Tras la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, en virtud de la que los organismos de seguridad del Estado venezolano retomaron el control total del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido simplemente como Tocorón, se supo a través de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro que el gobierno estaría realizando las coordinaciones internacionales correspondientes para que los reclusos fugados del recinto, con complicidad de funcionarios, sean capturados en una segunda fase de la operación, en previsión de que los delincuentes estén planificando salir del territorio nacional.

La toma de la penitenciaría garantiza, en un primer momento, acabar con el mando de operaciones de la organización criminal "El Tren de Aragua", desde el cual operaba para llevar a cabo los crímenes que realizaba: extorsión, narcotráfico y menudeo, trata de personas, explotación sexual y secuestro en Venezuela y, al parecer, en otros países de la región.

Al respecto, autoridades policiales de Perú han confirmado que ofrecerán recompensa a quien suministre información sobre Héctor Guerrero, alias el "Niño Guerrero", líder de la organización criminal, si es que lograra ingresar a ese país, y aseguraron además un reforzamiento en los puestos limítrofes de la nación andina para evitar el cruce fronterizo; anuncio similar realizaron autoridades colombianas y de otros países.

La relevancia del hecho, más allá de la desarticulación de la banda criminal —que ya es importante en lo inmediato para la tranquilidad y estabilidad de Venezuela—, radica en que permitirá evaluar con criterios ciertos el alcance internacional de la organización ya que al llamado "Tren de Aragua" se le sindica operar directamente por lo menos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Además, lo relacionan con cárteles mexicanos de la droga y con la ya bastante famosa banda criminal brasileña PCC (Primer Comando de la Capital).

Ha servido, además, para afianzar una narrativa que suma argumentos a la criminalización de la migración venezolana, sobre todo en estos países donde presuntamente estaría operando la organización, sin mencionar que cierto sector de la mediática internacional la vincula directamente como un brazo operativo del gobierno venezolano reafirmando la ya famosa tesis de "Estado forajido", "Estado fallido" o "paraestado".

Más que una "red internacional": una franquicia para delinquir

Investigadores y expertos en el tema aseguran que la estructura que comanda/comandaba alias el "Niño Guerrero" contaba con la afiliación de más de 3 mil delincuentes en los países antes mencionados. Esto la ubicaría a la par de organizaciones paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y competiría con ellas, así como con los cárteles mexicanos, no tanto en poder de fuego —en lo que las últimas evidentemente tienen una ventaja incuestionable— sino en la diversificación de los negocios criminales: microtráfico, extorsión, contrabando, trata de personas, explotación sexual, entre otros.

La narrativa muestra una delincuencia exportada, que salió en paralelo con los flujos migratorios que comenzaron su diáspora en los años más duros de la crisis económica derivada de la aplicación de las sanciones económicas contra nuestro país, que se ha apoderado poco a poco y bajo planes minuciosamente estructurados de algunas actividades delictivas en ciudades de esos países.

No obstante, algunas investigaciones como las del Sistema de Análisis de Grupos Armados (SAGA) aseguran que "el Tren de Aragua podría estar funcionando bajo un modelo de franquicias y subcontratación de otras bandas y grupos criminales", hipótesis que coincide con la postura de Felipe Fernández, analista en temas de seguridad, quien comenta que "lo que ocurre mayoritariamente es un outsourcing (externalización) criminal, cuya lógica consiste en trabajar a nombre de otra estructura mucho más grande", sin que haya presencia física de la organización.

Si bien no hay un consenso acerca de la definición de "outsourcing criminal", una conceptualización constreñida del término haría referencia a la práctica de subcontratar actividades ilegales a terceros, lo que implica que una organización criminal ficha a individuos o grupos ajenos a la agrupación para realizar ciertas actividades ilegales en su nombre.

Más allá de la aproximación al tema que realizan las tesis expuestas en los párrafos anteriores, es indiscutible e innegable el éxito de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro en su fase I, con la que el Estado venezolano vuelve a hacerse del control del centro penitenciario, desmantela su centro de operaciones y reafirma el monopolio que mantienen el Estado y sus instituciones sobre el territorio nacional.

Y a pesar de que la narrativa hegemónica continúe sumando argumentos a la tesis sobre la captura del Estado venezolano por parte de organizaciones criminales, las actuaciones de los organismos de seguridad vienen demostrando que ejercen soberanamente, lejos de la etiqueta de "parapolítica", el monopolio de la fuerza y el control territorial de Venezuela en diferentes ámbitos y espacios: Parque Nacional Yapacana, Tocorón y control fronterizo.

Desmontando la narrativa

Los investigadores y autores Eric Wilson y Tim Lindsey en Gobierno en la sombra. Parapolítica y soberanía criminal (Government of the Shadows. Parapolitics and Criminal Sovereignty) son bien explícitos al definir y caracterizar la parapolítica como una forma de criminalidad que se comporta como soberanos, al tiempo que soberanos que se comportan como criminales de manera sistemática. Destacan una simbiosis paralela entre esas estructuras criminales y las instituciones estatales.

Pensemos, en este sentido, en Pablo Escobar al ser electo diputado en Colombia o la relación de Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras, y las redes de narcotráfico. Imaginémonos también estados, regiones o provincias controlados por los cárteles de la droga en México que, asumiendo control territorial de grandes zonas dentro de los estados Michoacán o Jalisco, administran el tráfico de droga, personas, entre otros crímenes comunes en los que se desenvuelven. O, más recientemente, la violencia ya institucionalizada que vive Ecuador, que ya ha llegado a la política del país andino con el asesinato de un candidato presidencial.

No obstante no veremos a la prensa, o al establishment político regional vinculado con Estados Unidos, hablar de narcoestados o paraestados para referirse a estos países que atraviesan situaciones complejas de criminalidad; por el contrario, son Venezuela, con la narrativa de narcoestado, y Cuba, como país patrocinador del terrorismo, los que figuran en los titulares de la prensa y en la opinión pública influenciada por la mediática regional.

El éxito de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro en esta primera fase demostró no solo el compromiso de los organismos de seguridad del Estado en preservar la paz social y neutralización de las amenazas que representan el establecimiento de organizaciones criminales en el país, sino también el ejercicio de una operación que atendió y garantizó el respeto de los derechos humanos de la población que se encontraba en el centro penitenciario, entre reclusos y familiares.