En un contexto de reapertura de relaciones diplomáticas, la creciente interdependencia económica y la urgencia de consolidar la paz en una extensa frontera históricamente conflictiva, Venezuela y Colombia han dado el paso estratégico de crear la Zona Económica Especial de Paz.
Más allá de ser una medida de estímulo comercial, se trata de una apuesta estructural por la integración profunda, la cooperación regional y, sobre todo, por la estabilización de una zona que durante décadas ha sido escenario de tensión, contrabando y confrontación armada. En este contexto, la economía emerge como un instrumento de diplomacia activa, capaz de transformar dinámicas de conflicto en cadenas de valor compartidas.
Zonas Económicas: Un paso más en clave binacional
La hoja de ruta para la conformación de las zonas económicas binacionales fue delineada por el presidente venezolano Nicolás Maduro en coordinación con el gobierno de Gustavo Petro, tras la firma de un acuerdo marco en 2024 que sentó las bases para una nueva etapa de integración.
El plan se desarrolla en tres zonas-fases cuyos objetivos están claramente definidos:
- Zona Táchira-Norte de Santander / Zulia-La Guajira / Cesar: consolidación del eje occidental. Estimular la producción conjunta, sustituir importaciones, generar empleos y convertir este eje fronterizo en un espacio de paz, integración productiva y entendimiento político. Es el núcleo del actual comercio binacional.
- Zona Apure-Arauca: impulso agroindustrial. Desarrollo agroalimentario y la transformación del aparato agroindustrial.
- Zona Amazonas-Guainía/Vichada: protección ambiental y desarrollo sostenible. Protección de la biodiversidad y la lucha contra la minería ilegal.
Las zonas se ubicarán inicialmente en puntos neurálgicos como San Antonio del Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia), Arauca y Puerto Carreño, y en el sur del lago de Maracaibo, con proyecciones hacia el Catatumbo. Estas regiones contarán con incentivos fiscales, simplificación de trámites y acceso preferencial a créditos binacionales. El objetivo es no solo reactivar el comercio formal sino también desincentivar el contrabando y la economía informal que ha alimentado redes de ilegalidad.
El acuerdo busca replicar experiencias exitosas como las zonas francas de la Unión Europea o la zona industrial fronteriza entre México y Estados Unidos, adaptadas al contexto latinoamericano. Petro destacó que la iniciativa "permitirá llevar el Estado a controlar la frontera como un espacio de prosperidad legal y sin mafias".
Se prefigura que sean espacios de desarrollo inclusivo, donde la mano de obra local, la producción agroindustrial y la innovación tecnológica tengan un rol protagónico. La meta es convertir la frontera en un polo de desarrollo.
Impulso sostenido al intercambio comercial
Los números confirman que la integración económica entre Venezuela y Colombia está en una fase de aceleración sin precedentes en los últimos 15 años.
Según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), durante el segundo bimestre de 2025 el comercio binacional alcanzó un volumen de 379,2 millones de dólares, lo que significa un aumento de 24,7% respecto a los 304 millones de dólares registrados en el mismo período del año anterior. Este dinamismo se sustenta en un aumento permanente de las exportaciones colombianas hacia Venezuela, especialmente de alimentos procesados, medicinas, insumos industriales y bienes de capital.
Entre enero y abril de 2025 el comercio bilateral creció 25,8%, superando los 360 millones de dólares. La agencia gubernamental colombiana ProColombia proyecta que las exportaciones de ese país hacia Venezuela registren los 1 600 millones de dólares al cierre de 2025, lo que superaría de lejos los 1 000 millones alcanzados en 2024.
A su vez, Venezuela ha comenzado a exportar hierro y acero, abonos, aluminio y sus manufacturas, combustibles y aceites y productos químicos orgánicos, especialmente hacia departamentos limítrofes. Este crecimiento ocurre a pesar de tensiones políticas ocasionales, lo que demuestra que los intereses económicos regionales están superando viejas desconfianzas.
Visión hacia la integración energética
Más allá del comercio de bienes, la integración energética emerge como el próximo gran peldaño en la relación bilateral. Venezuela, poseedora de las mayores reservas de petróleo en el mundo y de gas natural en América Latina, y Colombia, con una infraestructura de transporte energético desarrollada, tienen una oportunidad única de complementarse.
Uno de los puntos destacados del acuerdo de cooperación y del establecimiento de la Zona Económica Especial de Paz es la posibilidad de desarrollo conjunto de proyectos de interconexión eléctrica entre ambos países para favorecer tanto el desarrollo productivo como la infraestructura y los servicios para la población a ambos lados de la frontera.
Además, el memorándum establece la realización de inversiones conjuntas en la explotación, industrialización y distribución de gas y petróleo, con miras a fortalecer la integración energética regional.
El Gasoducto Antonio Ricaurte podría ser reactivado como eje central de un corredor energético que conecte los campos de gas del occidente venezolano con el sistema de ductos colombiano, lo cual abastecería no solo Cúcuta o Arauca sino también mercados regionales.
Venezuela tiene experiencia en la integración de sus capacidades energéticas con los países vecinos. Ha firmado acuerdos en el rubro con Trinidad y Tobago para la reparación conjunta de plantas de procesamiento de gas y el intercambio de tecnología. Estos tratos no solo fortalecen la soberanía energética sino que posicionan el Caribe sur como un bloque energético emergente.
Por otra parte, Brasil comenzó a importar electricidad desde Venezuela en 2024 mediante un convenio que busca diversificar sus fuentes tras años de sequía. Estos acuerdos marcaron el fin de ocho años de distanciamiento y han abierto la puerta a una red eléctrica regional.
La integración energética entre Colombia y Venezuela no es solo técnica, sino política. El acceso al gas venezolano podría reducir los costos industriales en la frontera colombiana, mientras que Venezuela obtendría divisas y tecnología para modernizar su infraestructura. Para la región, la cooperación en el rubro es una alternativa a la tutela externa y un camino hacia su autonomía.
Una meta: afianzar la paz y la seguridad en la frontera
Detrás de cada estadística comercial y cada acuerdo energético late un objetivo estratégico aun más profundo: la consolidación de la paz en la frontera. Durante años la región compartida ha sido escenario de confrontaciones entre cuerpos de seguridad, grupos armados ilegales y redes de narcotráfico. El vacío institucional y la marginalización económica alimentaron la presencia de actores como el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares.
La reapertura económica no es ajena a esta realidad. Muchos de estos grupos financian sus operaciones con el control del contrabando y el narcotráfico. Al reactivar el comercio formal, mejorar los ingresos locales y generar empleo digno, las zonas económicas binacionales atacarían las raíces materiales de la violencia. La frontera dejaría de ser un espacio de paraterritorialidad para convertirse en un lugar de oportunidades.
Además, la cooperación militar y de inteligencia entre ambos países ha aumentado no para construir un frente bélico —que ha sido la aspiración desde Estados Unidos, la oposición extremista venezolana y el uribismo— sino para combatir en conjunto el crimen organizado transnacional. Es así como el comercio, la inversión y la integración social se convierten en pilares de la seguridad.
No se trata de un experimento aislado para inaugurar mercados, ductos y fábricas compartidas: estas zonas son parte de una visión de integración regional que combina economía, energía y paz. Con datos comerciales en alza, proyectos energéticos integrales y voluntad política, ambos países tienen la oportunidad de transformar una frontera históricamente fracturada en un modelo de cooperación sur-sur.