La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019, tras el voto afirmativo de países que, articulados en el extinto Grupo de Lima, respaldaron el gobierno fake de Juan Guaidó.
Venezuela rechazó la decisión de establecer dicha comisión, cuyas motivaciones se sustentan en una agenda política de desestabilización diseñada y promovida por Washington, convalida desde la Organización de Estados Americanos (OEA).
El mandato de esta misión vence este mes de septiembre luego de tres renovaciones. Se trata de un grupo ad-hoc integrado por tres expertos internacionales que no tiene vinculación con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Sus informes u opiniones no son vinculantes y no posee permiso para hacer presencia en el país, por lo que opera desde Panamá.
Además, sus informes se diferenciaron negativamente del trabajo desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con la que el Estado venezolano ha mantenido coordinación estrecha para el monitoreo de denuncias.
Lo que dice, supone y no dice el informe
El informe, emitido el pasado 19 de septiembre, reitera el término "violaciones graves a los derechos humanos" en sus primeros párrafos, asimismo califica de "crisis postelectoral" al proceso de golpe de Estado que se buscó instrumentar, desde dentro y fuera de Venezuela, mediante el uso de modalidades de guerra en los planos comunicacional, armado, cibernético y psicológico.
Además, sus análisis, acusaciones y conclusiones parten del estándar de prueba denominado "motivos razonables para creer" que, según el texto, "se cumple cuando se ha reunido información fáctica que satisfaga a un observador objetivo y prudente de que el incidente se ha producido tal como se ha descrito con un grado razonable de certidumbre" (punto 9).
En otros casos, "la misión presenta únicamente indicios preliminares de que los hechos han podido razonablemente ocurrir".
En diez puntos se pueden descifrar los sesgos, la pretendida objetividad y las inconsistencias del informe en cuestión.
1. Desconocimiento de la desestabilización pre-electoral
El análisis de la situación anterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio relata lo ocurrido desde las elecciones primarias de la oposición en octubre pasado.
No se objeta la falta de transparencia de aquel proceso, luego del cual, el precandidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, dijo que fue un "desastre" que se produjo "por no haber contado con el apoyo técnico del CNE".
El documento menciona la campaña electoral presidencial aludiendo a detenciones de dirigentes políticos que fueron acusados por el Ministerio Público (MP) venezolano de actos conspirativos.
Cabe destacar que el MP expuso pruebas de que tres líderes regionales del movimiento Vente Venezuela (VV) se encontraban vinculados a una trama terrorista como apoyo logístico para la operación "Brazalete Blanco".
Esta consistía en que, el 23 de enero pasado, un grupo paramilitar asaltaría varios cuarteles militares y procedería a asesinar tanto al presidente Nicolás Maduro como al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.
2. Discrecionalidad del relato de los derechos humanos
A lo largo del informe se subestiman estas líneas de investigación desarrolladas por el Estado, sin embargo, los hechos violentos y violaciones a la ley ejecutadas a partir del 29 de julio, una vez divulgados los resultados electorales, denotan la realidad: el sector opositor ligado a María Corina Machado estuvo fraguando una escalada de acciones cibernéticas, armadas y psicológicas dirigidas a desconocer —aun más— la institucionalidad venezolana y amenazar la estabilidad.
La misión no ha establecido contacto, ni contrastado datos, con las autoridades venezolanas. Las versiones de los hechos, así como las suposiciones o probabilidades que expone, se corresponden con actores y medios de comunicación abiertamente afiliados a este sector de la oposición. Lo que ratifica el uso discrecional de la narrativa de los derechos humanos contra países no alineados con la hegemonía estadounidense.
3. Fuentes sesgadas
El informe se hace eco de las declaraciones de observadores electorales como el Centro Carter, organismo que no esperó la conclusión, o el avance significativo, del proceso electoral para emitir opinión al respecto.
Además, remite a informaciones de ONG como Foro Penal o el Centro para los Defensores y la Justicia que forman parte del circuito de grupos políticos constituidos y financiados por agencias estadounidenses interesadas en interferir en la política venezolana.
4. Desconocimiento del elemento criminal
Aunque la Fiscalía ha afirmado que no se han recibido ni conocido denuncias que vinculen al Estado con las muertes ocurridas en las confrontaciones de los días 29 y 30 de julio, el informe afirma que "la represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas" (punto 8).
Desconoce así los ataques a la infraestructura y personal civil de supuestos manifestantes, asimismo las amenazas públicas y privadas en contra de dirigentes de base en la comunidades.
En ninguno de sus pasajes menciona los asesinatos, con demostrada motivación política, de Isabel Cirila Gil en el estado Bolívar ni de Mayauri Coromoto Silva Bielma en el estado Aragua.
La misión obvia la participación de bandas criminales, en distintas localidades del país, amenazando a la población y dirigentes políticos, lo que justificó la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el uso gradual de la fuerza.
5. llama "protestas espontáneas" a la violencia post electoral
La sección referida a las detenciones realizadas durante la escalada violenta —que califican de "protestas espontáneas"— argumenta que hubo "graves y sistemáticas violaciones del debido proceso"(punto 44). Sin embargo, evita hacer mención a casos concretos u ofrecer estadísticas precisas.
Para fundamentar sus afirmaciones, la misión cita a sus propios informes o remite a casos supuestamente ocurridos en años anteriores.
Las autoridades capturaron a dirigentes políticos bajo la presunción de su autoría intelectual en distintas acciones terroristas desarrolladas bajo la figura de "protestas", sin embargo la misión "alcanzó motivos razonables para creer que sus detenciones fueron arbitrarias".
A este respecto, afirma el informe que "el riesgo de desintegración del Estado de Derecho es muy alto" (punto 73), sin embargo, obvia permanentemente la campaña de amenazas e instigación, vía redes sociales, contra el sector político del chavismo, también contra los mismos opositores que criticaran la confrontación convocada por el sector vinculado a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
6. Validación del desconocimiento a las instituciones
Machado, quien ya en 2022 afirmaba que las elecciones debían realizarse con "cero CNE, cero TSJ, cero Plan República, cero maquinitas (máquinas de votación)", ha mantenido un constante desconocimiento a los poderes públicos y ha estimulado acciones —internas y externas— para la desaparición de estos por la vía violenta.
Sin embargo, la misión considera que las "críticas u opiniones" de quienes se han expresado y actuado en consecuencia a su discurso extremista son delitos "de tipificación ambigua"(punto 70).
7. Utilización forzada del término "desapariciones forzadas"
La misión introduce el término "desapariciones forzadas de corta duración" para describir las detenciones de dirigentes y militantes opositores involucrados en distintos delitos de odio o terrorismo. Hace una "interpretación extensiva" del concepto de desaparición forzada, aunque reconoce que el término no aguanta una interpretación restrictiva (punto 78).
Aunque enumera casos en los que dirigentes de VV fueron detenidos y presentados ante los tribunales, obvia referir los presuntos delitos por los cuales son acusados y valida, de manera forzada, el relato mediático de desaparición forzada.
8. Acusaciones de torturas sin fundamento
Respecto a la sección "Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes" la misión emite suposiciones como "es probable que la mayoría de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes posteriores al 28 de julio de 2024 no hayan sido reportados todavía por las víctimas o sus familias" (punto 87).
El documento denuncia la inacción de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradante, adscrita a la Defensoría del Pueblo, a partir de una probabilidad que el mismo informe plantea basada en rumores, dado que no ha habido denuncias firmes.
Como en esta sección, a lo largo del informe se evidencia que la misión desarrolla tópicos que parecieran buscar generar impacto mediático mediante titulares efectistas con base en informaciones no confirmadas o probabilidades.
9. Acusaciones vagas de violencia sexual
También refiere "una multitud de casos de requisas invasivas y de desnudez forzada de mujeres y niñas detenidas" (punto 98) que constituirían violencia sexual y de género, sin embargo no documenta la tendencia generalizada que, según el informe, amenaza el Estado de Derecho.
En concordancia con la poca rigurosidad que caracteriza a sus informes, la misión se refiere a casos aislados o utiliza calificaciones vagas como "una multitud", "numerosas", entre otras.
Otro aspecto curioso tiene que ver con una de sus fuentes de información: el Centro para los Defensores y la Justicia utiliza logos del movimiento Otpor, vinculado a distintas revoluciones de color.
10. Desconocimiento de la agresión a la comunicación popular
En el documento en cuestión se hace referencia a supuestos cierres de emisoras, prohibición de emisión de programas y bloqueos de páginas web, con información proveniente del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, otra ONG vinculada a los consorcios que operan en torno al financiamiento exterior para apuntalar un cambio de régimen en Venezuela.
Sin embargo, se obvia el cruento ataque a la emisora comunitaria "Radio Venceremos" en Carora, estado Lara. El pasado 30 de julio, en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de dicha ciudad, un grupo de opositores encapuchados destruyó los equipos del medio de comunicación, bañó con gasolina y golpeó con saña a unas 20 personas de las cuales quedaron, al menos, dos heridos de gravedad.
la agenda de la criminalización
Con estos diez puntos críticos queda demostrado que el documento elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos es otro elemento en el expediente que busca promover la criminalización del Gobierno venezolano.
Esto es más demostrable por lo que se obvia que por lo que se dice sin estándares claros de pruebas. Además de las informaciones parcializadas o inconsistentes, el lenguaje utilizado parte de culpabilizar a los poderes públicos y, bajo esa premisa, transformar cualquier indicio o rumor en supuesta prueba que la confirme.
Sus acusaciones se dan en un contexto particular en el que voceros como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, han pedido el arresto del presidente Maduro. Asimismo, algunos sectores de la derecha latinoamericana y española promueven la emisión de órdenes de captura.
Estos sectores buscan revivir el espíritu regional de confrontación del Grupo de Lima mientras, desde Estados Unidos, senadores republicanos del estado de Florida pretenden fijar una alta recompensa para promover el arresto de autoridades venezolanas, como un ingrediente narrativo para justificar acciones armadas contra Venezuela, como las promovidas por Erik Prince con la campaña "Ya Casi Venezuela".
No es casualidad que el componente armado que se busca implementar como una apuesta superior de conflicto sea reiteradamente obviado en el informe.