El pasado 18 de febrero el gobierno de Guyana difundió un supuesto ataque contra sus tropas en la ribera del río Cuyuní, en el territorio venezolano del Esequibo. Según Georgetown, seis soldados guyaneses resultaron heridos cuando presuntos hombres armados "venezolanos" abrieron fuego durante una misión de reabastecimiento.

Sin embargo, Venezuela rechazó categóricamente estas acusaciones calificándolas como un "vil montaje" diseñado para manipular la opinión pública y encubrir las reiteradas violaciones al marco jurídico internacional cometidas por Georgetown en el territorio en disputa.

A través de un comunicado oficial el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que este incidente fue una operación de falsa bandera orquestada para justificar la creciente militarización de la zona con el respaldo del Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo a la información preliminar recabada por Caracas, las personas heridas no pertenecían a tropas guyanesas en misión regular sino a elementos vinculados con la minería ilegal que operan en la región con el amparo del ejército y la policía del país vecino.

El incidente del río Cuyuní no puede entenderse como un hecho aislado, es la primera señal de una nueva agenda de provocación contra Venezuela.

Tal tipo de operaciones, históricamente empleadas como marco para intervenciones militares, sanciones o injerencias en diversas regiones, siguen un patrón bien definido: se llevan a cabo maniobras encubiertas para culpar al adversario y crear una narrativa que legitime medidas posteriores de fuerza y agresión.

Operación Militar Conjunta "General Domingo Antonio Sifontes"

El 1.° de marzo el presidente guyanés Irfaan Ali, apodado como el "Zelenski del Caribe" debido a su papel como figura representativa o "proxy" en el conflicto contra Venezuela, acusó a este país de incursionar en aguas que, según su versión, pertenecen a Guyana.

Ali afirmó que "aproximadamente a las 7:00 horas —del sábado— un buque patrullero de la Armada venezolana entró en aguas de Guyana" y que "durante esta incursión el buque venezolano se acercó a varios activos en nuestras aguas exclusivas". 

Estas declaraciones, divulgadas en su cuenta de Facebook, carecen de fundamento jurídico ya que las aguas en cuestión están pendientes de delimitar y son parte del disenso territorial regulado por el Acuerdo de Ginebra.

Además, el guyanés señaló que Georgetown "ha puesto a sus socios internacionales en estado de alerta después de que un buque patrullero militar venezolano informara a los buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) en el bloque Stabroek que estaban operando en aguas internacionales en disputa".

Dichas afirmaciones buscan extrapolar la disputa y generar una relato victimista, ignorando que ExxonMobil no tiene derecho a explotar recursos en esa zona.

Ante esto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en aguas pendientes de delimitar, los cuales operan bajo el consentimiento del gobierno de Ali.

Sus actividades, que incluyen la explotación y comercialización de hidrocarburos, violan flagrantemente el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico vigente que rige la solución práctica y satisfactoria de este diferendo territorial.

En respuesta, la institución venezolana efectuó la operación militar conjunta "General Domingo Antonio Sifontes", destinada a resguardar la integridad de los espacios marítimos de la Fachada Atlántica venezolana. Durante esta maniobra el patrullero oceánico AB Guaiquerí (PO-11) realizó labores de vigilancia y monitoreo que dejaron constancia, mediante imágenes satelitales, de la presencia de los buques extranjeros en la zona en controversia.

Venezuela ha denunciado en reiteradas ocasiones que Guyana actúa como un proxy de potencias extranjeras, y facilita la explotación de recursos naturales en detrimento de los derechos históricos y jurídicos del país.

La FANB rechazó categóricamente las declaraciones del presidente guyanés, así como las posturas parcializadas de algunos organismos regionales que, lejos de contribuir con una solución pacífica, promueven la hostilidad y las políticas guerreristas.

La complicidad internacional

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y varios gobiernos extranjeros emitieron declaraciones que no solo ignoran el marco legal establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 sino que también muestran una clara complicidad en un asunto sensible en términos de seguridad regional.

• La OEA condenó de manera inequívoca las acciones de la FANB calificándolas como "actos de intimidación" y una "clara violación del Derecho Internacional".
• Estados Unidos, a través de su subsecretaría para el Hemisferio Occidental, las calificó como "inaceptables" y una "violación del espacio marítimo de Guyana". El gobierno estadounidense, que ha respaldado abiertamente a Guyana y a ExxonMobil, advirtió que "una mayor provocación tendrá consecuencias para el régimen de Maduro".
• Reino Unido, a través de su secretario de Estado para Relaciones Exteriores, David Lammy, también se sumó a la campaña contra Venezuela, y definió el despliegue de la FANB como un "acto provocador".
• Francia expresó su "preocupación" por la incursión del patrullero venezolano en la "zona económica exclusiva de Guyana" e instó a Venezuela a respetar la "soberanía y la integridad territorial de Guyana".

Estos actores intentan legitimar una mayor injerencia en la región.

El precedente del Golfo de Tonkín: forzar el casus belli

La historia ha demostrado en múltiples ocasiones cómo Estados Unidos, en su afán por justificar intervenciones militares y acciones hostiles, ha forzado incidentes que sirven como excusas para escalar conflictos.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta estrategia fue el incidente del golfo de Tonkín en 1964, un evento crucial que marcó el inicio de la participación masiva de Washington en la Guerra de Vietnam. Tal precedente histórico tiene alarmantes paralelos con la situación actual que enfrenta Venezuela en su frontera oriental.

En agosto de 1964 el gobierno de Estados Unidos reportó dos supuestos ataques de Vietnam del Norte contra el destructor USS Maddox en el mencionado olfo. En particular el segundo ataque, reportado el 4 de agosto, nunca ocurrió. Investigaciones posteriores, incluidos los "Papeles del Pentágono" desclasificados en 1971, revelaron que el incidente fue producto de una fabricación.

A pesar de esto, el entonces presidente Lyndon B. Johnson utilizó ambos episodios para solicitar al Congreso la Resolución del Golfo de Tonkín, que autorizó una escalada militar sin una declaración formal de guerra. Este argumento permitió a Estados Unidos aumentar su presencia militar en Vietnam desde 60 mil hasta 500 mil soldados, lo cual marcó el inicio de una de las guerras más largas y devastadoras del siglo XX.

La participación de la CIA en operaciones encubiertas en la región, así como la posterior desclasificación de documentos, confirmaron que el gobierno estadounidense buscaba una excusa para intensificar su intervención en Vietnam.

El incidente del golfo de Tonkín no fue más que una manipulación política diseñada para sustentar una guerra que respondía a intereses geopolíticos y económicos, y no a una amenaza real.

Actualmente Venezuela enfrenta una situación de similares características, en la que actores externos, en complicidad con el gobierno de Ali, buscan construir un argumento que respalde actuaciones intimidatorias contra la nación bolivariana.

Las recientes declaraciones de la OEA, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que condenan las acciones legítimas de la FANB en la Guayana Esequiba, forman parte de un guion preestablecido y deliberado para presentar a Venezuela como un agresor en este escenario regional.

La estrategia busca recrudecer el conflicto y establecer motivos para una posible intromisión, tal como ocurrió con el incidente del golfo de Tonkín.

Cambiar la agenda de Trump: una operación psicológica en curso

En este contexto, es evidente que se está desarrollando una operación psicológica y mediática cuidadosamente orquestada para captar la atención de la administración estadounidense, particularmente del presidente Donald Trump.

Al presentar a Venezuela como una amenaza inminente, se busca presionar a la Casa Blanca para que priorice esta controversia como un tema de seguridad regional. La lógica es simple: si ese gobierno percibe que la estabilidad del Caribe y el acceso a los recursos energéticos de la zona están en riesgo, es más probable que intervenga o refuerce su apoyo a Guyana.

Sin embargo, esto también responde a una dinámica interna en Estados Unidos. Trump, conocido por su enfoque más pragmático y menos intervencionista en política exterior, ha mostrado una preferencia por el repliegue en conflictos internacionales.

Esto representa un desafío para los sectores de la clase política estadounidense que históricamente han promovido agendas de coerción contra Venezuela. Para estos actores, las tensiones con Georgetown son una oportunidad para abrir un nuevo frente de atención que obligue a Trump a tomar una posición más activa, incluso si esto va en contra de su tendencia natural al repliegue.

De hecho, la caracterización de Irfaan Ali como el "Zelenski del Caribe" responde a que ese sujeto se presenta como víctima de una agresión externa, lo que facilita la movilización de apoyo extranjero, tal como ocurre con Ucrania.

Dicho discurso, amplificado por los medios de comunicación y por los actores políticos aliados, tiene como objetivo final captar la atención de Trump y forzar a su administración a tomar medidas concretas, ya sea a través de sanciones, apoyo militar o una mayor presencia en la región.

El incidente del río Cuyuní, las acusaciones infundadas de Guyana y las declaraciones parcializadas de organismos internacionales claramente alineados con Washington parecen seguir un esquema ya conocido: fabricar una amenaza para justificar acciones hostiles, en defensa de los intereses energéticos privados de ExxonMobil. 

Siguiendo las coordendas del golfo de Tonkín, donde un incidente inventado sirvió de pretexto para la escalada militar en Vietnam, actualmente se intenta construir una narrativa que presente a Venezuela como un agresor con vistas justificar un nueva ofensiva internacional de agresión.