El caso de la niña venezolana Maikelys Antonella Espinoza Bernal, separada de sus padres en 2024 y retenida luego por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, es una muestra elocuente de las acusaciones efectuadas sobre migrantes venezolanos debido a que, supuestamente, pertenecen al Tren de Aragua (TdA).
La niña permanece bajo custodia y en hogares de acogida en el país norteamericano una vez que sus familiares fueron deportados.
El estamento político que gobierna desde Washington tiene como costumbre involucrar a menores de edad en sus confrontaciones bélicas o geopolíticas para coaccionar a los países que considera sus rivales.
Este modo de proceder ha tenido mayor o menor difusión mediática, según sea el caso. Sin embargo, la gravedad del caso de la niña de dos años radica en que, ante la acusación fundamentada de secuestro realizada por el gobierno venezolano, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el hecho basado —de nuevo— en argumentaciones falsas contra sus padres y afirmando que "interviene para proteger".
Incremento de la criminalización contra la migración
Debido a su permanencia ilegal en territorio estadounidense, la madre de la niña, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, permaneció casi 10 meses detenida y fue deportada la semana pasada a Venezuela sin su hija, mientras su pareja, Maiker Espinoza Escalona, fue enviado ilegalmente en marzo pasado a la megacárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Ambos padres obtuvieron el derecho a visitas para ver a la menor entre octubre y marzo, pero con la llegada de Trump al poder se les acusó de pertenecer a la banda delictiva extinta en Venezuela.
El nuevo episodio demuestra la acelerada expansión de la impunidad creada por la campaña de criminalización contra la migración, y las amenazas por parte del gobierno estadounidense. Con la retención de una niña venezolana, hija de venezolanos, Trump escala en la arbitrariedad luego de la deportación masiva de venezolanos al Cecot. Cabe recordar que esta se realizó de manera ilegal y con base en pruebas fútiles como tatuajes y vestuario, que involucran a más de 200 migrantes con el TdA.
El mismo comunicado que justifica las acciones acusa a ambos venezolanos de homicidio, narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico sexual y hasta de dirigir una casa de tortura. Sin embargo, una revisión de los registros federales y del condado en Estados Unidos hecha por ABC News no encontró casos relacionados con Escalona (padre de Maikelys), solo una causa penal federal contra Bernal (madre de Maikelys) por entrada indebida al país en 2024. Según los documentos, esta se declaró culpable y fue sentenciada a tiempo cumplido y un día hábil.
El DHS informó que la niña permanece "bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados, y actualmente se encuentra con una familia de acogida". Sin embargo, el Estado venezolano adelanta acciones jurídicas de peso.
El pasado viernes 2 de mayo una ponencia conjunta de la Sala Constitucional Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores el retorno inmediato de la niña. Asimismo establece que se debe garantizar su retorno seguro y sano a Venezuela.
Un análisis de la abogada y escritora Ana Cristina Bracho afirma que "en este caso, como en todas las acciones que viene desarrollando Estados Unidos sobre venezolanos, Caracas denuncia la no individualización ni judicialización de los casos". Es decir, la administración Trump actúa fuera del marco legal y viola los derechos de los migrantes.
trump en abierto desconocimiento al Derecho internacional
La medida aplicada por el gobierno de Estados Unidos viola el derecho a la familia de los involucrados. El análisis de Bracho se basa en varios instrumentos legales que lo garantizan:
- La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que en el numeral tercero de su artículo 16 dice que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".
- El numeral primero del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) refuerza esta idea instruyendo que "se debe conceder a la familia, que es el núcleo natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles".
- La Convención sobre Derechos del Niño, no ratificada por Estados Unidos, establece como un derecho de todos los niños y niñas que deben permanecer, salvo situaciones excepcionales y justificadas, con sus familiares.
Los niños y niñas venezolanas, en virtud de estas normas, tienen derecho a ser criados y protegidos por su familia natural. La jurista afirma que, para garantizar este derecho, se ha desarrollado la figura de la reagrupación o la reunificación familiar en las distintas legislaciones, la cual permite a un migrante atraer hacia sí a sus familiares.
Agrega Bracho que, "en este caso, ese vínculo de protección nacional no está a favor de Estados Unidos sino de Venezuela, así que vemos una situación más grave que la que ya se estima viola derechos humanos".
Separación y confinamiento de familias como tradición de Estado
Como se ha mencionado, la separación de familias, incluida la retención de menores de edad, es tradición de Estado por parte de la institucionalidad estadounidense. Forma parte de su despliegue de propaganda y confrontación.
A continuación algunos casos:
- Luego del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, en el que fallecieron 2 400 militares norteamericanos, 110 mil hombres, mujeres y niños japoneses —también italianos y alemanes— fueron segregados y llevados a diez campos de concentración como "enemigos peligrosos". 25% de los prisioneros era menor de edad.
- La Operación Babylift, una extracción masiva de las derrotadas fuerzas armadas estadounidenses al final de la guerra de Vietnam, incluyó la evacuación de más de 3 300 bebés y niños calificados de "huérfanos", aunque muchos aun tenían padres en Vietnam. El primer vuelo de la operación se estrelló sobre el río Saigon y fallecieron más de 70 infantes, en tanto que los sobrevivientes y los evacuados en otros vuelos fueron asignados a familias adoptivas en Estados Unidos y Canadá.
- La Operación Peter Pan, liderada entre 1960 y 1962 por el padre Bryan O. Walsh, de la Oficina Católica de Bienestar, fue un éxodo masivo clandestino de más de 14 mil menores cubanos no acompañados de entre 6 y 18 años hacia Estados Unidos. Con la anuencia de Washington fueron enviados por padres que, inducidos por la propaganda anticomunista, atendieron a rumores de que el gobierno revolucionario cubano planeaba terminar con los derechos de los padres y colocar a los menores en centros de adoctrinamiento comunista.
- El caso de Elián González, un niño de seis años que perdió a su madre en el naufragio de un bote que buscaba llegar a las costas de Estados Unidos en el año 2000. Como consecuencia de la migración irregular, que estimula la Ley de Ajuste Cubano, fue secuestrado en Miami por familiares lejanos quienes, en componenda con la mafia cubano-estadounidense, intentaron tramitar asilo político para el menor. Fue devuelto luego de un dictamen del Tribunal Supremo de Estados Unidos en medio del silencio del gobierno.
En su retorno a dispositivos propios de la "máxima presión" contra Venezuela, la administración Trump se vale de un mecanismo, tan antiguo como ilegal, basado en abrogarse el derecho a violar convenciones y derechos de infantes. Involucrando a las familias intenta demostrar poder sin límites de manera efectista, con lo que buscan atemorizar a la sociedad venezolana y a sus autoridades gubernamentales.
Por otra parte, las medidas punitivas contra migrantes venezolanos por parte de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, sin pruebas ni juicios, han sido calificadas de delitos de lesa humanidad debido al ocultamiento de datos ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales de esas personas injustamente retenidas.
Tales operaciones han buscado doblegar los países que no se alinean a sus intereses globales, para lo cual cuentan con aliados como la oposición extremista liderada por María Corina Machado, cuya agenda pasa por legitimar las violaciones a derechos humanos y presentarlas como parte de una "estrategia coordinada" con Estados Unidos. Es claro, la estrategia es alentar y promocionar una intervención extranjera en Venezuela, sin importar los costos humanos asociados con dicha agenda.
Entretanto, continúan y se profundizan las acciones del gobierno venezolano para repatriar y reinsertar a los migrantes, contrarrestar los efectos de esta situación y sentar precedentes internacionales contra la criminalización a las personas por su país de origen.
El caso de Maikelys Espinoza ha generado una profunda indignación nacional que ni la administración Trump ni Machado están calculando del todo, en medio de la obcecación por cristalizar el cambio de régimen.