Con este trabajo cerramos un seriado cuyo objetivo fue darle contexto histórico a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sistematizamos todos los hechos relacionados con la violencia política de la oposición que provocaron víctimas fatales tomando en cuenta marco temporal que establece el instrumento jurídico.
La pesquisa se enfocó en las víctimas los daños a la nación provocados por la agenda de cambio de régimen. En la extensa investigación no solo se identificaron los ciclos de violencia, también se procuró determinar los factores, dinámicas y condicionantes que contribuyeron a que se produjeran.
Antes de avanzar es necesario recordar que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es, como en otras oportunidades, una expresión de la voluntad del Gobierno bolivariano por lograr la estabilidad social luego de periodos de gran conflictividad social.
Otra década de violencia
Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 en Venezuela fueron de gran importancia estratégica porque se retomó el control institucional y significó el fin de la agenda de cambio de régimen impulsado desde el Poder Legislativo. El entierro del proyecto Guaidó puede verse como el fin de un ciclo político, pero no de los planes para derrocar el gobierno del presidente Maduro.
La victoria del chavismo, en un contexto de pandemia y la intensificación de las sanciones, fue una resistencia a la asfixia integral contra la economía venezolana y el cierre de la estrategia del paralelismo institucional.
Todo parecía indicar que se había alcanzado la estabilidad política y la paz luego de años signados por intentos de magnicidio, inserción de mercenarios y golpes de Estado. También por las pérdidas millonarias que alcanzaron el 98,6% del volumen de ingresos en divisas, el país pasó de obtener más de 50 mil millones de dólares en 2013 a disponer de 743 millones en 2020.
Sin embargo, la violencia opositora escaló a nuevos niveles de complejidad cuando se realizaron las elecciones internas de cara a las presidenciales del 28 de julio de 2024. El primer signo se evidenció durante la campaña cuando la precandidata por Vente Venezuela, María Corina Machado manifestó su decisión de asumir un liderazgo único.
En este sentido, a pocas horas de las primarias, los medios han titulado en concordancia con dicho relato a la vez que otros partidos y precandidatos reconocieron su victoria. No obstante, otros sectores del antichavismo fueron cautos en distinguir entre su rol de candidata y sus pretensiones de coronación.
El día de la primaria Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo que "se elige un candidato, el liderazgo le toca escogerlo a la oposición". Algo parecido declaró el secretario general de un sector de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, en rueda posterior a las primarias dijo: "Nosotros escogimos a una candidata, no a un líder. Hay muchos líderes en la oposición".
Las primarias: el preámbulo para nuevos escenarios de conflicto
Las primarias fueron una fachada para volver a la práctica de la violencia política en Venezuela. Una prueba de ello fue que antes de las elecciones Antonio Ledezma declaró que, ante la inhabilitación de María Corina Machado, "había un plan" y que "el objetivo es la rebelión civil acompañada de la rebelión militar". Por su parte, Andrés Velásquez se opuso a la propuesta hecha por Henrique Capriles de sustituir al ganador de las primarias si este permanece inhabilitado.
Estas declaraciones dejaban entrever que un sector de la oposición estaba forzando una salida violenta al margen de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y Negociación que se alcanzaron en México un año antes.
El evento electoral ya mostraba debilidades cuando se negaron a recibir apoyo del CNE, pero querían contar con los centros electorales y preferían el voto manual. También fue evidente que todo el proceso estuvo plagado traiciones y cambios en la correlación de fuerzas, lo que dejó al descubierto la atomización de las fuerzas opositoras.
En ese escenario María Corina Machado fabricó su "épica" y arrastró a varios sectores de la oposición a su agenda extremista. Después de las primarias se fue instalando la idea de que se aproximaba una transición política en Venezuela, con lo cual se estaría dando como un hecho que el escenario luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio está determinado por la entrega del poder por parte del presidente Nicolás Maduro.
La palabra "transición" se convirtió en una muletilla o estribillo en el discurso de la oposición, incluso ya se hablaba de una era postchavista en la que se proyectaba un país sin conflictos políticos, con libertades sociales y económicas, y sin sanciones.
Si bien la idea de una "transición" se venía acuñando desde que se intentó imponer el gobierno fake de Juan Guaidó, con la realización de las primarias opositoras en octubre de 2023 se volvió más común su intento de fijación. Desde entonces un sector del ecosistema opositor asumió ese proceso interno como unas elecciones presidenciales generales, aunque haya estado dirigida solo a sus partidarios y participara un porcentaje mínimo del padrón electoral.
Es por ello que la inhabilitada María Corina Machado decía encarnar la figura de la "transición" en el país, como si ya hubiese empezado ese proceso, y trató de seguir representando la imagen del "cambio" aun cuando no participará en las elecciones.
El triunfalismo fue una estrategia para ir instalando la idea de que no era posible una realidad distinta a la que dibujaron luego del 28 de octubre: una victoria del candidato de la PUD, Edmundo González Urrutia.
No obstante, vale resaltar que no es la primera vez que la oposición se muestra a sí misma como superior al chavismo y segura de que "ahora sí" va a derrotarlo. Se ha visto en todos los procesos electorales, tanto a escala nacional como regional, en los que se ha repetido la misma historia: se asumen como mayoría y luego sus electores tienen que manejar sus frustraciones.
El sentimiento de superioridad sirvió como estrategia para movilizar a sus votantes, pero por otra parte las enormes expectativas generadas se usaron como caldo de cultivo para promover escenarios de violencia.
Si se dijo hasta el hartazgo que el CNE no es un organismo imparcial, se puso en duda la presencia de algunos observadores internacionales y se crearon falsas expectativas de cara a los comicios presidenciales, no cabe duda de que todos estos elementos sirvieron como carburantes para generar caos.
En las entregas anteriores hemos expuesto cómo finalizan los llamados a "descargar la arrechera", las movilizaciones "hasta Miraflores" o las promesas a ir "hasta el final", y todo apuntaba a que la oposición buscaba reeditar con más voltaje escenarios de violencia.
En el marco de las elecciones presidenciales la intelectualidad opositora insinuó que volverían las guarimbas como método de presión política. Durante su intervención en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el director de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, resaltó la posibilidad latente del surgimiento de escenarios de conflictividad social.
Esto lo afirmó a partir de un sondeo de la encuestadora Delphos que arroja la disposición de 41% de los consultados a protestar de forma "no violenta" contra el Gobierno Bolivariano, mientras que 50,8% no lo habría concebido.
Tal como se estimaba en diversos análisis previos a la elección presidencial, la oposición venezolana desconoció los resultados del 28 de julio de 2024.
Algunas contradicciones en el discurso opositor:
- El 28 de julio, a pocos minutos de que se iniciara el cierre de mesas, el periodista de la fuente electoral, Eugenio Martínez, insinuó que Edmundo González Urrutia aventajaba a Maduro por el orden de 22 puntos.
- A las 11:00 p.m. el secretario general de la PUD, Omar Barboza, comentó que la organización contaba para el momento con actas equivalentes a 30% de las mesas electorales.
- Poco luego de la media noche, y seguidamente a los anuncios del presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, María Corina Machado declaró en primer plano junto al excandidato Edmundo González e indicó que tenía en sus manos el 100% de las actas transmitidas por el CNE. Agregó que Edmundo González había alcanzado 70% de los votos.
- En la misma rueda de prensa, y en presencia de Machado, González manifestó que la PUD contaba con 40% de las actas.
- En horas de la mañana del 29 de julio, el abogado de Machado, quien también cumple funciones como asesor legal del Comando ConVzla, Perkins Rocha, dijo en rueda de prensa que los opositores tenían "un número muy importante de actas", pero agregó que "no podía dar el número exacto".
- Rocha denunció que Edmundo González había sido despojado de 5 millones de votos en el conteo electoral.
Luego del desconocimiento de los resultados electorales hubo una conmoción política que entró en etapa callejera el 29 de julio con algunas manifestaciones violentas registradas en Caracas y otras ciudades del país.
Los opositores saturaron la opinión pública asegurando que poseen las actas electorales que "desmienten" el resultado, pero expusieron todo mediante vocerías torpes, contradictorias y que mostraron datos que desafíaron las matemáticas.
Según datos del CNE hubo una participación nacional de 59%. Si ese dato corresponde a la participación acorde al Registro Electoral Permanente (REP), la elección habría superado la concurrencia de 12 millones de personas.
El hito señalado sobre una votación de "70%" para González versus "30%" para Maduro, es también un desafío a las matemáticas considerando que 8 candidatos opositores alternos a la PUD participaron en la contienda. Un imposible 0% a los 8 opositores, los borra de la elección.
La aparatosa matemática y vocería opositora se enmarca en el contexto de desconocimiento de resultados que forma parte de una agenda destituyente.
El "fraude" como detonante de la violencia
La emisión del primer boletín con resultados oficiales por parte de la autoridad electoral puso de relieve una grave agresión al sistema de transmisión de datos del CNE. Este ataque cibernético causó un retraso significativo en la divulgación de los resultados, lo que generó que el boletín fuese anunciado pasada la media noche del domingo, en la madrugada del lunes.
Desde entonces, la oposición venezolana protagonizó acciones violentas dentro del país y en recintos diplomáticos de la región. La embajada de Venezuela en Buenos Aires fue víctima de un asedio de manifestantes.
Una vez conocidos los resultados, la coalición opositora de la PUD los desconoció. González Urrutia, en declaraciones a los medios, acusó al CNE de violar todas las normas y de no haber entregado la mayoría de las actas.
Este desenlace estuvo precedido por una serie de "boletines oficiales" emitidos por el comando de campaña de Machado a través de las redes sociales, que contenían supuestos datos de participación electoral que ayudaron a alimentar aun más las falsas expectativas respecto a los resultados finales.
Lo que se estuvo señalando a lo largo de la campaña presidencial terminó confirmándose: una estrategia premeditada que buscó desconocer los resultados electorales.
La PUD y Machado, repitiendo la táctica de 2019 con la autoproclamación de Juan Guaidó, pretendieron usurpar las funciones del Estado operando desde instancias paralelas.
Las acciones de violencia, en apariencia caóticas pero focalizadas y con miras específicas dentro del desastre, sugirieron objetivos establecidos en algunos puntos del centro-oeste de Caracas.
Así se fue desenvolviendo una estrategia que combinó choques y escenas de calle de alto impacto que se conjugó la declaración de fraude.
Los hechos violentos que se desencadenaron tras la publicación de los resultados oficiales del 28 de julio apuntaron, de nuevo, contra las instituciones del Estado. En esta oportunidad hubo elementos simbólicos del fascismo que se manifestaron en actos vandálicos dirigidos a estatuas de Hugo Chávez, servicios de transporte, salud y alimentación, sedes de entes gubernamentales —incluido el CNE—, entre otros lugares asociados con el chavismo como expresión histórica.
La virulencia de las manifestaciones que inundó las redes sociales posterior a las elecciones tuvo como signo central expresiones de odio e intolerancia política hacia el chavismo. Se documentó persecución y el hostigamiento de líderes sociales, así como la destrucción de alcaldías, estatuas y sedes del Poder Electoral.
Hubo una clara intención de aplicar el principio de "tierra atrasada" con miras a desaparecer todo aquello que tuviera vínculos materiales y emocionales con el chavismo como los monumentos en honor al Comandante, casas del PSUV, los CDI, almacenes de los CLAP y espacios comunitarios.
El lunes 29 de julio en Punto Fijo, estado Falcón, grupos violentos quemaron la alcaldía del municipio Carirubana. La sede de la alcaldía del municipio Colina, en La Vela de Coro, también fue vandalizada.
En el estado Anzoátegui fueron detenidas por vandalizar la sede del PSUV. Hechos similares se registraron en Guárico, Táchira y otros estados. En Quíbor, estado Lara, quemaron la alcaldía del municipio Jiménez. La Fiscalía reseño que 29 personas habían sido detenidas por incendiar la alcaldía de Sotillo en Puerto la Cruz.
En la parroquia Antímano de Caracas quemaron una farmacia móvil de la red de Farmacias Caribe, en la cual se comercializan medicinas a precios accesibles. Un hospital en la parroquia Coche, en Caracas, también fue incendiado seguidores de María Corina Machado.
El factor delincuencial durante violencia post-electoral
En el contexto de la violencia post- electoral se activaron formas de violencia que evidentemente no estaban relacionadas con la indignación colectiva por el supuesto fraude sino con componentes de un plan insurreccional que se fueron activando paso a paso.
Uno de los objetivos frustrados fue provocar un apagón nacional y minar la capacidad de la población de ejercer su derecho al voto. La captura de decenas de personas involucradas en actos de violencia, muchas con antecedentes penales y con signos de haber consumido drogas, fueron evidencias del plan orquestado y pagado.
En Guacara, estado Carabobo, un grupo encapuchado atacó la sede de la policía, destruyendo patrullas y generando caos en la localidad. En la avenida Fuerzas Armadas de la ciudad de Caracas se atacaron unidades del metrobús que habían sido reinauguradas recientemente.
Otro reporte registró daños en la infraestructura de un gimnasio vertical en el estado La Guaira, un espacio cultural y deportivo recientemente inaugurado que estaba destinado a atender a niños del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, así como a atletas juveniles.
La violencia escaló rápidamente hacia crímenes de odio. Se registró una agresión brutal sufrida por un transeúnte en la plaza O’Leary, Caracas. Un grupo que lo quiso señalar de "colectivo" intentó llevar a cabo un linchamiento contra la víctima.
A diferencia de las protestas anteriores, lo inédito y alarmante de las de 2024 fue velocidad con la que organizaciones armadas y grupos criminales tomaron el control de las manifestaciones. Ahora no se trataba de la "sociedad civil" controlando los focos de violencia sino de agrupaciones que intentaron tomar territorios.
Otra novedad fue la búsqueda forzada de agregarle un matiz popular a las protestas tratando de proyectar que los barrios se habían sumado al clamor general de pedir la salida de Maduro.
El discurso de odio en la oposición ha sido una constante desde que la Revolución Bolivariana tomo el poder político en el país. Después de los comicios presidenciales del 28J se activo una capaña en este sentido que derivó en agresiones físicas, hostigamiento, entre otros mecanismos de coerción psicológica, contra el chavismo.
Entre las arremetidas más feroces registradas está la de la emisora comunitaria "Radio Venceremos", ejecutada el pasado 30 de julio en la sede del PSUV de Carora, estado Lara. Un grupo de opositores encapuchados destruyó los equipos del medio de comunicación y golpeó con saña a unas 20 personas de las cuales quedaron, al menos, dos heridos de gravedad. Las víctimas fueron las siguientes:
- Ali Montes de Oca, portero del partido, fue golpeado salvajamente.
- Dennys Pereira, miembro del EPM, fue arrojado desde la segunda Planta del Edificio y con la misma fuerza, golpeado y rociado con gasolina.
- Francisco Cheo Ocanto, adulto Mayor APC del PSUV, fue golpeado, desnudado y llevado a patadas hasta la avenida principal de la ciudad.
- Raúl Castejón fue víctima de una golpiza colectiva con piedras, patadas, puñetazos y tubazos.
- Nidian Seguerí, secretario de la Cámara Municipal, fue golpeado y humillado al igual que los otros compañeros.
- Jose Gregorio Túa recibió golpes que provocaron fractura de pierna que demandó operación.
- Marcial Rodriguez fue golpeado.
- Octavio Perez, de la JPSUV, fue golpeado y recibió machetazos en la cabeza que ameritó suturas.
- Douglas Mosquera y Eliezer Chirinos también quedaron con fracturas y hematomas.
Para José Garcés, M.Sc. en Psicología y profesor investigador de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Lauicom) entrevistado por MV, las consecuencias del odio en dimensiones como la fisiológica, psicológica y familiar de la ciudadanía, pero se inclina hacia una lectura social. En este campo, afirmó que "a escala social genera una terrible conmoción, una disrupción y una anomia dentro de ese orden". Además, hizo alusión al paradigma miedo-rabia, que consiste en imprimir miedo hacia la persona sobre la que se desea generar aversión, cuyo vehículo son las redes sociales.
Por su parte, Nerliny Carucí, periodista científica y psicóloga social venezolana, también consultada por esta tribuna en el contexto de la violencia post-electoral, dijo que la guerra se impone a través de un despliegue propagandístico intenso y muy agresivo.
Con la promulgación de la reciente la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sería el cuarto intento durante el ciclo bolivariano por encauzar la nación hacia el camino del entendimiento luego de las turbulencias causadas por la violencia opositora.
El instrumento jurídico busca, de nuevo, sentar las bases para la convivencia y el entendimiento de todos las elementos que componen la sociedad sin que ello signifique "el olvido" del delito, la omisión o amnesia colectiva.