El 18 de julio de 2025 marcó el cierre de una de las disputas corporativas más complejas y controversiales del sector energético de la actualidad.

Chevron logró culminar la adquisición de Hess por más de 50 mil millones de dólares tras un prolongado arbitraje internacional —20 meses— contra ExxonMobil, que intentó impedir la operación bajo el argumento de derechos contractuales preferentes.

Este caso pone en evidencia, una vez más, la disposición de ExxonMobil a atribuirse prerrogativas que exceden lo establecido en los marcos legales y contractuales, en un escenario aun más complejo por tratarse de un área ubicada en la fachada atlántica del Esequibo venezolano.

De hecho, el intento de esa empresa estadounidense de bloquear la fusión entre Chevron y Hess responde a una lógica de control monopólico que ha definido históricamente su comportamiento desde sus orígenes, y que sigue orientando su proyección sobre los mercados energéticos estratégicos sin reparar en los límites del derecho ni en las controversias territoriales vigentes.

El núcleo de esta batalla fue el bloque petrolero Stabroek, área que forma parte del espacio marítimo administrado arbitrariamente por la ExxonMobil bajo la ilegalidad del enclave guyanés, el cual está bajo condición no delimitada por reclamación venezolana en el marco de la disputa por el Esequibo.

La participación de Hess en ese bloque era de 30%, mientras que ExxonMobil, operadora con 45%, buscaba impedir la transacción mediante el alegato de que su derecho de tanteo se activaba con la fusión.

El arbitraje dirimido por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, concluyó que la cláusula contractual en disputa no era aplicable a fusiones corporativas, sino únicamente a ventas directas de activos. Así, el intento de ExxonMobil de frenar la operación resultó infructuoso.

El fallo del panel arbitral en favor de Chevron no solo permitió concretar la compra de Hess sino que también fijó un precedente crucial en el mundo de los negocios petroleros. El tribunal dejó claro que no se puede bloquear una fusión entre compañías simplemente porque una de ellas tenga activos compartidos con otras empresas, a menos que eso esté expresamente escrito en el contrato.

ExxonMobil sostenía que tenía un "derecho preferente" para quedarse con la parte de Hess en la controversial área petrolera Stabroek, bajo una cláusula que decía que, si un socio vendía su participación, debía ofrecerla primero a los demás.

El problema fue que Chevron no estaba comprando una participación específica sino adquiriendo toda la empresa Hess a través de una fusión corporativa.

Por ende, no se trataba, en términos estrictamente legales, de una "venta de activos" sino de un cambio en la propiedad total de la empresa.

Los abogados de Chevron argumentaron, y el tribunal les dio la razón, que ese tipo de fusión no activaba el derecho preferente de ExxonMobil porque el contrato no lo decía de forma clara. Y, en derecho comercial internacional, especialmente bajo legislación inglesa, como era el caso, lo que vale no es la intención que una parte diga tener sino lo que está expresamente escrito en el documento firmado.

El precedente que deja este caso es clave en el nicho de las fusiones y adquisiciones de las empresas del sector energético, pues los privilegios no se pueden invocar por costumbre o conveniencia, más bien deben estar claramente definidos en los acuerdos.

EL HAMBRE PERENNE DE ExxonMobil

La actuación de ExxonMobil en el bloque Stabroek no es una simple controversia comercial, forma parte de un patrón histórico y persistente de expansión corporativa agresiva en el que la presión política, la manipulación contractual y la violación de normas internacionales se han convertido en herramientas habituales de esa empresa para asegurar reservas y neutralizar la competencia.

Desde su origen como Standard Oil, protagonista de la expoliación petrolera en Venezuela durante el régimen de Juan Vicente Gómez, ExxonMobil ha operado bajo la premisa de que los yacimientos de crudo donde se instala le pertenecen.

Esta visión de dominio patrimonial sobre los recursos energéticos explica su lógica actual: expandirse a toda costa, especialmente en territorios en disputa, y excluir sistemáticamente a competidores mediante presión institucional, arbitraje litigante y lobby político donde sea necesario.

Uno de los casos más ilustrativos de este comportamiento se dio en Venezuela, durante el proceso de nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco impulsado por el presidente Hugo Chávez en 2007. En ese entonces se negó a aceptar una posición subordinada como socio minoritario de PDVSA, posibilidad por la cual respondió no solo con resistencia técnica sino con un despliegue coordinado de presión legal, trampas financieras y maniobras diplomáticas.

Mientras participaba en negociaciones con el Estado venezolano, la empresa preparaba simultáneamente ardides legales para congelar activos del país en el extranjero, luego de haber recibido pagos previamente acordados. Esta estrategia de doble vía fue calificada por la defensa venezolana como una actuación de "manos sucias", y evidenció que la empresa buscaba tanto compensación como castigo ante el acto de soberanía venezolano, al tiempo que disuadir a otros países de seguir el mismo camino.

La transnacional estadounidense sigue atrapada en su viejo resentimiento no resuelto y continúa librando una cruzada silenciosa, a veces, contra Venezuela.

De hecho, un ejemplo más reciente fue revelado por la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien denunció que ExxonMobil promovió presiones en el Departamento del Tesoro estadounidense para frenar indefinidamente las operaciones de Chevron en su país, bajo el esquema de sanciones unilaterales.

La existencia del documento titulado "Sanciones en el petróleo de Venezuela: menos dinero significa menos poder", suscrito por altos directivos de la susodicha empresa, entre ellos Peter Williams, demuestra que la transnacional no solo busca expandirse sino impedir activamente el acceso de otras empresas a reservas cuantiosas, como las que posee Venezuela.

Tal especie de conductas son parte de una motivación estructural. Ante el desgaste de sus activos tradicionales y la creciente competencia global, ExxonMobil ha optado por una estrategia de acumulación agresiva de reservas.

Esto explica su fusión con Pioneer Natural Resources por más de 64 mil millones de dólares, así como su intento de frenar la compra de Hess por parte de Chevron. En este contexto, el arbitraje contra Chevron-Hess ante la CCI no fue un simple reclamo contractual: fue una maniobra corporativa para intentar consolidar un monopolio en el bloque Stabroek.

De haber tenido éxito, ExxonMobil habría concentrado de forma directa al menos 75% de ese activo.

Su derrota en el proceso arbitral no solo detuvo temporalmente esa ambición sino que reveló el verdadero trasfondo de su modelo de negocios, que se traduce en expandirse mediante litigios, condicionar el juego de mercado con sanciones y usar circunstancias complejas regionales para justificar su presencia en zonas sin estatus jurídico definido.

En definitiva, el modus operandi de la transnacional estadounidense pone de relieve una estrategia empresarial orientada a maximizar su control sobre activos energéticos, incluso a través de métodos que intentan desdibujar los límites del derecho y la competencia justa.

Su historial en América Latina, especialmente en Venezuela, confirma que cuando ExxonMobil no puede dominar, sobre todo si es humillada, escoge confrontar y escalar.

En ese sentido, más que una empresa, actúa como una entidad geopolítica con intereses que trascienden el mercado.