En la primera entrega ofrecimos el panorama general de violaciones a los derechos más fundamentales sobre la tripulación del avión venezolano perteneciente a Emtrasur, además de una lectura política y extrapolítica que inunda todo el caso, con Estados Unidos de impulsor. En esta segunda y última entrega, presentamos una crónica de las decisiones judiciales que se han tomado en Argentina al respecto, y delimitando sus pasos bajo la influencia extranjera del Departamento de Justicia estadounidense. El sobrecumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra Venezuela ha llevado a la situación a un escenario similar de un secuestro de rehenes.

El punto de inflexión

Hasta el 18 de junio podría decirse que las tesis mediáticas y jurídicas sobre supuesto terrorismo que se habían desplegado para justificar la retención de la aeronave de Emtrasur y a su tripulación, habían perdido peso objetivo para sostener la dinámica delirante de producción informativa que arropó la agenda política y mediática durante los primeros días.

El tratamiento judicial, orientado hacia la criminalización, mostraba sus falencias y debilidades, toda vez que, el mismo 18 de junio, el juez Federico Villena ordenó que los teléfonos, tablets, laptops y otros bienes personales secuestrados a la tripulación desde los primeros días de la retención, fuesen devueltos a la gran mayoría de ella al no encontrarse, en las pericias del contenido interno, ningún indicio o prueba que los vinculara con delitos.

Finalmente, la devolución de los bienes personales ordenada por Villena se realizaría a finales del mes de junio.

La inexistencia de pruebas en los teléfonos de los tripulantes borraba el último elemento de sospecha artificial que quedaba por despejar, una vez inspeccionado el avión y liberada la carga a principios de junio, lo cual inclinaba la balanza de credibilidad hacia las declaraciones de los funcionarios Agustín Rossi y Aníbal Fernández, quienes habían rivalizado con el abordaje de los medios y las acciones injustificadas de Villena e Incardona.

Sin embargo, cuando la situación parecía cerrada por la vía de los hechos, el 19 de junio salió en la prensa que el FBI envió un dossier al juez Villena, en el cual se indicaba, sin pruebas, que el tripulante iraní Gholamreza Ghasemi tenía nexos con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, específicamente con la Fuerza Al Quds.

En esta supuesta conexión, el FBI ubicó a Gholamreza Ghasemi como directivo de la compañía la aerolínea Queshm Fars Air, la cual es relacionada indirectamente con la Fuerza Al Quds.

Aunque el dossier no daba ningún indicio cierto sobre alguna actividad del piloto iraní en ese sentido, su abordaje como una "prueba definitiva" desde el ecosistema mediático fue suficiente para reflotar nuevamente el caso y reanudar las acciones hostiles a nivel judicial.

Los efectos

El dossier del FBI no exponía ninguna prueba criminal sobre la tripulación, ni sobre el avión de Emtrasur, y tampoco sobre los tripulantes iraníes. Sin embargo, la fiscal Cecilia Incardona aprovechó este movimiento para justificar la continuidad de la investigación bajo el sustento del FBI y avanzar en imputaciones contra toda la tripulación.

Estados Unidos inyectaba así un nuevo momento de tensión al caso, ampliaba el margen de justificación de Villena e Incardona y dotaba al bloque opositor de Juntos por el Cambio de nuevos elementos para afincarse en prolongar el secuestro.

El patrón que durante los primeros días mezcló información falsa de inteligencia, activación política opositora y presiones de la DAIA, se repetiría a finales de junio con el objetivo de escalar los dispositivos de coacción contra la aeronave de Emtrasur y sus tripulantes.

A finales de junio, la Unidad de Información Financiera (UIF) rechazó el pedido que con anterioridad habían realizado los diputados opositores Gerardo Milman y Ricardo López Murphy ante el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiación (RePET), para que la tripulación fuera incorporada a la lista y fuesen embargados sus bienes.

Estos movimientos ocurrieron en el marco de una nueva tanda de presiones de la DAIA y una agitación mediática que se había reimpulsado con la información entregada por el FBI al juez Villena.

Segunda ofensiva

El 19 de julio, Estados Unidos decide dar un nuevo paso apuntando directamente al avión de Emtrasur, esta vez activando su maquinaria de sanciones ilegales y extraterritoriales. Esta nueva capa de conflicto y hostilidad tuvo como principio ampliar el contencioso hacia la supuesta violación de disposiciones comerciales y de transferencia de tecnología vinculadas a la aerolínea iraní Mahan Air, con la vista puesta en secuestrar el avión.

El juez Michael Harvey, de la Corte del Distrito de Columbia (Washington D.C.), emitió una orden ilegal de incautación ese día, argumentando que la compra del Boeing 747-300 de Venezuela a Irán violaba los controles de exportación del Departamento de Comercio, impuesto desde 2008 en el marco de las sanciones ilegales contra la empresa. En definitiva, la tesis del juez es que dicha transacción tuvo que ser autorizada por Estados Unidos.

La maniobra judicial encabezada por Harvey carecía de sentido, al menos, por dos razones: 1) porque el Boeing 747-300 había sido adquirido por Mahan Air a una aerolínea francesa, lo cual vacía de significado el argumento de la transferencia de tecnología estadounidense; y 2) porque, en el supuesto de que la compra-venta estuviera autorizada, la misma no hubiera sido posible en tanto el gobierno estadounidense no reconoce diplomáticamente al Gobierno Bolivariano de Venezuela.

La orden de incautación del juez Harvey supuso el segundo movimiento de intromisión abierta en el caso y, en paralelo, una diversificación de las motivaciones y presiones para respaldar el secuestro prolongado de la aeronave y su tripulación, reimpulsando a la vez la agenda de sanciones ilegales a dos bandas: contra Venezuela primero, y contra Argentina, por efecto réplica.

A falta de pruebas, mayor persecución

La escalada de Estados Unidos evidentemente endureció a la fiscal Cecilia Incardona en su posición de prolongar el secuestro. Si bien la cuestión comercial abierta implicaba una subdivisión del caso en dos, el frente de la retórica de supuesto terrorismo no tenía nuevos elementos desde el dossier del FBI.

A finales de julio, la fiscal Incardona bloqueó la salida del país de la tripulación ante un pedido de la defensa, en vista de que la inexistencia de pruebas hasta entonces no justificaban su retención y tampoco el secuestro de sus pasaportes. Ante una nueva solicitud de la defensa de Emtrasur, el juez Federico Villena autorizó, el 2 de agosto, el levantamiento de la prohibición de salida del país y la devolución de los pasaportes de 11 tripulantes venezolanos y un iraní.

La decisión, el día 8 de agosto, quedó sin efecto tras una apelación de la fiscal Incardona que justificó dicha acción en la espera de una pesquisa definitiva del contenido de los teléfonos de la tripulación y la remisión de informes de Paraguay, Uruguay y otros países sobre las actividades de la aeronave.

El juez Villena mantuvo la prohibición de salida del país de la tripulación, pero los pasaportes de los 11 trabajadores venezolanos y del ciudadano iraní efectivamente regresaron a sus manos. La decisión sobre el destino final de la apelación de Incardona pasó ese mismo día a la Cámara de La Plata, instancia que aún continúa postergando una decisión sobre el tema, a más de un mes de haber llegado a los despachos de los letrados.

El 10 de agosto, ante esta misma Cámara, la defensa de Emtrasur introdujo una apelación para dejar sin efecto la acción de Incardona, la cual sigue a la espera de un dictamen.

El mismo 2 de agosto, Estados Unidos recrudeció su reclamo para incautar el avión al juzgado de Lomas de Zamora, canalizando las presiones a través del Departamento de Justicia estadounidense. El día 11 de agosto, el juez Villena admite, en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos, la orden de incautación, dando paso a un operativo de allanamiento y reclusión de la aeronave entre el FBI y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La fiscal Incardona dictaminó como "procedente" el pedido de Washington.

Un reencuentro y lo que queda por recorrer

La subordinación del juez Villena y de la fiscal Incardona ante el pedido (y orden) de incautación fueron el punto de llegada de la maniobra de escalamiento que Estados Unidos había iniciado desde el 19 de julio y del cual dependió, en definitiva, la prolongación del secuestro de la aeronave y la tripulación.

Entre los días 16 y 17 de agosto, la defensa de Emtrasur apeló la decisión de incautar el avión, argumentando que el tratado en el que se fundamentó el juez Villena es de naturaleza penal, por lo que los ámbitos comerciales y económicos quedan fuera de su jurisdicción, como expresa en el pedido de incautación de Estados Unidos sobre el avión venezolano.

El 22 de agosto, trascendió a la prensa que el juez Villena negó a los abogados argentinos Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi representar a Venezuela y a Emtrasur, en una maniobra que busca privar, ilegalmente, a la República Bolivariana de su derecho legítimo a defender a sus ciudadanos retenidos y sus intereses comerciales, al tratarse de un avión de envergadura que venía ejerciendo labores humanitarias de importancia.

Desde el 19 de julio, el juez Villena y la fiscal Incardona, así como el Departamento de Justicia estadounidense, han venido reforzando una posición de atrincheramiento que deja en evidencia la fragilidad jurídica del caso en términos de pruebas e indicios sólidos.

En respuesta a esta posición de no reconocimiento y actuación extralegal, donde la defensa jurídica busca ser anulada y las apelaciones sobre el destino de la tripulación y la aeronave prolongadas indefinidamente, el 26 de agosto el Gobierno Bolivariano movilizó a los familiares de los tripulantes con dirección a Buenos Aires, en una misión humanitaria, para hacer realidad un reencuentro ansiado tras dos meses y medio de separación, incertidumbre y angustia por el derrotero final de sus trayectorias personales y profesionales.

La carga emotiva del reencuentro, ese mínimo espacio de justicia que se abrió entre el aluvión de mentiras y ataques reputacionales que han sufrido los tripulantes por casi tres meses, fue leído por Estados Unidos como un desafío hacia su maniobra de secuestro. Ese mismo día, el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, declaró en rueda de prensa, como quien está a cargo de una situación de rehenes, afirmando:

"En realidad mi gobierno está preocupado con la situación del avión en la Argentina y estamos hablando con el gobierno sobre esta situación. No puedo decir más sobre esto porque es una conversación entre Estados Unidos y Argentina".

El 27 de agosto, en lo que puede interpretarse como una respuesta sincronizada con la declaración del embajador Ostfield, medios argentinos informan que el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, respaldó la resolución que tomó el juez Federico Villena de incautar el avión de Emtrasur y también se mostró favorable a la maniobra de anular a la defensa de la República Bolivariana de Venezuela en pos de los derechos de los tripulantes de Emtrasur.

Según algunos medios, el día 5 de septiembre habrá una audiencia en la Cámara de La Plata donde se abordará la incautación, mientras la prohibición de salida del país de los tripulantes, apelada por la defensa, continúa sin tratarse.

El Poder Judicial parece encajonarse en su apuesta de elevar el sufrimiento de la tripulación a costa de extraer ventajas políticas que sirvan para avanzar en su política de choque sobre el gobierno argentino, un objetivo común que tienen con el Gobierno estadounidense, que depende de seguir sosteniendo, contra la legalidad universal y los derechos humanos básicos, una especie de situación de rehenes sin ninguna justificación jurídica.