Recordemos que cuando se firmó el "Segundo Acuerdo para la Protección Social del Pueblo" en México, en el marco de la Mesa de Diálogo y Negociación, la prioridad consistía en atender los impactos sociales y económicos más determinantes sobre la vida de la población venezolana como consecuencia del uso expansivo y generalizado de "sanciones" estadounidenses: limitaciones económicas y salariales, dificultades de acceso a los alimentos, reducción en la disponilidad de vacunas y otros insumos en centros públicos de salud, además de fallas en las infraestructuras tanto educativas como eléctricas —esto último de vital importancia para el restablecimiento de la industria petrolera y de la actividad económica nacional en general—.
En rueda de prensa el pasado abril Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación por el gobierno venezolano para el diálogo, explicó que más de mil millones de dólares estarían destinados al Sistema Eléctrico Nacional de cara a aumentar la generación en más de 432 megavatios y fortalecer el sistema de transmisión. Esto tendría una repercusión directa en la regular afluencia energética en todas las actividades relacionadas con la economía venezolana, tan necesaria para el presente contexto de recuperación nacional.
Pero además los recursos serían destinados a muchos otros proyectos en Venezuela:
- Atención de más de 2 mil 300 escuelas, su infraestructura y material tecnológico.
- Más de 1 mil millones de dólares destinados a la dotación total de todas las vacunas del esquema de inmunización y el pago del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- Dotación de medicamentos oncológicos para más de 60 mil pacientes con cáncer.
- Dotación de retrovirales para pacientes con VIH.
- Recuperación del programa de radioterapia.
- Atención de la deuda quirúrgica a escala nacional.
- Recuperación de siete bancos de sangre.
- Modernización y equipamiento de 10 hospitales materno-infantiles.
- Revitalización de 21 hospitales de la Red Nacional Hospitalaria.
Se trataría de 3 mil 200 millones de dólares, inicialmente, de acuerdo con las partes. Estos fondos legítimos de la república se encuentran congelados en el sistema financiero internacional desde 2018 tras el asedio continuo de las élites que determinan la política de Estados Unidos y Europa, apenas una fracción de los más de 20 mil millones de dólares bloqueados por bancos y otras entidades financieras.
Desde noviembre de 2022, cuando se firmó el llamado "Segundo Acuerdo", han pasado muchos eventos nacionales e internacionales, pero la repatriación de los fondos del país, con la participación mediadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el uso de ese dinero, aún no se ha producido. Estados Unidos no suelta la rienda del bloqueo y la oposición que representa a ese poder está supeditado a las necesidades e intereses del foráneo, entre ellos seguir alimentado el malestar a lo interno de Venezuela.