Mar. 20 Abril 2021 Actualizado ayer a las 4:56 pm
El antichavismo iza la bandera de la R2P

Colombia, grupos armados y combates en la frontera: análisis más allá de Apure

La frontera colombo-venezolana vuelve a calentarse con los últimos acontecimientos bélicos que involucran a grupos irregulares delictivos provenientes de Colombia y los cuerpos de seguridad de la República Bolivariana, y como todo punto álgido de conflicto, está siendo sobresaturado de informaciones y narrativas cruzadas que valen la pena analizar pues evidencian un tratamiento informativo forjado de acuerdo a ciertas tácticas de guerra híbrida.

Debemos empezar por hilar algunos acontecimientos reportados en medios de comunicación o emitidos por los actores principales del conflicto con el objeto de comprender el contexto en que se insertan los ataques informativos y, sobre todo, tener ante nuestros ojos el panorama lo más amplio posible del foco fronterizo que hoy irrumpe en Venezuela.

El objetivo de la Operación Escudo Bolivariano 2021

Lo primero que se debe mencionar es que desde el mes de febrero se había venido preparando en Venezuela la Operación Escudo Bolivariano 2021 en el marco de los ejercicios militares conjuntos "Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 2021", activados por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) a principios de marzo con el fin de "incrementar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, combatir y expulsar las amenazas internas, externas y grupos armados colombianos que pudieran hallarse en la nación".

Se tratan de maniobras militares que incluyen a los cuatro componentes de la FANB (Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana de Venezuela, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana), la Milicia Bolivariana y otros organismos de seguridad del Estado venezolano en el espacio territorial que reúne las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las 28 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y 99 Áreas de Defensa Integral de la República Bolivariana de Venezuela.

No es la primera vez que la Operación Escudo Bolivariano del CEOFANB se despliega por las regiones fronterizas de Venezuela, cuando en febrero, marzo y abril de 2020 se llevaron adelante los ejercicios en diferentes fases, además de que este tipo de instrucción entre los diversos componentes securitarios del país se habían dado con la Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura 2019 (febrero de ese año), el Ejercicio de Acción Conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019 (julio-agosto de ese año) y el Ejercicio Venezuela Soberanía y Paz 2019 (septiembre de ese año).

En el presente, y al cierre de este análisis especial, la operación se encuentra en estado de combate. El presidente Nicolás Maduro aseguró que antes de que las autoridades venezolanas iniciaran procedimientos militares en la frontera colombo-venezolana se hizo un trabajo de inteligencia y contrainteligencia con el que fue posible ubicar las amenazas que fungen de objetivo a los ejercicios.

Pero ya desde febrero había resultados de la Operación Escudo Bolivariano 2021: el 12 de febrero la FANB desmontó ocho campamentos, destruyó ocho narcopistas de aterrizaje e incautó una aeronave con matrículas falsas, paneles solares, uniformes y material de guerra en el municipio Pedro Camejo del estado Apure. Últimas Noticias reportó que "durante dos semanas se generaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos subversivos presentes en la zona del municipio Pedro Camejo", por lo que ya se estaban presentando situaciones de combate en la ZODI Apure antes de los sucesos de este mes, un dato a tener en cuenta debido al tratamiento sobreinformativo de los enfrentamientos que ocurren en el presente.

Pero poco antes, aunque en otro punto geográfico de Venezuela, se dio a cabo la Operación Jiwi 2021 también en el marco de la Operación Escudo Bolivariano. El 5 de febrero hubo enfrentamientos con una célula de grupos irregulares procedentes de Colombia en tres sectores en las adyacencias de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, luego de que fuera localizada mediante patrullaje y búsqueda por unidades del CEOFANB.

Podemos ponderar que el sector militar venezolano ha estado desde hace meses ejecutando ejercicios y operaciones que dan cuenta de una importante actividad delicuencial por parte de grupos armados no estatales que atraviesan la porosidad de la frontera colombiana para llegar a territorio venezolano con diversos fines, el más importante relacionado con el tráfico de sustancias ilícitas.

Generalmente, el sur de la frontera venezolana no tiene los mismos focos mediáticos que el occidente, ya que Táchira y Zulia fungen como las principales arterias migratorias por las que se pueden llegar más fácilmente a las grandes ciudades colombianas, y viceversa. Con el estado Apure limitan los departamentos de Arauca y de Vichada, ambos integrados geográficamente por las llanuras de la Orinoquía. La densidad selvática no hace de estos puntos fronterizos tan transitados, excepto para las poblaciones características de la región, aquellas que conforman la "frontera social" y la "frontera económica", caracterizadas por estar integradas históricamente en el conflicto violento de media centuria en Colombia.

"El balance general [de la Operación Escudo Bolivariano 2021 en su capítulo Apure] hasta el momento arroja seis terroristas neutralizados, 27 sospechosos puestos a la orden del Tribunal Militar Nro. 14 de control, y otros 12 detenidos el día de ayer (viernes 26 de marzo)", dijo el G/J Vladimir Padrino López, ministro venezolano de Defensa, en rueda de prensa internacional el sábado 27.

El ministro señaló que durante el operativo también se decomisaron armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, paquetes de droga y equipos tecnológicos con información relativa a las actividades del grupo irregular colombiano.

Asimismo lamentó la pérdida de dos efectivos oficiales venezolanos asesinados y más de 20 heridos por armas de fuego durante los combates.

Llaman la atención las tácticas usadas por los grupos irregulares colombianos, características de la narcocultura tan difundida por la televisión y los medios corporativos, que incluyen la posición de minas antipersonales en los alrededores de los campamentos donde operaban su industria; la ejecución de campañas de guerra psicológica sobre la población del territorio invadido a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp con el fin de extender el pánico social, reclutar operadores locales e intentar inocular un sentimiento antigubernamental mediante fake news y otros mecanismos de infoguerra (como el bulo de los "falsos positivos" acometidos por las fuerzas venezolanas, que será amplificado por el gobierno de Iván Duque y el Team Guaidó, y que comentaremos más adelante); y el ataque a instituciones e infraestructuras públicas (CORPOELEC, SENIAT y PDVSA) con armas pesadas y explosivas.

También puede notarse la huella del conflicto colombiano en el uso criminal de las personas desplazadas por el narcotráfico y los enfrentamientos como escudos humanos para cruzar del lado venezolano al vecino, una táctica calificada como crimen de guerra según el Estatuto de Roma.

Los resultados anunciados dan cuenta de cuál es el objetivo de las operaciones militares, siendo el G/J Padrino López el vocero estatal denunciante de los actores políticos que impulsan el esquema criminal que se encuentra en proceso de inserción en la frontera colombo-venezolana. El combate del Estado venezolano a Los Rastrojos y otros actores no estatales relacionados al narcotráfico y diversas actividades delictivas en el occidente del país es un precedente inmediato de las acciones que ha llevado a cabo la FANB y demás instituciones securitarias nacionales, tomando en cuenta la profunda relación existente entre el narco colombiano, el Estado hoy presidido por Iván Duque, los carteles mexicanos y la Administración de Control de Drogas (DEA, sus siglas en inglés)​, agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa, el G/J Padrino López informó que el foco en estos momentos se encuentra al sur del país debido a los indicios que indican el análisis de inteligencia, de contrainteligencia militar y de los hechos. En este año, el 21 de enero, el 30 de enero, el 21 de febrero y el 10 de marzo, fueron neutralizadas aeronaves y cargamentos de sustancias ilícitas, entre otros utensilios del narcotráfico como ya ha sido mencionado en este reporte, en el contexto de la Operación Escudo Bolivariano 2021.

Estos elementos conforman un cuadro de operación antinarcóticos del Estado venezolano, sin perder de vista el factor del narcotráfico cuyo mercado funciona como "lubricante" de su economía. Se trata de cortar de raíz un "corredor criminal en la frontera", como lo declara un comunicado firmado por el mismo Ministro de Defensa venezolano publicado el mismo sábado 27.

El teatro de operaciones circunda un total aproximado de 10 mil kilómetros cuadrados, en un triángulo geográfico en el sur del estado Apure, entre El Nula, La Victoria y Guasdualito, siendo la segunda localidad protagonista de las operaciones de insurgencia colombiana y de contrainsurgencia en sus adyacencias.

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Zona donde toma acción la Operación Escudo Bolivariano 2021 (Foto: Captura de imagen)

Cabe destacar en este informe que el enfoque usado por las autoridades venezolanas en las operaciones de contrainsurgencia combina el tradicional "centrado en el enemigo", orientado hacia la destrucción total por la fuerza del enemigo, con el "contemporáneo centrado en la población", que plantea la protección de las poblaciones y la recuperación de la legitimidad estatal sobre el espacio territorial. Se contemplan el uso militar de manera unívoca sobre los grupos armados criminales y el resguardo de los derechos humanos fundamentales por parte del Estado en el mencionado teatro de operaciones.

Existe, entonces, una decisión y acción contundente del Estado venezolano en golpear directamente a los grupos irregulares foráneos que invaden el estado Apure, mientras de manera simultánea atiza indirectamente contra la estructura narcotraficante de Colombia. Apure-Arauca es un corredor estratégico por ser geográficamente plano para los despachos aéreos rumbo a México. Los últimos derribos de narcoaviones han venido desde esa ruta. Y eso no es una casualidad.

El narco colombiano, el cartel de Sinaloa y la DEA

En el citado comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se ofrece una explicación de las causas de los recientes acontecimientos violentos en el estado Apure:

"Esta situación de violencia que está afectando a nuestros estados limítrofes con la nación neogranadina, es el resultado del total abandono de sus fronteras durante décadas por parte de las autoridades de ese país, que padece un conflicto armado, cuyo origen radica en la desigualdad social, la injusticia y el ejercicio ciego del poder de una rancia oligarquía subordinada a lineamientos imperiales (las negritas son nuestras)".

Resaltamos el hecho de que existe un abandono, diríamos con beneplácito, del Estado colombiano para asegurar los derechos humanos fundamentales de las poblaciones de sus fronteras, un consentimiento que repercute positivamente a la economía criminal que atraviesa estructuralmente a Colombia. La propia exposición de la zona fronteriza del lado colombiano al circuito de grupos armados no estatales es un convenio que parece establecerse entre el Estado y actores paraeconómicos nacionales y transnacionales.

De por sí, el saldo del conflicto armado que ha azotado a Colombia durante más de medio siglo, en términos territoriales y económicos, consiste en la imposición de un narcoestado claramente tutelado por el gobierno de los Estados Unidos, que terceriza sus operaciones económicas y financieras a través de los grupos armados no estatales que conforman el panorama actual post-firma de los Acuerdos de Paz en La Habana en 2016. Lo que algunos analistas identifican como un "abandono" de los territorios antes ocupados por el extinto ejército de las FARC, ahora minados por numerosos grupos armados de distinta denominación de origen, y desde luego expandidos mediante la táctica del desplazamiento violento de comunidades rurales en todo el país en conjunto con la implementación de la narcoeconomía, puede ser visto como un plan para construir un entramado mucho más eficiente que encubra el negocio que realmente "lubrica" la economía colombiana, principal razón del protectorado celoso de la DEA y el ejército estadounidense.

Ello ha repercutido en una Colombia altamente desigual, donde es más fuerte, por ejemplo, el caudillismo que impone la figura de Álvaro Uribe Vélez y sus crímenes impunes que las evidencias en su contra presentadas ante las cortes judiciales y medios de comunicación. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, informó que el rebrote de violencia en Colombia ha desplazado o confinado a 13 mil 422 personas (casi la mitad de ellas menores de edad) solamente en 2021, un dato sombrío de la actual situación del país otrora neogranadino.

Lo importante mencionar aquí es que el desarrollo del conflicto atrajo a fuerzas trasnacionales que, atraídos por el funcionamiento del poder paraeconómico, se insertan como actores de importancia capital en dicho contexto y modifican el esquema de división regional del narcotráfico, en el que la producción de cocaína es llevada a cabo en Colombia, de donde es extraída y trasladada por carteles preponderantemente mexicanos hacia los Estados Unidos, principal consumidor de drogas ilícitas del mundo, transitando países como Venezuela, Panamá, Honduras, entre otros puntos nodales de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

La presencia del narco mexicano es clave para comprender la actual estructura del narcotráfico colombiano. Según el consejero presidencial para la seguridad nacional de Colombia, Rafael Guarín, entrevistado por Reuters, cuatro carteles provenientes de México controlan la compra y el tráfico de cocaína en Colombia: "Los mexicanos son los principales compradores de la oferta de coca que se produce en Colombia. Los mexicanos se encargan fundamentalmente de la compra, del tráfico y la venta en los Estados Unidos".

"El papel que ellos cumplen básicamente aquí (en Colombia) es el envío de emisarios y de negociadores y también de individuos que verifican la calidad de los estupefacientes que salen por Venezuela o que salen del Pacífico o el norte de Ecuador hacia Centroamérica y el mercado de los Estados Unidos", explicó el funcionario, lo que confirma el dato de que el Estado colombiano posee elementos de inteligencia de la situación en la frontera teniendo como protagonistas a los operadores del narcotráfico colombo-mexicano.

El Cartel de Sinaloa es el más activo en el narcotráfico en Colombia con vínculos en diferentes regiones del país con diferentes grupos criminales, disidencias y residuales de las FARC y el Clan del Golfo, como puede probarse con una búsqueda pormenorizada en la web. Reportan incluso los usos de los emisarios de los carteles mexicanos, quienes verifican el peso y la pureza de droga que sale de Colombia, coordinan los envíos al exterior por vía marítima o aérea y en algunas zonas financian la siembra de la hoja de coca. La producción colombiana de sustancias ilícitas mantiene una "relación pragmática", muy conveniente financieramente, con los narcocomerciantes mexicanos.

Como tal, la mayor presencia del Cartel de Sinaloa en el sur colombiano tiene lugar en el municipio de Tumaco, que forma parte del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Tumaco es, según el informe de 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el municipio con más hectáreas dedicadas a cultivos de coca en Colombia, país considerado el primer productor mundial de cocaína.

El informe de Indepaz sobre la presencia de grupos armados en Colombia publicado en octubre de 2020 afirma presuntamente que el Cartel de Sinaloa se encuentra financiando la expansión de las Autodefensas Gaitanistas en el departamento de Córdoba y zonas del Catatumbo (que comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, parte del Cesar y límites fronterizos con Venezuela) y, además, negocia directamente con el Frente 1 de alias "Gentil Duarte", cabecilla de un grupo numeroso de disidencias de las FARC que, cabe acotar, no representa a todas las disidencias de las FARC. No es lo mismo reconocer a "Gentil Duarte" en La Segunda Marquetalia, disidencia comandada por "Iván Márquez", "Jesús Santrich", "El Paisa", etc., ya que tienen intereses diferentes en el presente contexto.

Indepaz asegura que "Gentil Duarte" "ha logrado expandirse desde Guaviare, que es su principal zona de influencia, hacia el norte del país al controlar la producción de base de coca en departamentos como Meta y Arauca. En un caserío de la serranía de La Macarena, se establece que Duarte sería el único proveedor de base de coca en esa zona del país".

Pero el cartel mexicano en cuestión tiene conexiones directas con el poder presidencial colombiano. El 20 de octubre de 2020 el portal web La Nueva Prensa publicó 49 fotos en las que aparecen retratados Álvaro Uribe e Iván Duque con el piloto Samuel David Niño Cataño, identificado como "extinto piloto colombiano del Cartel de Sinaloa y al mismo tiempo aviador de confianza de las campañas electorales de Álvaro Uribe para el senado e Iván Duque para la presidencia, tiene, sin méritos, dos contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia".

Además, el mismo Cartel de Sinaloa no solo tiene negocios con el Estado y diferentes grupos armados en Colombia y México, también mantiene un diálogo perenne con la DEA en un afán de coordinación y cooperación en áreas sensibles dentro de la industria del narcotráfico global, como se demuestra en una investigación publicada el año pasado por esta tribuna. Decíamos:

"Más revelador resulta la investigación de la periodista mexicana Anabel Hernández sobre los contratos de la DEA con Ismael ‘El Mayo’ Zambada para que el Cartel de Sinaloa monopolizara el mercado de sustancias ilícitas a cambio de información e incautación de los negocios de los carteles rivales en México y Estados Unidos. Los hallazgos de Hernández cuestionan la legitimidad de la principal agencia antidrogas estadounidense, que pareciera tener en los Zambada más como aliado y socio que como enemigo".

En dicha investigación citamos una entrevista de El Confidencial de España con Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, líder del famoso Cartel de Medellín, quien confesó:

"En honor a la verdad hay que contar cómo mi padre llegó a obtener semejante cantidad de poder y dinero. Es, sin duda, gracias a las alianzas. Le mandó 92 mil kilos de cocaína a la DEA durante tres años y se embolsó 700 y pico millones de dólares, que le permitieron comprar voluntades, bandidos, financiar terrorismo y causas para su propio beneficio. Las palabras literales de mi padre fueron: ‘Terminamos trabajando con quienes nos perseguían’. Más claro no canta un gallo. Esto mismo sucede hoy, 23 años después".

Por eso no resulta extraño que el ministro G/J Padrino López haya afirmado que la DEA está involucrada en la trama que involucra a grupos narcotraficantes en el sur de Colombia, siendo el Cartel de Sinaloa uno de los principales auspiciantes de la economía criminal allí imperante. En un comunicado recién publicado del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano recuerdan que "la DEA es quien debe explicarle al mundo, de ser (sic) la promotora de relaciones con los Carteles dentro de su vieja práctica de ‘embarques controlados’, donde inculpan y judicializan a personas que ellos mismos involucran en dichas actividades; además, terminan quedándose con la mercancía, que luego negocian con otros compradores".

En el análisis publicado por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) se asegura que las fuerzas militares venezolanas están combatiendo al Frente 10 Martín Villa de las disidencias de las FARC. Vale la pena revisar lo que menciona el informe de Indepaz al respecto de esta célula:

"El frente 10 Martín Villa (recibe este nombre por Martín Villa, uno de los hombres de mayor edad en la guerrilla quien murió en 2016), hace presencia en Arauca en articulación con el frente 1 de Gentil Duarte y estaría comandado por Noé Suárez Rojas alias ‘Germán Briceño Suárez’ o ‘Grannobles’ desde 2018 cuando se reestructuró el grupo, su tarea sería la financiera y logística para encuentros en la frontera con Venezuela. Mientras que la articulación con el frente 1 lo tendría Jorge Eliécer Jiménez, alias ‘Jerónimo’ o ‘Arturo’ buscando despejar las rutas de narcotráfico que de Arauca conducen hacia Venezuela".

Una rápida investigación de fuentes abiertas da cuenta de que el frente comandado por "Gentil Duarte" ha sido bombardeado recientemente en Guaviare, y aunque el personaje en cuestión no se encontraba en el sitio a pesar de la inteligencia recopilada por las autoridades colombianas, es posible que haya tenido que migrar más hacia la frontera con Venezuela, en específico pisar fuerte en Apure para consolidar un asentamiento que le permitiera expandir, reanudar o ensayar nuevas operaciones. Esta es una hipótesis de causa, pero sin duda, por lo visto en prensa y comunicaciones oficiales, el Estado colombiano tiene bien precisado a "Duarte".

Por otro lado, alias "Arturo" del Frente 10 se encuentra actualmente bajo juicio en Colombia y mantiene comunicaciones de manera directa con las instituciones gubernamentales pertinentes. Llama la atención que la CRBZ comunique sobre la existencia de informaciones en torno a un acuerdo entre el Estado colombiano y "Arturo", cuando éste se encuentra procesado y vigilado por las autoridades del país vecino y se reporte, desde el lugar de los hechos, su incidencia en los combates en Apure. Las tácticas terroristas que mencionamos anteriormente concuerdan con los procederes de este sector de las disidencias de las FARC, a la que se le atribuye incluso una masacre ocurrida a medidas de agosto de 2020 en el municipio Arauca.

El Frente 33 de otro grupo de las disidencias de las FARC afirma que las acciones del Frente Martín Villa obedecen a un plan de la oligarquía colombiana, bien relacionada con la DEA y el poder fáctico en el país.

El armado narco-criminal que involucra a grupos armados colombianos no estatales (incluidas disidencias de las FARC y otras bandas criminales de importancia en Colombia), el Cartel de Sinaloa y la DEA ha articulado una dinámica entre ambos lados de la "conflictividad histórica", con manejo de la zona fronteriza, que está siendo combatida por el CEOFANB al menos desde el año pasado, cuando Venezuela enfrentó a grupos irregulares en el mismo punto que hoy nos convoca en noviembre del año pasado.

Otros datos que confirman que todos esos factores convergen en la misma trama apureña, además de la incautación de 460 panelas de cocaína y dos aeronaves a finales de febrero por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), son la detención en enero de cuatro socios del Cartel de Sinaloa, de los que probablemente el Estado venezolano ha recogido información de sus operaciones en los miles de kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Sin olvidar que en febrero también fue capturado un capitán en reserva activa por el intento de obtener información de la plataforma estratégica SUKHOI-30 MK2 de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), datos que serían aportados a un funcionario adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, quien habría sobornado al venezolano.

Traigamos a la memoria que la DNI colombiana, según el testimonio de Yacsy Álvarez, operadora logística de la fallida Operación Gedeón 2020 en Colombia, conocía todos los detalles de la incursión armada que tenía como principal objetivo la cabeza del presidente Nicolás Maduro. No pareciera extraño, entonces, que la DNI, la DEA y la CIA estén vinculadas a estructuras narcoparamilitares armadas en la frontera colombiana para agredir a Venezuela, como lo denunciara el G/J Padrino López durante la rueda de prensa internacional.

Una nueva campaña R2P

Luego de relatar los acontecimientos y comprenderlos en torno a un contexto y situación más profundos de lo que a simple vista se nota, con la ampliación del conflicto colombiano hacia los lados de Apure, pasamos a analizar la campaña que viene adelantando el gobierno de Iván Duque y los medios antichavistas para criminalizar, deslegitimar y socavar las acciones de la Operación Escudo Bolivariano 2021 y encajarla como una pieza más en el expediente de supuestas violaciones de derechos humanos de parte del Gobierno Bolivariano.

Dicho expediente debe conformarse para concretar la activación del mecanismo R2P (siglas en inglés de Responsabilidad de Proteger), doctrina que no está consagrada de manera sólida en el derecho internacional, sin embargo, es un corolario de principios que han emanado desde la doctrina de seguridad y de proyección de la hegemonía estadounidense y que se han diluido en tratados y documentos emanados de las instituciones internacionales, entre ellas el propio sistema de la ONU, para consagrar acciones de fuerza de la comunidad internacional ante eventualidades y crisis en un país determinado.

La introducción de los estadounidenses de esta doctrina ha tenido lugar mediante su influencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, por tanto, sería esa la única instancia facultada para validar acciones determinadas sobre países, en plena congruencia con el derecho refrendado y que da sentido al mismo Consejo de Seguridad.

Este principio supone el sentido de "responsabilidad" que conmina a los países a tomar parte en situaciones internas de otros países. Juan Guaidó, en septiembre del año pasado, concluyó una intervención paralela en el marco de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo el actor principal en un escenario preparado para dar apariencia a la solicitud "formal", tal como él la refiere, de la R2P para Venezuela.

Guaidó vuelve a asomar el mismo enunciado, pero esta vez evocando la Operación Escudo Bolivariano 2021 como una imposición de actos que violan los derechos humanos de los moradores en la triangulación geográfica de El Nula, La Victoria y Guasdualito en el estado Apure.

El gobierno colombiano dice que casi 5 mil migrantes venezolanos han huido de Apure por los combates, y culpa a Venezuela de "los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil" producto de la operación de la CEOFANB. Este "hecho" es solo un dato necesario para hacer un "llamado a la comunidad internacional" y poner el foco sobre Venezuela, una vez más.

Pero dicha cifra de desplazados suena más a una situación cotidiana de la realidad colombiana: el domingo 28 de marzo la Defensoría del Pueblo colombiana informó que más de 2 mil personas han abandonado el pueblo de El Plateado, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), por enfrentamientos entre grupos armados no estatales que suceden desde el viernes 26 pasado. Por lo pronto, el tratamiento informativo sobre los sucesos en Apure-Arauca es amplificado y sumamente viralizado, mientras que lo que ocurre actualmente en las profundidades del Cauca es casi invisibilizado por entero a través de los medios de comunicación y propaganda asociados al establishment colombiano, venezolano y occidental en general.

Se trata de generar una operación psicológica (psyop) a gran escala para intentar vender la versión de que el gobierno de Nicolás Maduro ataca a la población civil desarmada. Aunque es cierto que el conflicto en la frontera colombo-venezolana está generando daños colaterales en el teatro de operaciones, se ha reportado una realidad contrastante a lo publicado por medios y políticos colombianos y venezolanos antichavistas, en la que el Estado venezolano actúa para proteger a la población de los efectos adversos sobre ellos de estas operaciones. Equipos de derechos humanos están actuando para atender a los civiles y para acompañar a los afectados. Se ha reportado que el propio alcalde del municipio Páez, José María Romero, está presente en el lugar de los acontecimientos, realizando recorridos y sosteniendo reuniones y asambleas con la comunidad apureña. Incluso el mismo alcalde aseguró este domingo 28 de marzo que "la gente está retornando" de Colombia hacia Venezuela.

Efectivamente, el alcalde de Arauquita (la entidad colombiana más cercana de La Victoria, donde ocurren la mayoría de los enfrentamientos en el lado venezolano) informó que habían llegado personas buscando refugio y declaró que, para miércoles 25 de marzo, no había recibido heridos y "hemos recibido muchas personas adultas mayores con patologías que requieren atención médica".

De esta manera, con las poblaciones afectadas de por medio, el enfrentamiento armado entre los grupos criminales colombianos y las fuerzas venezolanas se incorpora al registro de la "crisis humanitaria", narrativa que victimiza al gobierno de Iván Duque y todo el foco es puesto sobre las FARC (cuando se trata de un sector de las disidencias de la extinta guerrilla, claramente comprometido con operaciones de narcoeconomía), nublando la relación narco-criminal de los objetivos en concreto de la Operación Escudo Bolivariano 2021. El despliegue de las fuerzas de los Ministerios de Interior y de Defensa hacia Arauquita este domingo 28, cuando antes era territorio "abandonado" por el Estado y controlado por las estructurales criminales impunes ante las acciones gubernamentales, es una muestra más de la escenificación que se pretende instalar para justificar la R2P contra Venezuela.

La intención es diáfana: crear una masa crítica de ablandamiento, según el manual Sharp, que genere matrices de opinión centradas en la escalada del conflicto en Apure y la promoción del descontento y malestar que genera. Pero las intenciones que parece querer marcar la agenda antichavista sobre este caso en específico no necesariamente deben llegar a puerto seguro.

Una serie de inconsistencias informativas reseñada por La Tabla vía Twitter también dan cuenta de que los reportes en el sitio, desde el lado colombiano sobre todo, aportan al expediente R2P mediante un mecanismo mediocre pero muy usado por la mediocracia occidental: explica el sitio de periodismo de investigación que "los tuits y contenidos publicados en redes sociales por ciertos voceros son difundidos por los grandes medios, haciéndose ‘oficial’ la versión inicialmente ‘filtrada’ por servicios de inteligencia a propagandistas ‘bien informados’, ninguno de los cuales está cerca del área del conflicto". Recomendamos la lectura completa del hilo:

Relacionado a todo lo hecho y dicho por el Estado colombiano, el gerente de Fronteras de Colombia habló con El Espectador y dijo:

"La magnitud de esta crisis es un poco incierta, porque finalmente todo va a depender de la intensidad de los enfrentamientos del otro lado de la frontera. Lo que sí significa para Colombia es una crisis humanitaria que tiene que ser tratada con carácter de emergencia. Nosotros estamos atendiéndola, pero no tenemos ninguna intención de inmiscuirnos en ese conflicto que se está dando un poco debido a la permisividad que tuvo el régimen de Maduro con las disidencias de las FARC".

El traslado de responsabilidades, la manipulación mediática y lo que el ministro Padrino López llamó "la politización de los acontecimientos", que se resume en infoguerra y psyop, son las recetas de los funcionarios estatales colombianos en el tratamiento informativo del conflicto en Apure. Es cierto que la resolución del problema circunstancial "va a depender de la intensidad de los enfrentamientos", pero el asunto estructural seguiría intacto y no tiene nada que ver con la supuesta "permisividad que tuvo el régimen de Maduro con las disidencias de las FARC" sino con la actuación de primera mano del Estado colombiano en el conflicto histórico violento que experimenta desde hace décadas.

La "crisis humanitaria" vuelve a tener turno en el capítulo imperial contra Venezuela. Que el gobierno de Nicolás Maduro se resista a que los principales factores del conflicto colombiano invadan territorio venezolano mucho tiene que ver con preservar la soberanía y la paz como una cuestión de orden primario estatal y muy poco con la violación de los derechos humanos más fundamentales en el país.

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