En medio de una creciente polarización política y social en Colombia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció un complot internacional para derrocar el gobierno del primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro.
Según Maduro, sectores de la derecha colombiana encabezados por los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque estarían en alianza con actores de Washington, como el secretario de Estado Marco Rubio. El objetivo sería generar condiciones de ingobernabilidad que impidan avanzar en las reformas sociales y económicas propuestas por Petro.
En este sentido, el jefe del Estado venezolano orientó al nuevo gobernador del Zulia, Luis Caldera, a "asumir también las tareas de la integración para construir la paz junto al hermano pueblo colombiano" como complemento de las tareas de desarrollo económico, social y de infraestructura en la entidad regional.
Este contexto de crisis en Colombia no es nuevo en la historia reciente de América Latina, donde gobiernos progresistas han enfrentado la desestabilización constante desde sectores empresariales, militares y medios de comunicación influyentes, así como desde poderosos grupos transnacionales.
En este caso, Venezuela ha señalado públicamente a Marco Rubio como uno de los líderes de esta campaña de sabotaje contra el gobierno de Petro, quien representa una alternativa a los modelos neoliberales tradicionales en Colombia.
La batalla: reformas, bloqueo institucional, movilizaciones y consulta
Desde su llegada al poder en 2022 Gustavo Petro ha enfrentado obstáculos estructurales para implementar sus principales reformas, promesas políticas, económicas y sociales que lo llevaron a ser elegido presidente.
El Congreso colombiano, históricamente dominado por partidos de derecha y élites tradicionales, ha bloqueado sistemáticamente proyectos claves como la reforma laboral, la reforma a la salud pública y la reestructuración del sistema pensional.
Esta resistencia parlamentaria se suma a la judicial, donde altas cortes han anulado o suspendido iniciativas presentadas por el Ejecutivo, incluso antes de su entrada en vigor.
Ante estos obstáculos Petro recurrió a la Consulta Popular, un mecanismo constitucional que permite al presidente someter ciertas reformas a la opinión ciudadana cuando el Legislativo se niega a tramitarlas. La consulta busca avalar tres grandes reformas:
- Laboral. Reducción de la jornada laboral (de 48 a 42 horas semanales) y fortalecimiento de derechos sindicales.
- Sanitaria. Eliminación de las EPS privadas para priorizar un sistema público universal.
- Pensional. Ampliación de cobertura para trabajadores informales.
La convocatoria ha sido criticada por sectores de la oposición, quienes acusan su gestión de "gobierno plebiscitario" que amenaza el equilibrio entre poderes. Sin embargo, Petro la defiende como una herramienta legítima para romper el estancamiento político generado por una élite que prioriza los intereses corporativos sobre los derechos sociales.
El mandatario colombiano ha convocado movilizaciones para defender tanto las reformas como la consulta popular. Además, las centrales obreras, que apoyan los cambios, convocaron una huelga general a finales de mayo pasado en medio de la desinformación y la controversia creada por medios tradicionales.
Lo que está en juego es más que una disputa normativa: es un choque entre dos modelos de país. Por un lado, el gobierno de Petro apuesta por una economía más regulada, una redistribución de la riqueza y un Estado más presente en la vida de los ciudadanos. Por otro, la oligarquía y el sector empresarial, respaldados por ciertos circuitos financieros internacionales, buscan mantener un statu quo que les garantice privilegios y acceso a recursos estratégicos, sin importar el costo social.
La desigualdad en todo y todos
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Según datos del DANE y estudios de organizaciones independientes, 40% de la población vive bajo la línea de pobreza, mientras que 12% sobrevive en condiciones de pobreza extrema. Este contexto es crucial para entender por qué Petro propone una transformación profunda del modelo económico y social.
La jornada laboral promedio en Colombia supera las 48 horas semanales, muy por encima del estándar internacional. Además, cerca de 60% de los trabajadores está en empleos informales, sin protección sindical ni prestaciones sociales. Las empresas multinacionales, muchas veces vinculadas con el extractivismo y con el monocultivo agroindustrial, se benefician de esta precarización ya que pueden maximizar ganancias explotando fuerza laboral barata y sin regulación efectiva.
El sistema de salud público, por su parte, muestra grietas estructurales. Las EPS privadas operan bajo un esquema mercantilizado que prioriza el lucro sobre la atención médica. Casos de corrupción, mala gestión y exclusión de pacientes crónicos han llevado a múltiples denuncias nacionales e internacionales. Recientemente, investigaciones revelaron contratos irregulares, ocultamiento de fondos y manipulación de datos en varias EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Estas fallas no solo son resultado de la mala administración sino también de una privatización forzada que responde a intereses transnacionales. Empresas farmacéuticas, aseguradoras y conglomerados mineros tienen un peso importante en la configuración actual del sistema. Reformarlo implica tocar intereses económicos poderosos que, lejos de defender el bienestar colectivo, buscan perpetuar un esquema de extracción de rentas a costa de la clase trabajadora y de los sectores populares.
Un conflicto interno que también es amenaza
Petro ha denunciado en múltiples ocasiones haber recibido amenazas de muerte por parte de actores de la ultraderecha y grupos paramilitares. En una reciente entrevista afirmó haber sobrevivido a 17 intentos de magnicidio desde el inicio de su mandato. Estas declaraciones, aunque polémicas, reflejan un clima de inseguridad real que rodea al gobierno progresista.
Además, ha acusado públicamente a Álvaro Uribe y a su red de aliados políticos de orquestar campañas de descrédito, judicialización selectiva y hasta de terrorismo psicológico contra su gobierno. Aunque Uribe fue presidente entre 2010 y 2018, su partido sigue teniendo peso en el Congreso y en los medios de comunicación, desde donde se impulsa una narrativa que criminaliza las reformas.
En múltiples declaraciones ha señalado que el sistema judicial colombiano ha sido politizado y utilizado como un arma contra las reformas democráticas. Los fallos de la Corte Constitucional y la Procuraduría General han sido utilizados para frenar avances en materia de justicia social, ambiente y derechos laborales, lo que evidencia una instrumentalización del aparato estatal en manos de grupos de poder opuestos al cambio.
No es nuevo que en Colombia la conflictividad política derive en maniobras legales a favor de sectores oligárquicos, pero también en magnicidios, masacres y exterminio de sectores políticos. El reciente atentado al precandidato uribista Miguel Uribe Turbay y los 16 actos terroristas de grupos ilegales armados en un día enrarecen aun más la atmósfera política, que ya lo estaba con los tres atentados a la vicepresidenta Francia Márquez y su familia en los últimos años.
Sectores corporativos que controlan la economía financiera y los commodities siempre han tomado ventaja a partir de la violencia política. Cuando no cuentan con la institucionalidad del Estado para hacerse del poder, la ejecutan a mansalva con el mismo propósito.
la amenaza también es regional
Por otra parte, la crisis política en Colombia no puede ser analizada como si fuera un caso aislado. Sus implicaciones regionales son claras, especialmente en relación con Venezuela. Sectores uribistas han participado de forma evidente en estrategias de cambio de régimen contra el gobierno venezolano, negando reconocimiento diplomático y fomentando acciones encubiertas como la Operación Gedeón, que atentan contra la soberanía venezolana.
Para Venezuela es claro el peligro que supone que Colombia sea gobernada por la extrema derecha, por lo que ha expresado su solidaridad con Petro y ha llamado a los organismos internacionales a tomar cartas en el asunto. Se ha sugerido que los conflictos internos podrían desbordarse si no hay una respuesta continental firme frente a las conspiraciones externas.
El vicepresidente sectorial de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que "la paz de Colombia, así como la de Venezuela, garantiza la estabilidad de la Patria Grande". Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ha insistido en que la justicia colombiana "tiene que imputar a Iván Duque y a Álvaro Uribe por su vinculación directa en entrenamientos de paramilitares y mercenarios para atacar Venezuela, así como por los planes de magnicidio contra dirigentes del país".
La preocupación desde Caracas se debe, en parte, a que cualquier ruptura institucional o crisis prolongada en Colombia podría afectar directamente Venezuela, especialmente en temas fronterizos, migratorios y de seguridad.
El objetivo real detrás de estas maniobras sería restablecer un régimen que permita mantener la influencia estadounidense sobre la región, lo cual frenaría los procesos de integración latinoamericana que Petro ha apoyado, incluida su reapertura diplomática con Venezuela y otros países no alineados con Washington.
Petro ha tratado de construir un puente diplomático con Venezuela, algo impensable durante décadas de gobiernos uribistas. Colombia y Venezuela han comenzado a coordinar planes de seguridad en la frontera común, especialmente para combatir la acción de grupos ilegales que operan en las zonas fronterizas financiados por actores externos y protegidos por redes políticas locales.
Sin embargo, esta cooperación ha sido estigmatizada ideológicamente desde Washington, que prefiere mantener a Colombia como su megabase militar en Sudamérica y como un baluarte contra los gobiernos progresistas del continente. De ahí que la tensión entre Bogotá y Caracas sea monitoreada de cerca por Estados Unidos, que teme perder influencia sobre la región. Esto explica la desmedida reacción de Rubio contra Petro luego del atentado a Turbay.
La pugna es por tener voz
La pugna en Colombia no es únicamente entre Petro y la oposición política; es una lucha por el horizonte de sentido de un país al que le sobran heridas. Se trata de aspiraciones populares enfrentadas con una coalición de intereses oligárquicos, empresariales y transnacionales que buscan contener los cambios profundos mediante la judicialización, la campaña mediática y la amenaza física.
Por su parte, el apoyo de Maduro refleja una realidad geopolítica: los procesos de cambio en América Latina no pueden realizarse aislados porque las élites, con el sostén de Washington, operan de manera articulada a través de los actores políticos que forman y financian.
La crisis incubada por Uribe y sus aliados es parte de una nueva oleada de intervencionismo disfrazado de "democracia" y "libertades". Mientras tanto, el pueblo colombiano observa cómo se juegan batallas invisibles, pero decisivas, en tribunales, cámaras legislativas y salones cerrados en los que solo opinan los intereses corporativos.
Ese mismo pueblo también sale a las calles, marcha y se organiza para exigir que el voto popular prevalezca sobre los intereses minoritarios. La consulta popular, aunque todavía en debate, simboliza su lucha por levantar la voz por encima del ruido de las amenazas y las balas.