El diferendo por el territorio Esequibo es una de las disputas más antiguas del continente americano. El Estado venezolano ha convocado una consulta popular para que la ciudadanía refuerce sus derechos inalienables sobre esa región, ante la reciente injerencia de Estados Unidos en el caso.

En 2018 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Guyana presentó formalmente una demanda contra Venezuela en la que, como primer punto, pide dictaminar que: "El Laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, y la frontera establecida por ese Laudo y el Acuerdo de 1905 es válida y vinculante" también para ambas partes.

De esta manera el país vecino dio peso a la controversia, por lo dudosa, bajo una sentencia arbitral en la que Venezuela fue objeto de un verdadero "fraude procesal". Esto fue confirmado mediante declaraciones de los mismos árbitros años después —dos de ellos ingleses, dos más estadounidenses y uno ruso, amigo de la Corona británica—, lo que derivó en que el Reino Unido aceptara llegar a un acuerdo en Ginebra que abrió un largo período para que ambos Estados intentaran encontrar una solución negociada.

Venezuela desconoce la jurisdicción de la CIJ y así lo hizo público en 2021, entre lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra. El argumento es que nunca ha otorgado su consentimiento, y menos respecto a la demanda unilateral de Guyana, la cual "lesiona el sentido, propósito y razón" del tratado firmado en 1966.

Además, ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, instrumento internacional que ha permitido en América Latina resolver ante un juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del continente americano. Tampoco han reconocido la jurisdicción obligatoria de la CIJ mediante la declaración facultativa prevista en el Artículo 36, párrafo 2 de su Estatuto, la cual dicta que:

"Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:

a. La interpretación de un tratado.

b. Cualquier cuestión de derecho internacional.

c. La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional.

d. La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional".

Los jueces de la CIJ

Respecto a los jueces de la CIJ existe un dato no menor: Joan E. Donoghue, presidenta del principal órgano judicial de la ONU, fue consejera jurídica adjunta principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre enero y junio de 2009. Asesoró a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y al presidente Barack Obama sobre todos los aspectos del derecho internacional, en particular en temas de desarrollo, interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario.

La campaña militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, da fe del nivel de asesoría en dichas materias jurídicas de Donoghue.

Como abogada de carrera principal ha intervenido en temas como la Declaración Unilateral de Independencia de las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo ante la CIJ. Además en el derecho del mar, de la Antártida, del Ártico, de la pesca y del medio ambiente; en el arbitraje entre inversionistas y Estados ante el Tribunal de Reclamaciones Irán­-Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fue jefa de delegación en las negociaciones bilaterales sobre reclamaciones con Irak y asistió en la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Obama sobre Guantánamo, que implicaron detención e interrogatorio bajo métodos ilegales de ciudadanos de varios países.

También fue representante ante el Diálogo Jurídico Estados Unidos-Unión Europea y representante ante el Comité de Asesores Jurídicos del Consejo de Europa.

Entre otros jueces está el francés Ronny Abraham, quien comenzó a ejercer cargos de importancia en la cancillería de su país desde el gobierno de Jacques Chirac. Entre 1998 y 2004 estuvo a cargo de temas como legalidad del uso de la fuerza y consecuencias jurídicas de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado por el Estado de Israel, en los que fue jefe de delegación.

El juez marroquí Mohamed Bennouna fue embajador de su país ante la ONU en 2002 y tiene experiencia en despojo territorial. Destacó por su rechazo a una propuesta enviada por el entonces Secretario General del organismo multilateral, Kofi Annan, al Consejo de Seguridad, que consistía en dividir el territorio del Sahara Occidental (República Árabe Saharaui) entre Rabat y el Frente Polisario para avanzar en las negociaciones y poner fin al último proceso descolonizador pendiente en África. Su declaración fue:

"No. Ni hoy, ni mañana ni en cien años aceptaremos esa opción".

Otro juez, Nawaf Salam, forma parte del estamento político libanés, y estuvo a punto de ser postulado como primer ministro del Líbano. Es reconocido como un actor clave para la creación de "un apoyo de base transnacional" en la escena libanesa, en contraposición a la popular influencia de Hezbolá en la política local.

¿Volver a 1899?

¿Se puede esperar que un juez sea un ser impoluto y pulcro, sin un pasado que refleje sospechas sobre su real imparcialidad? La respuesta más realista es negativa. Sin embargo, en el caso de la CIJ, cuya jurisdicción en el diferendo por el Esequibo no es reconocida por Venezuela —de acuerdo con lo establecido en 1966—, está la mano de Estados Unidos y su transnacional ExxonMobil.

En 2016, a 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, la empresa comenzó a ejercer presión para revivir el conflicto a fin de explotar yacimientos en las aguas continentales —por delimitar y en aguas de soberanía venezolana— frente a la región del Esequibo. Guyana suscribió un importante contrato con Esso, filial de la transnacional, bajo el modelo de concesiones petroleras.

El que la Presidenta de la Corte haya mantenido una relación tan cercana a un gobierno demócrata es tanto o más revelador que el hecho de que Rex Tillerson, exjefe de la diplomacia norteamericana designado por el expresidente Donald Trump, haya sido director ejecutivo de ExxonMobil entre 2006 y 2016.

Con jueces con trayectoria terrofágica o funcionales al metabolismo multilateral cooptado por Estados Unidos y la Unión Europea, el escenario se avizora complejo. Ya el Laudo Arbitral de 1899 fue un ejemplo de cómo se puede orquestar el despojo territorial desde instancias coloniales.