Una reciente investigación periodística en Estados Unidos reveló documentos que detallan propuestas de acciones biológicas dirigidas contra Venezuela, elaboradas por operadores vinculados a la oposición extrema y entregadas a instancias del poder político en Washington.

Los planes exhiben un nivel de agresión que trasciende la disputa convencional y vuelven a evidenciar cómo la maquinaria de cambio de régimen ha incorporado tácticas propias de la guerra encubierta, desde daños a infraestructura hasta esquemas de desestabilización sanitaria, además de los ya conocidos mecanismos financieros.

El caso aporta una pieza clave para comprender la naturaleza estructural del asedio contra Venezuela y los incentivos que explican por qué Washington no está dispuesto a desmontar su sistema de sanciones y presiones, pues involucra un entramado que produce beneficios políticos, financieros y operativos para actores que han convertido la agresión en una industria.

Lo que revela la investigación

El reportaje de la periodista Maureen Tkacik en The American Prospect expone un documento de 29 páginas enviado a la oficina del entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence por un grupo identificado como Virtual Democracy, organización vinculada a operadores opositores y consultoras de inteligencia que actuaron en paralelo al llamado "interinato". El material, obtenido durante procesos judiciales asociados al operativo fallido de Jordan Goudreau, detalla una hoja de ruta para desencadenar un cambio de régimen en Venezuela mediante tácticas que combinan sabotaje, terrorismo económico y operaciones biológicas.

Según recoge Tkacik, el plan incluía acciones destinadas a provocar un colapso nacional: "contaminación con hepatitis (A, B y C), influenza, sarampión y lechón a los clubes sociales donde se reúnen los altos funcionarios del narco-régimen", además de inducir un "paro forzado del transporte público y privado en todas sus formas".

Estas propuestas formaban parte de un escalamiento calculado que debía culminar con el reemplazo de la Constitución venezolana por un "texto constitucional federalista simple que prohíbe el comunismo y el socialismo", acompañado por entrenamientos paramilitares en un campo de Carolina del Norte operado por Constellis, antes conocida como Blackwater.

El documento también planteaba la instrumentalización directa de recursos venezolanos bajo control extranjero. Tkacik señala que los conspiradores aspiraban a obtener del Departamento del Tesoro un "pasaporte de autorización Swift del gobierno de Estados Unidos para transferir a cuentas del gobierno de Estados Unidos una cantidad aproximada de $14.500.000.000 en activos expropiados al narcorégimen".

Estas revelaciones se insertan en un contexto ya marcado por episodios de agresión contra infraestructura venezolana, como el ataque a la Central Hidroeléctrica del Guri en 2019. Tkacik recuerda que la propia oposición celebró públicamente esos hechos. En una entrevista con Max Blumenthal, Goudreau afirmó que una consultora de inteligencia había estado "realizando ataques a infraestructura o facilitando ataques a infraestructura durante aproximadamente una década" en Venezuela. El documento entregado a Pence confirmaría que estos abordajes fueron parte de una estrategia más amplia y sistemática.

Violaciones legales y la sombra institucional de Washington

Los señalamientos del economista Francisco Rodríguez sobre el documento revelado por Virtual Democracy aportan un ángulo importante para evaluar la gravedad del plan: su contenido representa una violación directa de leyes federales estadounidenses, particularmente de la 18 USC §175, que sanciona la planificación de ataques biológicos con penas que pueden llegar a cadena perpetua.

Rodríguez enfatiza que el documento constituye "una fuerte evidencia de que grupos venezolanos en el exilio violaron la ley estadounidense al planificar ataques biológicos desde suelo estadounidense". El plan fue enviado a la oficina del vicepresidente Mike Pence, lo que activa interrogantes decisivas sobre el tratamiento que se dio a una propuesta criminal de esta magnitud.

Los cuestionamientos planteados por Rodríguez apuntan a la existencia de posibles omisiones deliberadas:

"¿Se reunió la Oficina del Vicepresidente o alguna otra agencia estadounidense con este grupo?

¿Hubo seguimiento, financiamiento o coordinación posterior?

¿El documento fue referido a las autoridades competentes para su investigación?".

Si la oficina de Pence recibió un documento que describía operaciones biológicas y no lo remitió a las agencias competentes, ese hecho por sí solo «constituiría una grave violación del deber institucional». Y si existió algún tipo de interacción, seguimiento o estímulo hacia los proponentes, ello abriría la posibilidad de que funcionarios estadounidenses se involucraran en la planificación de delitos federales.

Bajo ese prisma, el documento no puede ser reducido a una propuesta excéntrica de operadores periféricos, sino entendido como un plan que ingresó en la órbita del sistema político estadounidense sin que exista evidencia de la respuesta institucional que un caso de esta naturaleza exigiría.

La ausencia de medidas visibles por parte de Washington frente a una propuesta que planteaba "contaminación con hepatitis, influenza y sarampión" contra venezolanos sugiere que la guerra encubierta contra Venezuela pudo sostenerse, al menos, sobre omisiones deliberadas y silencios funcionales que permitieron la circulación de iniciativas que constituyen crímenes tipificados tanto en la legislación estadounidense como en el derecho internacional, incluido el ámbito de los crímenes de lesa humanidad.

sabotaje, sanciones y el negocio permanente del asedio

El incidente forma parte de un cuadro mucho más amplio expuesto en la investigación de Maureen Tkacik, centrada en el papel que desempeñó la oposición extremista venezolana en el saqueo de activos del Estado, especialmente CITGO, y en la red de incentivos que surgió alrededor del sistema de sanciones. Dentro de ese marco, la periodista retoma la entrevista de Blumenthal con Goudreau. Allí, el mercenario afirma que la CIA saboteó el intento de incursión armada, una acusación que a primera vista podría parecer autoexculpatoria, pero cuya motivación revela un trasfondo significativo.

"Simplemente creo… que estaban ganando mucho dinero", le dijo Goudreau a Blumenthal al justificar por qué la comunidad de inteligencia dejó morir la operación. Y la investigación de Tkacik recuerda los elementos para comprender la lógica detrás de esa frase. El aparato de agresión contra Venezuela había generado, para 2019, un circuito de financiamiento que beneficiaba tanto a la oposición extremista como a centros de investigación, consultoras y operadores vinculados a Washington. La USAID había desembolsado casi 2.300 millones de dólares entre 2017 y 2021 en programas dirigidos a actores opositores; Guaidó, por su parte, manejaba 98 millones de dólares destinados a sostener su llamado "gobierno interino".

Pero la verdadera dimensión del negocio estaba en la industria creada alrededor del Departamento del Tesoro. Tkacik describe cómo la proliferación de sanciones construyó una economía propia: "una industria artesanal de 30 mil millones de dólares" compuesta por cabilderos, consultores OFAC y especialistas en cumplimiento que cobraban honorarios exorbitantes (hasta un millón de dólares) para ayudar a individuos y empresas a navegar la exclusión del sistema financiero global. Para estos actores, una normalización de relaciones con Venezuela significa la pérdida de un mercado extremadamente lucrativo.

Dentro de este ecosistema aparece la figura de Martín Rodil, operador político radicado en Washington y buscado en España por una trama internacional de extorsión. Según la investigación, Rodil obtuvo "no menos de 20 millones de euros" aprovechando la criminalización del comercio venezolano y la vulnerabilidad inducida por las sanciones. Su modus operandi —"consultar" a empresarios venezolanos para luego cobrarles sumas millonarias bajo amenaza de sanciones— solo fue posible gracias a la estructura de coerción financiera diseñada por Washington.

El saqueo de activos venezolanos en el exterior completa el panorama. La oposición extremista, amparada por el reconocimiento estadounidense, tomó control de CITGO y de diversas cuentas del Estado venezolano sin mecanismos reales de supervisión. Tkacik cita al exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional Juan Sebastián González, quien indicó que la Reserva Federal de Nueva York llegó a retener aproximadamente 400 millones de dólares pertenecientes a Venezuela. De acuerdo con documentos difundidos posteriormente, esa cifra se redujo a poco más de 30 millones.

Para una amplia gama de actores en Washington y en el exilio, la continuidad del asedio contra Venezuela generaba más ingresos y oportunidades que su eventual resolución. En ese contexto, operaciones como Gedeón resultan riesgosas e innecesarias, pues el negocio de la agresión funciona mejor sin un cambio de gobierno real.

Así, la revelación sobre los planes de ataque biológico es solo la manifestación más cruda de un ecosistema que combina sanciones, sabotaje, despojo de activos e incentivos financieros en una misma lógica de agresión estructural.