La más reciente acumulación de medios militares de Estados Unidos en el Caribe, ordenada por Donald Trump, ha evolucionado hacia una acumulación de medios de combate con un alcance estratégico. Informes recientes, como el de Simplicius The Thinker, documentan la presencia de destructores de la clase Arleigh Burke, aeronaves de quinta generación, drones y un buque especializado en operaciones encubiertas, además de la reactivación de instalaciones militares en Puerto Rico.

Estas piezas conforman un dispositivo que trasciende la narrativa inicial de "operaciones antidrogas" y se inscribe en un esquema de presión sostenida sobre Venezuela.

El análisis apunta a que el objetivo no es una invasión a gran escala, sino el debilitamiento de las condiciones económicas y políticas del país, mediante la militarización de un espacio clave para sus exportaciones y comunicaciones navales. A ello se suma un patrón de hostigamiento en el mar Caribe, donde embarcaciones civiles han sido destruidas en operaciones presentadas como interdicción del narcotráfico.

Esta dinámica busca crear un escenario de tensión permanente que sirva de base para justificar nuevas agresiones.

El despliegue militar de Trump en el Caribe

Los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe han configurado un escenario de presión estratégica sobre Venezuela. Simplicius detalla que al menos cuatro destructores de la clase Arleigh Burke fueron trasladados a la región en las últimas semanas, entre ellos el USS Stockdale (DDG-106). Paralelamente, se reactivó una base militar en Puerto Rico y se desplegaron unidades del Cuerpo de Marines, drones de vigilancia y aeronaves de combate de última generación.

Uno de los elementos más destacados es la presencia del buque MV Ocean Trader, una plataforma encubierta de operaciones especiales capaz de lanzar drones, helicópteros y equipos SEALs bajo apariencia comercial. Su arribo refuerza la hipótesis de que Washington prepara acciones de incursión selectiva en territorio venezolano. A ello se suman informes sobre el traslado de baterías Patriot desde Qatar hacia el Caribe, lo que revela un cálculo de posibles represalias y confirma el carácter ofensivo de la operación.

El New York Times reconoció el trasfondo estratégico de este despliegue, al señalar que:

"La fuerza de 4 mil 500 miembros que actualmente se encuentra a bordo de ocho buques de guerra es demasiado pequeña para invadir Venezuela (…) El despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de Venezuela".

En esa misma línea, el almirante James G. Stavridis, exjefe del Comando Sur, dice:

"La enorme flotilla naval frente a las costas de Venezuela y el traslado de cazas F-35 de quinta generación a Puerto Rico tienen poco que ver con la interdicción de drogas; representan una sobreexplotación operativa. Más bien, son una clara señal para Nicolás Maduro de que este gobierno se toma en serio la idea de lograr un cambio de régimen o de comportamiento desde Caracas. La diplomacia de las cañoneras ha vuelto, y bien podría funcionar".

19 de octubre como escenario de desestabilización interna

Las denuncias más recientes de Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, apuntan a un plan encabezado por María Corina Machado para detonar acciones violentas el próximo 19 de octubre, fecha de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Según la información presentada, la estrategia incluiría la reactivación de los llamados Comanditos, el uso de explosivos y granadas, y hasta la incorporación de francotiradores con el objetivo de generar víctimas que luego serían atribuidas al gobierno.

Cabello advirtió que, de acuerdo con sus fuentes, Machado actúa con respaldo de factores externos y que ha buscado cobertura política en instancias como la Conferencia Episcopal. En este esquema, se trataría de articular un cuadro de violencia planificada que pueda proyectarse como una crisis nacional.

En paralelo, se denunció que Edmundo González Urrutia tendría previsto acercarse a un país cercano a Venezuela en esos días, pero que, si la violencia escala, sería trasladado a Roma para capitalizar mediáticamente un escenario de violencia. Con ello, se buscaría dar visibilidad internacional a los disturbios y legitimar a la oposición ante audiencias externas.

Estas revelaciones se suman a una secuencia de operaciones frustradas en los últimos meses. Desde agosto se han desarticulado varias células armadas que planeaban atentados con explosivos en Caracas y otros puntos del país. En esos operativos se incautó un arsenal de gran envergadura en el estado Miranda, que incluía fusiles de francotirador, rifles calibre .50, municiones de diverso tipo y granadas. También se desmanteló una red de abastecimiento en los estados Monagas y Anzoátegui, donde se hallaron 54 mil cargas huecas, cordones detonantes, detonadores eléctricos y teléfonos preparados para activar explosivos a distancia.

Las investigaciones apuntaron a un patrón operativo que combina vínculos con el narcotráfico, participación de mercenarios extranjeros —incluido un ciudadano albanés y operadores trinitarios—, así como la coordinación logística con estructuras en Colombia. Entre los blancos identificados figuraban espacios públicos de alto tránsito en Caracas, instalaciones eléctricas y petroleras, y objetivos vinculados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En este panorama, nombres como Iván Simonovis y María Corina Machado reaparecen como articuladores políticos de las redes desmanteladas, mientras que operadores externos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo han sido señalados como los brazos ejecutores.

El choque entre el guion estadounidense y la realidad venezolana

La ofensiva estadounidense en el Caribe, respaldada por operaciones encubiertas y un despliegue militar inédito, busca forzar una reacción que legitime mayores acciones de agresión. Sin embargo, este plan enfrenta obstáculos significativos dentro de Venezuela. La cohesión institucional y la preparación defensiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han reforzado el control del territorio, evidenciado en maniobras como la operación Caribe Soberano 200 y el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia bajo la denominada Zona de Paz número 1.

A ello se suma la neutralización de redes armadas y conspiraciones en distintos estados del país, lo que ha impedido que se consolide un frente interno de desestabilización.

En contraste con episodios previos como las jornadas posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando sectores opositores intentaron generar un escenario de caos y enjambre destituyente con cierto nivel de organización, hoy no existen condiciones internas que favorezcan una escalada. La falta de estructuras operativas como los llamados Comanditos y la ausencia de respaldo dentro de la FANB limitan la posibilidad de articular una crisis sostenida que complemente el asedio externo.

Las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela también se ven debilitadas por la evidencia de operaciones nacionales contra ese delito, con decomisos récord que refuerzan la tesis de que el Estado combate activamente esas redes. En este contexto, la narrativa de "narcoestado" utilizada como justificación para las agresiones pierde solidez frente a datos que muestran lo contrario.

En síntesis, la estrategia estadounidense combina presión militar, amenazas externas y tentativas de desestabilización interna. Pero la solidez institucional, la capacidad de defensa y la inexistencia de condiciones objetivas para un quiebre interno dificultan que ese plan logre sus objetivos.

La apuesta de Washington tropieza con un país que, pese a las amenazas, mantiene cohesión política, control territorial y preparación para enfrentar los escenarios de agresión.