En los mecanismos para frenar el ascenso y lograr el destierro de los gobiernos progresistas en América Latina, las guerras judiciales han sido verdaderas protagonistas de la última década. Una estrategia que, para algunos, da los mismos frutos que los golpes de Estado tradicionales pero que resulta más barata y además recibe menos críticas.
Puede, por ejemplo, que resulte complejo de entender el procedimiento de impeachment en Brasil, que este pueda impulsarse sólo repitiendo titulares en los periódicos o llamando a ideas muy arraigadas en el imaginario como que todos los políticos son corruptos. Sin embargo, para completar un golpe jurídico además de la operación psicológica fundamentalmente se requiere el acceso de sus promotores al aparato de justicia.
Es allí donde verdaderamente reside el corazón de una acción de guerra judicial, la que, como nos recuerda el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en prólogo a Lawfare: Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina (2019):
"Se trata de la difusión de mentiras o falsedades, sólo que valiéndose de algunos funcionarios llamados jueces y con consecuencias inmediatas de prisionización y estigmatización de las personas contra las que se dirigen".
Es difícil pretender que en el pasado los tribunales nunca jugaron un rol importante en el devenir político de los países. Sin embargo, lo que es innegable es que ahora tienen más recursos para hacerlo, entre ellos que el Poder Judicial en las últimas décadas ha ido obteniendo más poder, en especial, en las Cortes Supremas y en los espacios destinados a preservar el orden constitucional, tengan la forma y la adscripción que el derecho político nacional haya decidido otorgarles.
Así, basta con tomar cualquier texto clásico para encontrarnos que el Poder Judicial debía ser una rama del Estado que debía limitarse a ser de palo y boca del legislador. En este modelo, al juez se le tenía como un perezoso habitante de una burbuja, que debía ser intachable, pero por su propia naturaleza ajeno a los procesos de su propio pueblo.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los jueces vienen tomando un rol más activo, en el que incluso tienen relaciones internacionales propias, espacios donde tan sólo entran ellos y sus auxiliares, de los que cada tanto tiempo se señala que sirven para su alineación y adoctrinamiento, con unos principios o prácticas que se estiman superiores a las establecidas nacionalmente.
Al considerarlo, podemos entender por qué desde el año 2016 ha estado claramente en la agenda política de la oposición hacerse de alguna manera del control sobre el Poder Judicial, recordemos cómo buena parte del conflicto sostenido por la otrora Asamblea Nacional estuvo anclado en el cuestionamiento del nombramiento de los Magistrados y Magistradas, así como en la voluntad reiterada de desconocer sus instrucciones hasta el punto de crear un para-tribunal, que funcionó desde el extranjero.
Del mismo análisis se extrae la importancia que ha jugado el Tribunal Supremo de Justicia en la garantía de la estabilidad del gobierno nacional. Conteniendo -por ejemplo- a la Asamblea Nacional durante su contumacia al declarar la nulidad de sus actos, subsanando las situaciones que se originaban en el marco de la omisión constitucional en la que ésta incurría repetidamente, e incluso juramentando las autoridades que debían comparecer, pero la Asamblea Nacional se negaba o no estaba en condiciones jurídicas de recibir.
El protagonismo que tuvo este rol jugado desde el Tribunal Supremo de Justicia, y en especial la Sala Constitucional, podemos también verla si tomamos en cuenta que este Poder fue un blanco específico de las medidas coercitivas unilaterales dictadas particularmente desde el año 2017, y que visaron un número importante de sus Magistrados y Magistradas, en particular de la Sala Constitucional.
Ahora, si esto podemos verlo meridianamente y nos da una lectura en la que el Poder Judicial ha sido un freno a las estrategias del lawfare en Venezuela, también tenemos que tomar en cuenta que, en los últimos años, de manera reiterada, se ha cuestionado parte del funcionamiento de este sistema. Siendo encargada a la Asamblea Nacional Constituyente una primera revisión y que, finalmente, se concreta en las acciones denominadas de "Revolución Judicial" que se adelantan desde el año 2021.
Ese proceso, desarrollado durante todo el año, concluyó con una reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se modificó la conformación de las salas del máximo tribunal y se anunció que se procedería al nombramiento de nuevos Magistrados y Magistradas, en virtud de este cambio.
Para tal objeto, el 2 de febrero de 2022 se instala oficialmente el Comité de Postulaciones Judiciales, el cual convocó el 4 del mismo mes a la postulación de los distintos candidatos y candidatas a ejercer el rol de Magistrado o Magistrada, con la novedad de que, por primera vez, será la Asamblea Nacional la que nombrará al Director(a) de la Escuela Nacional de la Magistratura y al Inspector(a) General de Tribunales, que han de cumplir los mismos requisitos que los máximos jueces pero no pueden acumular las dos funciones.
Este acto debe también dimensionarse en relación a que la conformación del Tribunal Supremo de Justicia fue objeto también del proceso de negociación en México, en el presente suspendido en ocasión de la acción de Estados Unidos sobre Alex Saab, pues la decisión de la mayoría parlamentaria ha sido continuar el proceso y llamar a los interesados(as) a postularse, sin que esto se esté haciendo bajo fórmulas acordadas y públicas del proceso de encuentros.
En ello, se observa la sustancia de la postura que mantiene el Gobierno Bolivariano y sus principales voceros sobre el proceso de negociación en México, sobre el que han planteado estar dispuestos a volver a encontrarse, pero sin chantajes, esperando el cumplimiento de lo solicitado a la oposición. Pudiendo, como se observa en este caso, avanzar en temas que se han considerado importantes y llamar directamente a los ciudadanos y ciudadanas a participar.