El pasado 18 de febrero el gobierno de Guyana promovió la difusión de un supuesto ataque contra sus tropas en la ribera del río Cuyuní, en el territorio venezolano del Esequibo. Según la versión de Georgetown, seis soldados de ese país resultaron heridos cuando presuntos hombres armados "venezolanos" abrieron fuego contra ellos mientras realizaban una misión de reabastecimiento.

Venezuela rechazó la acusación calificándola como un "vil montaje" diseñado para manipular la opinión pública y encubrir las reiteradas violaciones al Derecho Internacional cometidas por el enclave guyanés en el territorio en disputa.

A través de un comunicado oficial el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que se trata de una operación de falsa bandera orquestada para justificar la creciente militarización de la zona con respaldo del Comando Sur de Estados Unidos.

Según la información preliminar recabada por Caracas, las personas heridas no eran tropas guyanesas en misión regular sino elementos vinculados con la minería ilegal que operan en la región con el amparo del ejército y la policía del país vecino.

Estas personas habrían resultado heridas en un incidente aun en investigación, y actualmente están recibiendo atención médica en Venezuela.

La naturaleza del hecho se encuentra precisamente en el umbral de las operaciones de bandera falsa, en línea con lo denunciado por Gil.

A modo de definición, una operación de este tipo implica una acción encubierta ejecutada por un bando para transferir la responsabilidad de la misma al adversario.

Las letras pequeñas de la bandera falsa

Las operaciones de falsa bandera han sido históricamente utilizadas como pretextos para respaldar acciones militares, sanciones ilegales o intervenciones en diferentes regiones del mundo.

Lo acontecido en el río Cuyuní ha sido amplificado por los medios de comunicación guyaneses, que describen a los presuntos atacantes como "pandilleros", con lo cual enmarcan el incidente dentro de una narrativa de "violencia criminal organizada", adaptada al relato dominante de política exterior de la segunda administración Trump.

Este patrón discursivo encuentra un paralelismo en la manera en que se ha proyectado la figura del Tren de Aragua (TdA) en Estados Unidos. Inicialmente ausente de los principales titulares de la prensa en ese país, la banda pasó a ser protagonista en los discursos oficiales sobre seguridad nacional y migración, especialmente desde 2023.

Estos movimientos sugieren el inicio de una agenda que vincula grupos delictivos con una nacionalidad específica para construir una "amenaza" que justifique acciones de fuerza o sirva de pretexto para una mayor presencia militar estadounidense en la región, apuntando a Venezuela.

De hecho, la caracterización de los atacantes como "pandilleros" y su asociación con actividades ilícitas facilita que el hecho sea rentable para el relato de criminalidad transnacional de factura estadounidense.

Cabe destacar que las zonas fronterizas han sido tradicionalmente espacios propicios para operaciones encubiertas, especialmente cuando existen tensiones territoriales y actores con intereses económicos y geopolíticos en juego.

En el caso del Esequibo, por su naturaleza inhóspita, es un territorio viable para la ejecución de acciones clandestinas que sirvan de pretexto para escaramuzas superiores.

El incidente se produce en un contexto de tensiones cada vez mayor, en el que la presencia militar extranjera y las concesiones petroleras otorgadas a empresas transnacionales en aguas pendientes de delimitación han tensionado el conflicto entre Caracas y Georgetown.

militarización en beneficio de exxonmobil

La explotación petrolera en la fachada atlántica, uno de los puntos nodales del conflicto, no puede entenderse sin revisar el legado colonial que ha definido su economía. Durante siglos, la nación fue sometida al coloniaje británico, el cual ha sido sustituido en los últimos años por el estadounidense, a través de ExxonMobill.

En la época colonial, la economía giraba en torno a la producción de azúcar, un sector controlado por empresas británicas como Bookers, que ejercieron un monopolio total sobre el territorio.

Con la llegada de ExxonMobil, el patrón colonial se replicó. La empresa estadounidense ha asegurado contratos altamente favorables (e ilegales en origen) que le otorgan el control de los yacimientos petrolíferos en territorio bajo disputa.

En la actualidad, el desarrollo petrolero de la ExxonMobil sigue un cronograma definido, que continuará sus operaciones en los campos offshore de Yellowtail, Liza, Payara y Uaru 1 y 2, ubicados dentro del bloque Stabroek, hasta al menos diciembre de 2025.

La empresa estadounidense no solo ha asegurado contratos altamente favorables sino que su presencia ha promovido una tensión binacional creciente.

En este marco, Estados Unidos ha reforzado su influencia tanto a través de ExxonMobil como también mediante acuerdos de cooperación militar y el respaldo del Comando Sur, en una estrategia que vincula lo económico con lo securitario para convertir a Guyana en una especie de protectorado. 

La supuesta "amenaza venezolana", noción fabricada que la operación de bandera falsa en el Cuyuní busca nutrir y sustanciar, intenta justificar la creciente militarización estadounidense en Guyana, con el objetivo de asegurar el control estratégico de ExxonMobil sobre los recursos energéticos de la fachada atlántica del Esequibo.

En consecuencia, el discurso en ascenso sobre "inseguridad" y "criminalidad" en el Esequibo se convierte en una herramienta funcional a esta agenda geopolítica. Y la operación en cuestión viene a fortalecer dicha narrativa.

En este contexto, lo ocurrido en el Cuyuni no pueden entenderse como episodios aislados sino como expresiones de una dinámica más amplia en la que la securitización del conflicto territorial cumple un doble propósito: por un lado, refuerza la presencia militar de Estados Unidos en un enclave estratégico y, por otro, blinda los intereses de ExxonMobil en la explotación de los yacimientos petrolíferos en disputa.