Con el inicio de 2023 llegó también la advertencia de que el país pudiera sumirse en una escalada de manifestaciones con el potencial de que evolucionara a un escenario de presión y conflicto sobre el Gobierno Bolivariano, vía agendas gremiales.

Dicha situación fue anunciada por el informe del Wilson Center analizado a profundidad por esta tribuna, cuando en enero comenzaron a formarse puntos de protestas por parte de sectores del magisterio nacional debido al tema salarial y a las condiciones económicas del país en general, junto a otros grupos y actores de la "sociedad civil", entre ONG, sindicatos y organizaciones afines.

En lo que describe como una hoja de ruta para rearmar la estrategia estadounidense sobre Venezuela, Wilson Center admite que debe haber una combinación entre "presión y concesiones", en el entendido de que lo último implica sentarse con el gobierno venezolano a negociar condiciones para una "transición", adagio político predilecto de cierto sector opositor identificado con las acciones y retórica para un "cambio de régimen".

La presión, en este caso, y de acuerdo con el prontuario de años recientes, está asociada con la movilización de calle bajo una égida programadamente violenta —como en 2014 y 2017— acompañada de medidas foráneas en el campo económico, financiero y comercial. Ya es una jugada clásica en el manual de estrategia de guerra híbrida norteamericana.

Si bien los sucesos de enero y parte de febrero no escalaron a una situación desestabilizadora nacional, sí se fueron engranando mecanismos de presión que, con objetivos y fines no manifiestos, y aunque de forma incipiente y aún algo disgregada en la calle, no pueden ser descartados como elementos en materia de conflictividad.

Un escenario similar fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro en días consecutivos, en los que ha advertido de "un plan" otra vez "para llevarnos a la violencia, al tiempo de la intolerancia, del enfrentamiento, del conflicto inútil, de la división entre los venezolanos y no lo vamos a permitir", a través de su programa Con Maduro+ el lunes 3 de julio y en un acto de ascenso de generales, almirantes y personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el martes 4.

Si bien es cierto que los tres principales think tanks (Atlantic Council, Center for Strategic and International Studies y Wilson Center) que se dedican a Venezuela y tienen ascendencia en la toma de decisiones de la Casa Blanca admiten el fracaso de la campaña de "máxima presión" lanzada durante el gobierno de Donald Trump, todos están de acuerdo en que se debe mantener una línea de presión sobre el gobierno venezolano, quizás con el fin de reflotar los intereses estadounidenses cada vez que estos se vean vulnerados cuando la situación política llegue a punto muerto. Como ocurre en estos momentos, y desde hace meses.

Tomando en consideración las recomendaciones de los tanques de pensamiento mencionados, el escenario que ha denunciado el Presidente pudiera estar dirigido, nuevamente, por Estados Unidos.

La "sociedad civil" como oportunidad

En septiembre de 2022 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) presentó un informe en el que detalla su plan para el "apoyo a la transición democrática" en Venezuela.

Se refiere a "tres áreas para promover la unidad de la oposición y presionar para mejorar las condiciones electorales". También seguraba el apoyo al "gobierno interino" —que claudicó en enero pasado— pero también afirmaba que apoyaría la iniciativa de unas elecciones primarias para la posterior participación de la oposición en las presidenciales de 2024.

De esta manera, la Usaid admitió abiertamente que apoyaría la formación de un candidato en el antichavismo para que se postulase en unas elecciones que califica de "no libres" y manifestó la intención de financiar a medios de comunicación y ONG, a nombre de la "sociedad civil".

Pero las organizaciones no gubernamentales también fungen como vehículos para la manufactura y formulación de una masa crítica posiblemente para los escenarios conflictivos que vienen insinuándose desde enero pasado. Todo ello bajo el supuesto de que los partidos políticos clásicos perdieron ascendencia sobre la población y no funcionen como activos de convocatoria y choque frente a las instituciones estatales.

Desde el año pasado el movimiento oenegero ha venido creciendo en convocatoria y difusión. Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea han estado involucrados directamente en acciones de calle, jornadas festivas y manifestaciones culturales dirigidos por ONG, en una suerte de connivencia y convivencia de intereses atravesados por agendas gremiales.

Con las ONG cualquier agenda de conflicto tiene un soporte que se traduce en el apoyo de operadores en el terreno, el acompañamiento mediático de los victimarios y la constante alimentación del expediente criminalizador contra el Estado. Su carácter de "no gubernamental" lo pone en oposición a las instituciones oficiales, pero además es un distintivo como recipiente de financiación extranjera.

De hecho, a comienzos de este año Misión Verdad reportó y analizó el hecho de que Estados Unidos aprobara la mayor cantidad de fondos financieros para ONG en Venezuela, lo que revela que usa estas entidades como pantalla detrás de la cual opera su intervencionismo.

En resumen, la "sociedad civil" como oportunidad política y de inversión.

Caldo de cultivo

La economía venezolana vuelve a reportar altibajos en el primer semestre de 2023, escenario que pudiera ser aprovechado políticamente para gestionar el descontento social. Las bases materiales para un nuevo escenario de conflicto estarían servidas.

El bloqueo sigue siendo el eje condicionante del estado actual de la economía, con dificultades para recibir financiamiento de capitales extranjeros y realizar importaciones fundamentales al parque industrial nacional. Estados Unidos sigue teniendo la batuta en este sector, por ello la mesa de diálogo y negociación en México era de suma importancia a los efectos de incrementar el volumen de caja con fines sociales y netamente económicos.

La Casa Blanca, así, refuerza el malestar y el descontento con la decisión de no haber cumplido con el segundo acuerdo parcial firmado a finales de 2022 entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, y lo instrumentaliza para afianzar las condiciones desafiantes en el apartado económico.

Los problemas de infraestructura en los servicios públicos, en el tema salarial y en torno al abastecimiento de gasolina y gasoil en todo el país están íntimamente asociados al quebrantamiento de los acuerdos negociados a fines del año pasado, que después de todo se relaciona con la aplicación (y sobrecumplimiento) de las medidas coercitivas emanadas desde la capital estadounidense.

Son 3 mil 200 millones que se tenía planeado gastarlos en distintas áreas de la vida nacional, cuando la prioridad consiste en atender los impactos sociales y económicos más determinantes sobre la población venezolana como consecuencia del uso expansivo y generalizado de las "sanciones" ilegales: limitaciones económicas y salariales, dificultades en el acceso a los alimentos, reducción en la disponibilidad de vacunas y otros insumos en centros públicos de salud, además de fallas en las infraestructuras tanto educativas como hospitalarias y eléctricas.

El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación gubernamental para el diálogo en México, diputado Jorge Rodríguez, comentó en junio pasado que más de mil millones de dólares habrían sido destinados al Sistema Eléctrico Nacional, además de otros proyectos relacionados con la lista de consecuencias enumerada en el párrafo anterior.

Estados Unidos no suelta la rienda del bloqueo y la oposición que lo representa está supeditado a las necesidades e intereses del foráneo, entre ellos seguir alimentado el malestar en Venezuela. El escenario que denuncia el presidente Maduro tiene un nexo directo con las condiciones impuestas, un caldo de cultivo para una posible escalada.

El campo internacional

Con el despliegue de giras, viajes y acuerdos firmados por el presidente Nicolás Maduro y los principales funcionarios venezolanos en Eurasia, África y Latinoamérica se confirma un nuevo momento de relevancia para nuestro país en el concierto internacional.

El papel de Venezuela en la dinámica mundial es elevado por su rol crucial dentro de la ecuación energética, como miembro OPEP y actor de importancia en el Hemisferio Occidental. La emisión de licencias por parte del Departamento del Tesoro a la industria petrolera venezolana repercute directamente en la posición venezolana a los fines de estabilizar el mercado petrolero en este lado del mundo.

Pero, al mismo tiempo, las medidas del eje euroatlántico como reacción a la guerra en Ucrania para limitar el alcance de la energía rusa en los mercados occidentales ha dado entre sus resultados un renacer del papel internacional de Venezuela, el cual el presidente Maduro ha sabido aprovechar, lo que dio pie para elevar la apuesta y así contribuir a dicha estabilización del mercado sin que hiciera falta un marco de diálogo y negociación entre las partes y a engrosar las arcas del Estado, a falta del cumplimiento de los acuerdos suscritos en México.

Que el perfil del presidente Maduro, y de Venezuela en general, crezca en la arena internacional no debe ser un elemento que agrade particularmente a los decisores políticos de la Casa Blanca, por lo que una nueva agenda de conflicto sería idónea para que el país entrara en una dinámica de desestabilización que pondría freno a la ascendencia venezolana en el exterior.

Una escalada de presiones y conflictos en el terreno provocaría, sin dudas, poner el foco en la situación interna, en un momento agraciado para el gobierno por su exposición en foros, encuentros, cumbres y reuniones de alto nivel en distintas latitudes del mundo.

Si bien las acciones del presidente Maduro en el escenario global se determinaron con el fin de sortear las dificultades del bloqueo, un sector del establishment estadounidense busca las vías para reforzar el mandato de las "sanciones" y revivir la campaña de "máxima presión" llevada a cabo por la administración de Donald Trump.

Una camada de senadores del Partido Republicano introdujo un proyecto de ley en marzo pasado, liderados por el representante de Idaho, Jim Risch, denominada Venezuelan Democracy Act, con el que se pretende condicionar los parámetros para gestionar la arquitectura de "sanciones" hacia un contexto de mayor presión e imposición de una situación desfavorable para el país, a contrapelo de la actual dinámica de la Casa Blanca en torno a la emisión de licencias en el campo energético.

Una escalada hacia un conflicto en las calles de Venezuela podría explicarse por todas estas variables que restringen la posibilidad de un escenario nacional de estabilidad y desarrollo. El juego sigue trancado con Estados Unidos y las oposiciones, y se abre un cauce para otro posible cuadro de violencia política, denunciado consecutivamente por el primer mandatario.