El día de ayer, 24 de marzo, mediante una orden ejecutiva el presidente Donald Trump autorizó la imposición de aranceles (tarifs) de 25% a los países que compren petróleo venezolano. La medida entraría en vigor desde el 2 de abril de este año y se aplicaría sobre todas las mercancías que se exporten hacia EE.UU.

Según reza el texto, la aplicación de la tarifa queda a discreción del secretario de Estado, Marco Rubio, en consulta con los secretarios del Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional.

El anuncio ocurrió el mismo día cuando el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, emitió la Licencia 41B, la cual amplía las operaciones de Chevron en Venezuela hasta el 27 de mayo de 2025, un reflejo de que las negociaciones entre la petrolera norteamericana y la Casa Blanca siguen en curso para evitar la supresión total de las exportaciones de crudo venezolano hacia EE.UU.

La política del gobierno de Trump hacia Caracas se ha ido convirtiendo en un mosaico de presiones e intereses enfrentados en lo energético e ideológico, en el que cada movimiento, lejos de plasmar un enfoque resolutivo y uniforme, resume las victorias o derrotas tácticas del mundo MAGA, representado por Richard Grenell, y del sector de los halcones, abanderado por Marco Rubio, estos últimos volcados a generar las condiciones necesarias para una campaña de "máxima presión" 2.0.

Dudas razonables

La orden ejecutiva ha planteado un océano de dudas sobre su aplicabilidad en el terreno. Daniel Flatley, en un artículo publicado en Bloomberg, advierte que los "aranceles secundarios" son una nueva "táctica económica" inventada por Trump que "se suma a la creciente lista de herramientas que ha estado ansioso por implementar como parte de un esfuerzo por aprovechar la influencia económica de Estados Unidos para lograr sus objetivos de política exterior e interior".

Aunque el artículo de Flatley no aborda cómo se podrían implementar, sí asegura que la medida arancelaria es una vía alterna para un Trump "menos inclinado a imponer sanciones financieras" en vista de los efectos negativos asociados con la posición dominante del dólar a escala global.

Por su parte el economista venezolano Francisco Rodríguez afirmó que el término "aranceles secundarios" no existe en la legislación estadounidense y que su aplicación sería técnicamente inviable por la diferencia existente entre aranceles —a países— y sanciones —a empresas—. La medida, a juicio de Rodríguez, no tiene "coherencia legal ni estratégica" porque para hacerla efectiva sería necesario que "más de 200 países legislen por presión de EE.UU.".

En tal sentido pareciera que, ante los rasgos de inviabilidad técnica de los "aranceles secundarios", los objetivos de la maniobra están más allá del texto en sí.

Los objetivos encubiertos y subyacentes

La amenaza de imponer aranceles secundarios a compradores de crudo venezolano apunta a convertirse en una nueva herramienta de intimidación y presión con el objetivo de inhibir, limitar u obstruir las relaciones comerciales de empresas extranjeras con PDVSA, en búsqueda de cristalizar el mismo efecto de cerco y aislamiento que tendría la suspensión de las licencias específicas a socios de la industria venezolana como Repsol de España, Eni de Italia, Maurel and Prom de Francia, Reliance de la India, entre otros.

Trump pareciera no estar interesado en asumir el costo político de eliminar dichos instrumentos operativos a empresas extranjeras. Ante esto, la orden ejecutiva ofrecería una vía indirecta para producir un resultado similar, pero como "decisiones voluntarias" de las compañías. Además, le permite afianzar el marco global de sus dispositivos de guerra comercial, ampliándolos al escenario latinoamericano y evitando incurrir en sanciones ilegales que agitan los fantasmas de la desdolarización.

Por otro lado, la Licencia 41B expresa que Washington no ha tomado una decisión inequívoca para prescindir de la importación de crudo venezolano. Así que, mientras amplía temporalmente la operatoria de Chevron —limitándola a no exportar hacia un destino diferente a EE.UU.—, la amenaza arancelaria resultaría favorable para apuntalar su posición en el sector venezolano de hidrocarburos, toda vez que se persigue la ruptura de vínculos entre PDVSA y sus socios extranjeros no estadounidenses.

Un elemento esencial: además de Venezuela, China es el otro país que se menciona en la orden ejecutiva. De esta forma, al igual que con el memorando America First Investment Policy del pasado mes de febrero, que busca restringir la cooperación tecnológica entre Beijing y Caracas, Trump está configurando una política que convierte a Venezuela en un teatro de operaciones de la contención hemisférica contra la República Popular.

Justamente, la orden ejecutiva sobre "aranceles secundarios" fortalece este enfoque, destinado a socavar la relación estratégica entre Venezuela y China mediante la vulneración de su principal línea de flotación: la cooperación energética.

China, a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, rechazó enérgicamente la decisión de Trump argumentando que la misma traerá complicaciones para los consumidores y empresas estadounidenses.

Otro aspecto fundamental es que Marco Rubio pasa a ser el árbitro, el último decisor discrecional de los eventuales aranceles a aplicar a otros países.

Como advirtió Francisco Rodríguez, este es un aspecto novedoso desde el punto de vista institucional y legal. De esto se puede inferir que, tras buscarlo intensamente durante dos meses desde que asumió el cargo, Trump le ha concedido al exsenador de la Florida un arma propia para avanzar en su campaña de medidas destructivas contra Venezuela, luego de haber perdido el timing frente a Grenell, quien impuso en las primeras de cambio un enfoque pragmático y transaccional con Caracas.

Según José Chalhoub, el avance conseguido por Grenell corre "el riesgo de verse frustrado por la agresiva intervención de Rubio en marzo, que detuvo las negociaciones sobre los vuelos migratorios y fue contraria a las inclinaciones ultrarrealistas de Trump en política exterior".

Por otro lado "Rubio, un partidario de larga data de la máxima presión, aprovechó la oportunidad para imprimir su visión equivocada a la política estadounidense mientras la atención de la administración se desplazaba hacia Europa", afirma Chalhoub sobre las últimas medidas de presión adelantadas por el gobierno estadounidense referidas a Chevron y al carácter punitivo de su tratamiento de la migración venezolana.

Ahora, el Secretario de Estado tiene una palanca "legal" para intentar reconducir el enfoque de la administración Trump hacia la anhelada "máxima presión", con el objetivo confesado de inducir una crisis económica con graves daños sociales y humanos para la población.

No obstante, aunque suene a una buena noticia para él, será Rubio el que tendrá que presionar directamente a países y asumir los costos políticos y económicos de una gestión imprudente de sus facultades arancelarias, lo que es altamente probable.

Quizás ahí el pragmatismo de Grenell tenga una nueva oportunidad para recuperar la iniciativa, administrando y sacando ventaja de los resultados negativos de los movimientos de Rubio.

Mientras tanto, Trump parece sentirse cómodo, hasta ahora, distribuyendo victorias tácticas al sector MAGA y al de los halcones en medio de su disputa, aunque eso implique caotizar y desestructurar el enfoque oficial de la Casa Blanca hacia Caracas. En esta primera etapa de su mandato puede que un enfoque con dichas características tampoco le resulte útil, habida cuenta de que la última vez que se decantó por una única vía, la "máxima presión", los efectos fueron contraproducentes y le aseguraron la derrota geopolítica más sonora de su primer mandato.

Sigue siendo altamente probable que se decante por repetir esa ruta. Pero todavía el amperímetro no registra las condiciones ideales para ello.