante revalorización sindical, restaurar el papel productivo del capital y articular una coalición de clase obrera multiétnica dentro del Partido Republicano, en línea con el populismo derechista típico estadounidense.

Su pertubación con los enviados especiales

En la actual administración Trump, la figura del Secretario de Estado ha quedado relegada a un segundo plano, desdibujada por el peso creciente de los enviados especiales.

Pese a ocupar uno de los cargos más relevantes en la estructura diplomática de Estados Unidos, Rubio no forma parte del círculo decisorio de mayor influencia en la Casa Blanca. Su rol es percibido como más protocolar que estratégico, y su autoridad en el Ejecutivo ha sido frustrada por un modelo de gestión en el que la diplomacia se centraliza directamente en la figura presidencial y sus delegados de confianza.

Nombres como Richard Grenell, Keith Kellogg y Steve Witkoff han asumido responsabilidades de primer orden en la política exterior estadounidense actuando como ejecutores privilegiados de las prioridades personales de Trump.

En lugar de canalizar sus iniciativas a través del Departamento de Estado, el presidente ha optado por empoderar directamente a estos enviados, quienes operan desde oficinas en la Casa Blanca con acceso directo al mandatario.

Este diseño refleja una desconfianza estructural hacia la burocracia tradicional de Foggy Bottom y confirma la voluntad de Trump de eludir los procedimientos convencionales.

Rubio ha intentado sostener su relevancia a través de giras diplomáticas y declaraciones mediáticas, pero sus movimientos han sido opacados por el despliegue paralelo de los enviados especiales.

Su periplo por Centroamérica no logró resultados sustantivos, y en múltiples ocasiones fue desautorizado o superado por otros funcionarios que negociaban en nombre del presidente.

Mientras el Secretario de Estado trataba de consolidar acuerdos en Panamá, República Dominicana y El Salvador, la atención en aquel entonces se concentraba en las gestiones reservadas de Grenell, quien fue recibido por el presidente Nicolás Maduro.

El ligero desplazamiento del Departamento de Estado del centro del poder diplomático ha tenido consecuencias directas para Rubio. Las principales misiones en Ucrania, Gaza y Venezuela han sido atribuidas a delegados especiales sin que medie coordinación efectiva con su oficina.

Ante este escenario Rubio ha optado por buscar espacios alternativos para imponer su agenda, como el propio Senado, especialmente en los círculos republicanos y mediáticos alineados con él.

Contradicciones con los anuncios de la "Licencia Chevron"

Las recientes tensiones en la administración Trump sobre la política hacia Venezuela han vuelto a poner de relieve las profundas divisiones internas en torno a cómo abordar la relación con el gobierno venezolano.

Señala Bloomberg que, esta vez, el detonante ha sido la controversia acerca de la extensión de la licencia para que Chevron continúe operando en el país sudamericano, una decisión que ha expuesto abiertamente el choque de agendas dentro de la Casa Blanca y ha generado inestabilidad, incluso, en los mercados financieros.

Apenas transcurridas 24 horas entre un anuncio y una desautorización pública, la política de sanciones hacia Venezuela dio un giro brusco. Grenell informó que la exención de sanciones para la empresa estadounidense sería renovada: "El presidente Trump autorizó esa extensión si lográbamos generar confianza", aseguró en el podcast de Steve Bannon, revelando que la medida había sido aprobada directamente por el mandatario.

Sin embargo, un tuit del Secretario de Estado contradijo dicha afirmación, lo cual sumió la postura oficial en una nueva confusión.

La declaración pública de Rubio se produjo horas antes de una votación importante en la Cámara de Representantes sobre el paquete fiscal propuesto por Trump, dejando entrever que las presiones del ala dura republicana estaban siendo utilizadas como moneda de cambio política.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, capturó la esencia del momento al describir la situación como un auténtico "Juego de Tronos" al interior del gobierno de Estados Unidos.

Y es que los choques entre Rubio, que representa la línea más dura hacia Caracas, y Grenell, enviado especial con acceso directo al presidente, han sido notorios desde el inicio de la nueva administración.

Mientras Rubio impulsa el fin de la exención como símbolo de presión máxima contra Venezuela, Grenell ha buscado flexibilizar ciertas restricciones como parte de una estrategia más pragmática orientada a objetivos inmediatos.

Marco Rubio, hoy convertido en Secretario de Estado, es un actor con pretensiones presidenciales cada vez más evidentes. Su paso por el Senado y su actual cargo lo han dotado de un capital político que ya no se limita a la obediencia partidista sino que busca construir una narrativa propia, de restauración moral y supremacía estratégica estadounidense, especialmente en América Latina.

Rubio no actúa únicamente en función del legado de Trump; está montando su propia estructura de poder y discurso a la vez que maniobra con destreza para imponer su agenda, incluso a contrapelo del jefe del Ejecutivo, aprovechando su base legislativa y su red de apoyos corporativos.

En esa construcción de liderazgo Rubio encarna la expresión más extremista y peligrosa del Partido Republicano: una mezcla de cruzada ideológica, oportunismo electoral y parasitismo cubano-americano que ha moldeado buena parte de la política estadounidense hacia América Latina.

Aunque enfrenta límites claros dentro del propio gobierno, su ambición no se detiene porque es muy probable que buscará pavimentar su camino hacia las presidenciales de 2028.