El gobierno de Panamá ha reaccionado ante el flujo migratorio en la selva del Darién, región por la que reportan el paso de más de 320 mil viajeros irregulares que se dirigen a Estados Unidos. Esta cifra es calificada de "inédita" por las autoridades de ese país y "revela la magnitud de esta crisis humanitaria y de seguridad", afirmaron el pasado 28 de agosto.
El Ministerio de Seguridad Pública reportó que, desde el 1° de enero, por allí han pasado 320 mil 098 migrantes irregulares, de los cuales 190 mil 889 son venezolanos, 42 mil 414 ecuatorianos y 35 mil 495 haitianos.
Del 1 de enero hasta hoy 28 de agosto de 2023, han pasado por la Selva de Darién 320 mil 098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos. De estos 190,889 son Venezolanos, 42,414 ecuatorianos 35 mil 495 haitianos. #DariénNoEsUnaRuta pic.twitter.com/1c7skkIYd2
— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) August 28, 2023
En agosto hubo un incremento notorio debido a que en 28 días se reportó el tránsito de 68 mil 340 personas, 23% más que los 55 mil 387 migrantes que atravesaron ese parque nacional de Panamá en julio pasado. Allí operan grupos criminales que cometen todo tipo de delitos, lo que hace más inhóspita su frontera con Colombia.
La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, comentó que "la crisis ha escalado, en 2016 hablábamos de 20 mil en un año y era crisis", por lo que propondrá al Ejecutivo panameño una serie de medidas para afrontar la situación.
La funcionaria agregó que su gobierno recibe a los migrantes en unas estaciones donde toma sus datos biométricos y les ofrece asistencia médica y de alimentación. En la operación se ha invertido en los últimos años "casi 70 millones de dólares", según dijo.
Además, los cuerpos de seguridad del Estado desarrollan un operativo especial en la frontera e informan del rescate de migrantes abandonados por traficantes o de la captura de algunos de estos operadores que han asaltado, violado o incluso asesinado a quienes viajan.
Lo que la Usaid no dice
Como consecuencia de los intentos de cambio de régimen en Venezuela instrumentados por Estados Unidos desde la administración Obama, las sanciones, junto al sabotaje interno a la industria petrolera y a la economía en general, han provocado una crisis económica que ha motivado la migración de venezolanos hacia países vecinos y, recientemente, hacia Estados Unidos por vía terrestre.
La narrativa de "crisis humanitaria" de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) se basa en aspectos como la escasez de combustible que impactaría en los precios de los alimentos y productos básicos, también en los bajos ingresos en los hogares venezolanos, lo que derivaría en un escenario de "inseguridad alimentaria".
Lo que obvia la agencia, con total intencionalidad, son las causas estructurales que inducen la pretendida "crisis", desde la desarticulación de la industria petrolera que está en franco proceso de recuperación desde 2022, pasando por el bloqueo de compras internacionales, hasta los fondos que el mismo gobierno de Estados Unidos, junto a otros, mantienen incautados en bancos internacionales.
Así como han aumentado las cifras de emigrantes venezolanos que atraviesan el Darién en el transcurso del presente año, lo ha hecho la asignación de fondos de la Usaid a la "Emergencia Humanitaria Compleja" de Venezuela.
En lo que va de año, esa fachada de la CIA ha desembolsado 94 millones de dólares en el territorio nacional de los más de 140 millones que maneja en el marco del llamado Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) 2023 de la ONU para Venezuela.
La Usaid ha dispensado fondos millonarios refugiándose en que "la afluencia de venezolanos continúa sobrecargando los servicios sociales, especialmente en las zonas fronterizas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú", como dispositivo narrativo.
La administración de dicho dinero ha sido criticada por la misma administración Biden debido a la discrecionalidad política que han revelado las auditorías.
Según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, es precisamente Panamá el país que más sanciones ha emitido contra Venezuela después de Estados Unidos y Canadá, pero no es uno de los países favorecidos por los programas "humanitarios" de la Usaid.
Dicha agencia se plantea llevar la cifra a 720 millones "para proporcionar asistencia vital, en particular alimentos, salud, medios de vida, nutrición, protección y agua, saneamiento e higiene (WASH), a aproximadamente 5,2 millones de personas en 2023, con la colaboración de 138 socios humanitarios", dice el boletín emitido en junio pasado.
Ha concentrado la mayoría de los recursos en "asistencia humanitaria" en territorio venezolano, lo que deja en segundo lugar los programas de "Democracia, derechos humanos y gobernanza", que era el sector preferencial de sus contribuciones. Según el reporte de 2022, la agencia desembolsó más de 650 millones de dólares ese año destinados a la "Emergencia Humanitaria Compleja" de Venezuela, de los cuales 190 millones fueron distribuidos en el territorio nacional, también privilegiando la "asistencia humanitaria" (114 millones).
¿A quién beneficia la "emergencia humanitaria"?
Las cifras antes expuestas llevan a preguntar a quién o qué sectores beneficia la migración venezolana, dado que es conocido el trasvase de recursos de las agencias de cooperación del Norte Global hacia grupos políticos y medios de comunicación de un sector de la oposición venezolana vía ONG.
La agenda política injerencista motorizada por la Usaid está enfocada en las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Esta fracción de las oposiciones ha negado utilizar los fondos incautados por Estados Unidos, pero en septiembre de 2022 una funcionaria de la Usaid develó el papel esencial de la agencia en la coordinación directa e inyección de recursos para el evento.
Algunas ONG son vitales para el apoyo financiero, técnico y logístico masivo de Washington a la oposición venezolana. Según el periodista Ben Norton, la CIA les llama "puntos de paso": organizaciones de terceros que sirven como canales, aparentemente independientes, para dar financiamiento del gobierno de Estados Unidos a grupos políticos y medios de comunicación extranjeros.
Con el deterioro económico que refuerzan las sanciones y redes de organizaciones facilitando la emigración por el Darién se refuerza la manipulación perceptiva contra el país, lo que motivaría el malestar social y estimularía la participación del electorado en las primarias. Al menos esas son las intenciones desde esa acera política.
Además, bajo el relato de la migración venezolana y la "crisis" de derechos humanos también se estimularían algunas iniciativas de violencia organizada (guarimbas) que ya han anunciado operadores como Antonio Ledezma y Orlando Urdaneta. El diálogo político está estancado debido al incumplimiento de Washington a los acuerdos entre gobierno y oposición alcanzados en México en noviembre de 2022, lo que presupone un escenario de conflictividad atizado por el sector opositor que ha convocado a las primarias con precandidatos inhabilitados.
Queda claro que las imágenes de muertos por el camino debido a accidentes, ataques de animales o criminales; suicidios, mujeres y menores siendo víctimas de violencia sexual, niños o ancianos abandonados en la travesía selvática, fungen como estímulo para las aspiraciones narrativas de quienes, con la Usaid, mantienen circuitos de financiamiento ilegal de organizaciones políticas cuya agenda no estaría vinculada con la ruta electoral por denominación de origen.
Existe la posibilidad de que la lluvia de dólares sea el combustible para insuflar agendas cuyas intenciones se van develando entre declaraciones y callejones políticos sin salida.