El 3 de julio, en la Casona Cultural Aquiles Nazoa de Caracas, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos Delcy Rodríguez recibió al titular colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma. La reunión, la cuarta de alto nivel desde que Gustavo Petro restableció plenamente los vínculos bilaterales en 2022, se centró en "fortalecer la agenda energética y explorar nuevas oportunidades de cooperación", según ambos despachos.

Participaron el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el embajador colombiano Milton Rengifo, reflejando una mesa técnica que busca convertir la frontera en un corredor energético andino-caribeño basado en la complementariedad de recursos y mercados.

Integración soberana en marcha

Entre los puntos tratados destacó la hoja de ruta para la recuperación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, una infraestructura binacional de 225 kilómetros que, al momento de su inauguración en 2007, fue diseñada para transportar hasta 150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro Edwin Palma recordaron que la rehabilitación de esta tubería quedó formalmente incluida en el Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por ambos gobiernos en marzo de 2024; desde entonces operan mesas técnicas para evaluar inversiones y armonizar la normativa binacional que permitirá invertir el flujo y exportar gas venezolano a Colombia. Palma expuso las aspiraciones de Bogotá:

"Una gran ambición del Gobierno es volver a interconectar con Venezuela y seguir ayudando a Ecuador. El año pasado nos permitió, a pesar de nuestras limitaciones, llevar un poco de energía a ese país. También el interés es desarrollar interconexión con Panamá como esa gran apuesta de interconectar todos los pueblos del Caribe, porque alrededor de la energía llega la industria y el progreso".

El telón de fondo es el fuerte repunte comercial: entre enero y abril de 2025, el intercambio bilateral creció 25,8% y rozó los 380 millones de dólares, mientras las exportaciones colombianas hacia Venezuela superaron los 1.000 millones por primera vez en una década.

A esta dinámica se suma la creación de una Zona Económica Binacional de Inversiones, Producción y Comercio. El 5 de septiembre de 2024, el presidente Nicolás Maduro ratificó públicamente la propuesta —amparada en la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales— e invitó a empresarios de ambas naciones a aprovechar el nuevo marco de incentivos.

Meses después, el 13 de mayo de 2025, el mandatario anunció que Caracas y Bogotá ya avanzaban en el diseño de la zona y expresó su expectativa de contar con respaldo financiero y tecnológico de China para "levantar una poderosa plataforma industrial en la frontera".

Estas iniciativas confirman que la integración energética funciona como puerta de entrada a una cooperación económica más ambiciosa y de largo aliento.

El flanco oriental: ExxonMobil y el Esequibo

Bajo la sombra de ExxonMobil, Guyana se ha convertido en un petroestado de alquiler. El consorcio encabezado por la filial Esso E&P Guyana controla la totalidad del bloque Stabroek, bombea ya 667 mil barriles diarios y aspira a cerrar 2025 cerca de 900 mil barriles diarios, un volumen comparable al de toda Venezuela.

El contrato firmado en 2016 fija un 2% de regalías y apenas un 12,5% de utilidades netas para el fisco, frente a promedios mundiales de 10-15% en regalías y 70-80% de utilidades; hasta un 75% de los ingresos mensuales se usan primero para reembolsar a la compañía sus costos. Organismos ambientales y sectores sociales denuncian que las instituciones guyanesas "han sido capturadas por intereses extranjeros", mientras la pobreza sigue rondando el 40%.

En vez de sostener conversaciones soberanamente con su vecino occidental, Georgetown ha optado por la vía judicial y mediática. El 6 de marzo de 2025 pidió a la Corte Internacional de Justicia que prohibiera a Venezuela celebrar comicios locales en el Esequibo; la Corte acogió la solicitud y, el 1º de mayo, ratificó la orden cautelar. Paralelamente, la cancillería guyanesa reiteró que la "interpretación venezolana del Acuerdo de Ginebra de 1966 fue ya rechazada por la CIJ", desconociendo así el mecanismo de negociación política consagrado en ese tratado.

La ofensiva cuenta con respaldo abierto de Washington. El 27 de marzo, el senador estadounidense Marco Rubio viajó a Georgetown y advirtió que "sería un muy mal día" para Caracas si "ataca a Guyana o a ExxonMobil", al tiempo que el Comando Sur realizó maniobras navales conjuntas con la Fuerza de Defensa guyanesa.

En el mar la tensión es constante. El 1º de marzo, durante la Operación General Domingo Antonio Sifontes, el patrullero venezolano AB Guaiquerí (PO-11) detectó 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros operando ilegalmente en aguas aún sin delimitar. Un comunicado del Ministerio de Defensa rechazó las acusaciones tendenciosas del presidente guyanés Irfaan Ali, recordó que Guyana carece de jurisdicción en la zona en disputa y denunció que ExxonMobil viola abiertamente el Derecho Internacional con la anuencia de Washington.

En ese clima, fue anunciado recientemente que ExxonMobil entregó a Guyana un 20% del Stabroek (9% ya devuelto y 11% por ceder), exactamente en la franja noroccidental adyacente al corredor del delta del Orinoco. Georgetown lo presenta como un mero ajuste a la Petroleum Activities Act, pero la propia empresa admite que dejó la exploración inconclusa: la retirada responde al salto de las pólizas contra riesgo de guerra y expropiación tras las intercepciones navales venezolanas y los ejercicios del Comando Sur, factores que disparan los costos y erosionan la rentabilidad de operar en esa zona.

La petrolera se reagrupa, entonces, en las áreas menos disputadas del bloque, donde proyecta aumentar la producción, confirmando que la "devolución" del 20% no es un gesto de buena voluntad, sino una maniobra defensiva para contener riesgos mientras Guyana sigue operando como proxy de intereses foráneos.

Dos modelos contrapuestos

Venezuela mantiene dos vecindades energéticas opuestas. Con Colombia prevalece un modelo interestatal; ambos gobiernos definen metas conjuntas, crean mesas técnicas paritarias y conservan la propiedad pública de los recursos. La energía es palanca de desarrollo compartido y las discrepancias se procesan dentro de una institucionalidad binacional sin tutelas externas.

En contraste, Guyana opera bajo un modelo de enclave corporativo. ExxonMobil decide el ritmo extractivo, diseña la financiación y orienta la diplomacia guyanesa hacia el lawfare en la CIJ, minando desde todo punto de vista el Acuerdo de Ginebra de 1966. Washington respalda el montaje con ejercicios militares y amenazas explícitas, posicionando a Georgetown como puesto avanzado de su geopolítica.

Resultado: mientras el corredor colombo-venezolano se construye sobre la base de la cooperación soberana y la planificación pública, a favor del desarrollo socioeconómico de ambos países, la relación con Guyana se traba en un triángulo donde los intereses corporativos y la proyección de poder estadounidense relegan la diplomacia vecinal a un segundo plano y convierten el territorio disputado en punto de fricción permanente.