En un nuevo episodio de la ofensiva sistemática que libra Estados Unidos contra los migrantes venezolanos, más de 50 ciudadanos de ese país fueron detenidos y encarcelados en El Salvador tras haber ingresado legalmente al territorio estadounidense y sin haber infringido ninguna ley migratoria.

La información, publicada por el Cato Institute, un think tank no precisamente hostil a la política exterior estadounidense, expone una maniobra que va más allá de la migración: revela el uso de terceros países como extensiones carcelarias al servicio de Washington.

Este hecho forma parte de un dispositivo transnacional de control y castigo, en el que la migración venezolana es reducida a una amenaza y procesada como crimen. En esta lógica, El Salvador opera como enclave neocolonial, mientras el mito del Tren de Aragua se consolida como justificación narrativa.

Desaparición forzada, legalidad ignorada

El 15 de marzo de 2024 aproximadamente 240 ciudadanos venezolanos fueron trasladados desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida por denuncias de tortura y tratos inhumanos. Posteriormente, una lista obtenida por CBS News demostró que al menos 75% de los hombres deportados no tenía antecedentes penales, ni en Estados Unidos ni en el extranjero. Además, docenas de ellos ni siquiera habían violado leyes migratorias.

Las autoridades estadounidenses no han publicado una lista oficial de los deportados, ni han proporcionado información precisa a sus familias o abogados. En la mayoría de los casos los afectados nunca fueron informados de las razones de su detención, ni sabían que serían enviados a una cárcel extranjera. El proceso ha sido opaco, sin juicio, sin cargos y sin la posibilidad de defensa.

Entre las personas enviadas a El Salvador, más de 50 ingresaron legalmente a Estados Unidos, con autorización previa, visados temporales, estatus de refugiados aprobados o tras ser admitidos mediante la aplicación oficial CBP One. De estos, 24 fueron admitidos bajo libertad condicional (parole) y otros 21 fueron detenidos en el mismo puerto fronterizo donde se les autorizó el ingreso. Todos fueron revisados, autorizados y admitidos formalmente. Aun así, fueron desaparecidos por el mismo Estado que los había recibido.

Las cifras desnudan la realidad: docenas de inmigrantes legales fueron despojadas de sus derechos y recluidas en un país extranjero, sin causa conocida ni debido proceso.

Los detenidos son, en su mayoría, trabajadores con oficios diversos: construcción, reparto, cocina, mecánica, arte, deporte y servicios. Entre ellos hay un músico, un veterinario, un maquillador, un entrenador de fútbol. Varios ya se encontraban empleados legalmente en Estados Unidos aportando a la economía local y cumpliendo con sus responsabilidades familiares. En conjunto sostenían a 44 hijos menores de edad. Ninguna autoridad notificó a sus familiares sobre su detención ni su traslado hacia una prisión extranjera.

El gobierno estadounidense sostiene que estos hombres son miembros de la organización criminal Tren de Aragua, pero se ha negado a presentar pruebas. De hecho, solo dos de los más de 240 migrantes tenían alguna condena penal previa, ambas por posesión de drogas en pequeñas cantidades. La mayoría de las aprehensiones se justificó únicamente por la presencia de tatuajes supuestamente vinculados con pandillas.

Según documentos oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elaboró una lista de símbolos para identificar a supuestos miembros del Tren de Aragua. En el catálogo figuran el logo de Jordan, un tren, una corona, la palabra "hijos", una máscara antigás e, incluso, un reloj o una estrella. Estas imágenes fueron copiadas de redes sociales ajenas al contexto venezolano, incluidas cuentas de fans de Michael Jordan en EE.UU. o tatuadores turcos.

Tal como documenta el artículo del Cato Institute, incluso tatuajes personales sin connotación criminal, como letras de canciones, símbolos de videojuegos o emblemas deportivos, fueron utilizados como supuesta evidencia para encarcelar a estas personas.

El Salvador como enclave carcelario neocolonial 

El encarcelamiento masivo de venezolanos en territorio salvadoreño forma parte de un dispositivo transnacional de castigo en el que El Salvador actúa como una pieza funcional en la estructura de control migratorio impuesta desde Washington. Este modelo opera a través de la delegación de prácticas represivas a gobiernos aliados con los intereses estadounidenses y permiten ejecutar medidas que serían más visibles o impugnables dentro de su propio territorio.

La megacárcel donde fueron encerrados los migrantes venezolanos ha sido señalada por organizaciones internacionales debido a las condiciones inhumanas que allí prevalecen: incomunicación prolongada, hacinamiento, ausencia de garantías básicas y denuncias documentadas de tortura. Lejos de evitar ese contexto, el gobierno estadounidense financia directamente al salvadoreño para que mantenga a estas personas en reclusión prolongada. Es una decisión consciente que se apoya en la eficacia represiva del aparato carcelario del gobierno de Nayib Bukele.

Al operar desde terceros países el control se vuelve más difuso, más eficiente y menos verificable. En El Salvador la opacidad es total. No hay listas oficiales de detenidos, no hay procesos judiciales visibles y los traslados se realizan en vuelos sin registro público. Familias enteras descubren la situación de sus seres queridos a través de filtraciones o publicaciones espontáneas en redes sociales. En los hechos, se trata de un régimen de desaparición organizada a escala transnacional.

El problema radica en la disposición específica de ciertos regímenes a operar dentro del marco de subordinación que Estados Unidos necesita para ejecutar sus políticas de contención y castigo.

La experiencia de Guantánamo ya había revelado el interés de EE.UU. en crear espacios jurídicos de excepción fuera de su territorio. Pero, ahora, el objetivo no son solo prisioneros de guerra ni supuestos sospechosos de terrorismo internacional, sino migrantes latinoamericanos, muchos de ellos con ingreso legal aprobado. El uso de estas plataformas consolida una arquitectura de castigo extraterritorial que opera con precisión y total impunidad.

Fabricación de una amenaza para criminalizar y cercar

En los últimos años el nombre "Tren de Aragua" ha sido elevado por las autoridades y medios estadounidenses al rango de amenaza hemisférica. Se presenta como una organización criminal de gran alcance, infiltrada en múltiples países y asociada directamente con la migración venezolana. Sin embargo, no existen pruebas que respalden la existencia de esta estructura en los términos en que es descrita.

La proliferación de esta narrativa es impulsada desde un ecosistema de medios y agencias que giran en torno al Departamento de Estado, como Insight Crime y el proyecto OCCRP —conformado por medios como CNN, Telemundo y otros grandes conglomerados—.

La supuesta expansión internacional de la banda no ha sido demostrada en ningún foro judicial ni sustentada por investigaciones independientes serias. Los reportes que la ubican operando en países de la región se basan en indicios frágiles sin conexión con otros contextos, repeticiones mediáticas, fotografías tomadas fuera de contexto o testimonios no verificados. En contraste, cuando el Estado venezolano intervino en la cárcel de Tocorón en 2023 y desmateló la organización criminal en su núcleo operativo, no se actualizó ningún análisis oficial en EE.UU., ni se modificó el tratamiento discursivo sobre el tema.

Esto demuestra que el objetivo es consolidar un relato. Al presentar el Tren de Aragua como una megabanda venezolana extendida por el continente, se activa un dispositivo que permite endurecer el trato hacia los migrantes venezolanos, justificar detenciones extrajudiciales y proyectar sobre ellos una imagen de peligrosidad generalizada.

El uso de este símbolo criminal responde a una estrategia más amplia contra Venezuela. Se trata de insertar el discurso del "peligro migrante" dentro del paquete de presión política, conectando el desplazamiento de ciudadanos venezolanos con la idea de un Estado fallido y criminal.

Informes como los del Cato Institute evidencian que, bajo la administración Trump 2.0, el fenómeno migratorio se manipula como una herramienta de control geopolítico, mediante una narrativa construida para justificar el cerco sobre Venezuela. Esta operación discursiva sostiene sanciones, aislamiento y medidas de presión dirigidas a la desestabilización de nuestro país, operando mecanismos de guerra en múltiples sectores, incluida la migración venezolana ya no de manera colateral, sino como objetivo.