La reciente publicación del New York Post, titulada "El FBI intensifica operaciones contra cártel vinculado al régimen represivo de Maduro en Venezuela", refleja un intento por revivir acusaciones sin fundamentos. La narrativa que asocia al gobierno venezolano con el narcotráfico ha sido una herramienta recurrente de la política exterior estadounidense.

Esta medida no es nueva: en 2005 el gobierno venezolano suspendió la colaboración con la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) tras encontrar evidencias sobre que ejecutaba operaciones de espionaje. En respuesta Washington retiró la certificación de Venezuela como socio cooperativo en la lucha contra el narcotráfico, y la etiquetó como uno de los dos países que "no realizó esfuerzos sustanciales demostrables" en la campaña antidrogas. 

Este patrón de acusaciones y descalificaciones infundadas se utiliza en momentos estratégicos para justificar acciones de presión.

No es casual que mientras Donald Trump enfoca su atención hacia otros frentes internacionales, figuras como Marco Rubio intenten reactivar este método de agresión. El artículo, firmado por Diana Glebova y Jennie Taer, periodistas que han abordado el tema del Tren de Aragua desde una perspectiva de "amenaza transnacional", recicla la misma táctica utilizada durante el primer mandato de Trump, cuando se fabricaron señalamientos de narcotráfico y terrorismo contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.

Basándose en fuentes anónimas e incomprobables, el texto sostiene que el FBI ha redoblado sus acciones contra el inexistente y prefabricado "Cártel de los soles", presentándolo como una prioridad de seguridad nacional dentro de la política de "Estados Unidos primero".

Coincidiendo con la publicación del artículo, el Secretario de Estado reiteró su discurso sobre Venezuela como una supuesta "amenaza regional". En un comunicado oficial felicitó al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, aprovechando para embestir nuevamente contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, países asucados sin pruebas de comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos y su estabilidad económica.

Asimismo, en una reciente entrevista con Fox News insistió en su caracterización de Venezuela como un foco de inestabilidad. La sincronización de estas declaraciones y publicaciones sugiere la posibilidad de que se esté preparando un nuevo episodio de agresión bajo el pretexto de ejecutar acciones en nombre de la "seguridad regional" estadoundiense. 

A lo largo de su carrera Rubio ha sido uno de los principales impulsores de sanciones ilegales y medidas destinadas a aislar a Venezuela en el escenario internacional. Ahora, su posición dentro del Departamento de Estado busca consolidar esta agenda por medio del FBI y otras instancias gubernamentales.

Excusa para la agresión

En el capítulo dedicado a Venezuela de su libro Un juramento sagrado: memorias de un Secretario de Defensa en tiempos extraordinarios, Mark Esper, exsecretario de Defensa durante la primera administración de Trump, revela cómo se construyó un discurso que vinculaba al gobierno venezolano con el narcotráfico.

Más que una acusación basada en pruebas fehacientes, esta narrativa fue diseñada con fines geopolíticos para justificar medidas coercitivas e impulsar el cambio de régimen.

Al analizar las reuniones y discusiones que describe, queda en evidencia que el objetivo no era combatir el tráfico de drogas, evidentemente, sino generar consenso para intensificar la presión sobre Caracas.

Según el libro, en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) altos funcionarios como el fiscal general William Barr y el secretario de Estado Mike Pompeo insistieron en que el gobierno venezolano había "convertido el tráfico de drogas en un arma contra Estados Unidos".

Barr, en particular, sostuvo que el país servía como un corredor clave para la cocaína proveniente de Colombia con el fin de desestabilizar la sociedad estadounidense; pero tales afirmaciones carecían de sustento empírico.

El testimonio de Esper deja claro que esta acusación no surgió de un análisis objetivo sino que fue deliberadamente promovida como un recurso político con vistas a justificar acciones más agresivas. De hecho, comenta que tales iniciativas no solo carecían de sustento legal y estratégico sino que habrían representado una peligrosa escalada en la región.

A pesar de la falta de evidencias, la narrativa fue amplificada por medios de comunicación y think tanks alineados con la política exterior de Washington, y operó como un pretexto conveniente para legitimar sanciones económicas ilegales, maniobras diplomáticas coercitivas e, incluso, la planificación de operaciones militares encubiertas.

El exsecretario, quien fue testigo y actor clave en la Casa Blanca, confirma cómo algunos sujetos políticos recurrieron a medidas peligrosas y desesperadas por réditos políticos.

La proxy de Marco Rubio

El exsenador, conocido por su obsesión con la agenda de agresión contra el gobierno venezolano, ha sido uno de los principales impulsores de la versión que vincula a Venezuela con el narcotráfico y el terrorismo.

Desde las sombras, el exsenador republicano ha trabajado para mantener viva esta agenda, incluso cuando la administración Trump ha mostrado menos interés en priorizar el cambio de régimen en Venezuela durante este segundo mandato.

La reciente gira del jefe de la diplomacia estadounidense por Centroamérica y su desempeño en el cargo han dejado en evidencia su relegación a un plano secundario dentro del gobierno de Trump.

Desde una perspectiva institucional, puede parecer una figura central en la toma de decisiones, pero realmente Rubio ha quedado marginado en un gobierno en el que el presidente prefiere el consejo de otros funcionarios y enviados especiales.

Esta pérdida de influencia lo está llevando a actuar de manera indirecta o a tercerizar sus maniobras. En Venezuela, María Corina Machado funge como un instrumento proxy para generar condiciones que desemboquen en una campaña de "máxima presión" 2.0, mientras que en Guyana, el gobierno de Irfaan Ali cumple un rol similar en el ámbito de la geopolítica caribeña. 

Este movimiento busca endurecer el cerco contra Venezuela incentivando conflictos y tensiones que favorezcan los intereses geopolíticos de una facción política dentro del denso entramado político de Washington.

En el caso de Machado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha encontrado una vasalla dispuesta a repetir acusaciones infundadas de narcotráfico y terrorismo contra el gobierno venezolano, con el objetivo de llamar la atención de Trump y justificar un movimiento de fuerza de la Casa Blanca.

Es oportuno destacar que la postura del cubano-estadounidense contra Venezuela ha quedado expuesta de manera explícita en sus declaraciones durante la sesión de nominación para el cargo de secretario de Estado en enero de 2025. En dicha ocasión, afirmó:

"Venezuela, lamentablemente, no está gobernada por un gobierno. Está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado de un Estado nacional. Y hemos visto, creo, que más de 789 millones de venezolanos acaban de abandonar el país. Se espera que se vayan más. Estuve en total desacuerdo con la administración Biden porque los engañaron de la manera que sabía que los engañarían. Entraron en negociaciones con Maduro. Él aceptó tener elecciones. Las elecciones fueron completamente falsas. Usaron la migración en nuestra contra para obtener esas concesiones, y ahora tienen estas licencias generales donde empresas como Chevron en realidad están proporcionando miles de millones de dólares de dinero a las arcas del régimen, y el régimen no cumplió ninguna de las promesas que hizo. Así que todo eso necesita ser reexplorado porque en Venezuela tienes la presencia rusa, tienes una presencia iraní muy fuerte. Los iraníes, de hecho, están explorando, están empezando a construir fábricas de drones para la fabricación de drones iraníes en nuestro propio hemisferio, por no mencionar la larga práctica del régimen venezolano de proporcionar pasaportes reales pero ilegítimos a los operativos de Hezbolá en nuestro propio hemisferio."

Estas declaraciones revelan de manera clara el libreto que el actual secretario de Estado sigue contra Venezuela, utilizando cada excusa posible para justificar una agenda de agresión, incluidas acusaciones desmedidas que buscan construir, precisamente, un argumento favorable a la intervención y al cerco económico contra el país.

el lobby israelí

Machado no solo se ha dedicado a repetir las acusaciones infundadas contra el gobierno venezolano sino que también ha estrechado lazos con el lobby israelí, un sector históricamente adverso a la política gubernamental.

En 2018 dirigió una carta al entonces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al expresidente argentino Mauricio Macri, instándolos a utilizar su "fuerza e influencia" para derrocar el gobierno venezolano, al que calificó como un "régimen criminal vinculado con el narcotráfico y el terrorismo". En su misiva intentó asociar a Venezuela con Irán y grupos extremistas, presentándolos como una amenaza para Israel y Argentina.

Este alineamiento se ha intensificado en los últimos meses. En enero de 2025 el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, sostuvo una conversación telefónica con Machado y con Edmundo González Urrutia, a quien posteriormente invitó a visitar su país. En febrero González Urrutia se reunió con Sa’ar para abordar el supuesto impacto del gobierno venezolano sobre la "seguridad occidental". 

Estos encuentros evidencian la creciente articulación entre la facción de Machado y el lobby israelí. Su principal objetivo es atraer atención y apoyo de facciones de larga data opuestas al gobierno venezolano con el fin de ganar relevancia tanto en el ámbito interno como en el escenario internacional. A través de estas alianzas Machado busca consolidar un acercamiento que refuerce la propaganda de que el país representa una "amenaza" ligada a los actores adversos a Washington y Tel Aviv.

Al plegarse a esta estrategia busca reactivar la agenda de cambio de régimen, una prioridad que ha perdido fuerza en la administración Trump. Su discurso, amplificado por medios internacionales y sectores influyentes de la política estadounidense, sirve como instrumento para forzar escenarios que justifiquen una mayor presión sobre Venezuela, ya sea a través de sanciones ilícitas o medidas más agresivas dentro del umbral de las operaciones encubiertas.

El 15 de enero de 2025, días antes de la juramentación de Trump, el New York Times publicó un artículo de Bret Stephens, columnista cercano al lobby israelí, en el que expone un plan detallado para derrocar al gobierno venezolano, y lo presenta como una cuestión de seguridad nacional y un imperativo moral para Estados Unidos.

Stephens argumenta que la permanencia del presidente Maduro en el poder debe ser revertida mediante una combinación de "diplomacia coercitiva" y, si es necesario, el uso de la fuerza.

El plan que expone contempla dos vías: ofrecer al mandatario y a sus aliados un "poderoso incentivo" para que abandonen el poder y se exilien en países como Cuba o Rusia, con garantías de amnistía a militares y funcionarios que respalden la transición; y, por otro lado, construir una "amenaza creíble" de intervención militar estadounidense, tomando como referencia la invasión de Panamá en 1990 contra Manuel Noriega.

Según Stephens, esta combinación de presión y negociación podría precipitar la salida del presidente venezolano sin necesidad de recurrir directamente a una intervención militar, aunque no descarta esta opción como último recurso.

Además, justifica su postura afirmando que Venezuela representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos debido a su supuesta conexión con el narcotráfico, la crisis migratoria y la creciente influencia iraní en la región.

En resumen, la reactivación de la narrativa que vincula al gobierno venezolano con el narcotráfico y el terrorismo no es un hecho aislado sino parte de una estrategia orquestada para mantener la presión sobre Venezuela y justificar acciones más agresivas en su contra.

La sincronización de artículos en medios alineados con Washington, las declaraciones de figuras como Marco Rubio y el uso de figuras como María Corina Machado revelan un entramado que busca consolidar el cerco geopolítico contra Caracas.

El exsenador, relegado dentro de la administración Trump, recurre a intermediarios para mantener su agenda de agresión vigente, apelando a los mismos argumentos utilizados en el pasado con vistas a construir un ambiente favorable a nuevas sanciones y posibles intervenciones.

El involucramiento del lobby israelí y la reiteración de acusaciones infundadas forman parte del mismo libreto que, bajo diferentes administraciones, ha servido para nutrir el caldo de cultivo de medidas coercitivas.

La insistencia en ese discurso, a pesar de su desgaste y falta de pruebas concretas, indica que ciertos sectores dentro del poder estadounidense buscan justificar la materialización de una campaña de "máxima presión".

Estas son las cartas bajo la manga del extremismo venezolano y sus patrocinantes extranjeros: una estrategia desgastada pero persistente que, aunque hoy no goza de su antiguo vigor, insiste en reavivar viejas tácticas para nuevos ataques. Su militancia por la destrucción del país no ha cesado pues, al contrario, se reinventa.