El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que anuló la extensión de un programa que ofrece protección a unos 600 mil venezolanos en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que la secretaria Kristi Noem revocó la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) autorizada por su predecesor en el gobierno anterior de Biden, Alejandro Mayorkas, antes de dejar el cargo.

La duración de este instrumento de protección migratoria por 18 meses garantizaba la estancia legal en el país y permisos de trabajo para los cientos de miles de venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense.

El nuevo gobierno está aplicando lo que han llamado "la operación de deportación masiva más grande de la historia" y, ahora, muchos venezolanos que estaban en situación regular podrían ser sujetos de detención y posterior deportación, con la carga de humillación y vejación que se ha constatado en el caso de personas de otras nacionalidades. 

Esta medida implica una sacudida para las oposiciones en Venezuela, también para el sector extremista, en particular para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Además de ese primer efecto, hay otras ramificaciones de importancia que van cobrando forma.

1. Trump derriba la tesis de Venezuela como amenaza

El fundamento por el cual la administración Biden autorizó el TPS para migrantes venezolanos se basaba en la supuesta situación de amenaza directa personal y riesgo de la población, lo cual les otorgaba el mismo trato que al gentilicio de Afganistán, Myanmar, Etiopía, Líbano, Somalia, Sudán y Ucrania, entre otros países en situación de conflicto armado. Biden dio forma a su política migratoria empleando a discrecionalidad los instrumentos legítimos de asilo y protección preexistentes, ejerciendo al mismo tiempo una clara magnificación de la situación real de Venezuela.

El gobierno de Trump ha desechado esta política suprimiendo por defecto su supuesto fundamento. Ha suspendido el TPS para, en teoría, investigar la situación de los venezolanos en Estados Unidos y determinar su elegibilidad para dicha designación. Para Trump, claramente no existe una situación de amenaza real y directa contra esas 600 mil personas.

2. Es Estados Unidos el que pone en riesgo a los venezolanos

En simultáneo con la suspensión del TPS, el gobierno del magnate ha dado la categoría de "crimen" a la situación de inmigrantes irregulares, que era considerada una falta administrativa.

Trump se basa en este principio para encadenar y deportar personas, haciendo un ejercicio indiscriminado de coacción y fuerza, configurado como metamensaje político.

La situación de 600 mil venezolanos en ese país pasa a ser incierta y, al estar expuestos a la criminalización, detenciones y deportación, quedan inmersos en un cuadro amenazante, de alto riesgo personal en Estados Unidos, no en Venezuela, lo cual es paradójico si se compara con lo establecido como una supuesta verdad indiscutida por los medios de comunicación.

3. TPS y Paroles, en la mira por "fraudes"

Con la suspensión de la medida y la posible revisión de casos particulares, se podrían revelar muchas debilidades en el sistema de protección que la administración Biden aplicó a rajatabla para gestionar la migración venezolana.

La entrega de Paroles Humanitarios y la adjudicación de la categoría de "refugiado" a muchos inmigrantes, sin que hubiera razones debidamente justificadas, serán puntos de atención del gobierno de Trump pues muchos venezolanos —que en realidad son migrantes por razones económicas— pudieron emplear los atributos del TPS para ingresar al país sin estar bajo amenaza real directa en Venezuela.

Sirve como antecedente que el mismo gobierno de Biden paralizó en septiembre del año pasado la entrega del "Parole humanitario" por serias denuncias de "fraude".

De hecho, en Estados Unidos existe una inmensa oferta de abogados hispanohablantes que han asesorado a miles de venezolanos para "maniobrar" el sistema migratorio. Trump y sus funcionarios señalarán esas debilidades para fortalecer sus narrativas y políticas restrictivas a la inmigración.

4. El estilo transaccional de Trump

El mandatario estadounidense ha sostenido que "El Tren de Aragua" y los "criminales venezolanos" fueron insertados en su país por el presidente Nicolás Maduro, relato enteramente falso. Pero tal discurso fabricado e inverosímil le ha servido para impulsar narrativas favorables a la deportación de venezolanos y otros inmigrantes.

Asimismo, durante el reciente "impasse" entre Washington y Bogotá por las deportaciones, Trump indicó que Colombia "forzó a entrar criminales" en su país, lo cual también es falaz, azuzando sanciones y aranceles contra el país neogranadino. 

Esto refiere que su discurso es funcional e instrumental para su política de migración y seguridad, que es abordada de manera simultánea. Pero también es un vector constructor de su política, de estilo transaccional, mediadas por el uso de las narrativas, amenazas y presión pública. Es muy importante entender el estilo de Trump para deducir lo que está ocurriendo.

5. Diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro

El mismo día de la toma de posesión de Donald Trump, Richard Grenell, enviado del presidente estadounidense para misiones especiales, señaló que estaba en conversaciones con las autoridades venezolanas. Como es sabido, la cuestión petrolera y la migratoria son ejes esenciales que podrían definir la relación entre Caracas y Washington.

La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró hace poco que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibiría a miembros del Tren de Aragua. "Si no los acepta Caracas, los va a recibir Bukele", dijo, dando a entender que existían conversaciones.

El presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Mike Johnson, también señaló la existencia de comunicaciones entre Washington y Caracas. "No voy a adelantarme al presidente con respecto a las negociaciones con Venezuela, o con el Salvador, o con cualquier otro país", dijo en alusión al problema migratorio, e indicó que con "cualquier país" se ejercerá "la fuerza" empleada hacia Colombia para obligarlos a recibir deportados.

Los funcionarios republicanos están haciendo un énfasis narrativo en la posibilidad de deportar venezolanos mediante un imperativo de fuerza, y así instalar la idea de que buscan imponer esta política al presidente Nicolás Maduro. Pero esto, también, podría ser un elegante método para desviar el foco de la atención pues lo importante en los hechos es que están conversando con el gobierno venezolano, reconociéndolo de facto. 

Además, lo que dicen los funcionarios es incongruente con lo expresado públicamente por el gobierno venezolano. El presidente Maduro ha señalado estar dispuesto a recibir a los connacionales y el fiscal genera Tarek William Saab ha dicho que Venezuela desea la repatriación de venezolanos señalados de actividades criminales, mediante el mecanismo de extradición.

Hasta ahora ningún avión ha aterrizado en Venezuela con deportados y es probable que sea Trump quien haga público algún acuerdo, según lo que sugirió Mike Johnson.

6. Edmundo González desea agravar la situación de los deportados

En línea con el punto anterior, el medio Washington Post ofreció declaraciones del excandidato Edmundo González Urrutia, quien instó a Trump a "no realizar algún acuerdo de deportación con Maduro".

Según el medio, "González y su equipo" han instado a los funcionarios estadounidenses a "enviar a los deportados venezolanos a un tercer país", probablemente El Salvador. Esto es muy serio ya que podría comprometer la situación personal de los venezolanos deportados, agravar su deriva y prolongar su vulnerabilidad.

Parece que González se inclina por la perpetuación de la situación de los venezolanos en el extranjero. Este es un acelerante del dispositivo crematístico de la "ayuda humanitaria" y de programas de "ayuda" que han recaído en forma de recursos para actores políticos del sector extremista en el extranjero.

Esos recursos fueron combustible del pasado interinato fake de Juan Guaidó, y podrían ir ahora a un "gobierno en el exilio” al cual Edmundo González, Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López están dando forma progresivamente.

7. María Corina Machado en silencio y sin incidencia para mediar por los venezolanos

Hasta el momento de esta redacción no ha habido ningún pronunciamiento público de María Corina Machado sobre la situación que se ha desatado sobre los inmigrantes en Estados Unidos desde el primer día del gobierno de Trump. Tampoco se ha pronunciado sobre el TPS.

Quizá Machado se basa en la misma premisa que González, quien siendo ignorado por Trump indicó ante el Washington Post que "no quiere interferir en los asuntos internos de Estados Unidos".

Es probable que Machado no quiera desmarcarse de la política del magnate, de quien espera apoyos contundentes para reiniciar la campaña de cambio de régimen en Venezuela.

El ensordecedor silencio podría obedecer al simple hecho de que no hay posibilidades de una incidencia real, ni de Machado, ni de González, en las decisiones de Trump con respecto a los venezolanos.

No hay indicios de que existan canales de comunicación directos entre estos y el republicano.

Las comunicaciones de Machado y González han sido con funcionarios como Marco Rubio y Rick Scott, quienes no pertenecen al primer anillo MAGA que rodea al inquilino de la Casa Blanca.

Los "amigos de los venezolanos" tampoco harán nada. Rubio no se ha desalineado de las decisiones de Trump y seguramente no lo hará por los inmigrantes. Scott también justificó la suspensión del TPS.

Así que carece de sentido cualquier afirmación de que Machado pueda realizar alguna gestión a favor de revertir lo que ha ocurrido con la suspensión del instrumento. Ha preferido no "quemar las naves" haciendo pronunciamientos públicos inútiles. Pero con ello ha quedado expuesto que no tiene los vínculos y el apoyo que dice tener.

8. Maduro es el único capaz de gestionar el tema migratorio

Según los elementos disponibles públicamente, el único que puede tener una incidencia real en el manejo de la política de Washington sobre la inmigración venezolana es el presidente Nicolás Maduro, pues hasta ahora es quien estaría ejerciendo canales de comunicación con el mandatario republicano, y podría estar mediando una solución para la deportación efectiva, en condiciones dignas y de repatriación directa, de los perjudicados por la nueva política migratoria.

Además de que es su gobierno el único que puede gestionar la información necesaria que ameritará una exhaustiva investigación en Estados Unidos, de cara al estudio pormenorizado de casos y elegibilidad para TPS en los meses por venir.

Mientras tanto, Edmundo González y María Corina Machado se difuminan y pierden peso e influencia objetiva en el desarrollo de la coyuntura. Y se agregan nuevas presiones: la batalla por el relato de participar o no en las elecciones y la interrogante sobre el próximo paso a dar con vistas a retomar la iniciativa. El paso dado con el TPS es una nueva mala noticia, que luchan por administrar, pero sin poder esquivar de la mejor manera los dolorosos costos políticos.