La arquitectura de seguridad de Estados Unidos descansa sobre dos pilares de origen y alcance distintos: el Consejo de Seguridad Interna (HSC, según siglas en inglés) y el Asesor de Seguridad Nacional (NSA, según siglas en inglés). El primero responde a la lógica de la "fortaleza interna" y el segundo encarna el corazón de la "gran estrategia global".

Ambos están insertos en la Oficina Ejecutiva del Presidente, pero su peso político y su capacidad de influir en la formulación de política exterior no son equivalentes.

El HSC, creado el 29 de octubre de 2001 por orden ejecutiva de George W. Bush en el contexto del 11-S, fue concebido para coordinar políticas que protejan el territorio estadounidense de "amenazas internas": terrorismo, migración irregular, ciberataques, infraestructura crítica y desastres naturales.

Actualmente, bajo la dirección de Stephen Miller, el HSC impulsa medidas de control migratorio, vigilancia tecnológica y endurecimiento de fronteras que, aunque se proyectan hacia el exterior por la naturaleza de las "amenazas", siguen siendo esencialmente decisiones de política interna. Su función no es negociar tratados ni diseñar alianzas militares, sino detectar riesgos y recomendar acciones para blindar el espacio doméstico.

En contraste, el NSA, oficialmente Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, ocupa un lugar privilegiado en la toma de decisiones estratégicas de Estados Unidos. Creado en 1953 para asesorar directamente al presidente sin necesidad de confirmación del Senado, desde mayo el cargo está en manos, de manera interina, del secretario de Estado, Marco Rubio.

Desde la Casa Blanca el NSA define prioridades de defensa, alianzas militares, sanciones económicas y hasta operaciones encubiertas. Su acceso directo al presidente le permite moldear la política exterior en tiempo real, sin los contrapesos que otras instituciones enfrentan.

Aunque el HSC no diseña política exterior en el sentido clásico, la interconexión de lo que consideran como amenazas internas y externas lo obliga a trabajar de la mano con el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, según siglas en inglés) y con el propio NSA.

Lo que dice The Guardian

El episodio conocido como Signalgate abrió una grieta inesperada en la estructura del gabinete de Trump. En mayo, un supuesto "accidente" expuso la fragilidad de las comunicaciones internas cuando el entonces asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, agregó por error a un periodista a un grupo de mensajería —conformado por varios altos funcionarios del brazo ejecutivo— en la plataforma Signal.

El escándalo obligó a su destitución y dejó vacante un cargo clave en la Casa Blanca, lo cual desató una feroz competencia por ocupar el puesto.

Entre los nombres que circularon de inmediato figuraron Stephen Miller, Richard Grenell y Sebastian Gorka. Bloomberg llegó a ubicar a Miller, el arquitecto de las políticas migratorias más extremistas de la era Trump, como uno de los principales candidatos.

Sin embargo, el propio Trump lo descartó, sin descalificarlo, en una entrevista con NBC News: "Stephen está mucho más arriba en la jerarquía; ese puesto sería una rebaja para él".

El comentario confirmó que Miller no necesita un cargo formal para ejercer una influencia decisiva dentro del primer anillo de poder presidencial.

Un reportaje de The Guardian aportó nuevos elementos en el tablero de ajedrez de Washington. Supuestamente, según fuentes internas de la administración, Stephen Miller, en su rol de Consejero de Seguridad Interna y subjefe de gabinete, ha sido el verdadero arquitecto de los ataques contra barcos en el Caribe, donde han sido asesinados al menos 14 civiles, acciones que Washington justifica con la pantomima de operaciones antinarcóticos.

El artículo detalla que, bajo su dirección, el HSC adquirió un grado de autonomía inédito, operando de facto como un centro de comando paralelo al NSC.

Fue Miller quien otorgó al HSC la capacidad de actuar como una entidad propia durante este segundo mandato de Trump, al coordinar misiones militares como el ataque con misiles Hellfire contra un "buque venezolano" el 15 de septiembre, indica el artículo, sin el conocimiento pleno de todos los altos funcionarios de la Casa Blanca hasta pocas horas antes de su ejecución.

El reporte también expone las fisuras legales de estas operaciones. La Casa Blanca ha intentado justificar las acciones amparándose en los poderes del artículo 2 de la Constitución, que alega "autodefensa" frente a la designación del grupo venezolano Tren de Aragua como "organización terrorista extranjera". Se trata de la típica postura victimista para excusar sus acciones violatorias de los derechos fundamentales ante la legislación internacional bajo el manto de la "emergencia" perpetua. Excepcionalismo en acción.

No obstante, un tribunal federal de apelaciones ya consideró ilegales las deportaciones de venezolanos sustentadas por dicha designación, al no demostrarse que el Tren de Aragua actúe como brazo del gobierno de Miraflores. Pese a ello, los ataques continuaron bajo una cobertura jurídica difusa, aprobada por el Pentágono, por el Departamento de Justicia y por asesores legales de la Casa Blanca.

Si bien el reportaje parece desplazar a Rubio del centro de este nuevo empuje contra Venezuela, la realidad es más compleja pues tanto Miller como el actual secretario de Estado comparten el mismo discurso ideológico de agresión y sostienen, sin pruebas, la narrativa del "narcotráfico".

Aun así no se trata de que ahora trabajan en equipo de manera cohesionada sino que ambos se mueven en una competencia soterrada, cada uno con intereses propios y posiciones distintas desde cada anillo de influencia, cuyas agendas pueden verse solapadas, lo que vuelve más peligroso el panorama para Venezuela, si se trata de complacer al magnate presidente.

Miller como electrón libre

Rubio, bautizado por Trump como "Little Marco" durante las primarias republicanas de 2016, representa la ortodoxia del Partido Republicano en política exterior, tomada por los neoconservadores y halcones de la guerra perpetua. No pertenece al núcleo MAGA del gabinete de coalición trumpista, y por ello ha debido maniobrar para asegurarse espacios de influencia que le permitan incidir en las decisiones clave sin provocar el rechazo del círculo más extremista y, en consecuencia, elevar su propia agenda.

Miller, en cambio, es un producto puro de la agenda MAGA, formado en el ala dura antiinmigración y con acceso directo a Trump desde su primera administración. De hecho, durante las primarias republicanas, Miller no solo operó para debilitar a Jeb Bush sino que convirtió a Rubio en su blanco predilecto, a quien atacó con ferocidad por su papel en la llamada "Banda de los ocho", el proyecto bipartidista de reforma migratoria de 2013.

"Marco Rubio es, digamos, su mayor enemigo", afirmó en aquel entonces un agente republicano.

Correos electrónicos revelados por NBC News muestran cómo Miller coordinó con Breitbart News para publicar artículos que presentaban a Rubio como un "extremista" proinmigración y lo acusaban, incluso, de "legalizar a delincuentes sexuales extranjeros". Desde mítines en Florida hasta filtraciones a la prensa conservadora, Miller cultivó una campaña sistemática para destruir la credibilidad de Rubio ante la base trumpista.

Aun dentro de la Casa Blanca, Miller no está exento de resistencias. En 2018 diecisiete organizaciones judías, incluidas American Jewish World Service y J Street, exigieron públicamente su destitución basadas en denuncias sobre sus "puntos de vista extremos" y su defensa de políticas racistas.

Estas críticas, lejos de debilitarlo, reforzaron el estilo de poder que Trump le ha concedido, es decir, una influencia de primer anillo sin necesidad de cargos visibles, lo que lo hace menos vulnerable a las presiones públicas y le permite operar en las sombras.

Rubio, por su parte, ha debido adaptarse a esta realidad. Aunque mantiene un discurso intervencionista clásico y busca proyectarse como figura indispensable en temas de América Latina, su posición fuera del núcleo MAGA lo obliga a tejer alianzas tácticas para no perder terreno frente a Miller.

En el caso venezolano, ambos actores comparten la misma línea coercitiva, pero difieren en su ubicación dentro del entorno de Trump.

Miller, sin necesidad de consolidarse como figura política dentro del gabinete, ejerce su influencia estructural desde su posición, mientras que Rubio depende de visibilizarse y mantenerse vigente en ese círculo cercano para conservar oxígeno. Es decir, Miller no necesita llamar la atención de Trump; Rubio, en cambio, debe sobrevivir políticamente dentro de ese entorno.

Rubio es el promotor central de la agenda de cambio de régimen contra Venezuela, recordando que fue el principal impulsor del régimen de sanciones ilegales.

No es casual que la nueva escalada de agresión comenzara a gestarse cuando Rubio obtuvo el interinato del NSA; Miller, por su parte, parece sacar provecho de los coletazos de esa dinámica, alineando sus códigos extremistas con la oportunidad política que representa su posición.

Es plausible, incluso, que Rubio maniobre para convencer a Miller de canalizar su estilo radical en función de los objetivos que él impulsa, aprovechando la influencia y el temperamento extremo del pupilo de Trump.

Estas iniciativas muestran no solo su visión autoritaria de la migración como amenaza sino también un patrón de comportamiento extremo que Rubio ha sabido canalizar para insertar sus propias intenciones y maximizar el impacto de la presión sobre Venezuela.

En ausencia de una política coherente, esa pugna o falta de concordia interna convierte la toma de decisiones en un proceso errático, imprevisible y potencialmente más agresivo.