La antesala de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024 se ha ido tiñendo progresivamente de un clima de virulencia verbal en las redes sociales, una escalada que amenaza con traspasar la barrera digital y desembocar en una situación de violencia política que, como es bien sabido, tiene precedentes aun frescos en la memoria colectiva nacional. Este escenario de confrontación, lejos de ser un fenómeno aislado, refleja la profunda necesidad de sectores extremistas de oposición por producir una fractura social que amenace con desgarrar el país. 

Las expresiones de odio manifiestan la desesperación y la intolerancia característica en ciertos sectores de la oposición venezolana. La incapacidad de aceptar una victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, vista como un fraude premeditado por aquellos que solo contemplan su propio triunfo, desencadena periódicamente mensajes cargados de furia, discriminación y un ánimo de aniquilación total hacia el chavismo.

Este discurso, lejos de ser una novedad, refleja el modus operandi del antichavismo. Su negativa a aceptar la voluntad popular expresada en las urnas ha llevado a recurrir a la violencia y al sabotaje, cuyos objetivos concretos son deslegitimar el proceso electoral, sembrar el caos social y justificar la ira como herramienta para alcanzar el poder.

Es en este punto donde surgen narrativas que resuenan como ecos del fascismo. La búsqueda de un statu quo de violencia, discriminación y ánimo de exterminio contra el chavismo por parte de estos sectores encuentra un paralelo escalofriante con esta corriente.

No es casual que tales expresiones de odio se intensifiquen en el contexto de la lucha por el poder que se ha propuesto la diringencia del antichavismo. Es una estrategia que ha sido utilizada en el pasado por estos grupos, quienes han demostrado una férrea oposición a la participación popular en el proceso electoral y una inclinación hacia la brutalidad como método para alcanzar el poder.

La historia reciente de Venezuela, llena de hechos como las protestas caóticas de 2014 y 2017, la insurrección contra la institucionalidad de la Operación Guaidó de 2019, y las constantes sanciones económicas que buscan desestabilizar el tejido económico y social del país son ejemplos que confirman esta tendencia peligrosa.

Dicho escenario, exacerbado por la polarización política y la propaganda de odio, crea un caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad social. La posibilidad de un panorama en el que grupos violentos intenten sabotear la cita comicial e imponer su agenda por la fuerza es una amenaza latente que exige medidas contundentes para proteger la paz del país.

El gobierno nacional ha respondido a esta amenaza con una serie de medidas legislativas para regular el financiamiento de las ONG, las cuales, en algunos casos, son instrumentalizadas en aras de financiar la violencia política, e igualmente con la implementación de sanciones a delitos de fascismo que busca prevenir esta escalada y garantizar que los responsables de actos de odio sean sometidos a la justicia. 

La continuidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro se presenta como la garantía de la paz social y el diálogo político en Venezuela. Es el único candidato que ha demostrado un compromiso con la armonía y la unidad nacional, y que ha trabajado incansablemente para construir un clima de consenso y conciliación entre las diferentes fuerzas políticas.