En medio de una retórica política que ha buscado vincular a Venezuela con la crisis del fentanilo en Estados Unidos, un documento oficial reciente del propio gobierno norteamericano desmiente categóricamente esa acusación.
El International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2025, publicado en marzo por la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU., deja en claro que México es la única fuente significativa de fentanilo ilícito y sus análogos que han afectado a Estados Unidos durante 2024.
Este hallazgo es contundente: Venezuela no aparece mencionada ni como país productor, ni como vía de tránsito, ni como actor relevante en el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Más aún, el informe subraya que, según datos de incautaciones e investigaciones policiales, las autoridades competentes —incluyendo la DEA (Administración para el Control de Drogas)— coinciden en que toda la cadena de suministro ilícita de fentanilo proviene de México, donde se manufacturan las pastillas y polvos sintéticos utilizando precursores químicos mayormente originarios de China.
La contradicción entre la narrativa política y los hechos técnicos
Recientemente, el expresidente Donald Trump ha insistido en vincular a Venezuela con el tráfico de fentanilo, llegando incluso a justificar operativos militares en el Caribe —como ataques de precisión contra embarcaciones pequeñas— como parte de una supuesta estrategia antidrogas.
Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones encuentra respaldo en los informes técnicos y clasificaciones oficiales del propio gobierno de EE.UU. El INCSR 2025, que se basa en inteligencia, operativos conjuntos y análisis forenses, no solo omite a Venezuela del mapa del fentanilo, sino que refuerza la exclusividad del rol mexicano en esta cadena ilícita.
Esta discrepancia entre la retórica política y la evidencia institucional plantea dudas sobre los verdaderos motivos detrás de tales acusaciones, pues se trataría de una instrumentalización del problema de las drogas con fines geopolíticos. ¿O responde a una simplificación peligrosa que ignora la complejidad del narcotráfico global? Difícilmente sea así.
Lo cierto es que, al contrastar las declaraciones públicas con los documentos oficiales, se evidencia un desfase deliberado entre lo que se dice en la arena política y lo que se reconoce en los despachos técnicos.
Venezuela: ausencia estructural en el mercado del fentanilo
Más allá de lo dicho en el informe estadounidense, hay razones estructurales que explican por qué Venezuela no está involucrada en el tráfico de fentanilo:
- Falta de infraestructura química. El fentanilo es un opioide sintético que requiere laboratorios sofisticados y acceso a precursores químicos altamente regulados. Venezuela, con su industria farmacéutica y química dedicadas a esfuerzos de desarrollo nacional, carece de la capacidad técnica y logística para producirlo a escala. No existen indicios de laboratorios clandestinos especializados en opioides sintéticos en el país, ni siquiera en zonas con presencia de actores criminales organizados.
- Geografía y rutas del narcotráfico. Las rutas del fentanilo hacia EE.UU. son fundamentalmente terrestres, cruzando la frontera sur desde México. El Caribe, aunque históricamente usado para el tráfico de cocaína, no es una vía eficiente ni común para el transporte de fentanilo, que se mueve en cantidades pequeñas pero de alto valor, ideal para el contrabando terrestre o por correo. Las embarcaciones pequeñas —a las que Trump ha atribuido el traslado de fentanilo desde Venezuela— no tienen sentido logístico en este contexto: el fentanilo no necesita ser transportado en grandes volúmenes, y su introducción masiva al mercado estadounidense se realiza principalmente a través de paquetería, vehículos particulares o redes de distribución ya establecidas en ciudades fronterizas.
- Patrón histórico de tráfico venezolano. Venezuela nunca ha estado asociada con opioides sintéticos. El fentanilo no es cultivado ni refinado como, por ejemplo, la cocaína; su producción es industrial y altamente especializada, algo ajeno al modelo del narcotráfico en la región andina o caribeña. Las organizaciones criminales venezolanas, cuando han participado en el narcotráfico, lo han hecho en el marco del comercio de cocaína colombiana (a muy pequeña escala), no en la manufactura de sustancias sintéticas.
El peso de la evidencia institucional
El INCSR 2025 es el informe anual más completo y autorizado del gobierno de EE.UU. sobre el estado global del narcotráfico. Su elaboración involucra a múltiples agencias: la DEA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y embajadas en todo el mundo. Sus conclusiones guían la asignación de recursos, la cooperación internacional y las decisiones diplomáticas en materia antidrogas.
Que en este documento Venezuela ni siquiera sea mencionada en relación con el fentanilo es una constatación deliberada basada en años de monitoreo, intercepciones y análisis de inteligencia.
Más aún, el informe no solo señala a México como la única fuente significativa, sino que detalla los mecanismos de cooperación bilateral, las medidas regulatorias sobre máquinas de fabricación de pastillas y los esfuerzos conjuntos para controlar precursores químicos.
Esto demuestra que la estrategia antidrogas estadounidense está focalizada en el eje México-EE.UU. Venezuela no forma parte de esa línea, ni siquiera en los márgenes.
consecuencias políticas
Cuando Trump atribuye problemas complejos a actores incorrectos, no solo se distorsiona la realidad, sino que se generan consecuencias prácticas: operativos militares en el Caribe, justificados bajo la premisa falsa de que se intercepta fentanilo venezolano, desvían recursos de las verdaderas líneas de acción.
Además, alimentan percepciones erróneas en la opinión pública, dificultando la construcción de políticas efectivas basadas en hechos.
Peor aún, estas acusaciones sin fundamento socavan la credibilidad de EE.UU. en foros internacionales. Si un país acusa a otro de actividades ilícitas sin presentar evidencia verificable —y, peor, en contra de sus propios informes oficiales—, se debilita su posición moral y diplomática.
La lucha contra las drogas exige cooperación, transparencia y rigor técnico. La politización de la información la debilita.
Hacia una política antidrogas basada en hechos
El caso del fentanilo y Venezuela ilustra que las políticas estadounidenses antidrogas no se basan en evidencias, sino en narrativas políticas convenientes. Se trata de una distorsión de la realidad que desvía recursos, atención y cooperación de los verdaderos focos del problema para presionar a un país hacia un cambio de régimen.
Estados Unidos tiene una epidemia de sobredosis que en 2024 cobró más de 80.000 vidas solo por fentanilo. Para enfrentarla con eficacia, debe concentrarse en fortalecer la cooperación con México, regular mejor los precursores químicos a nivel global y abordar las causas profundas de la adicción en su propio territorio: acceso a tratamiento, salud mental, desigualdad y desesperanza social.
Mientras tanto, Venezuela queda exonerada —por las propias fuentes más autorizadas de EE.UU.— de cualquier vinculación con el tráfico de fentanilo; no está en la cadena del fentanilo.
Trump solo arguye en torno a este tema porque le susurran constantemente, sobre todo desde el Departamento de Estado, que debe embarcarse violentamente contra Venezuela.