Proferir amenazas terroristas, incluso en tono de broma, conlleva graves consecuencias y provoca que las autoridades de seguridad y justicia tomen medidas. Este escenario se repite en cualquier país, pero en el caso de Venezuela estas acciones suelen ser aprovechadas para denostar el gobierno alegando falsamente violaciones a la libertad de expresión y los derechos humanos.

Recientemente, el youtuber venezolano Oscar Alejandro Pérez Martínez fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por unos comentarios que hizo en su canal de YouTube, en el que "bromeaba" sobre un posible ataque con bombas al centro financiero Credicard que colapsaría el sistema bancario nacional.

Por incitar al terrorismo, el Ministerio Público solicitó una medida cautelar innominada para Oscar Alejandro.

Durante el desarrollo de estas acciones por parte de las autoridades venezolanas, se desató una campaña mediática entre medios corporativos y figuras políticas de oposición para desacreditarlas y distorsionar el incidente como un acto arbitrario y violatorio de los derechos del youtuber.

¿Libertad de expresión para llamar a cometer actos de terrorismo? 

Resulta hipócrita señalar a Venezuela en este caso, cuando hay numerosos ejemplos que demuestran que esta actuación es común para preservar la seguridad nacional, y que aquellos que critican, como Estados Unidos, son mucho más severos en situaciones similares.

De hecho, estas acusaciones llegan apenas días después de que las autoridades federales estadounidenses detuvieran al migrante ilegal venezolano Leonel Moreno, apodado "Leíto", quien se hizo viral en redes sociales por incitar a delinquir y burlarse de las autoridades de ese país. Moreno, quien escapó del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de cruzar la frontera sur de Texas en 2022, fue capturado en Columbus (Ohio) por agentes de dicho organismo.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Geauga, según registros del ICE. Durante su estancia en EE.UU. ha instado a otros inmigrantes a invadir el país y ocupar casas de ciudadanos estadounidenses, ha alardeado de supuestas dádivas del gobierno mientras agitaba fajos de billetes en sus redes sociales. "Leíto" también provocó controversia cuando en febrero pidió públicamente a los venezolanos unirse para ayudar a un menor de 15 años acusado de disparar a un turista en Times Square. 

Otro ejemplo es el arresto en Japón de Ramsey Khalid Ismael, un creador de contenido estadounidense en TikTok conocido como Johnny Somali. Entre sus acciones se encuentra perturbar la paz en un restaurante de Osaka con ruidos provenientes de una transmisión en vivo desde su celular, en la que se escuchaban incitaciones al disturbio, así como irrumpir en una obra de construcción en la misma ciudad profiriendo insultos. Ismael también fue capturado en video en un tren haciendo comentarios ofensivos hacia los japoneses, llegando a amenazarlos con bombas atómicas.

Un tribunal japonés lo declaró culpable de "obstrucción criminal de una empresa". Como parte de su castigo, Somali fue multado con 200 000 yenes (alrededor de 1 300 dólares) y fue expulsado del país.

Las autoridades enfatizaron que la responsabilidad penal debe ser tomada en serio, y destacaron la necesidad de imponer castigos necesarios para disuadir a otros creadores extranjeros que llegan a Japón en busca de viralidad con sus transmisiones en vivo.

Tanto cuando se trata de "influencers" que buscan deliberadamente generar controversia para obtener visibilidad en las redes sociales, o sean comentarios aparentemente inocentes, se presentan costos que deben ser asumidos.

Es el caso del estudiante indio-británico Aditya Verma, quien enfrentó un juicio en España por una broma fallida que realizó en julio de 2022. Verma publicó un mensaje en Snapchat haciendo referencia a un atentado terrorista mientras volaba de Londres a Menorca, lo que provocó que aviones de combate españoles despegaran hacia el avión comercial.

A pesar de argumentar que su intención no era herir a nadie y que se trató de una broma relacionada con su origen étnico, Verma fue detenido y enfrentó un interrogatorio por los servicios de inteligencia británicos al regresar al Reino Unido. Fue absuelto en el juicio, pero tuvo que pagar una multa de 22,5 mil euros y el Ministerio de Defensa español exigió una indemnización de 95 000 euros por la falsa alarma generada. El joven, de 18 años en ese momento, tuvo que hacer frente a las consecuencias de su malentendida broma.

En otra ocasión, en 2014, el médico venezolano Manuel Alvarado tuvo que pagar una multa de 89 000 dólares impuesta por las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras causar un caos al hacer una broma sobre llevar una bomba consigo. El departamento de comunicaciones de MIA destacó que este tipo de amenazas en un aeropuerto no pueden ser consideradas como simples burlas.

"La gente hace estos comentarios estúpidos todo el tiempo, y piensan que es gracioso, pero si quieren ser graciosos en este aeropuerto les vamos a mostrar lo que ser gracioso significa”, dijo Emilio González, en ese momento director de MIA.  

El comentario de Alvarado resultó en el cierre de una parte de la terminal durante varias horas y en la evacuación de la zona, lo que generó demoras e inconvenientes a los pasajeros y los empleados del aeropuerto. El incidente ocurrió cuando el médico se disponía a abordar un vuelo con destino a Bogotá, con conexión a Maiquetía, Venezuela.

Relato de la aprehensión: "fui tratado con respeto"

Oscar Alejandro Pérez fue liberado el 1 de abril tras recibir del Ministerio Público la medida cautelar. El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció detalles del caso y afirmó que le fueron respetados sus derechos humanos y que no puede calificarse como una detención arbitraria. Más tarde, el youtuber publicó un video en el que narra los acontecimientos y confirma lo dicho por el fiscal.

Pérez relata que inicialmente le informaron que tenía problemas para realizar el chequeo debido a una solicitud de aprehensión por parte de un tribunal con competencia en terrorismo y actos de odio. En sus palabras, destaca que fue tratado con respeto durante su detención y agradece a los funcionarios que le permitieron la compañía de su madre.

Posteriormente, dijo que fue trasladado a un tribunal donde se le permitió tener un abogado. Allí ofreció disculpas por su declaración y dijo que el juez determinó que no era necesario que siguiera detenido, aunque le advirtió que debía estar atento a futuros requerimientos de las autoridades judiciales.

Al vivir en Estados Unidos, Oscar Alejandro Pérez debería ser consciente de que comentarios de naturaleza terrorista son duramente castigados. No tenía razón alguna para mencionar de manera irresponsable la posibilidad de un ataque con bombas al centro financiero Credicard. 

Banalizar actos graves como incitar al terrorismo, presentándolos como simples bromas, es especialmente preocupante dado el contexto actual en Venezuela. En medio de tensiones políticas y conspiraciones extremistas que buscan desestabilizar el país mediante golpes de Estado, magnicidios y disturbios, es fundamental la forma de actuar del gobierno responsabilizando a los individuos por sus acciones y palabras en público.