La administración Trump ha formalizado la cancelación de la Licencia General 41 (LG41), que ha regido las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela desde 2022. Esta medida había sido anunciada por el presidente Donald Trump desde la red social Truth Social a finales del mes pasado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó la Licencia 41-A (LG41A), que establece "la liquidación de las transacciones previamente autorizadas por la LG41 de Venezuela relacionadas con la operación y administración por parte de Chevron Corporation o sus subsidiarias de las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela".

Las actividades de Chevron han sido restringidas, y según la OFAC estas "involucran a PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posee, directa o indirectamente, una participación de 50% o más (empresa mixta)".

La transnacional norteamericana tendrá hasta el 3 de abril para terminar sus negocios petroleros en Venezuela, sin poder enajenar o transferir sus bienes mediante algún esquema de negocios.

Cuestiones a detalle

El economista y profesor universitario venezolano Francisco Rodríguez expresó que la nueva Licencia General 41A, emitida este domingo 4 de marzo de 2025 por el gobierno de Estados Unidos, "ordena a Chevron el 'wind down' de sus operaciones en Venezuela en el plazo de un mes".

"Esta licencia es mucho más restrictiva que las condiciones bajo las cuales operó incluso en el período de máxima presión", indicó.

En ese sentido, señaló que cuando Estados Unidos impuso sanciones petroleras a Venezuela en enero de 2019, también emitió la Licencia General 8, la cual "permitía a Chevron y otras empresas estadounidenses realizar transacciones necesarias para mantener sus operaciones en el país", aunque de maneras muy limitadas.

Rodríguez hizo referencia a empresas de servicios petroleros como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford. Aunque ha trascendido en medios que la OFAC también impedirá la labor de esas empresas, esto no ha sido oficialmente anunciado.

"Esta licencia, emitida inicialmente por 6 meses, fue extendida varias veces. Lo clave es que le permitía a Chevron mantener sus operaciones existentes, algo que ya no podrá hacer con la nueva licencia" publicada este domingo, resaltó Rodríguez.

Chevron está, por ahora, fuera de la Licencia General 8 (GL8) y, en consecuencia, tendría que abandonar Venezuela para el 3 de abril.

Sin embargo, varios análisis sobre la GL41A establecen que hay una "ambigüedad"en el texto, en letra pequeña.

El Interés, un portal venezolano especializado en economía, dijo que es necesario que la OFAC se pronuncie sobre el alcance de la medida. Eso de autorizar la liquidación de "determinadas transacciones" deja abierta una posibilidad a las interpretaciones.

Hay operaciones en el negocio petrolero que no suelen liquidarse de la noche a la mañana, o maquinarias que tampoco se retiran de un día para otro o procesos productivos que se puedan cerrar por una orden ejecutiva, por lo que la liquidación definitiva podría llevar más tiempo.

Variables políticas

Venezuela no ha escapado a la vorágine geopolítica internacional ocasionada por las acciones ejecutadas por la Casa Blanca, en apenas semanas de la nueva administración Trump.

El gobierno estadounidense ha enfilado políticas hostiles en múltiples direcciones, empleando las amenazas, chantajes y negociaciones mediante la presión.

Esto se ha desbocado en todos los frentes, desde el aparente retiro de apoyo militar a Ucrania para forzar un acuerdo de paz, hasta el recrudecimiento de la guerra comercial y aplicación súbita de nuevas tarifas contra los principales socios comerciales estadounidenses: México, Canadá y China.

Aunque se consideraba que había condiciones para una distensión entre Washington y Caracas luego de los diálogos "constructivos" entre el presidente Nicolás Maduro y el enviado especial Richard Grenell, esta situación ha cambiado. La nueva medida coercitiva contra Venezuela apunta a debilitar las finanzas del país y crea un clima aun más complejo para sostener los acuerdos mínimos entre ambos países en materia migratoria.

Hace poco el medio Axios reveló —tal como se había sugerido desde esta tribuna— que la decisión de Trump de poner fin a la LG41 obedecía a cuestiones de la política interna estadounidense, concretamente el apoyo de los republicanos de Florida a su plan de presupuesto con el fin de impedir la parálisis del gobierno federal.

En otro orden de ideas, por ahora, la posición oficial del gobierno de Venezuela ha sido cauta en el manejo de las vocerías y no se han realizado pronunciamientos definitivos.

Probablemente el gobierno venezolano apostará a los escenarios de negociación, en los ámbitos y posibilidades donde esta sea posible.

En estas instancias Venezuela no es el único interesado en sostener las relaciones energéticas con Estados Unidos. Esto concierne a Chevron, pero también a empresas refinadoras de la costa del golfo de México, que son las principales beneficiarias de los crudos pesados venezolanos.

Por ahora la transnacional ha declarado que "acatará" la instrucción del Departamento del Tesoro, según indicó Bill Tureme, vocero de la compañía.

Justo ahora está vigente un arancel de 10% impuesto por la administración Trump sobre los productos petroleros y gasíferos de México y Canadá. Desde la lógica, podría suponerse que ello crea oportunidades para nuevas negociaciones con Venezuela, pero ninguna posibilidad puede darse por segura en el marco de la discrecionalidad y estilo de decisiones del presidente norteamericano.

En todo caso, serán las circunstancias del contexto energético internacional, concretamente las dinámicas internas estadounidenses, las que podrían generar nuevas condiciones para posibles negociaciones en algún plazo.

Hasta el momento Trump no ha efectuado declaraciones posteriores al fin de la LG41. Durante su discurso frente al Congreso del 4 de marzo hizo un extenso repaso de sus primeras semanas de gestión explicando a detalle medidas en diversos órdenes.

Sin embargo, el mandatario no hizo menciones al gobierno venezolano, no refirió el fin de la licencia a Chevron ni aludió al presidente Nicolás Maduro.

Aunque sí hizo mención al "Tren de Aragua", calificándolo como una organización terrorista.

No hay un panorama absolutamente claro sobre el fin de la LG41, o si se pueden enmarcar en una estrategia de "máxima presión 2.0" con fines concretos de un cambio de régimen en Venezuela. Claramente es una medida hostil que cambia las posibilidades de negociación en la compleja relación entre ambos países.

Las autoridades venezolanas, tal como es el caso de la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, difundieron un comunicado alusivo a la activación del "Plan de independencia productiva absoluta" frente a las sanciones contra Chevron.

El pronunciamiento aludió a la responsabilidad de actores del extremismo opositor, como lobbystas y patrocinadores de estas medidas adversas a la economía venezolana.

La activación de este plan tendrá como objetivo mantener la senda de recuperación estable y diversificada, tanto de la industria nacional de hidrocarburos como de la economía nacional, según el comunicado.

Seguramente la estatal PDVSA empleará todo su apresto operacional posible a fin de evitar una caída pronunciada de su producción petrolera y tendrá que redireccionar a otros destinos unos 200 mil barriles de crudo al día que iban a Estados Unidos, mediante mecanismos evasivos de sanciones. En el presente, la mayoría de las exportaciones petroleras de Venezuela no están bajo la juridiscción de licencias y se desarrollan con empresas aliadas en condiciones de descuento.

Por lo tanto, es probable que si fracasan posibles negociaciones en las próximas semanas, el gobierno venezolano tome medidas coyunturales sobre los campos operados por Chevron en sociedad con PDVSA.