La relación entre los recursos naturales y la soberanía de las naciones siempre ha sido una pugna constante en el tablero geopolítico, donde las empresas transnacionales y los gobiernos nacionales despliegan sus piezas en una arena que no solo define la gestión de las riquezas de un país, sino también su autonomía política y económica.

En este tipo de disputas Venezuela no es la excepción por su gran poder e influencia energética. El 27 de septiembre de 2024, un tribunal en Trinidad y Tobago aprobó la solicitud de la empresa estadounidense ConocoPhillips para la incautación de activos venezolanos y el cobro de una compensación de 1 300 millones de dólares bajo la justificación de un laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

La instancia judicial trinitense aprobó la designación de una firma de contabilidad como beneficiaria para confiscar los pagos vinculados al proyecto gasífero conjunto para el desarrollo de Campo Dragón, alegando que existe el riesgo aparente de que PDVSA movilice sus activos fuera de la jurisdicción.

Tal decisión, dictaminada por el juez Frank Seepersad, destaca la percepción de vulnerabilidad de los activos venezolanos en el extranjero. El personaje, quien tuvo aspiraciones presidenciales en 2013 en el país isleño, argumentó que la reubicación previa de la sede europea de PDVSA a Moscú "evidencia una tendencia a mover activos para eludir obligaciones legales". Lo que obvia la sentencia es que tal mudanza, además de ser una decisión absolutamente soberana, se hace con el fin de proteger los intereses legales del Estado ante cualquier posible acción injusta de saqueo a su patrimonio.

En este juego de ajedrez "legal" cada movimiento es crucial pues implica tanto la defensa de la soberanía como enfrentar la estrategia de ConocoPhillips por emprender la cacería de activos venezolanos en el mundo so pretexto de exigir un pago que considera "legítimo", en respuesta al proceso de nacionalización de 2007 en Venezuela.

Esta agenda de expoliación toma vuelo especialmente después de que la empresa estadounidense obtuviera licencias del Departamento del Tesoro que le habilitarían la capacidad de secuestrar activos relacionados con PDVSA, según una exclusiva reciente de Bloomberg.

LA AGENDA ILEGAL TRAZADA POR CONOCO

Esta ofensiva de persecución y expolio contra Venezuela ilustra la tensión entre la defensa de la soberanía venezolana y las estrategias de ConocoPhillips para asegurarse una compensación monetaria, al mismo tiempo que ataca la cooperación energética entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

De hecho, en el marco de la suscripción del "Acuerdo Interinstitucional para el Impulso de Proyectos Conjuntos en el Sector de Hidrocarburos Gaseosos" en 2023, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que "las grandes transnacionales exploran y buscan campos compartidos para enemistar los países, pero Venezuela y Trinidad y Tobago desarrollan los campos gasíferos en paz".

El futuro de Campo Dragón se convierte en un termómetro de la capacidad de ambas partes para equilibrar sus intereses estratégicos y diplomáticos en medio del ataque de ConocoPhillips, que ha mostrado capacidad de explotar cualquier resquicio legal con el objetivo de obtener compensaciones desproporcionadas y lesivas contra Venezuela. Se trata de una apuesta estratégica para ralentizar, o complicar, uno de los proyectos más prometedores en el desarrollo energético de la región.

Conoco no aceptó acuerdos

La historia de confrontación entre Venezuela y ConocoPhillips no es nueva, se remonta a la decisión soberana de Venezuela en 2007 de nacionalizar los convenios de asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Esta medida implicó que las empresas transnacionales, que habían disfrutado de condiciones particularmente favorables bajo la Apertura Petrolera de la década de los 90, migraran a un esquema de empresas mixtas.

Mientras compañías como Chevron, Total y Statoil aceptaron estas nuevas condiciones, ConocoPhillips y ExxonMobil se opusieron, lo que inició una serie de disputas legales que desembocarían en largos litigios internacionales, situación que abrió la puerta a una larga serie de reclamaciones que han llegado a los tribunales de Trinidad y Tobago.

Es pertinente recordar que la negativa de estas empresas a reducir su participación en los proyectos Petrozuata, Hamaca y Corocoro, y ajustarse a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, llevó a la reversión de sus participaciones al Estado venezolano, quien reasignó estas operaciones a filiales de PDVSA para asegurar la continuidad de la producción.

Los convenios de asociación que surgieron durante la Apertura Petrolera no solo limitaban la capacidad del Estado para imponer gravámenes sino que permitían a estas compañías maximizar sus ganancias a costa de las arcas públicas.

Como señala el experto en derecho Muthucumaraswamy Sornarajah, gravar las ganancias extraordinarias no puede considerarse una expropiación ya que se trata de un acto legítimo de soberanía fiscal que busca garantizar que la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales sea distribuida de manera equitativa entre la nación que los posee.

La insistencia de ConocoPhillips en ignorar este principio básico de soberanía ha llevado a que la disputa se extienda a diferentes espacios mundiales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde un tribunal de tres jueces emitió en 2013 una decisión que, si bien reconocía algunos derechos de la empresa, también respaldaba el derecho de Venezuela a establecer un régimen fiscal favorable a sus intereses.

En este sentido, la postura de la empresa transnacional ha sido rechazar cualquier intento de negociación que implique una reducción de aquel control que ostentaban sobre los recursos venezolanos en periodos gubernamentales del pasado.

CITGO EN LA MIRA

La filial venezolana con sede en Estados Unidos Citgo, uno de los activos más valiosos de PDVSA, ha sido el objetivo del despojo más flagrante de los años recientes.

Esta trama inició en 2018 con la demanda de la empresa minera canadiense Crystallex ante la Corte de Delaware, presidida por el juez Leonard Stark, que se complicó aun más cuando emergió la figura de José Ignacio Hernández, abogado de esa empresa y autodenominado "procurador" del "proyecto Guaidó".

Su rol como lobbista en esta historia ha sido fundamental para forzar un desenlace que se inclina hacia el despojo de los activos venezolanos. En 2020, el juez Stark dictaminó que Crystallex podría cobrar su reclamo mediante la subasta de los activos de Citgo, un fallo que pavimentó el camino para que otros acreedores también buscaran sacar provecho. ConocoPhillips no se quedó atrás en esta agenda de embargo ilícito.

Para el año 2021, tal esquema de presión se consolidó  cuando miembros del "proyecto Guaidó" alcanzaron un acuerdo ilegal con ConocoPhillips y transfirieron 1 287 millones de dólares a la petrolera estadounidense con fondos venezolanos retenidos en el extranjero.

En 2023, como si se tratara de una competencia entre buitres, el juez Stark otorgó a otras cuatro empresas, además de Crystallex y ConocoPhillips, el derecho a embargar las acciones de Citgo. Entre estas se encuentran O-I Glass Inc, Huntington Ingalls Industries Inc y ACL1 Investments Ltd.

El reciente vencimiento, en junio de 2024, del plazo para recibir ofertas de adquisición de Citgo encendió nuevamente las alarmas. El gobierno venezolano denunció ese proceso como un despojo orquestado, en el que las autoridades estadounidenses han actuado en complicidad con actores de la oposición como Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges.

Además, debe destacarse que PDVSA y su representación legal oficial están excluidas de participar en el proceso judicial, es decir, están impedidos de ejercer una defensa legítima debido a las sanciones ilegales impuestas y al no reconocimiento del gobierno venezolano por parte de Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés) emitió la Licencia General 5P, que sustituyó a la 5O, y extendió la "protección" sobre Citgo hasta el próximo 12 de noviembre de 2024. Esta medida temporal ha frenado a los tenedores de bonos PDVSA 2020 de tomar control sobre el 50,1% de las acciones de la empresa; sin embargo, la acción no favorece los intereses venezolanos.

La venta de Citgo implica despojar a Venezuela de activos estratégicos que incluyen refinerías, oleoductos y estaciones de servicio, elementos fundamentales para su capacidad de producción y distribución de hidrocarburos.

La defensa de PDVSA y de Citgo, así como el esfuerzo conjunto con Trinidad y Tobago en Campo Dragón, representan la voluntad del gobierno venezolano de no ceder ante las presiones externas y, a la vez, continuar gestionando el destino energético soberano de la República Bolivariana.