Desde el actual involucramiento de Estados Unidos en Ucrania, pasando por su presencia militar duradera en Asia Occidental, hasta las crecientes tensiones entre Washington y Beijing en la región Asia-Pacífico, independientemente de quién controle el Congreso estadounidense y de quién se siente en la Casa Blanca, estos conflictos siguen adelante, a menudo con un presidente demócrata que prepara el terreno para su sucesor republicano, y viceversa.
¿Por qué, independientemente de por quién voten los estadounidenses en el poder, la política exterior del país, e incluso la interior, parece avanzar a toda velocidad?
Contrariamente a la creencia popular, la política exterior e interior estadounidense no está determinada por el Congreso, ni siquiera por la Casa Blanca, sino por una poderosa combinación de intereses corporativos-financieros, no electos, que financian una vasta red de instituciones políticas conocidas como think tanks.
Estos think tanks crean un consenso entre los diversos intereses corporativo-financieros que financian sus actividades, además de formar parte de sus consejos administrativos, juntas directivas o servir como asesores de estas instituciones.
Tal consenso se manifiesta en los diversos documentos políticos que los think tanks publican cada año, que luego son redactados en forma de proyectos de ley por equipos de abogados y especialistas legislativos. Los grupos de presión proponen los proyectos al Congreso y a la Casa Blanca, que votan por ellos o aprueban, a menudo sin siquiera leer su contenido.
Dado que el centro del poder en ese país reside en estos intereses y no en el Congreso o la Casa Blanca, los esfuerzos para influir, cuestionar o cambiar la política estadounidense deben centrarse en los intereses basados principalmente en Wall Street y no en los políticos de Washington D.C.
¿Qué son los think tanks?
Lejos de ser una "teoría de la conspiración", el papel central que desempeñan los think tanks financiados por corporaciones en la conducción de la política exterior e interior de Estados Unidos fue explicado nada menos que por el medio de comunicación auspiciado por el gobierno, Voice of America, en un artículo de 2018 titulado "¿Qué hay detrás de los think tanks que influyen en la política estadounidense?".
El artículo señalaba:
"De los más de 1 800 think tanks que existen en Estados Unidos, casi 400 tienen su sede en Washington. Las administraciones anteriores se han basado en la investigación y las ideas generadas por estas organizaciones para formular sus políticas. Estas instituciones han sido criticadas en el pasado por su excesiva influencia en la formulación de las políticas de la nación".
El artículo también admitía que muchos de los que están en los medios de comunicación y la política estadounidenses empezaron en los pasillos de estas instituciones financiadas por corporaciones financieras.
El artículo decía:
"Además de influir en las políticas públicas, estas instituciones suelen ser un campo de entrenamiento para quienes desean hacerse un nicho en los medios de comunicación o en los pasillos del poder".
El mismo artículo admitió que "los think tanks son también una puerta giratoria para el talento", señalando que,
"En la administración de George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y la secretaria de Estado Condoleeza Rice procedían todos de think tanks de Washington".
Solo al final del artículo se hace mención a los intereses empresariales y financieros que subvencionan estos centros de estudio.
El artículo afirmaba:
"Pero las políticas y las ideas se desarrollan a menudo a través del prisma de la parcialidad política, por lo que saber quién paga esas ideas es importante".
"'Creo que lo primordial es que el público sepa que, cuando los think tanks publican un informe, es importante que quienes lo lean traten de entender si ha sido influido por el patrocinante o no', dice Rom, de la Universidad de Georgetown. 'Y los buenos think tanks son abiertos y transparentes en el tipo de investigación que realizan para que quienes lean esa investigación puedan juzgar su independencia'".
Pocos estadounidenses conocen, y mucho menos comprenden, el papel central que desempeñan estas organizaciones en la formulación de políticas de su país. Menos aun son conscientes del monumental conflicto de intereses que existe entre las corporaciones e instituciones financieras que los sufragan, las políticas que estos proponen, y los proyectos de ley y las políticas que finalmente se aprueban e implementan en Washington.
Debido a esta falta de comprensión, muchos ciudadanos creen que el futuro de la política en Washington se define a través de las elecciones. En realidad, su futuro viene determinado por intereses empresariales y financieros no electos que promueven las propuestas que desean, independientemente de quién controle el Congreso o de quién ocupe actualmente la Casa Blanca.
Cómo se hacen (realmente) las facturas
CBS News, en un artículo de 2017 titulado "¿Quién redacta realmente los proyectos de ley en el Congreso?", admitiría que "abogados" conocedores de los temas de los proyectos de ley suelen ser quienes los escriben.
El mismo artículo reconoce que los proyectos de ley pueden originarse "directamente de un integrante, que podría recibir aportaciones de los electores, grupos de presión o personal sobre un tema en particular".
Como admitió Voice of America en su artículo, esos "grupos de presión" y "abogados", e incluso "miembros" del Congreso, proceden de think tanks costeados por empresas financieras.
Así, aunque muchos crean erróneamente que sus congresistas electos los "representen" a ellos y a sus intereses, está claro que los intereses no electos monopolizan la formulación de políticas, disfrutan de una influencia injustificada sobre los que aprueban las nuevas propuestas, y los estadounidenses solo se enteran por los medios de comunicación, a menudo mucho después de que exista cualquier posibilidad práctica de protestar contra ellas o de revertirlas.
Como Voice of America también admitió, muchos de los medios de comunicación que informan al pueblo estadounidense sobre las nuevas decisiones comenzaron sus carreras en los pasillos de estos think tanks políticos respaldados por los mismos intereses corporativos-financieros no elegidos que proponen sus gestiones en primer lugar.
USA Today, en un reportaje de investigación de 2019 titulado "Los elegiste para que redactaran nuevas leyes. En su lugar, dejan que lo hagan las corporaciones", lo explica de forma más explícita:
"Cada año, los legisladores estatales de todo Estados Unidos presentan miles de proyectos de ley ideados y redactados por empresas, grupos industriales y think tanks. Disfrazados de trabajo de los legisladores, estos llamados proyectos de ley 'modelo' se copian en el Capitolio de un estado tras otro, avanzando silenciosamente la agenda de las personas que los escriben".
El informe de investigación también señalaba lo manipuladores que suelen ser los títulos de los proyectos de ley, hechos para engañar deliberadamente al público:
"La Ley de Transparencia del Amianto no ayudó a las personas expuestas a él. Fue redactada por empresas que querían dificultar la recuperación del dinero de las víctimas. La «Ley HOPE», introducida en nueve estados, fue redactada por un grupo de defensa conservador para dificultar el acceso a los cupones de alimentos".
El informe lamentaría que "los proyectos de ley prometen proteger al público", pero "en realidad refuerzan los resultados de las empresas".
Esto no debería sorprender, teniendo en cuenta que estos proyectos proceden de think tanks financiados por estas mismas compañías.
El Congreso aprueba proyectos de ley que ni siquiera lee
US News, en un artículo de opinión titulado "Un pequeño secreto no tan sucio", intentaría excusar al Congreso de tener que leer los proyectos de ley que firma.
Admitía:
"El pequeño secreto no tan sucio del Congreso —y, sospecho, de la mayoría de los órganos legislativos— es que los congresistas suelen votar por leyes sin haberse sentado a leerlas literalmente".
El artículo destaca que, en su lugar, "especialistas legislativos que trabajan en el Congreso y, en algunos casos, habitantes de think tanks ajenos a él", interpretan los proyectos de ley y los explican a los legisladores, quienes luego votan por ellos.
Según el sitio web de la Casa Blanca, "cualquiera puede escribir" un proyecto de ley para presentarlo al Congreso. En teoría, esos documentos deberían representar los intereses del pueblo en una democracia occidental. Los legisladores que votan por ellos deberían hacerlo en interés de los ciudadanos que los eligieron para el cargo en primer lugar.
En realidad, muchos proyectos legislativos son redactados por los propios intereses financiados por las empresas o por los legisladores y sus equipos, a los que estos factores presionan. Se trata de planes que el Congreso confiesa no entender, y en su lugar depende de especialistas que trabajan para esos mismos intereses con vistas a que se los expliquen.
Lo que surge es una política impulsada por intereses no electos, simplemente blanqueada a través de representantes elegidos, creando la ilusión de un mandato público. Como se puede votar a los políticos para que entren y salgan de sus cargos, cuando el público no está satisfecho con la política, la esperanza vacía de nuevas elecciones y la perspectiva de un "cambio" les impide abordar los factores subyacentes que impiden que la transformación se produzca realmente.
¿Quién financia estos think tanks?
Los think tanks suelen indicar en sus páginas web quién patrocina su trabajo o quién forma parte de su consejo de administración, junta directiva o equipo de asesores. Independientemente de la información que se haga pública, está representado el mismo círculo de intereses empresariales y financieros.
Por ejemplo, el American Enterprise Institute no revela fácilmente su lista de donantes, pero sí publica la de fideicomisarios en la que figuran representantes de la empresa de capital riesgo Carlyle Group, del sector de las compañías de seguros, como State Farm, de las grandes tecnológicas, como Dell, y de las grandes finanzas, como UBS.
RAND Corporation, tristemente célebre por su documento de 2019 "Extendiendo a Rusia", que formula una serie de medidas militares y económicas destinadas a llevar a la Federación Rusa a una guerra prolongada con sus vecinos, incluida Ucrania, enumera entre sus principales clientes a IBM, Mitre Corporation y PhRMA Foundation —que a su vez está formada por varios gigantes farmacéuticos—.
El Brookings Institution, responsable de la elaboración de la política de guerra en todo el mundo, incluido su documento de 2009 "¿Cuál es el camino a Persia?" enfocado en Irán, enumera sus patrocinantes corporativos e institucionales, que incluyen no solo al gobierno de Estados Unidos sino a múltiples gobiernos extranjeros, así como los intereses corporativo-financieros sino a las grandes tecnológicas como Facebook, Google y Microsoft, las grandes finanzas como Blackrock, Mastercard y UBS, los fabricantes de armas como Northrop Grumman y Lockheed Martin, las grandes petroleras como BP y Chevron, así como los bienes de consumo y servicios como PepsiCo, Amazon y Walmart.
Cómo controlar el poder no elegido e injustificado
Como señaló Voice of America, solo en Estados Unidos hay más de 1 800 think tanks, muchos de los cuales comparten el mismo puñado de patrocinadores, directores, fideicomisarios y asesores de las Fortune 500.
Si bien la población estadounidense puede votar a favor y en contra de los numerosos miembros del Congreso que aprueban los proyectos de ley que se les presentan, ¿qué pueden hacer respecto a los intereses no electos que presentan estos documentos al Congreso en primer lugar?
A menudo denominado "votar con la cartera", pueden crear listas de los grandes intereses empresariales y financieros que ejercen una influencia injustificada sobre su gobierno, y redirigir sus ingresos mensuales lejos de ellos, y en su lugar a alternativas locales o extranjeras.
Estos intereses especiales no aparecieron "de la noche a la mañana" sino que se forjaron a lo largo de años, a veces décadas, acumulando dinero, tiempo, atención y energía de millones de estadounidenses en el país y de cientos de millones de personas fuera de él.
Aumentando la concientización sobre el poder injustificado y el abuso que ejercen estos intereses y desviando dinero, tiempo, atención y energía lejos de ellos y hacia una mayor variedad de alternativas dentro y fuera del país, puede crearse un equilibrio de poder mejor.
En muchos sentidos, el auge del multipolarismo representa un buen ejemplo. Occidente había mantenido durante generaciones un monopolio sobre muchos bienes, servicios e industrias, lo que le había otorgado una hegemonía mundial.
Con el auge de China, el resurgimiento de Rusia y las nuevas naciones industrializadas que crean alternativas a lo que antes eran monopolios occidentales, la gente de todo el mundo está dividiendo ahora su dinero, tiempo, atención y energía entre estas muchas opciones, lo cual ha creado un mejor equilibrio de poder. Mientras este proceso se desarrolla en todo el mundo, los estadounidenses pueden iniciar un proceso similar en su propio país.
Si se puede crear un mayor equilibrio de poder en Estados Unidos, redistribuyendo la riqueza y el poder que genera entre un mayor número de empresas e intereses en todo el país, habrá muchas más posibilidades de que quienes están en Washington representen este equilibrio de poder superior en lugar de la riqueza y el poder concentrados que existen actualmente en Wall Street.
Brian Berletic es un investigador y escritor de geopolítica que reside en Bangkok, Tailandia. Colabora especialmente para la revista en línea New Eastern Outlook.
Publicado originalmente el 7 de agosto en New Eastern Outlook, la traducción para Misión Verdad fue realizada por Camila Calderón.