La agencia AP reportó desde Miami, el 5 de marzo de 2021, que tres venezolanos (Juvenal Sequea, Juven Sequea y Rayder Russo) se declararon culpables ante un tribunal de Colombia de ayudar a organizar la invasión del año pasado llamada Operación Gedeón para derrocar al presidente Nicolás Maduro. 

En la audiencia del viernes pasado ante un tribunal en Bogotá, los hombres reconocieron su papel junto a Jordan Goudreau, un ex boina verde estadounidense y veterano de la guerra de Irak, en la organización de un ejército mercenario de unas pocas docenas de desertores militares venezolanos que intentaron derrocar al presidente de Venezuela. Los planes incluían asaltar instalaciones militares y el palacio presidencial.

"Pido disculpas al gobierno colombiano", dijo el ex mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juvenal Sequea, según AP, a un juez cuando él y los otros dos aceptaron cargos más leves de brindar asesoramiento y apoyo logístico a grupos armados ilegales.

Los Sequea son los hermanos mayores del comandante confeso de la fallida incursión del 3 de mayo, el capitán Antonio Sequea, quien se encuentra preso en Caracas, capital venezolana.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, que se espera que el juez ratifique a finales de este mes, los hombres aceptaron un solo cargo que se castiga con entre 6 y 10 años de prisión. Pero, según la ley colombiana, pueden ser puestos en libertad condicional o bajo arresto domiciliario si son sentenciados a menos de 8 años, lo que significa que los hombres podrían ser liberados a cambio de cooperación.

Anteriormente, los hombres, que estaban encarcelados desde su detención hace seis meses, habían sido acusados ​​de proporcionar entrenamiento militar a grupos armados ilegales, un delito más grave que se castiga con hasta 30 años de cárcel.

Según el acuerdo de culpabilidad leído por los fiscales en la corte, la investigación colombiana fue impulsada por la incautación del 23 de marzo de 2020 de un alijo de 26 rifles de asalto y equipo táctico que luego se reveló que fueron enviados por una cuarta acusada, Yacsy Álvarez, y destinados a los rebeldes en la península de La Guajira, región que Colombia comparte con Venezuela.