Mar. 05 Marzo 2024 Actualizado ayer a las 5:00 pm

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La ExxonMobil, sabiendo la decisión que tomaría la ONU, se adelantó a los hechos y pagó los abogados de Guyana (Foto: Archivo)

Esequibo: pruebas sobre los honorarios jurídicos (y políticos) de ExxonMobil-Guyana ante la CIJ

Recientemente se reveló que la ExxonMobil pagó los honorarios de los abogados de Guyana en la Corte Internacional de Justicia y de antemano sabían sobre la decisión que tomaría la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto a la controversia sobre el territorio Esequibo.

Según señala el abogado e investigador Ricardo De Toma en la tesis Geopolítica del petróleo en litigios territoriales: las dimensiones marítimas del caso Esequibo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, este pacto entre la petrolera estadounidense y la ex colonia británica se hizo tres meses antes de que el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, notificara a las partes sobre la definición y extensión por un año del mandato reforzado de Mediación con Buenos Oficios, que más tarde daría paso a la remisión del caso a la CIJ por parte de António Guterres.

"Le agradecería que hiciera los arreglos necesarios para que la cuenta en moneda extranjera mencionada a continuación se abra en el Banco de Guyana para recibir un depósito en forma de bonificación por firmar que otorgará ExxonMobil. Esta cuenta no debe tratarse como parte de las reservas del Banco. En cambio, los ingresos deben mantenerse en la moneda del depósito, es decir, dólares estadounidenses, e invertirse en valores garantizados que devenguen intereses", refiere una carta en laque se justifica la transferencia de recursos por parte de la petrolera a Guyana.

Los recientes hallazgos demuestran que, antes de que se enviara la carta anunciando la transferencia de recursos el 20 de septiembre de 2016, ya se sabía sobre la decisión que sería anunciada por Ban Ki-moon el 16 diciembre de ese año, al punto de adelantarse a los hechos y coordinar con el gobierno de Guyana su contribución financiera para el pago de los abogados que representarían al país en la CIJ.

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