El pasado 21 de septiembre la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó por unanimidad solicitar el referéndum consultivo por la disputa de la Guayana Esequiba, territorio que fue arrebatado por el Reino Unido a Venezuela en concierto con Estados Unidos mediante un Laudo Arbitral emitido en París en 1899. Así lo reconoció el eximperio británico en 1966 cuando suscribió el Acuerdo de Ginebra con Venezuela.
El 20 de octubre se llevó la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue ratificado el mismo día. Asimismo, el ente rector del Poder Electoral indicó que la fecha para la realización de los comicios será el venidero 3 de diciembre de 2023.
Esta consulta busca definir las posibles estrategias que asumirá el Estado en defensa de ese territorio en controversia con Guyana, mas no consultar si el territorio Esequibo es o no de Venezuela. Sus preguntas así lo demuestran.
1. Rechazar la manipulación colonial
La primera pregunta "¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?" invita a confirmar el rechazo a un dictamen basado en una confabulación que pretendió el despojo de los 159 mil 542 kilómetros cuadrados del territorio al oeste del río Esequibo y en cuyo proceso Venezuela no participó directamente.
Las irregularidades del acto legal quedaron expuestas en un Memorándum escrito por voluntad del abogado de la parte venezolana durante el Laudo Arbitral, Severo Mallet-Prevost. El estadounidense y socio de un connotado bufete neoyorkino pidió a su colega Otto Shoenrich que, luego de su muerte, publicara por escrito las manipulaciones y presiones ejercidas durante el proceso: una negociación ocurrida tras bastidores entre los árbitros, que actuaron deliberadamente a favor del Reino Unido.
Shoenrich así lo hizo, el texto fue publicado en la revista jurídica American Journal of International Law en 1949 y la evidencia fue tan contundente que el Reino Unido optó por reunirse con Venezuela a establecer un acuerdo que se materializó en Ginebra en 1966.
El gobierno de Guyana desea resucitar una operación ilegítima y engañosa, aun cuando su anterior metrópoli reconoció su poca consistencia legal.
2. Apoyar la negociación y el diálogo
La segunda pregunta busca reafirmar la vía de la negociación. Con "¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?" se le pregunta a la población su apoyo al proceso que Venezuela ha defendido desde que existe el reclamo.
La negociación y el diálogo como estrategia posible permitiría que entre ambos países se establezcan acuerdos lejos de las armas y la propaganda. "El espacio geográfico venezolano es una zona de paz", dice el artículo 14 de la Constitución venezolana y, en concordancia con ello, se pretende ratificar el beneficio de ambos países.
El desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, firmado entre Venezuela, el Reino Unido y la colonia de la Guyana Británica (que estaba próxima a ser independiente) en 1966, es expresión de los intereses que se mueven en torno al territorio Esequibo y los recursos naturales que allí se encuentran. En una coyuntura como la actual, en la que se hacen cada vez menos accesibles las fuentes de combustibles fósiles y de minerales, queda claro que las élites corporativas requieren intensificar su impacto en la geopolítica para asegurarse de yacimientos de materia prima barata que garanticen su hegemonía en la economía global.
Tal es el caso de ExxonMobil y otros actores de la Big Oil, cuyo protagonismo es permanente en controversias como la que está vigente entre Venezuela y Guyana.
3. Rechazar el colonialismo jurídico
La tercera pregunta "¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?" parte de que Venezuela (ni Guyana) reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Desde la fundación de este tribunal ambos países se han negado a suscribir el protocolo facultativo para reconocer su jurisdicción en controversias legales. En este sentido, los pasos seguidos por los últimos secretarios generales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han carecido de rigor jurídico.
El 30 de enero de 2018, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, declaró que, al haber fracasado cualquier mecanismo diplomático, lo ideal era llevar el caso ante las instancias judiciales internacionales y dejó de lado cualquier camino para las negociaciones amistosas con Guyana.
La propia CIJ es una instancia en la que, con cifras, se ha demostrado la existencia de sesgos coloniales tanto en su conformación como en sus decisiones. Sostiene, en modo y orden, las costumbres hegemónicas del derecho occidental y posee una trayectoria de decisiones que benefician directamente a potencias colonizadoras con la concesión de territorios o facilidades comerciales, o de forma indirecta, a través de las ventajas que obtienen sus empresas o sus países aliados.
Tanto los jueces de la CIJ como los bufetes contratados por ExxonMobil a nombre de Guyana carecen de idoneidad porque han formado parte de procesos de despojo territorial; con esto queda claro que no es la instancia calificada para dirimir una controversia de manera pacífica y justa.
El sistema de las Naciones Unidas permanece bajo la coacción de Estados Unidos y sus satélites. No ha logrado un mecanismo para que estos países acaten sus dictámenes en casos tan graves como el uso de la fuerza, en los que han sido denunciados y vencidos legalmente.
4. Oponerse a la arbitrariedad y las amenazas bélicas
Al preguntar si "¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?" el soberano constitucional, es decir, el pueblo venezolano, reafirmaría su rechazo a la arbitrariedad de un país vecino que ha decidido usufructuar un espacio territorial sobre el cual no se ha acordado su delimitación.
Las presiones corporativas y políticas bajo las que actúa el gobierno guyanés le han llevado a violar los propios acuerdos de convivencia que ha suscrito ante instituciones multilaterales. En el fondo, el país vecino forma parte de una estrategia que busca la desestabilización interna y el desprestigio tanto de Venezuela como de la región en el ámbito internacional alentando intereses intervencionistas como los del Comando Sur de Estados Unidos.
Los intereses extractivos han manipulado el proceso en instancias como la ONU y la misma CIJ, han sobrepasado los códigos de buena vecindad que existen entre los países y derivado en provocaciones que buscan un escalamiento de la disputa a escenarios bélicos.
Estados Unidos apoya activamente a Guyana en todos los frentes, tanto en lo político y lo diplomático como en lo militar. En lo que va de año, se han realizado dos ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Guyana con la intención de amenazar a Venezuela, y se han realizado distintos pronunciamientos desde el alto gobierno estadounidense en respaldo a la parte guyanesa en esta controversia.
5. Avanzar en la identidad y la soberanía nacional
La quinta y última pregunta reza: "¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?".
Se trata de lo más importante para el ejercicio de la soberanía: lograr la implementación de la identidad nacional en los pobladores de un territorio. Con la implementación de medidas que aborden y garanticen el derecho a la identidad de los esequibanos, como miembros pertenecientes al territorio, se avanzará en su integración a la nación venezolana.
La Constitución venezolana determina que "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo" (Artículo 5), por lo que el referendo es expresión mayor de ese principio. Los venezolanos están habilitados, por mandato constitucional, para participar con su voz y voto en la estrategia que el Estado asumirá para defender el diálogo y la soberanía.
Asimismo el artículo 71 dice que "Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo", por lo que reforzar al Estado ante el asedio y despojo a lo que le da vitalidad (el territorio y su población) es fundamental.